María de Lourdes Gutiérrez Garrido
Expediente 745/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 745/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- María de Lourdes Gutiérrez Garrido
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del dos de septiembre del año en curso, que desechó la demanda; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, dado que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se desechó la demanda de amparo en este juicio. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo. Notifíquese vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Glósese a estos autos la notificación personal de cuenta, de la que advierte que la quejosa *************, ratifico el contenido y la firma plasmada en el escrito con registro 8547; por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en proveído del trece de agosto del año en curso. Ahora, vista la demanda de amparo promovida por ************, así como el escrito aclaratorio con registro 8547, se acuerda: La quejosa reclama en esencia el citatorio del cuatro de junio del año en curso, dentro de la carpeta administrativa NUC CUA/CAJ/ACI/032/100876/20/04, ECO: 394/20, en su carácter de imputada. En el caso, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.)" "XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la Presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Dicha disposición hace referencia a la fracción I del numeral 5o., también de esa legislación, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". De lo anterior es dable decir, que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa; en el entendido de que la quejosa es la titular, en el caso, de un derecho subjetivo o bien, en otros casos, de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos a que se hace referencia en el artículo 1o. de la ley de la materia y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Cabe decir además, que los elementos constitutivos del interés jurídico, el cual en el caso interesa, consisten en demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Requisitos anteriores, que en caso de no satisfacerse alguno de ellos, el juicio de amparo será improcedente. De lo que se sigue, que para que el juicio de amparo sea procedente, se requiere, indispensablemente, que quien lo promueva demuestre la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada 2a. LXXX/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013 Tomo 3, página 1854, materia común, Décima Época, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Como ya quedó de manifiesto, el acto reclamado lo constituye la el citatorio del cuatro de junio del año en curso, dentro de la carpeta administrativa NUC CUA/CAJ/ACI/032/100876/20/04, ECO: 394/20, en su carácter de imputada; lo que de ninguna manera puede considerarse como un acto de autoridad que pueda afectar o restringir su libertad personal, como lo aduce. Lo anterior es así, porque de inicio, por citatorio debe entenderse, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, edición 22.ª, publicada en 2001, como el documento con que se convoca a una persona para que comparezca ante alguien; y, dicho sea de paso, por citar debe entenderse, en lo que interesa, avisar a alguien señalándole día, hora y lugar para tratar de algún negocio; o bien, en Derecho, notificar una resolución administrativa o judicial con el fin de que su destinatario comparezca ante la autoridad que la dictó. Además, los párrafos primero y segundo del artículo 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que resulta ser la legislación procedimental que corresponde a los actos realizados dentro de la carpeta de investigación, establecen lo siguiente: "Artículo 91. Forma de realizar las citaciones Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto. También podrá citarse por teléfono al testigo o perito que haya manifestado expresamente su voluntad para que se le cite por este medio, siempre que haya proporcionado su número, sin perjuicio de que si no es posible realizar tal citación, se pueda realizar por alguno de los otros medios señalados en este Capítulo. [.]." De lo anterior, se advierte que un citatorio emitido por una autoridad como en el caso corresponde al Agente del Ministerio Público, no es otra cosa, más que el mero aviso de dicha autoridad a la aquí quejosa, para que comparezca o se presente en determinado día, hora y lugar para cierta cuestión; sin que ello represente un acto de molestia a la destinataria del aviso, pues de ninguna manera se le está obligando a comparecer, pues bien puede no acudir a la cita; de ahí que en el caso no se da el segundo requisito para tener por constituido el interés jurídico del quejoso, a fin de promover el juicio de amparo contra dicha citación, relativa a la afectación de un derecho subjetivo y en esa medida el juicio de amparo resulta improcedente. Máxime que del contenido de la propia demanda se desprende que la quejosa compareció en dicha fecha ante la autoridad responsable. El anterior criterio ha sido sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el recurso de revisión 236/2016. Asimismo, apoya lo anterior la tesis aislada II.2o.P.51 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en el libro 47, octubre de 2017, tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente". En tal virtud, se desecha de plano la demanda de amparo. Notifíquese vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Visto el escrito de la quejosa María **********, mediante el cual manifiesta la imposibilidad que tiene para dar cumplimiento a lo ordenado en proveído del trece de los cursantes, en atención a que se encuentra recluida. En atención a lo anterior, se comisiona al actuario judicial adscrito para que se constituya en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Juan Fernández Albarrán", de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a efecto de que requiera a la quejosa ************, para que al momento de la notificación manifieste sí reconoce como suya la firma que obra en el escrito con registro 8547, por el que desahoga las prevenciones formuladas; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentado dicho escrito y se acordará lo que en derecho corresponda. Notifíquese personalmente a la quejosa en el lugar donde está recluida. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de agosto de dos mil veintiuno. Téngase a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Ocho de Trámite de Carpetas de Investigación en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, desahogando el requerimiento realizado en autos; déjese sin efectos el apercibimiento decretado. Por otra parte, visto el escrito de cuenta de ****************************, por medio del cual pretende desahogar la prevención formulada en autos, sin embargo, la firma que calza el escrito de cuenta, difiere con la diversa que obra en el escrito inicial de demanda. Por tanto, requiérase a dicha promovente para que comparezca ante este juzgado de Distrito, dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, con original copia de su identificación oficial vigente, a fin de que ratifique el escrito de cuenta, lo cual deberá realizarse conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lo relativo a la reanudación de plazos y del regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentado dicho escrito y se acordará lo que en derecho corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 24 (7/89), dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 385, Tomo III, Primera Parte, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTADE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA." Debe destacarse a la promovente que a efecto de comprobar la veracidad de su dicho, en caso de considerarlo necesario, se ordenará la realización de un dictamen pericial, sobre la firma que estampó en el escrito que se acuerda. En consecuencia, debido a que esta determinación se notificará vía electrónica a la parte quejosa, con fundamento en los artículos 1o., 3o., 6o, fracciones I inciso e), y II, del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al secretario encargado de este expediente para que una vez que se lleve a cabo la notificación del presente proveído, realice el trámite relativo a la cita desde la modalidad del programa "Agenda OJ" para la obtención del Código QR que corresponda, con el propósito de habilitar el ingreso de la promovente ****************************, a este juzgado federal para el día en que venza el plazo concedido en el requerimiento de mérito, el cual depende de la fecha en que ello acontezca, por lo que será hasta ese momento en que se deberá llevar a cabo el trámite correspondiente. En el entendido, de que la promovente o sus autorizados en términos amplios de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, podrán generar cita a través del sistema "Agenda OJ", a efecto de atender el requerimiento y/o comparecencia ordenada en autos, en una fecha anterior a la de la cita que en su caso genere este órgano jurisdiccional, en esa hipótesis, estará sujeto a la disponibilidad que arroje el aludido sistema. Finalmente, dígase a la parte quejosa que de generar él la cita, deberá acudir a este juzgado de Distrito con el código QR generado para llevar a cabo la diligencia respectiva, en el entendido que deberá acudir puntualmente a la cita programada, debido a que su impuntualidad podría llevar como consecuencia no permitirle el acceso a este órgano jurisdiccional, lo cual será únicamente responsabilidad del promovente de amparo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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