María de Lourdes Mendicuti Navarro y Otros.
Expediente 245/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 245/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 24/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María de Lourdes Mendicuti Navarro y Otros.
- María de Lourdes Mendicuti Navarro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio 8243/2021-II, procedente del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual solicita se autorice la consulta del expediente electrónico, del juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, de conformidad con los artículos 3 del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico; 3, 22 y 23, del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los Expedientes Impreso y Electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo; comisiónese al área correspondiente, a fin de que facilite el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa al juzgado oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran el auto de treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante el que se sobreseyó fuera de audiencia sin que se hayan inconformado; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que este juicio carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste y en los cuadernos incidentales que derivan del mismo, no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN - una vez que transcurran tres años- al haberse sobreseído y carecer de relevancia documental. Respecto al original y duplicado del incidente de suspensión, dado que se negó la suspensión provisional y definitiva -una vez transcurra el término de seis meses- es susceptible de destrucción. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. En atención a las anexos remitidos por las autoridades responsables, devuélvanse a su lugar de origen, sin que haya necesidad a solicitar acuse de recibo, pues como tal se tendrá la constancia de notificación correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Agréguense a los autos los informes de cuenta, rendidos por las autoridades señaladas como responsables, para que surtan sus efectos legales correspondientes. Respecto al disco compacto exhibido, resguárdese en la secretaria de este juzgado. Por otra parte, visto el estado de autos de los que se advierte que los actos reclamados consisten en: La omisión de implementar en el mecanismo alternativo de solución de controversia en materia penal solicitado, radicado en el expediente 0033-UM-COY-5/2020-08/FGJCDMX, los ajustes razonables requeridos, para que en el desarrollo de la sesión se realice vía remota en video conferencia; lo anterior, considerando que es una persona adulta mayor, perteneciente a un grupo vulnerable y que actualmente se encuentra viviendo en Cuernavaca Morelos. La omisión de implementar los ajustes razonables requeridos, para que este en la posibilidad de impugnar a través del recurso judicial establecido por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de forma o vía electrónica, las determinaciones u omisiones del agente del Ministerio Público, dentro de la carpeta de investigación CI-UIR/CEN-1/UI-1S/D/0379/02-2020, ya que al no contar con asesor, ni poder acudir a la Ciudad de México, se encuentra impedida por causas de fuerza mayor para agotar dicho recurso. Que atribuyó a las autoridades siguientes en su denominación correcta: ORDEN AUTORIDADES RESPONSABLES FOLIO SENTIDO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 8131 ACEPTA PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 7187 NIEGA ADRIANA SÁNCHEZ MAYEN FACILITADORA ADSCRITA A LA UNIDAD DE MEDIACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS EN LA COORDINACIÓN TERRITORIAL COYOACÁN 5. 7915 NIEGA GUADALUPE JIMENA ALCOCER SPEZZZIA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA UNIDAD DE MEDIACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS EN LA COORDINACIÓN TERRITORIAL COYOACÁN 5. 7916 NIEGA ANTONIO ÁLVAREZ MÉNDEZ, ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE LAS UNIDADES DE MEDIACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 7279 NIEGA Las autoridades señaladas con los números 2, 3, 4 y 5 negaron el acto que se les atribuye; agregando la 3 y 4, respecto de la omisión de implementar en el mecanismo alternativo de solución de controversia en materia penal solicitado, radicado en el expediente 003-UM-COY-5/2020-08/FGJCDMX, los ajustes razonables requeridos, para que en el desarrollo de la sesión se realice vía remota en video conferencia, que la ley no permite llevar a cabo sesiones de mecanismos alternativos vía remota, lo anterior en términos del artículo 8, fracción IV de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, el cual estipula que dentro de las obligaciones de los intervinientes está asistir a cada una de las sesiones personalmente o por conducto de su representante o apoderado legal, en los casos que establece la ley y demás normas aplicables, lo que se hizo del conocimiento de la peticionaria del amparo. De igual manera, informaron que el expediente de mérito se dio por concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32, fracción I de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, lo que así aconteció el veinte de agosto de dos mil veinte, conforme a la constancia exhibida. Ahora, debe decirse que, respecto al tema de actos omisivos, cabe traer a colación lo que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 104/2018, ya que en dicha ejecutoria determinó que, en los actos omisivos, si las autoridades responsables niegan dicha omisión, puede implicar dos situaciones, esto es, que sí actuaron o que no actuaron porque no estaban en condiciones de hacerlo. Bajo esa tesitura, en dicha resolución se estableció que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario; sin embargo, en los actos omisivos, la autoridad no solo debe expresar sino también probar o en su caso argumentar, que el acto que se le atribuye no existe. Atendiendo a tales consideraciones, la superioridad estimó que al establecer la existencia o inexistencia de los actos reclamados, el juzgador de amparo debe analizar si la autoridad está en posibilidad de actuar, ya sea porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Materia Común, página 926, con rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." También es importante destacar que, respecto a la carga de la prueba, debe partirse de cuál es la obligación de la autoridad responsable y de ese modo concluir a quién le asiste el deber de probar su postura, esto es, si la carga de la prueba recae en la parte promovente o en la autoridad responsable. Luego, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó un criterio en el cual analizó que para que haya una omisión, debe existir una obligación correlativa del ente de gobierno, pues para determinar la existencia o inexistencia debe verificarse cuáles son esas obligaciones o facultades que lo constriñan a actuar, pues incluso la superioridad refirió que no se puede sostener que la autoridad incurra en una omisión atendiendo a criterios subjetivos, donde se exija a la potestad obrar en determinado sentido. Por tanto, se puede establecer que la obligación de la autoridad para realizar determinado acto y de ese modo calificar objetivamente la existencia o inexistencia de una omisión puede establecerse de tres maneras: 1) Que esa obligación nazca de un acto previo que la origine, es decir, cuando la autoridad lo conoce directamente y solo espera ejecución por ya existir el presupuesto que fáctica y legalmente la habilitan y constriñen (verbigracia la ejecución de una resolución ejecutoria). 2) La obligación en proporción a un hecho y a la consecuencia normativa prevista. 3) Los actos que requieren de una solicitud o impulso del gobernado. Cobra aplicación la jurisprudencia 1a. XXIV/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Materia Común, Administrativa, página 53, con rubro y texto: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." En el caso, la parte quejosa reclama a) la omisión de implementar en el mecanismo alternativo de solución de controversia en materia penal solicitado, radicado en el expediente 0033-UM-COY-5/2020-08/FGJCDMX, los ajustes razonables requeridos, para que en el desarrollo de la sesión se realice vía remota en video conferencia; lo anterior, considerando que es una persona adulta mayor, perteneciente a un grupo vulnerable y que actualmente se encuentra viviendo en Cuernavaca Morelos; así como, b) la omisión de implementar los ajustes razonables requeridos, para que este en la posibilidad de impugnar a través del recurso judicial establecido por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de forma o vía electrónica, las determinaciones u omisiones del agente del Ministerio Público, dentro de la carpeta de investigación CI-UIR/CEN-1/UI-1S/D/0379/02-2020, ya que al no contar con asesor, ni poder acudir a la Ciudad de México, se encuentra impedida por causas de fuerza mayor para agotar dicho recurso, el que negaron las autoridades citadas en los ordinales 2 a 5, en ese sentido no les resulta atribuible la omisión que les imputa la quejosa; aunado a, que la misma no exhibió prueba idónea y eficaz que en su caso demostrara que las autoridades se encontraban obligadas a actuar en un determinado sentido y con ello se tuviera por existente la omisión reclamada. Máxime que la citada en el número 5 refirió que no se encuentra a cargo del expediente de referencia al ser atribución de los facilitadores y, como se anticipó, por lo que hace al expediente 0033-UM-COY-5/2020-08/FGJCDMX, este se encuentra concluido desde el veinte de agosto de dos mil veinte; por lo que no existe las omisiones de mérito. En ese contexto, lo procedente es SOBRESEER este juicio, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 63, fracción IV, de la ley de la materia. Ahora, el Presidente del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México aceptó la omisión de implementar los ajustes razonables requeridos, para que este en la posibilidad de impugnar a través del recurso judicial establecido por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de forma o vía electrónica, las determinaciones u omisiones del agente del Ministerio Público, dentro de la carpeta de investigación ..., ya que al no contar con asesor, ni poder acudir a la Ciudad de México, se encuentra impedida por causas de fuerza mayor para agotar dicho recurso. Sin embargo, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir su objeto o materia. En el particular, de las constancias remitidas por la autoridad responsables se advierte que el dieciocho de mayo del año en curso, María de Lourdes Mendicuti Navarro mediante correo electrónico recibido en la Unidad de Gestión Judicial Cuatro, interpuso impugnación contra omisiones en la carpeta de investigación CI-UIR/CEN-1/UI-1S/D/0379/02-2020, realizados los trámites correspondientes dentro de la impugnación 004/0874/2021 y una vez que se le dio vista para que informara si contaba con los recursos tecnológicos para llevar a cabo la audiencia por la vía electrónica y desahogada ésta, el uno del mes y año en curso, se fijaron las diez horas con treinta minutos del quince siguiente para que tuviera verificativo la audiencia de impugnación. Diligencia que tuvo verificativo en esa data, resolviéndose en el sentido de que no resultaba procedente por no contarse con los lineamientos que al efecto establece el artículo 20 Constitucional, conminando a la víctima a realizar los trámites de manera formal ante la Fiscalía, dejando a salvo sus derechos para que a través de su asesora jurídica realizara las peticionar de manera personal. Sin que se soslaye que la autoridad citada en el ordinal 1 aceptara la omisión que se le atribuyó al estar dentro de sus facultades regular al respecto; empero, la quejosa no aportó medio de convicción idóneo que diera certeza a que efectivamente elevó alguna promoción ante ella ni a las antes citadas, para que pudieran actuar en consecuencia; De donde se advierte que aún cuando subsiste la el acto reclamado, este ya no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir su objeto o materia, que era precisamente el que se celebrara vía electrónica la audiencia de impugnación respecto a la omisiones en la referida carpeta de investigación, la que tuvo lugar como ha quedado establecido el quince de este mes y año. Lo anterior que implica que se torna imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho estima violado, o bien, ningún efecto tendría la respectiva sentencia concesoria. Por lo anterior, se sobresee en el presente asunto en términos el artículo 61, fracción XXII, en relación con el diverso 63, fracción de la Ley de Amparo. Es pertinente destacar que esta determinación, en concepto del suscrito, procede decretarla fuera de audiencia, puesto que existe un motivo manifiesto e indudable de sobreseimiento, tal como se previene por identidad jurídica en la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". No es obstáculo para concluir de la manera anotada, la circunstancia de que no se haya dado vista a las partes con el informe de cuenta y se encuentre transcurriendo el término correspondiente para que las partes se impongan de los informes justificados indicados en proveídos de veintiséis y veintinueve de los actuales, toda vez que por los motivos expuesto no cambiaría el sentido de esta determinación la manifestación que en su caso hiciera el impetrante, y en cambio, sí retrasaría la impartición de la justicia pronta y expedita en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, el criterio jurisprudencial 104, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a foja 622, tomo V, junio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. EFECTOS DE LA OMISIÓN DE DAR VISTA A LAS PARTES." Cuanto más, en caso de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría enteramente ocioso y atentatorio del principio de prontitud y expedites en la administración de justicia; aunado a que dicha forma de proceder también contravendría el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de sobreseimiento invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causa; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Finalmente, toda vez que las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales, no obstante que se les hizo saber sobre la existencia de dicha posibilidad; puede hacerse pública la presente determinación omitiendo los datos sensibles. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Agréguense a los autos los oficios signados por las autoridades responsables, con los cuales rindes sus INFORMES JUSTIFICADOS, con fundamento en el artículo 117 del ordenamiento de la materia, pónganse a la vista de las partes, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Notifíquese.
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