María de Lourdes Manzanero Gómez
Expediente 1937/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1937/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- María de Lourdes Manzanero Gómez
Actuaciones
- Principal
MESA 5.-[...]SE DECLARA QUE EL AUTO POR EL QUE SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, HA CAUSADO ESTADO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES, POR LO QUE, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE, MISMO QUE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Principal
MESA 5.- NOTIFICACIÓN PERSONAL.
- Principal
MESA 5.-NOTIFICACIÓN CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 INCISO C) DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCO. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; con el escrito de demanda, se tiene a MARÍA DE LOURDES MANZANERO GÓMEZ, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Procuraduría Federal del Consumidor Dirección General de Delegaciones, Delegación Tabasco y otra autoridad, que estima violatorio de los artículos 14 y 16 Constitucionales. Fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número de juicio de amparo indirecto 1937/2018-5. DESECHAMIENTO A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: "[.] LA RESOLUCIÓN CON SANCIÓN ECONÓMICA DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2018. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO DEL DEFECTUOSO ACTO QUE SE COMBATE. La verificación de fecha 7 de agosto del 2018 practicada por personal adscrito al Departamento de verificación y Vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor [.]" Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica esencial, la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de 2004, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". En el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que a la letra refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Como puede advertirse claramente, el motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la impetrante de amparo, previo acudir a la instancia constitucional, no agote los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar, la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la agraviada consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendentes a revocar o modificar los actos que estime lesivos. En ese orden, resulta importante traer a contexto el contenido del artículo 3° de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que estatuye: "ARTÍCULO 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; II. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Nueva Ley DOF 18-07-2016 3 de 37 III. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales; V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones. Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración; VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; VIII. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, y las empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del tribunal; IX. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante. También, las que por repetición, impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente a la indemnización, en los términos de la ley de la materia; X. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades federativas o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales y las empresas productivas del Estado; XI. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior; XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Nueva Ley DOF 18-07-2016 4 de 37 XIV. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos; XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa; XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los órganos constitucionales autónomos; XVII. Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral que impongan sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; XVIII. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa. El Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, cuando se consideren contrarias a la ley." De la lectura del anterior precepto legal, se desprende que el Departamento de Verificación y Vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor, mediante resolución de dos de octubre de dos mil dieciocho, le impuso una sanción económica a la quejosa MARÍA DE LOURDES MANZANERO GÓMEZ, por violación al artículo 75 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. En ese sentido, si en el caso concreto la impetrante acude a esta instancia constitucional doliéndose del contenido de la resolución mencionada en el párrafo que antecede, es incuestionable que dicha sanción podía combatirla mediante la promoción del juicio de nulidad, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 3° de la Ley Orgánica de dicho Tribunal, a través del cual puede modificarse o revocarse el acto que pretende combatir para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, máxime que no se está en ninguno de los supuestos de excepción a ese principio, en términos de la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, de acuerdo a la siguiente jurisprudencia. La jurisprudencia 2ª./J. 130/2013 (10ª.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1446, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 2, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO." Asimismo, tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 19/2015 (10ª.) instada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 783, Libro 17, Tomo I, abril de 2015, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En ese contexto, evidente resulta que la promovente debió interponer el señalado medio de defensa, cumpliendo así con el principio de definitividad rector de la instancia constitucional, contenido en la fracción XX, del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, toda vez que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en ese normativo, a saber, que se trate de un tercero extraño a procedimiento o que el acto carezca de fundamentación o que no tenga previsto en la ley aplicable el medio de defensa. Apoya lo anterior, por las razones jurídicas que la sustentan, la tesis I.7o.A.166 A, instada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 791, Tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEFINITIVIDAD. ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD, CUANDO SE COMBATE EL ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN Y LA RESOLUCIÓN QUE IMPONE UNA SANCIÓN PECUNIARIA, EMITIDAS POR AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL." Aunado al hecho, que de las constancias adjuntadas al escrito inicial de demanda, el acto reclamado se encuentra fundamentado en la Ley Federal de Protección al Consumidor, por lo cual no se actualiza la hipótesis de exclusión, con relación a la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa, en contra del acto reclamado, a que alude la fracción XX del mencionado artículo 61 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones jurídicas que la informan, la jurisprudencia 2ª./J. 183/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 778, Materia Común, tomo XXIII, enero de 2006, cuyo rubro cita: "DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA." En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 del ordenamiento en consulta, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías que se estudia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en la demanda y como autorizados a las personas que menciona en la misma, en términos de la parte final del numeral 12 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 tercer párrafo, de la Ley de la Materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualesquiera de los actuarios adscritos a este órgano de control constitucional realicen las notificaciones personales que se les encomienden en este asunto. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con los dispuesto en los artículo 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 278 y 279 del código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordinarios invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DIGITALIZACIÓN Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo tercero de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a éste, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal.
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