María de Lourdes Medellin Briones
Expediente 865/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 865/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/11/2020
Partes del expediente
- María de Lourdes Medellin Briones
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio de cuenta signado por el Director General del Centro en la Secretaria de Comunicaciones y Transportes Nayarit, con sede en esta ciudad, y en atención a su contenido, ténganse por hechas las manifestaciones que del mismo se desprenden, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Asimismo, téngaseles como domicilio para oír y recibir notificaciones a la autoridad de referencia el que indica, y como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que señala en el oficio de cuenta. Luego, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecida la prueba documental que la citada autoridad adjunta a su informe de cuenta. Finalmente, respecto a la solicitud de que se de vista al agente del Ministerio Público de la Federación; dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, puesto que tiene expedito su derecho y la vía para promover lo conducente ante la autoridad competente, en caso de que considere que la quejosa haya incurrido en algún ilícito. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el informe justificado que rinde el Magistrado de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, residente en Tepic, en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto datado el veintitrés de octubre del año en curso, en relación con la aclaración de demanda efectuada por la parte quejosa en el presente sumario; luego, con su contenido dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga; sin perjuicio de relacionarlo nuevamente al momento de la celebración de la audiencia constitucional; lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que remite la autoridad responsable al informe que rinde, sin perjuicio de relacionarla al momento de la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, de donde se desprende que en sus artículos 1, 2, fracción I, y 20 se establece lo siguiente: Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante PJF, mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. De los numerales transcritos se advierte que el objetivo del acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento del Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que dentro del término legal concedido, las partes no se inconformaron con la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86, ambos de la Ley de Amparo, y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la sentencia dictada en el presente juicio CAUSA EJECUTORIA para todos sus efectos legales procedentes. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede legalmente notificada del presente proveído, proceda a dar cumplimiento a la ejecutoria de referencia, apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en lo dispuesto en el citado 192, se hará acreedora a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad a lo que prevé numeral 258 de la Ley de Amparo en relación con los ordinales segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido, que conforme al decreto constitucional mencionado, el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio del citado decreto. En el entendido se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, conforme lo señala el artículo 193 de la Ley de Amparo. Por otra parte, toda vez que ya no son necesarias las constancias remitidas en autos por la citada autoridad responsable al rendir su informe con justificación, devuélvansele las mismas para los efectos legales procedentes. Finamente, agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes el ocurso de cuenta signado por Ricardo Flores Uribe, en su carácter de autorizado de la parte quejosa; luego, en atención a lo que peticiona, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el escrito de cuenta, signado por Julián Muro Chávez, perito en materia de contabilidad, designado por este Juzgado de Distrito, dentro de los presentes autos, y en atención a lo que solicita, mediante oficio con inserto del presente proveído, remítasele a la Administración Regional de Nayarit, dependiente del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en esta ciudad de Tepic, copia certificada del comprobante fiscal digital por internet (CFDI), con número de folio fiscal A48E34D0-C588-4069-8DD2-C7D2FB4BDA2A y folio interno 772, así como la ratificación del dictamen presentado, y el escrito recibido en este Juzgado el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, en el que manifestó su conformidad con lo establecido en el acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración de la lista de las personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve y el Arancel para el pago de honorarios y gastos de las personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, para el ejercicio 2019 y 2020. Lo anterior, para efecto de que se le autorice el pago correspondiente de sus honorarios, los que ascienden a la cantidad de $12,930.35 (doce mil novecientos treinta pesos 35/100 Moneda Nacional), más el impuesto al valor agregado (IVA), menos las retenciones correspondientes a que haya lugar. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por auto de veintiuno de septiembre de la presente anualidad, se tuvo al perito oficial en materia de contabilidad Julián Muro Chávez, por rendido su dictamen pericial encomendado en autos, respecto del cual se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, sin que lo hayan hecho. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Jefe de Catastro y Tesorero Municipal, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que queden legalmente notificadas del presente proveído, procedan a dar cumplimiento al fallo protector otorgado en autos, conforme en el dictamen de referencia, esto es, con base a ello resulta a favor de la parte quejosa la cantidad de $94,593.27 (NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 27/100 MONEDA NACIONAL); apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, se harán acreedoras a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, conforme lo prevé el numeral 258 de la Ley de Amparo. En el entendido de que, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, conforme lo señala el artículo 193 de la Ley de Amparo. Con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.
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