María de Lourdes Mendicuti Navarro
Expediente 856/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 856/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María de Lourdes Mendicuti Navarro
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria donde determinó que el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es competente para conocer de este asunto. Archívese este cuaderno de antecedentes, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, ..., el presente expediente no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se declaró carecer de competencia. No obra en autos documento original, en los términos que establece el numeral 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, acorde a la certificación inicial, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el Secretario encargado de la tramitación del expediente, revisó e hizo constar que la versión impresa de este último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado paro los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto el oficio del Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que contiene la demanda que promueve ..., por propio derecho y ostentándose tutora provisional de la presunta interdicta ...; contra actos del Director del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y del Centro Comunitario ..., por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los numerales 1°, 4, 20, 14, 16 y 17 Constitucionales, al efecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 856/2022. Tramítese el presente asunto en su versión de expediente físico, así como en la electrónica, observando los términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. SE RECHAZA LA COMPETENCIA PROPUESTA POR EL ÓRGANO FEDERAL DECLINANTE. I. Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la peticionaria se duele de los siguientes actos: La entrega que el Centro Comunitario ..., efectuó de la presunta interdicta a una persona de nombre ... . El alta médica de la presunta interdicta, y su consecuente entrega a personas cuya identidad se desconoce, por parte del Director del Hospital General ... . La desaparición de la presunta incapaz. La fijación del acto reclamado en los términos anteriores, encuentra justificación en los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en el juicio constitucional, pues los juzgadores de amparo deben examinar en su totalidad los ocursos iniciales y sus aclaraciones para desentrañar la verdadera lesión y, de esa manera, emitir un pronunciamiento congruente e integral. Al respecto se invoca por analogía, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con registro: 181810. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, en Materia(s): Común, Página: 255, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." También se cita al respecto, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, Tomo VI, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." II. El artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece los supuestos en que un Juez de Distrito especializado en amparo en materia administrativa es competente para conocer de un asunto. Es conveniente destacar que atendiendo a estas reglas, la preeminencia competencial entre dos jueces de distrito de distinta materia, se obtiene en razón de la naturaleza del órgano o autoridad responsable y sus actos materiales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.100 K, de la Novena Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "COMPETENCIA. CRITERIOS DE ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51, 52, 54 Y 55 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). De la lectura armónica y sistemática de los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se deriva un conjunto de reglas para la distribución de las competencias tratándose de Juzgados de Distrito especializados por diversas materias con base en dos elementos fundamentales: a. La materialidad o naturaleza intrínseca de los actos reclamados, porque se refiera a actos o leyes federales o locales sobre una materia o un bien jurídico tutelado determinado que puede referirse a una cuestión penal, civil, administrativa o laboral. b. El origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable, esto es, si proviene de una autoridad judicial que tiene una materia asignada o si no es judicial, lo que conduce a que pueda tener la calidad de autoridad administrativa; y si se trata de leyes, la competencia atiende a la materia regulada y, en todo caso, debe atenderse a cada supuesto para establecer qué criterio se privilegia. Así, conocerá un Juez de Distrito en materia penal, de los actos dictados por la autoridad judicial penal, inclusive de resoluciones dictadas en incidentes de reparación del daño o responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; o de cualquier autoridad que afecte la libertad personal, salvo las correcciones disciplinarias y medidas de apremio impuestas fuera de procedimiento penal; en estos casos, la competencia la define el carácter material del órgano judicial o la naturaleza penal del acto reclamado. En tratándose del amparo contra los actos dictados por la autoridad laboral o en un procedimiento seguido por la autoridad del mismo orden, así como de las leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo, conocerá un Juez de Distrito en materia laboral, según el caso; en este supuesto, la competencia la define la naturaleza material del órgano judicial o administrativo laboral o la naturaleza laboral del acto reclamado. Entonces, el Juez de Distrito en materia de trabajo conocerá de los juicios de amparo promovidos contra actos de la autoridad judicial; en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido del mismo orden; que se promuevan contra leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo o que sobre esa materia se dicten por una autoridad distinta de la judicial y los promovidos contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido o que afecten a personas extrañas al juicio. En los juicios de amparo promovidos en contra de los actos dictados por la autoridad judicial administrativa conocerá un Juez de Distrito en materia administrativa; en todos estos casos, la naturaleza del órgano o autoridad responsable y sus actos materiales definen la competencia. Por otro lado, el artículo 54, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece, con especial referencia a la competencia de los Jueces de amparo en materia administrativa, una vis atractiva especial, al indicar que deben conocer de los juicios de amparo contra autoridad distinta de la judicial, salvo los casos de extradición y de las demandas de amparo promovidas contra leyes y disposiciones de observancia general en materia penal. De modo que por esta regla general, la preeminencia la tiene la autoridad origen del acto reclamado, esto es, si no es judicial, en principio el competente será el Juez en materia administrativa, salvo que el acto afecte la libertad, porque entonces, atendiendo a este bien jurídico, el más importante después de la vida, el competente será el Juez de amparo penal. Finalmente, en tratándose del amparo promovido contra actos dictados por la autoridad judicial civil, en el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, conocerá un Juez de Distrito en materia civil; por lo que en este supuesto, la competencia la define la naturaleza formal del órgano judicial y, en su caso, cuando se promueve el juicio de amparo en contra de leyes y disposiciones de observancia general en materia civil, es la naturaleza del bien regulado, lo que define la competencia." Ahora bien, la autoridad oficiante argumentó que los actos reclamados tienen una naturaleza civil, pues "guardan relación" con controversias de ese orden, específicamente el procedimiento de jurisdicción voluntaria para declarar el estado de interdicción de ..., radicado en el Juzgado Segundo Familiar de la Ciudad de México, y el diverso juicio especial sobre declaración del estado de interdicción, del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Refirió que ello es así, pues el tema inherente a la tutela provisional de la presunta interdicta, y su consecuente entrega, implica atender previamente a elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en una familia determinada, aplicando las legislaciones civiles correspondientes. Se considera que esta apreciación del problema no es la adecuada para el presente caso, ya que no son en sí mismas las actuaciones de algún procedimiento judicial de interdicción las que habrán de juzgarse, sino la conducta de las autoridades hospitalarias en ejercicio de sus funciones a la luz de la Ley General de Salud, las cuales conforman parte del Sistema Nacional de Salud de acuerdo al artículo 5º de la ley relativa. Así, el suscrito no comparte los argumentos de la oficiante, pues los actos reclamados en esta instancia son las entregas de la presunta interdicta, efectuadas primero por el Centro Comunitario ..., y luego por el Director del Hospital General ..., del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, y en vía de consecuencia, la desaparición de dicha persona; sin que se advierta la emisión de alguna orden judicial en los procesos que refieren, que pudiera influir en las decisiones asumidas por las autoridades señaladas como responsables. Es decir que la actuación del personal de salud no depende de las actuaciones judiciales, sino del ejercicio propio de sus funciones y responsabilidades. En ese sentido, el análisis de los actos reclamados se debe efectuar a partir de su naturaleza intrínseca, y para ello deberán aplicarse las normas que regulan la actividad de dichas autoridades. Aceptar que para la competencia del juez de amparo deban examinarse destacada o primordialmente los atributos de la persona, como es la capacidad de goce o ejercicio que se merman en casos de interdicción, entrañaría soslayar que son las relaciones entre autoridad y gobernado las que informan la competencia por materia en el juicio constitucional, como ha sido definido reiteradamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se cita la jurisprudencia P./J. 83/98, de la Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." Además, no debe perderse de vista que la propia quejosa refiere, que el Centro Comunitario ... es una Unidad de atención Integral, que se rige bajo la norma oficial mexicana NOM-025-SSA2-2014, que conforme a su artículo 1, regula la actividad de establecimientos que prestan servicios de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica; de modo que son las particularidades de la actuación del hospital, a la luz de esas normas administrativas, lo que orientará el estudio de este caso, no las instituciones del derecho civil, máxime cuando los altos médicos son estrictamente normados por el derecho administrativo como se ve de los artículos 5.3.10.1 y 5.3.10.2 de dicha norma oficial mexicana. Por ende, si ambas autoridades están involucradas en aspectos relativos a la atención y servicios de salud, ello corrobora su naturaleza administrativa para efectos del juicio de amparo, y sobre todo considerando que su actuación en este caso no deriva de alguna orden emitida por órganos jurisdiccionales civiles. No es pasa inadvertido para el suscrito que la demanda contenga referencias a los procesos de jurisdicción voluntaria y juicio especial sobre declaración de interdicción, pero su cita por la promovente se vincula al cumplimiento de los requisitos del artículo 108 de la Ley de Amparo, y de su contexto se advierte que esos hechos no integran la litis del juicio de amparo, pues lo que se juzgará es la legalidad del egreso (alta) de la afectada y sus consecuencias. Máxime que no se advierte que los órganos jurisdiccionales donde se tramitaron esos asuntos estén involucrados en la entrega de la presunta interdicta efectuada por las entidades administrativas señaladas como responsables en la demanda, ya que el entendimiento del caso, apunta a que es una irregularidad que solo se reclama a las entidades del sistema nacional de salud, por lo que es esa relación entre pacientes-médicos y familiares lo cual rige la relación sustancial entre las partes, y pone de manifiesto a quien compete el conocimiento de este asunto. Entonces, de conformidad con la fracción IV, del artículo 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien debe conocer del asunto es la autoridad declinante y no el suscrito. No se hace un pronunciamiento distinto sobre la suspensión de plano solicitada, pues el órgano federal que remite el asunto proveyó lo conducente, y no se advierte alguna cuestión novedosa que implique una decisión distinta. Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 57 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el suscrito respetuosamente rechaza la competencia planteada por la Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. En consecuencia, previa formación del cuaderno de antecedentes, devuélvanse íntegramente el expediente de amparo al órgano jurisdiccional aludido, para lo que tenga a bien determinar, solicitándose el acuse de recibo respectivo. Como lo solicita la parte quejosa, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena realizar la autorización electrónica correspondiente, con el usuario proporcionado, para consultar el expediente a través de la vía electrónica, así como medio para oír y recibir notificaciones. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos citados, se RESUELVE: PRIMERO. Este Juzgado rechaza la competencia planteada por el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para conocer de la demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho y en su calidad de tutora provisional de la presunta interdicta ...; contra actos del Director del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y del Centro Comunitario Terapéutico ALEPH. SEGUNDO. Devuélvase el presente asunto al Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para los efectos legales conducentes, debiéndose formar el cuaderno de antecedentes respectivo. NOTIFÍQUESE.
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