Maria de Lourdes Guevara Conde
Expediente 408/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 408/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Maria de Lourdes Guevara Conde
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de nueve de mayo de dos mil dieciocho, en el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por tanto, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Finalmente, en términos de lo dispuesto por dicho Acuerdo, hágase saber a la parte quejosa que deberá comparecer en el término de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, a recoger las documentales que anexó a su escrito inicial de demanda (fojas 15 a 31), con el apercibimiento que de no hacerlo, serán destruidas junto con el expediente en que se actúa, sin responsabilidad alguna para el juzgado sobre su cuidado.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA MARÍA DE LOURDES GUEVARA CONDE EL PROVEÍDO DE 04 DE JUNIO DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de nueve de mayo de dos mil dieciocho, en el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por tanto, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Finalmente, en términos de lo dispuesto por dicho Acuerdo, hágase saber a la parte quejosa que deberá comparecer en el término de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, a recoger las documentales que anexó a su escrito inicial de demanda (fojas 15 a 31), con el apercibimiento que de no hacerlo, serán destruidas junto con el expediente en que se actúa, sin responsabilidad alguna para el juzgado sobre su cuidado.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de mayo de dos mil dieciocho. RADICACIÓN Fórmese expediente y regístrese con el número 408/2018-B que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En primer término, debe precisarse que María de Lourdes Guevara Conde, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra actos de las autoridades responsables 1. Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, y 2. Director del Centro de Reinserción Social de San Pedro Cholula, Puebla, en los siguientes términos: "IV.- ACTO RECLAMADO.- A la autoridad ordenadora le reclamo el AUTO DE FORMAL PRISIÓN de fecha ocho de marzo del año 2018, decretado en mi contra, dentro de la Causa Penal 58/2016, por el DELITO DE DESPOJO cometido en agravio de MARÍA JUANA ESTEFANONI MIONI. A LA AUTORIDAD EJECUTORA LE RECLAMO: La identificación adoptada por el sistema administrativo, sin que exista sentencia ejecutoriada que determine la pena aludida" En tal sentido y en atención a la certificación que antecede, la suscrita juzgadora Federal advierte que la acción intentada mediante la demanda de amparo que se analiza deviene improcedente, pues en la especie se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (..). XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" XV.-(.)". Al respecto, se transcriben los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo que dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de los numerales transcritos se colige, que el juicio de amparo que no sea promovido, entre otros casos, dentro del plazo de quince días que establece el artículo 17, deviene improcedente. Ello, cuando no se esté en alguno de los cuatro supuestos de excepción a que aluden las fracciones de dicho numeral, esto es, de treinta días, tratándose de leyes autoaplicativas o del procedimiento de extradición; ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión; siete años, si el amparo se promueve contra actos que puedan ser violatorios de los derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal; y cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En el caso, no se está en ninguno de los supuestos anteriores, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el citado numeral, el plazo para la presentación de la presente demanda es de quince días. En ese orden de ideas, no se soslaya que si bien es cierto que la resolución reclamada, incide en la libertad personal de la aquí quejosa, también lo es que fue dictada dentro de procedimiento penal, por lo que no se ubica en las hipótesis de excepción señaladas, y por ello, debe sujetarse por mandato del legislador, al plazo genérico de quince días para la promoción de la demanda de amparo. Resulta aplicable al caso la tesis: I.9o.P.85 P (10a.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AL PERMITIR QUE TRATÁNDOSE DE ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AQUÉLLA SE PROMUEVA EN EL TÉRMINO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS, NO ES INCOMPATIBLE CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES. El artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, al establecer que cuando el acto reclamado implique, entre otros, peligro de privación de la vida o ataques a la libertad fuera de procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse en cualquier tiempo, permite que tratándose de actos privativos de la libertad dentro de aquél, la demanda debe promoverse en el término genérico de quince días, no obstante, ello no es incompatible con los estándares establecidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales, ya que se trata de un precepto de naturaleza predominantemente procesal que tiene por objeto conservar la Norma Constitucional, lo que realiza al establecer un plazo para la promoción del juicio de amparo contra actos dentro del procedimiento, y busca equilibrar los derechos humanos tanto del sentenciado como de las víctimas, sin generar al afectado un obstáculo desproporcionado que impida a alguna de las partes ejercer su derecho de acceso efectivo a la justicia para tutelar el diverso a la libertad deambulatoria, por lo que la circunstancia de establecer un plazo para la promoción del juicio de amparo aun en tratándose de actos privativos de la libertad, obedece a una finalidad legítima, además de que con ello delimita razonablemente el derecho de acceso efectivo a la justicia, con lo que se logra un mejor equilibrio entre la prerrogativa fundamental y los derechos de las víctimas de una conducta delictiva, incluso con la regulación del plazo para acudir al juicio de amparo se rige el principio de progresividad, dado que para el ejercicio del mencionado derecho humano de acceso efectivo a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional, es determinante contar con un plazo razonable que permita ejercer la principal garantía para la protección de los derechos humanos. Aunado a que con ello, se brinda seguridad jurídica a la víctima del delito, ya que la indefinición sobre la pervivencia jurídica de no establecerse término para promover juicios de amparo contra actos privativos de la libertad dictados dentro de un procedimiento, implica una afectación al derecho de seguridad jurídica para algunas de las partes involucradas en el proceso penal. " Ahora bien, para acreditar que en el caso se actualiza la referida causa de inviabilidad, en este momento se trae a la vista de la suscrita jueza Federal el juicio de amparo 910/2017 de este Juzgado de Distrito, con pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, del que se advierte en lo que interesa, lo siguiente: I. Que el auto de formal prisión de ocho de marzo de dos mil dieciocho (que por esta vía se combate), fue dictado en cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo 910/2017, del índice de este Juzgado de Distrito, por el Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, dentro de la causa penal 58/2016 de su índice (fojas 189 a 214). II. Mediante proveído de doce de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el referido juicio de amparo 910/2017, se ordenó dar vista a la parte quejosa, entre otras constancias, con la copia certificada del mencionado auto que resolvió su situación jurídica (foja 224); el cual le fue notificado por lista, previo citatorio, el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. III.- Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el veinte de marzo del año en curso, el autorizado en términos amplios de la aquí quejosa, desahogó la vista que le fue otorgada (fojas 228 a 231). Lo anterior, se invoca como hecho notorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Así, en el caso a estudio, como ya se dijo, el plazo para presentar la demanda de amparo que nos ocupa es de quince días; lapso que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 18 de la Ley de Amparo vigente, ya transcrito, se computa de tres maneras: a) A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Luego, de los antecedentes que fueron narrados con anterioridad, se advierte que la quejosa conoció el acto aquí reclamado con motivo de la vista que este Juzgado de Distrito le dio en el diverso juicio de amparo 910/2017, mediante auto de doce de marzo de dos mil dieciocho, notificado por lista el dieciséis siguiente. Dicha notificación surtió efectos el veinte siguiente, y, el plazo de quince días para promover amparo trascurrió del veintidós de marzo al dieciséis de abril de dos mil dieciocho, sin contar los días diecinueve, veintiuno, veinticuatro, veinticinco, veintiocho, veintinueve, treinta y treinta y uno de marzo, así como uno, siete, ocho, catorce y quince de abril, por haber sido sábados y domingos e inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por lo que, si la demanda de amparo se presentó hasta el siete de mayo del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, como se advierte del sello y boleta de recepción respectivos (foja 3), es evidente que resulta extemporánea su presentación, lo que trae como consecuencia que el acto de que se trata, sea considerado consentido tácitamente; de ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva." Bajo esa perspectiva, resulta indudable que la demanda de garantías que aquí se analiza fue presentada fuera del plazo de quince días hábiles señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que da lugar a que se actualice de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia del juicio de garantías contenida en la citada fracción XIV del artículo 61 ibídem, por lo que PROCEDE DESECHAR LA DEMANDA de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 113 de la misma ley. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa el que señala en su demanda de amparo, para los efectos legales a que haya lugar. AUTORIZADOS. Ténganse como autorizados con las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a Rodolfo Pérez Nájera, Luis Clemente Hoyos Cerqueda y María del Pilar Cerón Cabrera, pues se constató que cuentan con cédula profesional de licenciados en Derecho registradas ante la Secretaría de Educación Pública. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los actuarios de la adscripción para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA MARÍA DE LOURDES GUEVARA CONDE EL PROVEÍDO DE 09 DE MAYO DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, nueve de mayo de dos mil dieciocho. RADICACIÓN Fórmese expediente y regístrese con el número 408/2018-B que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En primer término, debe precisarse que María de Lourdes Guevara Conde, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra actos de las autoridades responsables 1. Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, y 2. Director del Centro de Reinserción Social de San Pedro Cholula, Puebla, en los siguientes términos: "IV.- ACTO RECLAMADO.- A la autoridad ordenadora le reclamo el AUTO DE FORMAL PRISIÓN de fecha ocho de marzo del año 2018, decretado en mi contra, dentro de la Causa Penal 58/2016, por el DELITO DE DESPOJO cometido en agravio de MARÍA JUANA ESTEFANONI MIONI. A LA AUTORIDAD EJECUTORA LE RECLAMO: La identificación adoptada por el sistema administrativo, sin que exista sentencia ejecutoriada que determine la pena aludida" En tal sentido y en atención a la certificación que antecede, la suscrita juzgadora Federal advierte que la acción intentada mediante la demanda de amparo que se analiza deviene improcedente, pues en la especie se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (..). XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" XV.-(.)". Al respecto, se transcriben los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo que dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de los numerales transcritos se colige, que el juicio de amparo que no sea promovido, entre otros casos, dentro del plazo de quince días que establece el artículo 17, deviene improcedente. Ello, cuando no se esté en alguno de los cuatro supuestos de excepción a que aluden las fracciones de dicho numeral, esto es, de treinta días, tratándose de leyes autoaplicativas o del procedimiento de extradición; ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión; siete años, si el amparo se promueve contra actos que puedan ser violatorios de los derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal; y cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En el caso, no se está en ninguno de los supuestos anteriores, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el citado numeral, el plazo para la presentación de la presente demanda es de quince días. En ese orden de ideas, no se soslaya que si bien es cierto que la resolución reclamada, incide en la libertad personal de la aquí quejosa, también lo es que fue dictada dentro de procedimiento penal, por lo que no se ubica en las hipótesis de excepción señaladas, y por ello, debe sujetarse por mandato del legislador, al plazo genérico de quince días para la promoción de la demanda de amparo. Resulta aplicable al caso la tesis: I.9o.P.85 P (10a.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AL PERMITIR QUE TRATÁNDOSE DE ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AQUÉLLA SE PROMUEVA EN EL TÉRMINO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS, NO ES INCOMPATIBLE CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES. El artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, al establecer que cuando el acto reclamado implique, entre otros, peligro de privación de la vida o ataques a la libertad fuera de procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse en cualquier tiempo, permite que tratándose de actos privativos de la libertad dentro de aquél, la demanda debe promoverse en el término genérico de quince días, no obstante, ello no es incompatible con los estándares establecidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales, ya que se trata de un precepto de naturaleza predominantemente procesal que tiene por objeto conservar la Norma Constitucional, lo que realiza al establecer un plazo para la promoción del juicio de amparo contra actos dentro del procedimiento, y busca equilibrar los derechos humanos tanto del sentenciado como de las víctimas, sin generar al afectado un obstáculo desproporcionado que impida a alguna de las partes ejercer su derecho de acceso efectivo a la justicia para tutelar el diverso a la libertad deambulatoria, por lo que la circunstancia de establecer un plazo para la promoción del juicio de amparo aun en tratándose de actos privativos de la libertad, obedece a una finalidad legítima, además de que con ello delimita razonablemente el derecho de acceso efectivo a la justicia, con lo que se logra un mejor equilibrio entre la prerrogativa fundamental y los derechos de las víctimas de una conducta delictiva, incluso con la regulación del plazo para acudir al juicio de amparo se rige el principio de progresividad, dado que para el ejercicio del mencionado derecho humano de acceso efectivo a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional, es determinante contar con un plazo razonable que permita ejercer la principal garantía para la protección de los derechos humanos. Aunado a que con ello, se brinda seguridad jurídica a la víctima del delito, ya que la indefinición sobre la pervivencia jurídica de no establecerse término para promover juicios de amparo contra actos privativos de la libertad dictados dentro de un procedimiento, implica una afectación al derecho de seguridad jurídica para algunas de las partes involucradas en el proceso penal. " Ahora bien, para acreditar que en el caso se actualiza la referida causa de inviabilidad, en este momento se trae a la vista de la suscrita jueza Federal el juicio de amparo 910/2017 de este Juzgado de Distrito, con pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, del que se advierte en lo que interesa, lo siguiente: I. Que el auto de formal prisión de ocho de marzo de dos mil dieciocho (que por esta vía se combate), fue dictado en cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo 910/2017, del índice de este Juzgado de Distrito, por el Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, dentro de la causa penal 58/2016 de su índice (fojas 189 a 214). II. Mediante proveído de doce de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el referido juicio de amparo 910/2017, se ordenó dar vista a la parte quejosa, entre otras constancias, con la copia certificada del mencionado auto que resolvió su situación jurídica (foja 224); el cual le fue notificado por lista, previo citatorio, el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. III.- Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el veinte de marzo del año en curso, el autorizado en términos amplios de la aquí quejosa, desahogó la vista que le fue otorgada (fojas 228 a 231). Lo anterior, se invoca como hecho notorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Así, en el caso a estudio, como ya se dijo, el plazo para presentar la demanda de amparo que nos ocupa es de quince días; lapso que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 18 de la Ley de Amparo vigente, ya transcrito, se computa de tres maneras: a) A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Luego, de los antecedentes que fueron narrados con anterioridad, se advierte que la quejosa conoció el acto aquí reclamado con motivo de la vista que este Juzgado de Distrito le dio en el diverso juicio de amparo 910/2017, mediante auto de doce de marzo de dos mil dieciocho, notificado por lista el dieciséis siguiente. Dicha notificación surtió efectos el veinte siguiente, y, el plazo de quince días para promover amparo trascurrió del veintidós de marzo al dieciséis de abril de dos mil dieciocho, sin contar los días diecinueve, veintiuno, veinticuatro, veinticinco, veintiocho, veintinueve, treinta y treinta y uno de marzo, así como uno, siete, ocho, catorce y quince de abril, por haber sido sábados y domingos e inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por lo que, si la demanda de amparo se presentó hasta el siete de mayo del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, como se advierte del sello y boleta de recepción respectivos (foja 3), es evidente que resulta extemporánea su presentación, lo que trae como consecuencia que el acto de que se trata, sea considerado consentido tácitamente; de ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva." Bajo esa perspectiva, resulta indudable que la demanda de garantías que aquí se analiza fue presentada fuera del plazo de quince días hábiles señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que da lugar a que se actualice de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia del juicio de garantías contenida en la citada fracción XIV del artículo 61 ibídem, por lo que PROCEDE DESECHAR LA DEMANDA de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 113 de la misma ley. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa el que señala en su demanda de amparo, para los efectos legales a que haya lugar. AUTORIZADOS. Ténganse como autorizados con las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a Rodolfo Pérez Nájera, Luis Clemente Hoyos Cerqueda y María del Pilar Cerón Cabrera, pues se constató que cuentan con cédula profesional de licenciados en Derecho registradas ante la Secretaría de Educación Pública. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los actuarios de la adscripción para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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