María de Lourdes Gutiérrez Garrido
Expediente 762/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 762/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- María de Lourdes Gutiérrez Garrido
- Agente del Ministerio Público adscrita a la mesa ocho de trámite de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de agosto de dos mil veintiuno. ANOTACIONES Vista la demanda promovida por María de Lourdes Gutiérrez Garrido, por propio derecho, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 762/2021-I. DESECHAMIENTO Resulta necesario precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/6, por "manifiesto" se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por "indudable" se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Sentado lo anterior, conviene acotar que de la lectura integral de la demanda la quejosa señala como acto reclamado: - El citatorio CUA/CAJ/ACI/032/100964/20/04, ECO 395/20, formulado por el Agente del Ministerio Público de la mesa ocho de trámite en Cuautitlán Izcalli, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y como consecuencia de ello, las medidas de apremio que se puedan dictar en contra de la quejosa al no acudir a la cita antes mencionada, que pueda conllevar a la restricción de su libertad, así como su ejecución. Ahora, por lo que hace al citatorio CUA/CAJ/ACI/032/100964/20/04, ECO 395/20, se advierte la actualización de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por haber sido consentido tácitamente. Conforme a los preceptos legales citados, por regla general, el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contados de la forma que estatuye el artículo 18 de la Ley de Amparo, que es de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente al en que al quejoso hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En este sentido, los supuestos mencionados se excluyen entre sí y no guardan prelación alguna; por ello, el término para la promoción del juicio constitucional se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente en el plazo de quince días siguientes (salvo las excepciones que establece la misma ley y que en el presente caso no se actualizan). De lo que se sigue, que la improcedencia de la acción constitucional tiene lugar cuando no es ejercida dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues se considera que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de amparo, significa que los consintió de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional no podría quedar a la libre elección del agraviado, ya que aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Ahora, en el escrito de demanda la agraviada manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado el día ocho de julio de dos mil veintiuno, razón suficiente para considerar que está probada fehacientemente la fecha en que la inconforme se hizo sabedora del acto combatido que refiere encontró tirado y no fue hecho de su conocimiento a través de una formal notificación. Bajo esa tesitura, el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo transcurrió del nueve al veintinueve de julio de dos mil veintiuno, sin computarse los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de julio del presente año por ser sábados y domingos, en términos del numeral 19 de la legislación de la materia. Sin embargo, como consta del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el ocurso que dio origen al presente juicio de amparo fue presentado en el buzón judicial hasta el treinta de julio de dos mil veintiuno; de ahí que sea incuestionable que el juicio es extemporáneo al haberse presentado fuera del plazo de quince días que establece el precepto 17 de la ley de la materia, por lo que si la impetrante asumió una actitud pasiva y dejó pasar el tiempo sin presentar la demanda de amparo, con su actuar consintió tácitamente el acto reclamado. Por otra parte, es preciso destacar que en el citatorio reclamado se le comunicó a la parte quejosa que asistiera a las once horas del día treinta de julio de dos mil veintiuno a desahogar una diligencia de carácter ministerial. Asimismo, el día treinta de julio de dos mil veinte, a las dieciséis horas con tres minutos, presentó su demanda de amparo, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan, Estado de México, con lo que se evidencia que a sabiendas de que tenía que asistir a la citación ante una autoridad administrativa decidió no hacerlo, y por ello es que promovió el presente juicio de amparo aunque fuese su demanda extemporánea, impugnando también las consecuencias consistentes en las medidas de apremio que se pudieran dictar y ejecutar en su contra por su inasistencia. No obstante, es dable señalar que tales consecuencias consistentes en la imposición de las medidas de apremio por no asistir a la cita ante el ministerio público, en especial las restrictivas de libertad, se tratan de actos futuros de realización incierta, al estar condicionadas a que derivado de la no asistencia de la quejosa, el representante social las solicite y de ser el caso se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que es improcedente el juicio de amparo indirecto. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la normatividad de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Tomando en cuenta que el domicilio proporcionado en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) y de la zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan), hasta en tanto se señale algún domicilio dentro de los municipios anteriores, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. CONSULTA VÍA INTERNET Como lo solicita, con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio de garantías al usuario "jcromero" y, dígase que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS EN LÍNEA. En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea. Notifíquese personalmente.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, por no haberse presentado en el término concedido, procedo a notificar por lista y por lista en página electrónica a la parte quejosa, el acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintiuno, que a la letra dice: Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de agosto de dos mil veintiuno. ANOTACIONES Vista la demanda promovida por María de Lourdes Gutiérrez Garrido, por propio derecho, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 762/2021-I. DESECHAMIENTO Resulta necesario precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/6, por "manifiesto" se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por "indudable" se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Sentado lo anterior, conviene acotar que de la lectura integral de la demanda la quejosa señala como acto reclamado: - El citatorio CUA/CAJ/ACI/032/100964/20/04, ECO 395/20, formulado por el Agente del Ministerio Público de la mesa ocho de trámite en Cuautitlán Izcalli, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y como consecuencia de ello, las medidas de apremio que se puedan dictar en contra de la quejosa al no acudir a la cita antes mencionada, que pueda conllevar a la restricción de su libertad, así como su ejecución. Ahora, por lo que hace al citatorio CUA/CAJ/ACI/032/100964/20/04, ECO 395/20, se advierte la actualización de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por haber sido consentido tácitamente. Conforme a los preceptos legales citados, por regla general, el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contados de la forma que estatuye el artículo 18 de la Ley de Amparo, que es de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente al en que al quejoso hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En este sentido, los supuestos mencionados se excluyen entre sí y no guardan prelación alguna; por ello, el término para la promoción del juicio constitucional se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente en el plazo de quince días siguientes (salvo las excepciones que establece la misma ley y que en el presente caso no se actualizan). De lo que se sigue, que la improcedencia de la acción constitucional tiene lugar cuando no es ejercida dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues se considera que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de amparo, significa que los consintió de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional no podría quedar a la libre elección del agraviado, ya que aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Ahora, en el escrito de demanda la agraviada manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado el día ocho de julio de dos mil veintiuno, razón suficiente para considerar que está probada fehacientemente la fecha en que la inconforme se hizo sabedora del acto combatido que refiere encontró tirado y no fue hecho de su conocimiento a través de una formal notificación. Bajo esa tesitura, el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo transcurrió del nueve al veintinueve de julio de dos mil veintiuno, sin computarse los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de julio del presente año por ser sábados y domingos, en términos del numeral 19 de la legislación de la materia. Sin embargo, como consta del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el ocurso que dio origen al presente juicio de amparo fue presentado en el buzón judicial hasta el treinta de julio de dos mil veintiuno; de ahí que sea incuestionable que el juicio es extemporáneo al haberse presentado fuera del plazo de quince días que establece el precepto 17 de la ley de la materia, por lo que si la impetrante asumió una actitud pasiva y dejó pasar el tiempo sin presentar la demanda de amparo, con su actuar consintió tácitamente el acto reclamado. Por otra parte, es preciso destacar que en el citatorio reclamado se le comunicó a la parte quejosa que asistiera a las once horas del día treinta de julio de dos mil veintiuno a desahogar una diligencia de carácter ministerial. Asimismo, el día treinta de julio de dos mil veinte, a las dieciséis horas con tres minutos, presentó su demanda de amparo, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan, Estado de México, con lo que se evidencia que a sabiendas de que tenía que asistir a la citación ante una autoridad administrativa decidió no hacerlo, y por ello es que promovió el presente juicio de amparo aunque fuese su demanda extemporánea, impugnando también las consecuencias consistentes en las medidas de apremio que se pudieran dictar y ejecutar en su contra por su inasistencia. No obstante, es dable señalar que tales consecuencias consistentes en la imposición de las medidas de apremio por no asistir a la cita ante el ministerio público, en especial las restrictivas de libertad, se tratan de actos futuros de realización incierta, al estar condicionadas a que derivado de la no asistencia de la quejosa, el representante social las solicite y de ser el caso se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que es improcedente el juicio de amparo indirecto. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la normatividad de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Tomando en cuenta que el domicilio proporcionado en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) y de la zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan), hasta en tanto se señale algún domicilio dentro de los municipios anteriores, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. CONSULTA VÍA INTERNET Como lo solicita, con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio de garantías al usuario "jcromero" y, dígase que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS EN LÍNEA. En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea. Notifíquese personalmente.
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