María de Lourdes Mendicuti Navarro
Expediente 628/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 628/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- María de Lourdes Mendicuti Navarro
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En ese sentido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a tres de junio de dos mil veintidós Recepción de escrito. Téngase por recibido el escrito firmado electrónicamente por María de Lourdes Mendicuti Navarro, parte quejosa, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de doce de mayo del año en curso. En ese sentido, se acuerda: Desechamiento. Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13°A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, novena época, del Semanario Judicial y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que, de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente.... "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. "No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. "Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" De lo anterior, se desprende que para que se surta la improcedencia del juicio de amparo es necesario que se actualicen las siguientes hipótesis: 1.- Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. De la lectura integral de la demanda de amparo, se obtiene que señal como autoridades responsables a las siguientes: Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. José Luis Uriostegui Salgado, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos Francisco Villegas Ramírez, responsable del área de verificación normativa del Ayuntamiento de Cuernavaca Alejandro Rosas López, Secretario de Desarrollo Urbano, obras y Servicios Públicos Municipales de Cuernavaca, Morelos. Arquitecto Agustín Herrea Olvera, Director de Licencia de Construcción, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos Municipales. Y los actos reclamados: " . De la autoridad indicada con el inciso A) reclamo: Que a la fecha el tribunal no tiene regulado el uso de promociones por medios electrónicos, ni firma digital, lo cual me impide ejercer el derecho de acceso a la justicia, ya que tengo problemas de movilidad. Lo cual me impide hacer valer mi demanda en dicha instancia, Y EN CONSECUENCIA ME DEJA IMPEDIDA DE AGOTAR EL PPRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE LA LEY ME OTORGA, dejándome en estado de indefensión, debiendo por ello haber acudido a esta instancia federal. De la autoridad señalada con el inciso B) reclamo: No haber canalizado con oportunidad y a las autoridades que corresponden solicitud de intervención urgente formulada por la suscrita quejosa, en fechas cuatro de mayo, por lo que tuve que solicitar otra intervención en fecha nueve de mayo, y hacer trámite personal por omisión del ayuntamiento en fecha doce de mayo, y en dicha fecha volver a solicitar al ayuntamiento intervención de manera personal a la Lic. Cindy Celtzin Pérez López; asistente de la presidencia Municipal. Siendo los folios de atención P 2346, P2411, P2473. Todo en el presente año. dichos trámites serán aclarados en los hechos Las contradicciones existentes en el regamento de construcción del Municipio de Cuernavaca, que mas adelante mensionaré, asi como su inconstitucionalidad. De la autoridad señalada con el inciso C) reclamo: De manera improcedente, haber otorgado plazo para regularización de un obra construida sin la Licencia de obra correspondiente. Ya que el Reglamento de Construcción del Municipio de Cuernavaca, no contempla dicha facultad para este servidor público, además sin elementos que justifiquen dicho trámite. ii) La información ambigua, contradictoria y falta de transparencia sobre el trámite que se solicitó a su departamento, siendo el número del expediente 541/2022. De la autoridad señalada con el inciso D) reclamo: La falta de respuesta a la fecha, mi solicitud realizada en fecha nueve de mayo del presente año, sobre la cual ni siquiera se me ha dado número de trámite, ni acuse de recibo, aunque debo decir que al haber hablado con su secretaria de nombre Sandra Urquiza desde el día once de mayo me está prometiendo la información, pero solo largas de da. ITI NAW el 628 De la autoridad señalada con el inciso E) reclamo: La negativa rotunda a darme información de mi interés siendo afectada directa, sobre la existencia de permiso de construcción, con alegatos infundados e ilegales; situación que me ha dejado en estado de indefensión absoluta, y viola mi derecho de acceso a la información, a la justicia a la legalidad, entre otros." Asimismo, la quejosa al subsanar la prevención de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, entre otros anexos, remitió la resolución de dieciséis de mayo del mismo año, dictada en el expediente administrativo FAC-D-LOMAS DE ATZINGO-114-2022-AA, en la cual se advierte que el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, le da contestación a la denuncia que presentó ante dicha autoridad. Por lo cual, los actos esencialmente reclamados provienen de una autoridad distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, actualizándose la primera hipótesis contenida en el dispositivo 61, fracción XX, de la ley de la materia. 2.- Que la ley conceda algún recurso, juicio o medio de defensa por el cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, o pueda ser revisado de oficio. En el caso, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, prevé: "Artículo 1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley. Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se otorga también el interés legítimo para controvertir la existencia conflicto de intereses considerando la situaciones en las que el juicio del servidor público en relación a su interés primario y la integridad de sus acciones en el empleo, cargo o comisión, pueda ser influenciado por un interés personal, familia o de negocios que tiende a afectar el desempeño imparcial u objetivo de su función en cualquier forma; y la compatibilidad de dos o más empleos o comisiones de los servidores públicos del Estado deberá de atenderse conforme a la naturaleza y la eficiencia del empleo, cargo o comisión, las restricciones constitucionales, y la pertinencia en función de los horarios a desempeñar el servicio público frente a otro empleo. En los asuntos promovidos por particulares, se atenderá a lo dispuesto para la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos conforme al artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 3. El Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con las facultades, competencia y organización que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, esta Ley y la normativa aplicable; forma parte activa del Sistema Estatal Anticorrupción y está dotado de plena jurisdicción, autonomía e imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones." Por su parte, el numeral 40 de la ley citada, dispone que el Tribunal de Justicia Administrativa tendrá competencia para conocer: "Artículo 40. El Tribunal de Justicia Administrativa tendrá competencia para conocer: I. De los juicios que se promuevan en contra de cualquier acto, omisión, resolución o actuación de carácter administrativo o fiscal, que en el ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que integran la Administración Pública Estatal o Municipal, sus organismos auxiliares estatales o municipales, en perjuicio de los particulares; II. De las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen con actos vinculados con dichas responsabilidades; III. De la determinación de existencia de conflicto de intereses; IV. De los juicios sobre la compatibilidad para el desempeño de dos o más empleos o comisiones con cargo a los presupuestos de los poderes públicos, los organismos públicos autónomos, los municipios y los organismos auxiliares de la administración pública estatal o municipal; V. De los juicios que se promuevan contra la resolución negativa ficta recaída a una instancia o petición de un particular. Se entenderá que se configura la resolución negativa ficta cuando las autoridades estatales o municipales o sus organismos descentralizados, no den respuesta a una petición o instancia de un particular en el término que la Ley señale o a falta de éste en el de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que se haya formulado la petición. La demanda podrá interponerse en cualquier tiempo, mientras no se produzca la resolución expresa; VI. De los juicios en que se pida la declaración de afirmativa ficta, en los casos en que así proceda conforme a la ley rectora del acto. En estos casos para que proceda la declaración, el actor deberá acompañar a su demanda, el escrito de solicitud de la pretensión deducida frente a la autoridad administrativa y el escrito en el que solicite la certificación de que se produjo la afirmativa ficta; VII. De los juicios en los que se reclame responsabilidad patrimonial objetiva y directa al Estado, a los Municipios o a sus organismos auxiliares conforme a la Ley de la materia. VIII. De las controversias que se susciten por la interpretación, cumplimiento, rescisión o terminación de los contratos de naturaleza administrativa o los que deriven de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Morelos, o de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, o de los Reglamentos Municipales en dichas materias; IX. Conforme a lo establecido en el apartado b fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocerá de las controversias derivadas de la relación administrativa existente entre el Estado y los Ayuntamientos, con agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales; X. De las jurisdicciones voluntarias que se sometan a su consideración para la terminación de relaciones administrativas, de conflicto de intereses o compatibilidad de empleos, sin perjuicio de que estas sean materia de controversia y aquellas que deriven de la naturaleza de su competencia constitucional, conforme a las disposiciones reglamentarias que al efecto emita el pleno, y XI. De los asuntos cuya resolución este reservada al Tribunal conforme a la normativa aplicable." De la anterior trascripción, se evidencia con claridad que la demanda de amparo que se provee es de notoria improcedencia, en virtud de que en contra de los actos que reclaman, provenientes del Ayuntamiento Municipal de Cuernavaca, Morelos, procede el juicio de nulidad que se promueva ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, conforme a lo dispuesto por los ordinales 1º y 3º de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, antes citados, el cual puede revocar, modificar o nulificar los actos reclamados y consecuentemente los peticionarios de derechos fundamentales podrán obtener la reparación de los derechos que estiman conculcados. 3.- Asimismo, la referida fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, señala que la suspensión que prevea dicho medio de defensa legal no debe exigir mayores requisitos que para la suspensión del acto reclamado señala la Ley de Amparo, como al efecto lo disponen los numerales 142, 143 y 144 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que establecen: "Artículo 142.- La Sala podrá conceder la suspensión de los actos impugnados, en el mismo auto de admisión de la demanda, cuando así lo hubiere solicitado el actor o en cualquier momento que lo solicite, pero siempre antes de que se cierre la instrucción. El auto que decrete la suspensión debe notificarse sin demora a la autoridad demandada, para su cumplimiento. Si los actos o resoluciones impugnados se hubiesen ejecutado y afecten a particulares de escasos recursos económicos, impidiéndoseles el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia y esté pendiente de dictarse la sentencia, las Salas podrán dictar las medidas cautelares que estimen necesarias para preservar el medio de subsistencia del demandante." "Artículo 143. La suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos: I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III.- Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto; y IV.- Que no se deje sin materia el juicio. La Sala resolverá sobre la suspensión de inmediato, una vez que se solicite. Si concede la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Una vez recibida la solicitud, el Secretario dará cuenta al Magistrado para que proceda en los términos de este artículo. La Sala podrá modificar o revocar el acuerdo en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento." "Artículo 144. La Sala, sin dejar de observar los requisitos previstos en el artículo anterior, podrá hacer una apreciación, de carácter provisional, sobre la legalidad del acto o resolución impugnada de manera que, para conceder la suspensión, bastará la comprobación de la apariencia del derecho que reclama el particular actor, de modo tal que sea posible anticipar, que en la sentencia definitiva declarará procedente la acción intentada, además del peligro que la demora en la resolución definitiva del juicio podría ocasionar para la preservación del derecho que motivó la demanda. El análisis a que se alude en el párrafo anterior debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho y, en consecuencia, la resolución dictada para otorgar la suspensión, no tendrá efecto alguno sobre la sentencia de fondo." Por otra parte, en lo conducente la Ley de Amparo establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." De lo anterior, se advierte que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no establece mayores requisitos que los exigidos por la Ley de Amparo, concretamente en sus artículos 128 y 129, por lo cual en este aspecto, se reúne también el tercer requisito necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio. En otro tenor, respecto al acto reclamado, a la autoridad Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, consistente en la falta de un sistema electrónico, para recibir promociones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V, VIII del ordinal 107 de la Ley de Amparo. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]" Lo subrayado es propio Sobre el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto previsto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, circunscrito a los actos o resoluciones dictadas en los juicios del conocimiento de los órganos jurisdiccionales, el Tribunal Pleno de nuestra Corte Suprema al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. La interpretación sustentada por el Pleno se apoyó en las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en juicio: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado de la sentencia por el Tribunal respectivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por ello, el acto que se combate en esta sede constitucional, consistente en "Que a la fecha el tribunal no tiene regulado el uso de promociones por medios electrónicos, ni firma digital, lo cual me impide ejercer el derecho de acceso a la justicia, ya que tengo problemas de movilidad. Lo cual me impide hacer valer mi demanda en dicha instancia, Y EN CONSECUENCIA ME DEJA IMPEDIDA DE AGOTAR EL PPRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE LA LEY ME OTORGA, dejándome en estado de indefensión, debiendo por ello haber acudido a esta instancia federal", no le depara perjuicio alguno a la parte quejosa que pueda tener una ejecución irreparable, puesto que el hecho que la autoridad responsable no cuente con un sistema electrónico para recibir promociones, no le causa una afectación pues hacer uso de otros medios para hacer llegar ante la autoridad sus pretensiones; por tanto, resulta incuestionable que sólo afecta derechos adjetivos y no irrumpe en la esfera de sus derechos sustantivos como la vida, libertad, trabajo, propiedad, etcétera. En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 62, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. Como corolario, se detalla que dicho reclamo es más bien un argumento y no un acto reclamado, aunado al hecho que tiene a su alcance la vía civil para reclamar como providencia de obra nueva y peligrosa, la construcción de la barda contigua a su domicilio, de la que se duele en esta instancia de amparo. Por lo anterior, en términos del artículo 61, Fracción XX, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Maria de Lourdes Mendicuti Navarro, por notoriamente improcedente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por Rodrigo Martínez Serrano, en su carácter de apoderado legal de la parte quejosa; al respecto, con fundamento, en los artículos 81, 84, 88 y 89, de la Ley de Amparo, se tiene al citado apoderado legal interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada; por lo tanto, distribúyanse entre las partes copias del escrito de expresión de agravios y de conformidad con el artículo 89 de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que se integre el expediente, remítanse el escrito original de agravios y una copia, así como el expediente principal al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en turno del Décimo Octavo Circuito, para los efectos legales conducentes. Fórmese el cuadernillo de antecedentes respectivo. Finalmente, instrúyase al Actuario adscrito para que al momento de notificar personalmente a las partes el presente auto les entregue copia del escrito de expresión de agravios del recurso de revisión interpuesto, asentándolo en la cédula de notificación personal respectiva. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.
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