Maria de Lourdes Mendicuti Navarro
Expediente 934/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 934/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Maria de Lourdes Mendicuti Navarro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
R E S U E L V E: PRIMERO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a ********************, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta interlocutoria. SEGUNDO. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a ********************, por los motivos y para los efectos expuestos en los considerandos séptimo y octavo de esta interlocutoria. Notifíquese.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, a trece de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe previo rendido por el Director Jurídico del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, por si y en representación del Director Comercial del mencionado sistema; por tal motivo, con fundamento en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. En razón de lo anterior, con fundamento en el arábigo 143 del cuerpo normativo en mención, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrar la audiencia incidental. De igual forma, con apoyo en los numerales 9 y 26, fracción II, de la ley en cita, se tienen como sus delegados a las personas que menciona, y por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de Trabajo del Decimoctavo Circuito, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de trece de octubre de dos mil veintitrés, dictada en los autos del recurso de queja Q.234/2023, en donde se determinó lo siguiente: "ÚNICO. Se declara FUNDADO el recurso de queja interpuesto por María de Lourdes Mendicu******************** contra el auto de veinticinco de julio de dos mil veintitrés." Atento a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libre de gobierno y acúsese el recibo de estilo correspondiente. En esas condiciones, en estricto acatamiento a lo ordenado por la superioridad, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por María de Lourdes Mendicu******************** respecto de la autoridad y acto siguiente: Del Director Comercial y Director Jurídico, ambos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, lo siguiente, lo siguiente: Los cobros, acumulaciones, incrementos e impuestos generados de los cobros del servicio público de suministro de agua potable, en el domicilio ubicado en ********************, Morelos, Código Postal ******************** Del incidente de suspensión. Se ordena formar el incidente de suspensión de conformidad con los artículos 110 y 128 de la ley de la materia. Sin que sea necesaria la formación del duplicado físico del incidente referido, pues de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, dicho cuaderno se encuentra conformado por las constancias digitalizadas que obran en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento de informe justificado. De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la ley en comento, requiérase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciban el oficio en que se les solicita, y con la debida anticipación, que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación, remitan copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obran en su poder, relacionadas con el acto reclamado, apercibidas que de no rendirlo, o que lo hagan fuera del plazo concedido, se le impondrá en la sentencia respectiva, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse agravantes para apercibir con una multa mayor al monto que prevé el numeral citado. Se exhorta a las responsables para que remitan sus informes justificados a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico 8jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, escaneado de manera clara y legible, y con la evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma" del Servicio de Administración Tributaria, en términos del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo". En el entendido de que, de presentarse promociones o recursos a través de esos medios, sin que cuenten con la firma electrónica de la persona servidora pública que los suscriba, podrán ser desechados, de conformidad con la jurisprudencia PC.XVII. J/3 K (11a.), del Pleno del Decimoséptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)". Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrá ser sancionada en términos del artículo 262 del cuerpo normativo en cita. De la audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Vista al Ministerio Público Federal. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. De las pruebas Por otra parte, conforme a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva. De las notificaciones a las partes Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, a siete de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con una copia de la demanda de amparo, fórmese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 934/2023-II, promovido por ********************, por propio derecho. Requerimiento de los informes previos. Con apoyo en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable su informe previo, el cual deberá rendirlo dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, enviándosele para tal efecto copia de la demanda, en el que se deberá concretar a expresar si son ciertos o no los actos reclamados que se le atribuyen, podrá manifestar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Asimismo, en caso de que los actos reclamados sean ciertos, deberá remitir copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obren en su poder, relacionadas con los actos reclamados, y apercíbasele que de no hacerlo, en el plazo indicado, se les impondrá una multa, por el importe de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 260 de la Ley de Amparo. De la audiencia incidental Se señalan las DOCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. Precisión de los actos reclamados Para dar cabal cumplimiento a lo anterior, se precisa que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte lo siguiente: Del Director Comercial y Director Jurídico, ambos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, lo siguiente: Los cobros, acumulaciones, incrementos e impuestos generados de los cobros del servicio público de suministro de agua potable, en el domicilio ubicado en ********************, Morelos, Código Postal ********************. Negativa de la suspensión provisional Ahora bien, de conformidad con lo establecido en los artículos 128 y 138, fracción I, de la Ley de la Materia, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL por lo que hace a los cobros, acumulaciones, incrementos e impuestos generados de los cobros del servicio público de suministro de agua potable, en el domicilio ubicado en ********************, Morelos, Código Postal ********************, toda vez que los mismos ya fueron emitidos, por ende, revisten el carácter de actos consumados contra los cuales resulta improcedente conceder la providencia cautelar solicitada Sobre el particular, tiene aplicación la Jurisprudencia 12, de la Primera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1917- 2000, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie". Efectos de la suspensión Respecto del acto reclamado consistente en la ejecución de los cobros, acumulaciones, incrementos e impuestos generados de los cobros del servicio público de suministro de agua potable, en el domicilio ubicado en ********************, Morelos, Código Postal ********************, constituyen actos positivos de tracto sucesivo, susceptible de ser suspendidos, pues implica que las autoridades responsables actúen constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación jurídica que guarda la parte quejosa. Requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo Interés suspensional. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará siempre que la solicite quien es titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto u omisión reclamados violan los derechos humanos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ocasionando con ello una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés suspensional, se refiere a la titularidad de los derechos que le asisten a la parte quejosa, por lo que para suspender la ejecución de los actos a que se refiere, es necesario que acredite aún de modo indiciario o presuntivo, el interés suspensional con el que afirma contar, ya que no basta la sola presentación de la demanda para que dicha medida sea concedida, sino que es necesario acreditar que pudiera resultar lesionado con algún daño inminente e irreparable que se ocasione con la ejecución del acto reclamado. Por otro lado, el Máximo Tribunal del país resolvió que, la connotación "de manera indiciaria", implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviada, además, de que pueda inferir que, efectivamente, la ejecución del acto reclamado le causará daño. En la especie, la parte quejosa solicitó la concesión de la medida cautelar, manifestando, bajo protesta de decir verdad, aunado a que exhibe copia del aviso y/o recibo expedido a su nombre por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, lo cual crea convicción de manera indiciaria en este Juzgado para demostrar el interés suspensional de la parte quejosa, que afecta en su esfera jurídica el acto reclamado. II. Orden público e interés social. Por otra parte, respecto a la solicitud de la medida cautelar no se contravienen disposiciones de orden público e interés social, ya que de concederse la suspensión no se continuará el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; ni se continuará la producción o el comercio de narcóticos; ni se permitirá la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; ni se permitirá el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; ni se impedirá la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; ni se impedirá la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; ni se permitirá el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; ni se afectarán intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; ni se impedirá el pago de alimentos; ni se permitirá el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de Ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni se incumplirá con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de la Ley de Amparo; ni se incumplirá con las Normas Oficiales Mexicanas; ni se afectará la producción nacional; ni se impedirán o interrumpirán los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; ni se impedirá la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, finalmente, no se impedirá u obstaculizará al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el entendido de que, en términos generales, se contravienen disposiciones de orden público e interés social, cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Tal requisito, se ha dicho, está inmerso en el artículo 128 de la Ley de Amparo, específicamente en su fracción II, en tanto que el diverso numeral 129 del mismo ordenamiento prevé una serie de supuestos en los que, invariablemente, se afectará el interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales, el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar (hipótesis enunciativas); de ahí que, en los demás casos, tendrá la libertad de ponderar su otorgamiento; sin embargo, excepcionalmente podrá concederse la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos por el citado artículo si, a juicio del órgano jurisdiccional, con la negativa de la medida suspensional puede causarse mayor afectación al interés social. Concesión de la suspensión provisional En ese orden de ideas, reunidos los requisitos legales, a efecto de asegurar una tutela cautelar efectiva que preserve la materia del juicio y la cabal restitución de los derechos humanos que estima violados la parte quejosa, con fundamento en los artículos 128, 129, 131 y 147 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL a favor de ********************, para el efecto siguiente: La autoridad responsable no ejecute los cobros por acumulaciones, incrementos e impuestos generados de los cobros del servicio público de del domicilio ubicado en ********************, Morelos, Código Postal ********************. Lo anterior, hasta en tanto reciba la notificación de la suspensión definitiva que se dicte en el presente incidente. Requisitos de efectividad de la suspensión Atento lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley de Amparo, esta suspensión surtirá efectos "si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables". Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 53/2022 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2583, del Tomo III, de Octubre de 2022, en Materia Común, Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA USO DOMÉSTICO. LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA OTORGADA CONTRA EL CORTE DE TAL SERVICIO, CUANDO SE PRETENDA LA RESTITUCIÓN NO RESTRINGIDA DE ÉSTE, DEBE CONDICIONARSE A QUE EL QUEJOSO GARANTICE SU PAGO. Hechos: Los órganos jurisdiccionales contendientes llegaron a conclusiones disímiles al analizar si procedía o no fijar una garantía como requisito de efectividad, cuando el juzgador federal otorgue la suspensión en un juicio de amparo promovido contra el corte total del servicio de suministro de agua potable para uso doméstico proporcionado por un particular concesionario, para el efecto de que se restablezca este servicio. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando los juzgadores otorguen la suspensión provisional o definitiva en un juicio de amparo promovido contra el corte total del servicio de suministro de agua potable para uso doméstico proporcionado por un particular concesionario y se pretenda la restitución no restringida de dicho servicio, deberán condicionar su efectividad de conformidad con los artículos 132, 139, 147 y 157 de la Ley de Amparo, a que el quejoso garantice el pago de los adeudos que tenga por el suministro de agua. Justificación: El derecho al agua tiene como finalidad que se garantice por el Estado el acceso, disposición y saneamiento en forma suficiente para la vida, es decir, que se permitan satisfacer las necesidades esenciales de las personas consistentes, entre otras, en beber, conservar la salud y preparar y producir alimentos para el consumo personal. De manera que el cobro por un servicio completo de suministro resulta necesario a partir de las características de asequibilidad del derecho al agua y para solventar las erogaciones correspondientes para adquirir, extraer, conducir y distribuir el líquido vital, así como su descarga a la red de drenaje. Y también para fomentar todas las acciones que se requieran para mantener y operar su infraestructura, a fin de poder asegurar su conservación, protección y restauración en cantidad y calidad para toda la sociedad, en especial para quienes se encuentran en situaciones desfavorables. No obstante, cuando la parte quejosa acredite de manera fehaciente que se encuentra en una situación de marginación o vulnerabilidad y su capacidad económica resulte insuficiente para garantizar el pago por su suministro, el juzgador de amparo podrá establecer su exención con la finalidad de que se le permita el acceso al agua para su uso personal y doméstico en forma suficiente, salubre y aceptable, como se reconoce en el artículo 4 de la Constitución Federal." En el entendido de que la presente medida suspensiva no surtirá efectos si las consecuencias del acto reclamado ya fueron ejecutadas, pues en ese caso se estaría en presencia de actos consumados, los cuales son insuspendibles, pues de hacerlo equivaldría a otorgarle efectos restitutorios, tampoco surtirá efectos si dicha orden emana de una ejecutoria de amparo, de diversas autoridades de las señaladas como responsables o de un acto diverso al reclamado. Esta sede constitucional hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la violación de este mandato equivale a la comisión de un delito, según dispone el precepto legal 262 de la Ley de Amparo, antisocial que si se llegare a consumar, de inmediato serán consignadas para el ejercicio de la acción penal en su contra. Notifíquese.
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