María de Lourdes Muñoz
Expediente 1708/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 26 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1708/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 03/12/2020
Partes del expediente
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
- María de Lourdes Muñoz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta suscrito por la quejosa María de Lourdes Muñoz, a través del cual informa que las autoridades responsables dieron cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo; sin embargo, agréguese a sus autos el libelo de cuenta, sin mayor acuerdo, en virtud de que por acuerdo de treinta de noviembre del año actual, se tuvo por cumplida la sentencia concesoria del amparo en el sumario constitucional en que se actúa y por ende, se ordenó el archivo definitivo de dicho expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficios y anexos signados por el Presidente Suplente del Comité de Vigilancia y Director General, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestaron la forma en que dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de veintitrés de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la ley de amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Así, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. El Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, emita la respuesta que corresponda congruente con la petición que le fue formulada por la quejosa el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve y le sea notificada oportunamente, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado, para lo cual deberá ordenar las diligencias conducentes y en su caso formular los requerimientos necesarios, con el objeto de que dentro del plazo de treinta días, que establece el arábigo 61 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, proceda con prontitud a tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales para que en su oportunidad, realice la actividad que le corresponde en la elaboración del proyecto de dictamen así como en la convocatoria que debe hacer para su discusión y resolución respectivas, todo ello, en el ámbito competencial que le asiste conforme al artículo 10 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, en el entendido de que se encuentra en plenitud de jurisdicción de determinar lo que conforme a derecho corresponda, ya que esta resolución no tiene el alcance de obligarla a pronunciarse en determinado sentido. 2. La Directora de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, certifique si el quejoso se encuentra al corriente de sus aportaciones al Fondo de Pensiones, a través de la elaboración de las hojas de servicio correspondientes relativas al trámite para la obtención de la pensión de retiro por edad solicitada, e informe lo anterior al Director responsable. 3. El Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, dentro del ámbito de su competencia legal, realice en el mismo plazo (treinta días), la actividad que le corresponde para que, con plenitud de jurisdicción, conceda o niegue la pensión solicitada por el justiciable, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el ordinal 8º, fracción IV, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit. 4. Hecho lo anterior, se notifique en breve término a la quejosa, por conducto de quien legalmente corresponda, la resolución que adopte respecto a la procedencia o improcedencia de la pensión solicitada, toda vez que la presente resolución no tiene el efecto de vincularla a formular dictamen en determinado sentido, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado.". De lo anterior se colige, que las autoridades responsables debían proceder de inmediato a integrar el expediente administrativo en la esfera de su competencia, para proveer todos los trámites necesarios y con libertad de apreciación, emitir de ser procedente o no el dictamen de pensión solicitado por la parte quejosa y notificárselo posteriormente. Luego, a través de los oficios y anexos recibidos en este Juzgado Federal el veintidós, veintitrés y veintisiete de octubre del año en curso, el Presidente Suplente del Comité de Vigilancia y Director General, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informaron la forma en que dieron cumplimiento al fallo protector, de los cuales se advierte que se emitió el dictamen correspondiente y demostraron haber notificado lo anterior. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados a la parte agraviada, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio por una parte se decretó el sobreseimiento y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión es destruible una vez que transcurran seis meses de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a, del acuerdo precitado; y, el original es destruible una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído, dado que se encuadra en el supuesto del arábigo 21, inciso c, del mismo Acuerdo General, toda vez que la medida cautelar provisional y definitiva se negó a la parte quejosa. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficios y anexos signados por el Presidente Suplente del Comité de Vigilancia y Director General, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestaron la forma en que dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de veintitrés de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la ley de amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Así, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. El Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, emita la respuesta que corresponda congruente con la petición que le fue formulada por la quejosa el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve y le sea notificada oportunamente, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado, para lo cual deberá ordenar las diligencias conducentes y en su caso formular los requerimientos necesarios, con el objeto de que dentro del plazo de treinta días, que establece el arábigo 61 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, proceda con prontitud a tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales para que en su oportunidad, realice la actividad que le corresponde en la elaboración del proyecto de dictamen así como en la convocatoria que debe hacer para su discusión y resolución respectivas, todo ello, en el ámbito competencial que le asiste conforme al artículo 10 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, en el entendido de que se encuentra en plenitud de jurisdicción de determinar lo que conforme a derecho corresponda, ya que esta resolución no tiene el alcance de obligarla a pronunciarse en determinado sentido. 2. La Directora de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, certifique si el quejoso se encuentra al corriente de sus aportaciones al Fondo de Pensiones, a través de la elaboración de las hojas de servicio correspondientes relativas al trámite para la obtención de la pensión de retiro por edad solicitada, e informe lo anterior al Director responsable. 3. El Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, dentro del ámbito de su competencia legal, realice en el mismo plazo (treinta días), la actividad que le corresponde para que, con plenitud de jurisdicción, conceda o niegue la pensión solicitada por el justiciable, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el ordinal 8º, fracción IV, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit. 4. Hecho lo anterior, se notifique en breve término a la quejosa, por conducto de quien legalmente corresponda, la resolución que adopte respecto a la procedencia o improcedencia de la pensión solicitada, toda vez que la presente resolución no tiene el efecto de vincularla a formular dictamen en determinado sentido, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado.". De lo anterior se colige, que las autoridades responsables debían proceder de inmediato a integrar el expediente administrativo en la esfera de su competencia, para proveer todos los trámites necesarios y con libertad de apreciación, emitir de ser procedente o no el dictamen de pensión solicitado por la parte quejosa y notificárselo posteriormente. Luego, a través de los oficios y anexos recibidos en este Juzgado Federal el veintidós, veintitrés y veintisiete de octubre del año en curso, el Presidente Suplente del Comité de Vigilancia y Director General, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informaron la forma en que dieron cumplimiento al fallo protector, de los cuales se advierte que se emitió el dictamen correspondiente y demostraron haber notificado lo anterior. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados a la parte agraviada, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio por una parte se decretó el sobreseimiento y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión es destruible una vez que transcurran seis meses de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a, del acuerdo precitado; y, el original es destruible una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído, dado que se encuadra en el supuesto del arábigo 21, inciso c, del mismo Acuerdo General, toda vez que la medida cautelar provisional y definitiva se negó a la parte quejosa. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficios y anexos signados por el Presidente Suplente del Comité de Vigilancia y Director General, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestaron la forma en que dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de veintitrés de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la ley de amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Así, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. El Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, emita la respuesta que corresponda congruente con la petición que le fue formulada por la quejosa el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve y le sea notificada oportunamente, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado, para lo cual deberá ordenar las diligencias conducentes y en su caso formular los requerimientos necesarios, con el objeto de que dentro del plazo de treinta días, que establece el arábigo 61 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, proceda con prontitud a tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales para que en su oportunidad, realice la actividad que le corresponde en la elaboración del proyecto de dictamen así como en la convocatoria que debe hacer para su discusión y resolución respectivas, todo ello, en el ámbito competencial que le asiste conforme al artículo 10 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, en el entendido de que se encuentra en plenitud de jurisdicción de determinar lo que conforme a derecho corresponda, ya que esta resolución no tiene el alcance de obligarla a pronunciarse en determinado sentido. 2. La Directora de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, certifique si el quejoso se encuentra al corriente de sus aportaciones al Fondo de Pensiones, a través de la elaboración de las hojas de servicio correspondientes relativas al trámite para la obtención de la pensión de retiro por edad solicitada, e informe lo anterior al Director responsable. 3. El Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, dentro del ámbito de su competencia legal, realice en el mismo plazo (treinta días), la actividad que le corresponde para que, con plenitud de jurisdicción, conceda o niegue la pensión solicitada por el justiciable, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el ordinal 8º, fracción IV, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit. 4. Hecho lo anterior, se notifique en breve término a la quejosa, por conducto de quien legalmente corresponda, la resolución que adopte respecto a la procedencia o improcedencia de la pensión solicitada, toda vez que la presente resolución no tiene el efecto de vincularla a formular dictamen en determinado sentido, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado.". De lo anterior se colige, que las autoridades responsables debían proceder de inmediato a integrar el expediente administrativo en la esfera de su competencia, para proveer todos los trámites necesarios y con libertad de apreciación, emitir de ser procedente o no el dictamen de pensión solicitado por la parte quejosa y notificárselo posteriormente. Luego, a través de los oficios y anexos recibidos en este Juzgado Federal el veintidós, veintitrés y veintisiete de octubre del año en curso, el Presidente Suplente del Comité de Vigilancia y Director General, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informaron la forma en que dieron cumplimiento al fallo protector, de los cuales se advierte que se emitió el dictamen correspondiente y demostraron haber notificado lo anterior. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados a la parte agraviada, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio por una parte se decretó el sobreseimiento y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión es destruible una vez que transcurran seis meses de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a, del acuerdo precitado; y, el original es destruible una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído, dado que se encuadra en el supuesto del arábigo 21, inciso c, del mismo Acuerdo General, toda vez que la medida cautelar provisional y definitiva se negó a la parte quejosa. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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