María de Lourdes Molina Morales
Expediente 726/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 726/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- María de Lourdes Molina Morales
Actuaciones
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. QUEDA FIRME DESECHAMIENTO Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído dictado por este juzgado el ocho de julio de dos mil veintiuno, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo; en consecuencia, se declara que HA QUEDADO FIRME dicho auto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo de la Ley de Amparo. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el expediente en que se actúa carece de relevancia documental, al no ubicarse en las hipótesis previstas por el artículo 15, esto es, que no se distingue que guarde relación con delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia; contra el ambiente y la gestión ambiental; no contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; no versó sobre materia agraria, aunado a que al prudente arbitrio de quien califica, el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Por lo tanto, se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de destrucción, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el cual se desechó, en virtud de los razonamientos expresados en las líneas que preceden. En consecuencia, una vez cumplido el plazo de tres años indicado en artículo 21 invocado, dentro de los treinta días posteriores, deberá ser destruido el presente sumario constitucional y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto a la Dirección General de Archivo y Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Finalmente, se instruye al Secretario encargado del asunto, que previo a la destrucción física del expediente al archivo de este órgano jurisdiccional certifique que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa; a fin de que se de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25, del multicitado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN LA PÁGINA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO EN UN LUGAR DE FACIL ACCESO DEL EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la demanda de amparo que formula por María de Lourdes Molina Morales, contra actos de la Congreso del Estado de Baja California y otra autoridad, fórmese el expediente respectivo, regístrese bajo el número 726/2021- 1A y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Ahora, derivado de un análisis integral del escrito petitorio de amparo, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, es procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE MÉRITO. Ello es así, toda vez que de lo dispuesto en el numeral 1131 de la Ley de Amparo, se tiene que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. 2 Resulta oportuno destacar, que las causas de improcedencia son una cuestión que debe analizarse de oficio, debido a que son de orden público, según lo establece el numeral 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, el dispositivo 61, fracción, VII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente;" El precepto trascrito, establece la improcedencia del juicio de amparo para los casos en que se reclamen resoluciones o declaraciones de las legislaturas de los Estados o de sus respectivas comisiones, con motivo de la elección de funcionarios, en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente, lo que ocurre en el caso, y actualiza el supuesto de improcedencia del juicio de amparo. A fin de sustentar la actualización de la causal de improcedencia en mención, en principio es necesario destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 391/2018, analizó si en el procedimiento para la elección de Magistrado del Suprema Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, el Congreso local emitía actos soberanos, y al respecto sostuvo que para que se actualizara la causa de improcedencia en cuestión, no era necesario que la Constitución (federal o local, según el caso) estableciera expresamente, como frase sacramental, que los actos emitidos por el Congreso u órganos respectivos, en relación con la elección, suspensión o remoción de funcionarios, constituyen una facultad soberana o discrecional. Asimismo, en dicha resolución la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó el 60 de la Constitución Política del Estado de Jalisco -vigente en el año dos mil dieciséis-, el cual establece lo siguiente: "Artículo 60. Para la elección de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura, previa convocatoria realizada por el Congreso del Estado a la sociedad en general, con excepción de los partidos políticos, someterá a consideración del Congreso del Estado una lista de candidatos que contenga, cuando menos, el doble del número de magistrados a elegir, remitiendo los expedientes para acreditar que los ciudadanos propuestos cumplen con los requisitos establecidos en el presente capítulo y tienen aptitud para ocupar dicho cargo. El Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes, elegirá al Magistrado que deba cubrir la vacante, dentro de un término improrrogable de treinta días. En caso de que el Congreso no resolviere dentro de dicho término, se entenderá que rechaza la totalidad de los candidatos propuestos. En caso de que el Congreso rechace la totalidad de los candidatos propuestos, el Consejo de la Judicatura someterá una nueva propuesta integrada por personas distintas a la inicial, en los términos de este artículo. En igualdad de circunstancias, los nombramientos de magistrados serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica". En relación con dicho precepto, determinó que el Congreso del Estado de Jalisco elige de manera independiente a los Magistrados locales, sin injerencia de algún otro ente o poder público, pues su elección no requiere de la aprobación, supervisión o aval de algún otro órgano o ente público, lo que significaba que se estaba ante un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales y, por tanto, dicha elección y el procedimiento que le antecede no eran impugnables a través del juicio de amparo, al actualizarse el supuesto contenido en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo. Asimismo, indicó que si la elección de los Magistrados locales estaba sujeta a la aprobación de cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado y a propuesta de los grupos parlamentarios, previa convocatoria a la sociedad, lo cierto era que estas reglas especiales de procedimiento, no menoscababan el carácter autónomo de la facultad del Congreso, ya que no lo vinculan para que adoptara su decisión en sentido determinado, ni sujetaba su voluntad a la deliberación de persona o ente alguno ajeno al propio órgano legislativo. Por otra parte, la Sala refirió que no soslayaba que al resolver la contradicción de tesis 118/2009 (que dio origen a la jurisprudencia titulada: "MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU ELECCIÓN, RATIFICACIÓN O CESE EN FUNCIONES POR TÉRMINO DEL ENCARGO, NO SON ACTOS SOBERANOS Y DISCRECIONALES DEL CONGRESO LOCAL, POR LO QUE SU RECLAMO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS NO ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO)"; consideró que no se actualizaba la causal de improcedencia en comento cuando se reclaman actos que requieren de una fundamentación y motivación determinada. Empero, señaló que la característica fundamentación y motivación, sólo era necesaria en los procedimientos de ratificación, como los que se analizaron en la citada contradicción de tesis, en tanto que en ese supuesto el Congreso debía valorar el desempeño del Magistrado respectivo y exponer las razones para ratificarlo o no, lo cual no aplicaba al caso de elección de Magistrados. Lo anterior, explicó la Sala, ya que si bien en los procedimientos de elección, correspondía a la Comisión de Justicia calificar que los candidatos reunieran los requisitos para ocupar el cargo de magistrado, lo cual quedaba plasmado en el dictamen sometido a consideración de la asamblea; lo cierto era, que una vez elaborada la lista respectiva, y sometida a votación ante el Pleno del Congreso, quedaba a discreción de cada diputado la emisión de su voto, y la valoración que en lo personal realizara de las aptitudes de cada uno de los candidatos era una cuestión que correspondía a su fuero interno a la hora de emitir su voto, razón por la cual se justificaba que en el acta de sesión sólo estaba plasmado el sentido del voto y no así su motivación ni fundamentación. En este sentido, indicó que si en el amparo no podía juzgarse si las razones o motivos que llevaron a tal o cual diputado a votar por un determinado aspirante al cargo de Magistrado, eran correctas o no, resultaba lógico que el amparo resultaba improcedente contra ese tipo de elecciones, en tanto se trataba de actos autónomos y discrecionales. De igual forma, refirió que no representaba un obstáculo que el procedimiento para la elección de magistrados, se encontraba regulado en la Constitución local y, por tanto, que se trataba de una facultad reglada; es decir, que la autoridad para elegir a los magistrados que formaban parte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Jalisco, estaba obligada a observar las reglas establecidas en la Constitución del Estado para ese efecto, empero, el acto final de dicho procedimiento que correspondía a la designación del juzgador, era una decisión libre de cada uno de los integrantes del Congreso local; y era este último acto el que demostraba que se estaba ante una facultad soberana, en tanto que la propia Constitución permitía que fuera cada diputado, en lo individual, quien apreciara a nivel interno el sentido de su voto. Concluyó la Sala en el sentido de que, como consecuencia de que la elección de Magistrados era una facultad soberana, se actualiza la causal de improcedencia en mención, la cual debía hacerse extensiva a todos los demás actos emitidos por el propio Congreso, en uso de sus facultades discrecionales, dentro del procedimiento instaurado para tal designación, pues si la acción constitucional no procedía contra el último acto pronunciado en el procedimiento de designación apuntado, que era el único que en todo caso podría irrogar perjuicio a determinada persona, menos podría proceder contra cualquier otro acto intermedio realizado en uso de las facultades discrecionales y autónomas con que contaba dicho órgano o como consecuencia del ejercicio de aquellas. Del amparo en revisión aludido, derivó la jurisprudencia visible en la página 887, libro 58, septiembre de 2018, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2017916, de rubro y contenido siguientes: "MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SU ELECCIÓN POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL ES UN ACTO SOBERANO EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Jalisco establece sustancialmente, que para la elección de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura, previa convocatoria realizada por el Congreso del Estado a la sociedad en general, someterá a consideración de éste una lista de candidatos al cargo, y que por acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes, elegirá al Magistrado que deba cubrir la vacante dentro de un término improrrogable de 30 días; de lo que se concluye que quien elige de manera independiente a esos juzgadores, sin injerencia de algún otro ente o poder público, es el Poder Legislativo. Entonces, si la elección de los Magistrados no requiere de la aprobación, supervisión o aval de algún otro órgano o ente público, esto significa que se está ante un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales y, por tanto, esa elección y el procedimiento que le antecede no son impugnables a través del juicio de amparo, al actualizarse el supuesto contenido en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, por cuanto prevé que ese juicio es improcedente cuando se reclaman, entre otras, resoluciones de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, relativas a la elección de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Además, el hecho de que en el procedimiento de elección corresponda a la Comisión de Justicia del Congreso Local calificar que los candidatos reúnen los requisitos para ocupar el cargo de Magistrado, lo cual queda plasmado en el dictamen que somete a consideración de la Asamblea, es una circunstancia que no disminuye el carácter soberano de la facultad de nombramiento, ya que una vez elaborada la lista respectiva, y sometida a votación ante el Pleno del Congreso, queda a discreción de cada diputado emitir su voto; y la valoración que en lo personal realicen dichos legisladores de las aptitudes de cada uno de los candidatos, es una cuestión que corresponde a su fuero interno al momento de votar." Ahora bien, en el caso concreto, la parte quejosa señala como acto reclamado destacado la entrevista realizada en dos de julio de dos mil veintiuno, por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Baja California, en su calidad de aspirante para ocupar el cargo de Magistrada Numeraria, acto que es emitido dentro del procedimiento de selección, así como el inminente nombramiento Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California. Precisado lo anterior, resulta necesario trascribir en su parte conducente, el contenido de los artículos 27, fracción XV y 58 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California, que establecen: "ARTÍCULO 27.- Son facultades del Congreso: (.) XV.- Nombrar a los Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia, así como a sus respectivos Supernumerarios en orden de prelación, y resolver respecto a su ratificación o no ratificación, y designar a dos Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial;" "ARTÍCULO 58.- El Tribunal Superior de Justicia estará integrado por trece Magistrados Numerarios como mínimo y tres Supernumerarios. Funcionará en los términos que disponga la Ley. El Congreso del Estado está facultado para resolver soberana y discrecionalmente respecto a los nombramientos, ratificación o no ratificación y remoción de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. En los mismos términos resolverá sobre la designación y remoción de los integrantes del Consejo de la Judicatura. Dichas resoluciones serán definitivas e inatacables, por lo que no procederá juicio, recurso o medio de defensa ordinario o extraordinario alguno en contra de las mismas. (.) Seis meses antes de que concluya el período de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, procederá a realizar los nuevos nombramientos entre los aspirantes que integren la lista que le presente el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, la cual deberá contener únicamente a los profesionistas que hayan resultado aprobados en el examen que practique el Consejo de la Judicatura conforme al reglamento respectivo. El nombramiento de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia se efectuará bajo el siguiente procedimiento: I.- Inmediatamente que exista una o varias vacantes de Magistrados o seis meses antes si la misma fuere previsible, el Consejo de la Judicatura deberá dar inicio al proceso de evaluación de aspirantes, haciéndolo del conocimiento del Congreso, el cual incluirá exámenes psicométricos, oposición y de méritos correspondientes, conforme a la Ley y el reglamento respectivo. El Consejo de la Judicatura, tendrá hasta noventa días naturales para desahogarlo, desde que emita la convocatoria pública, hasta que realice la entrega de la lista por conducto de su Presidente al Congreso; II.- El Congreso resolverá dentro de los treinta días naturales siguientes a que reciba la lista, por mayoría calificada de sus integrantes, los nombramientos de Magistrados de entre los aspirantes que integren la lista, la cual deberá contener en orden de puntuación, únicamente a los profesionistas que hayan aprobado en el proceso de evaluación que practique el Consejo de la Judicatura; III.- En caso de que el Congreso no aprobara el nombramiento o nombramientos, o solo cubriere algunas de las vacantes de Magistrados, o fuera omiso en el término previsto en la fracción anterior, el Consejo de la Judicatura abrirá un nuevo proceso de evaluación, que se deberá desahogar y remitir al Congreso dentro de los treinta días naturales siguientes, en el cual podrá participar cualquier interesado e incluirse en la lista a quienes hayan aprobado en el proceso de evaluación previsto en la fracción I de este artículo, y IV.- Recibida la segunda lista, el Congreso tendrá hasta treinta días naturales para nombrar por mayoría calificada de sus integrantes al Magistrado o Magistrados, y si no lo hiciese en dicho término, ocuparán los cargos de Magistrados las personas que se encuentren en los primeros lugares de la lista, la cual deberá ser elaborada en los términos señalados en las fracciones II y III de este artículo. (.)" Los artículos trascritos prevén la facultad del congreso para designar a los magistrados locales, la duración de su cargo, así como el procedimiento a seguir para su elección, ratificación o cese. Dichos precepto establecen un procedimiento de lección de nuevos magistrados similar al estipulado en el artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Jalisco -vigente en el año dos mil dieciséis-, el cual como se destacó párrafos supra, ya interpretó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos asuntos, de los que derivó por reiteración la jurisprudencia invocada con antelación. Lo anterior es así, en virtud de que en el procedimiento de elección de nuevos Magistrados en esta entidad federativa, también interviene el Consejo de la Judicatura del Estado, en tanto dicho órgano es quien propone a los candidatos al cargo, previa convocatoria y proceso de evaluación. De igual forma, la elección del Magistrado que realicen los diputados locales al momento de que se someta a su consideración el dictamen respectivo, no requiere de la aprobación, supervisión o aval de algún otro órgano o ente público. Asimismo, dicha elección está sujeta a la aprobación de cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado y a propuesta de los grupos parlamentarios, previa convocatoria. Por tanto, si la elección de nuevos magistrados en esta entidad, no requiere de la aprobación, supervisión aval de algún otro órgano o ente público, toda vez que ni el artículo 58 de la Constitución Política del Estado de Baja California, ni alguna otra disposición local, lo exige de esa manera; en consecuencia, debe considerarse que la decisión del Congreso responsable en ese sentido, se trata de un acto soberano emitido en uso de sus facultades discrecionales. En consecuencia, como se adelantó, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, al tratarse de actos emitidos en el procedimiento y designación de Magistrado Numerario, circunstancia que ya fue analizada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a. / J. 102/2018 (10a.), criterio que resulta aplicable al resto de las entidades federativas tengan previsto un sistema igual para el nombramiento de magistrados, como en al caso acontece. Resulta aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 25/2020 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página 493, Tomo I, Libro 78, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2022075, titulada: "MAGISTRADOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. SU ELECCIÓN ES UN ACTO SOBERANO EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA." Por lo anteriormente expuesto, no se requiere de un mayor escrutinio por parte del juzgador de amparo para establecer, desde el auto de inicio, la aplicabilidad del criterio jurisprudencial 2a. / J. 102/2018 (10a.), por actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia J / 89 A (10a.), emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consultable a página 1357, libro 79, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2022299, de rubro y texto: "MAGISTRADOS DEL ESTADO DE JALISCO. LOS ACTOS INTERMEDIOS EMITIDOS POR EL CONGRESO LOCAL EN EL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN RELATIVO ACTUALIZAN DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a . / J. 102/2018 (10a.)]. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el Juez de Distrito puede desechar la demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En palabras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto implica que la existencia de la hipótesis de constitucional requiere de demostración plena, es decir, debe ser evidente, clara y fehaciente y no basarse en presunciones, ni exigir un análisis profundo como el que se realiza en la sentencia, porque de lo contrario el juzgador no debe desechar la demanda de amparo. Tal es el caso del reclamo consistente en el procedimiento de elección de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, cuya naturaleza ha sido bien definida en la jurisprudencia 2a. / J. 102/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que tanto la elección en sí misma considerada, como los actos intermedios de ese procedimiento, constituyen actos soberanos emitidos por el Congreso Local en uso de sus facultades discrecionales. Consecuentemente, en ese tipo de casos no se requiere de un mayor escrutinio por parte del juzgador de amparo para establecer, desde el auto de inicio, la aplicabilidad del criterio jurisprudencial de referencia y, por ende, desechar de plano la demanda respectiva, por actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo; lo anterior, pues dada la obligatoriedad del criterio de referencia, en términos del artículo 217 de la propia ley, resulta innecesario instrumentar el juicio constitucional, pues con independencia de los documentos aportados (informes justificados, pruebas, alegatos), prevalece la circunstancia de que la naturaleza de los actos del Congreso Local, definida jurisprudencialmente por la Superioridad, no variaría." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones, el que índica en su demanda de amparo; por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indica y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las diversas personas que menciona. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA. En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Por otra parte, en estricto acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal, se ordena formar el expediente impreso y el electrónico, así como a digitalizar oportunamente y de manera legible las constancias del juicio que en el caso de exhiban de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo. ANOTACIONES EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE. Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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