María de Lourdes Guzmán Nuñez

Expediente 2/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
19/02/2021

Partes del expediente

  • María de Lourdes Guzmán Nuñez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa, a través del cual, solicita se requiera a la autoridad responsable y vinculada el cumplimiento de amparo, y se apliquen las medidas de apremio correspondiente; lo que se acuerda de conformidad como más adelante se expondrá, con excepción de la aplicación de las medidas de apremio. Al respecto, conviene recordar que la ejecutoria de amparo en el presente asunto se concedió para lo siguiente: "Proceda en forma pronta y expedita a concluir el procedimiento de ejecución del laudo dentro del juicio laboral 578/E/2014 y su acumulado 603/E/2014, conforme a los plazos y términos legales, lo cual implica que realice -incluso- los actos subsecuentes a los reclamados, necesarios para tal fin, debiendo apercibir a las autoridades correspondientes con las medidas de apremio que tenga a su alcance y, en caso de contumacia, aplicar éstas hasta lograr su cumplimento." En cumplimiento a lo anterior, el Presidente del Tribunal responsable, informó que mediante acuerdo dictado el veintidós de septiembre de dos mil veinte, dentro del expediente laboral 578/E/2014 y su acumulado 603/E/2014, se otorgó una prórroga a la parte demandada por el término de treinta días a fin de que cumpla con el laudo. En ese contexto, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días computados a partir de la legal notificación, requiera a la parte demandada a fin de que cumpla con el laudo dictado dentro del expediente laboral 578/E/2014 y su acumulado 603/E/2014, en virtud de que ya feneció el plazo otorgado. Asimismo, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, requiérase a la Secretaría de Educación en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación, remita copia certificada de las constancias que acrediten el otorgamiento de la clave presupuestal a la parte actora y la inclusión en nómina en forma definitiva como trabajador de base. Apercibidos que de hacer caso omiso, se harán efectivos los apercibimientos decretados en autos de veintidós de octubre y seis de noviembre de dos mil dieciocho. En la inteligencia de que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guarda el presente asunto y de la certificación que antecede, se advierte que el veintidós de enero del año actual, concluyó el término de cinco días concedido a la parte quejosa a efecto de que desahogara la prevención que se le hizo por auto de trece de enero del año actual, sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído en comento; y con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, en cuanto al carácter que ostenta como representante legal de los menores Milton Israel, Bertha Isabel y Jhoana Paola, de Apellidos Núñez Guzmán. Por otra parte, visto el escrito de demanda de amparo presentado por María de Lourdes Guzmán Nuñez, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil y Familiar de Primera Instancia y el Actuario Notificador adscrito a la central de Actuarios, ambos del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con sede en Ciudad Mante, Tamaulipas, por violación a sus derechos fundamentales, se provee. DESECHAMIENTO DE DEMANDA A efecto de proveer lo conducente, se hace necesario traer a contexto lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del numeral acabado de transcribir, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Ahora bien, a fin de estar en aptitud de realizar el pronunciamiento correspondiente, resulta oportuno precisar que conforme al análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama en la presente instancia constitucional la omisión de emplazarla o llamarla al juicio de desahucio número 61/2020 del Juzgado Primero Civil y Familiar de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, de Ciudad Mante, Tamaulipas, promovido por María Elena García Mejía, en su carácter de albacea y adjudicataria de la sucesión a bienes de José Luis Cruz Vázquez, en contra de Evaristo Hernández Gutiérrez. Sentado lo anterior, respecto al acto reclamado se estima actualizada la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción VI (en sentido contrario), de la Ley de Amparo, que en lo conducente señalan: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (.)" De inicio, conviene establecer que de una interpretación sistemática y en sentido contrario del último de los preceptos en estudio, es factible concluir que la causa de improcedencia se surte cuando los actos ejecutados dentro o fuera de juicio no afecten a personas extrañas a él. Cabe destacar que doctrinal y jurisprudencialmente se ha distinguido entre el tercero extraño en estricto sentido y el tercero extraño por equiparación. Así, la persona extraña a juicio propiamente dicha es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila. En este caso, la persona extraña es opuesta a la de parte procesal, pues es ajena por completo a la secuela del procedimiento. En cambio, la persona extraña a juicio por equiparación es la persona física o moral que, formando parte de la controversia, no fue llamada al procedimiento por no haber sido legalmente vinculada desde el inicio, o que dejó de estarlo por alguna eventualidad procesal posterior, lo que le impidió conocer los datos necesarios para defenderse. Así, para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la ley reglamentaria en consulta, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, asimismo, como ya se dijo, la parte material que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Respalda lo aquí argumentado, la siguiente tesis de jurisprudencia: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE." En este contexto, existen dos supuestos de persona extraña a juicio, y son: a) La persona extraña en estricto sentido, entendiéndose aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila; y, b) La persona extraña por equiparación, la cual es aquella que, formando parte de la controversia, no fue llamada a juicio al no haber sido legalmente emplazada para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la equiparación a persona extraña de quien es parte demandada en el juicio de origen y no fue emplazado, o lo fue indebidamente, se actualiza porque el agraviado no tuvo oportunidad de defenderse dentro del controvertido natural. Así se obtiene de la ejecutoria que dio origen a la tesis aprobada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo literal es: "EXTRAÑOS AL JUICIO, LOS DEMANDADOS NO EMPLAZADOS DEBIDAMENTE SON TERCEROS." También cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando la persona extraña por equiparación promueve el juicio de amparo porque no ha sido oída en juicio por falta de emplazamiento o llamamiento legal, debe entenderse que en este supuesto, quien promueve el juicio no estuvo en posibilidad de intentar los recursos ordinarios contra el fallo dictado en contra de sus intereses, por lo que para no dejarlo en estado de indefensión, es suficiente que comparezca ante la instancia constitucional con el carácter de tercero extraño, además de no estar obligado a agotar los recursos ordinarios establecidos en la ley respectiva. Se cita en apoyo a lo anterior, la tesis aprobada por la otra Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "EMPLAZAMIENTO FALTA DE." Así también, la jurisprudencia de rubro: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO." En cambio, cuando el acto reclamado se hace consistir en la falta de emplazamiento o llamamiento al juicio, o bien, se combate su ilegalidad, y el promovente del amparo tiene conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia definitiva, en esas circunstancias, se estima que es parte en el propio juicio y no se le deja en estado de indefensión, pues tiene la oportunidad de impugnar la ilegalidad de tal emplazamiento o llamamiento a través del incidente de nulidad de actuaciones, antes de que se pronuncie la resolución definitiva correspondiente en perjuicio de sus intereses, o bien, de alegar esa infracción como agravio a través del recurso ordinario procedente que se haga valer en contra de ésta, toda vez que si bien es cierto que la parte quejosa no está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales previstos en la legislación procesal que regule el procedimiento respectivo, esto ocurre sólo cuando se impugna la ilegalidad o falta de emplazamiento después de haberse dictado sentencia definitiva en el juicio natural y la misma ha causado estado. Lo anterior es así, pues si se toma en consideración que tercero extraño es aquel que no tiene ninguna intervención en el juicio natural del que emana el acto que le afecta, por no haber sido señalado como parte, o porque aun cuando se le señala como tal, no es llamado a juicio a defender sus derechos, y el acto que le afecta se trata de cosa juzgada, resulta claro que no puede estimarse como tercero extraño el quejoso que se ostenta con ese carácter, cuando en el propio juicio es formalmente parte demandada, o bien, se le haya reconocido alguna calidad en dicho juicio en términos de ley, y tiene conocimiento de la falta de emplazamiento legal o del llamamiento a juicio, antes de que se dicte la sentencia correspondiente, pues en tales condiciones, dicho quejoso tiene expeditos sus derechos para hacer valer los recursos ordinarios o medios de defensa legales establecidos en la legislación procesal común, antes de promover el juicio de amparo. En apoyo de lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). De igual manera, se cita la jurisprudencia: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA." Dicho lo anterior, y como se adelantó, respecto del acto reclamado, el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que, la quejosa no es persona extraña al controvertido de origen, pues de conformidad con los antecedentes del acto reclamado narrados bajo protesta de decir verdad, se aprecia que en el juicio natural no se ha emitido sentencia, pues la admisión de la demanda se llevó el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, ordenando requerir a la demandada para que en el acto de la diligencia justificara con el último recibo, estar al corriente en el pago de las rentas del bien cuya desocupación se trata y no haciéndolo, prevéngasele que desocupe la localidad arrendada dentro del término de veinte días, apercibido del lanzamiento a su costa si no lo efectúa, señalado en la demanda que la parte demandada fue emplazada el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, mediante cédula por conducto de María de Lourdes Guzmán Núñez, aquí quejosa; por tanto, al tener conocimiento de dicho juicio, antes del dictado de la sentencia la aquí quejosa está en aptitud de comparecer al mismo, a defender sus derechos. Lo anterior implica que al tener la quejosa conocimiento del juicio en el que aduce no fue emplazada, antes del dictado de la sentencia, entonces se encuentra en posibilidad de comparecer a juicio a deducir sus derechos, e interponer los recursos que estime procedentes y esa sola circunstancia, torna improcedente el juicio de amparo, dado que no tiene la calidad de persona extraña y se encuentra en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los medios de defensa previstos en la ley que estime convenientes. De ahí que en el particular, no se actualice el supuesto contenido en la fracción VI del numeral 107, de la Ley de Amparo, que prevé la procedencia del juicio de derechos contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; en virtud de que el quejoso inconforme está en aptitud de acudir al controvertido natural. Por las razones que informa, se invoca la siguiente jurisprudencia: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES.". En resumen, al no tener la calidad la quejosa de tercero extraño al procedimiento de origen, lo procedente es, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, ésta última en relación con la fracción VI, del numeral 107 interpretada en sentido contrario, de la legislación en cita. CAPTURA SISE En cumplimiento a lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, aprobado en sesión de ocho de agosto de dos mil siete, se ordena a la secretaría supervise que el analista jurídico encargado del aludido sistema capture la presente resolución y, a fin de corroborar que se llevó a cabo la anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se aprecia que con motivo de las medidas de contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular CAP/3/2020, determinó la suspensión de labores en todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación a partir del día veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno, motivo por el cual desde esa data dejaron de correr plazos y términos procesales; asimismo, por diversa Circular SECNO/1/2021, se decretó el levantamiento de dicha suspensión a partir del doce de enero actual, con excepción de los circuitos que se indican en la citada circular; de igual manera, se advierte que la audiencia constitucional en el presente asunto, se encontraba fijada para las diez horas del veintiocho de diciembre de dos mil veinte. Ahora bien, conforme a los artículos 1, 2 fracciones I y II del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por su similar 25/2020, así como la Circular SECNO/1/2021 de la Comisión Especial, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se advierte que, se determinó el levantamiento de la suspensión indicada en líneas precedentes y en consecuencia la reanudación de la tramitación de los asuntos que se llevan en éstos. En ese contexto, se decreta la reanudación del trámite del presente juicio de amparo en la etapa en la que se encontraba; la cual operará a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación por lista; se señalan de nueva cuenta las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOS DE FEBRERO DE DOSM MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional; en la inteligencia de que su asistencia no es obligatoria, por lo cual podrán presentar alegatos por escrito o vía electrónica mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, si consideran indispensable su asistencia podrán solicitarlo a este Juzgado de Distrito a fin de realizar las gestiones tecnológicas necesarias a efecto de establecer el enlace correspondiente mediante videoconferencia; e infórmeseles también que, para consultar el expediente de manera física, podrán generar citas conforme a las reglas previstas en el capítulo II del citado Acuerdo General, e incluso, tratándose de comunicaciones no procesales se les puede brindar atención vía telefónica al número telefónico oficial de este Juzgado Federal. Por tanto, considerando que a través de la Circular SECNO/1/2021 de la Comisión Especial y del artículo 2 del Acuerdo General en comento, se levantó la suspensión con precisiones que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal, aunado a que constituye un hecho notorio que a la fecha las labores jurisdiccionales han dejado de encontrarse suspendidas, lo que impacta en la obligación de las partes de revisar en forma periódica la lista a que hace referencia el artículo 29 de la Ley de Amparo, se ordena hacer de su conocimiento la reanudación que fue decretada, en términos del numeral 21 del propio Acuerdo General, que es de la literalidad siguiente: "Artículo 21. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos y de sesión se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales remitirán por correo electrónico a las administraciones de los edificios las listas a publicar, para que estos las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita." Consecuentemente, y con apoyo además en los artículos 2, fracción II, 5 fracciones I y II, y 6, fracción II, del referido cuerpo normativo, hágase del conocimiento de las partes la reanudación del presente expediente, mediante la publicación en lista a que hace referencia el numeral transcrito, que contenga expresamente lo ordenado en el presente acuerdo. Lo anterior, sin perjuicio de que de estimarse necesario por este Juzgado, se podrá ordenar la notificación en forma personal de la presente reanudación en aquellos asuntos que se estime así lo ameriten, ello siempre atendiendo al contenido y valoración de las actuaciones que integran el expediente en su totalidad. Desde luego, no escapa de la consideración del suscrito, que tratándose de una reanudación la misma tendría que llevarse a cabo de manera personal; sin embargo, se considera que dicha obligación operaría cuando la suspensión respectiva fuese por alguna causa específica y particular del propio expediente, y no cuando se hubiese determinado en conjunto con todos los procedimientos del órgano jurisdiccional de que se trate con motivo de una contingencia sanitaria como la acaecida, la que incluso, desembocó en la paralización casi total de las labores jurisdiccionales para todos los órganos del Poder Judicial de la Federación. Máxime que, como se explicó, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal levantó la suspensión con precisiones que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. Además, se insiste, constituye un hecho notorio para los justiciables la fecha a partir de la cual las labores jurisdiccionales en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación han dejado de encontrarse suspendidas, lo que impacta en la obligación de revisar en forma periódica la lista a que hace referencia el artículo 29 de la Ley de Amparo. Ello, sumado a que la información que contendrá la lista de acuerdos que ha quedado destacada, permite conocer a las partes debidamente: 1. La fecha en que opera la reanudación, 2. La nueva fecha y hora fijadas para la audiencia, 3. La forma en que les será posible consultar el expediente en el Juzgado de Distrito y en su caso comparecer a la audiencia; y, 4. La nueva fecha y hora, mismas que se fijan con tiempo suficiente para que las partes estén debidamente enteradas a fin de hacer valer lo que a sus intereses convenga. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito signado por el apoderado legal de Facebook México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; por tanto, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que formula en vía de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 del ordenamiento invocado, se tienen como pruebas de su parte la instrumental de actuaciones, así como las documentales que indica, las cuales se desahogan en razón a su propia y especial naturaleza. Por lo que hace a la presuncional legal y humana, tómese en consideración en el momento procesal oportuno.

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