María de Lourdes Morales González

Expediente 1079/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1079/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
12/11/2020

Partes del expediente

  • María de Lourdes Morales González

Actuaciones

  1. Principal

    I.- Visto el estado de autos de los que se advierte que feneció el plazo otorgado al quejoso y tercero interesada en proveídos de cinco de marzo y veintiuno de octubre de dos mil veinte, sin que hubiesen hecho manifestación alguna; por consiguiente, se procede a resolver lo que corresponde en términos de lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia registrada con el número 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Precisado lo anterior, es necesario puntualizar los efectos para los cuales fue concedido el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, contra el acto que reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad; mismos, que fueron los siguientes: "Al causar ejecutoria la presente sentencia, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, cumpla con la función que le encomienda la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, y en el término de tres días, dicte el laudo que corresponda en el proceso laboral DIT-087/2015, y de inmediato sea notificado a las partes. Cabe señalar que los efectos se trazan en los términos precedentes para hacer efectivo el respeto del derecho fundamental tutelado en el artículo 17 de la Carta Magna. En consecuencia, se le conmina a la responsable, que en lo subsecuente, debe acatar lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, y cumplir en los plazos y términos que fijen las leyes, ya que no es justificable un retraso prolongado en el procedimiento, pues ello únicamente denota violación al derecho fundamental previsto en el referido artículo 17 constitucional..." Por auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia de mérito (foja 51 y 52), motivo por el cual, se requirió a la autoridad responsable, para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector, en los términos antes señalados. Por proveído de cinco de marzo de dos mil veinte, se tuvo al Presidente y Representante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, remitiendo copia certificada de las constancias correspondientes al expediente DIT-087/2015, en la que se advierte la resolución de tres de marzo de dos mil veinte (foja 58 a la 72 de autos), correspondiente al laudo, así como la notificación realizada a la parte quejosa y tercero interesada por medio de cédula (foja 73 y 74 de autos). Documentales a las que se les otorga valor probatorio, al estar certificadas y suscritas por servidor público en ejercicio de sus funciones, por lo que constituyen documentos oficiales, que tienen eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, parte SCJN, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, en Materia Común, que establece: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. En dicho proveído, se dio vista a la parte quejosa, y posteriormente por auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte a la autoridad tercero interesada con las referidas constancias remitidas por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, lo que se le notificó a la parte quejosa el diez de marzo de dos mil veinte, de manera personal, y a la autoridad tercero interesada el veintiséis de octubre de dos mil veinte, por medio de oficio, sin que hubiesen hecho manifestación alguna al respecto. En este contexto, toda vez que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, mediante proveído de tres de marzo de dos mil veinte, dictó la resolución respectiva correspondiente al laudo, dentro del expediente DIT-087/2015, así como notificó el mismo al promovente y al tercero interesado el cuatro de marzo de este año; por tanto, es inconcuso que al no existir exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pueda concluirse que la quejosa fue restituido en el goce de sus derechos fundamentales, por lo que se declara para todos los efectos legales a que haya lugar, QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el invocado numeral 196, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, procede el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al punto Décimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se indica que en el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto Décimo, éste debe ser transferido, toda vez que en el mismo se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; asimismo, y como lo dispone la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Capítulo Quinto y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y la sentencia respectiva, mismas que deberán digitalizarse en términos del punto Décimo Séptimo del Capítulo Cuarto del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto Vigésimo Primero Capítulo Quinto, por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este juicio como asunto totalmente concluido, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. De igual manera, en cuanto al valor jurídico, sí lo tienen el presente juicio de amparo. Tómese en consideración que la fecha en que la autoridad responsable dio cumplimiento total a la ejecutoria de amparo fue el tres y cuatro de marzo de dos mil veinte.

  2. Principal

    IV. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 4/2020, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, que entró en vigor al día siguiente -dieciocho de marzo- del presente año, con motivo del cual se suspendieron en su totalidad las laborales en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; posteriormente se emitieron los diversos Acuerdos Generales mediante los diversos 06/2020, 08/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, en los que se prorrogó la suspensión de actividades y el esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales durante los periodos que en cada acuerdo se precisó y que concluyó hasta el treinta y uno de julio del actual. Por lo que, dada la reanudación de labores decretada en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, de veintiocho de julio del año en curso, se procede a proveer lo siguiente: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de cinco de marzo del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por la autoridad responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, y en representación del mismo, en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente asunto; sin embargo, no se advierte que se haya dado vista al tercero interesado Gobierno del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la mencionada tercera interesada en este asunto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena regularizar el procedimiento; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte tercero interesada con las constancias remitidas por la autoridad responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, y en representación del mismo, recibidas por auto de seis de marzo del año en curso, para que dentro del plazo de TRES DÍAS computados a partir de la legal notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga si así lo estima pertinente; con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno sobre el particular, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

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