María de Lourdes González González

Expediente 1248/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1248/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
04/03/2021

Partes del expediente

  • María de Lourdes González González

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Téngase por recibido vía electrónica el oficio de cuenta, a través del cual la Secretaria del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, informa que aceptó la competencia declinada por este juzgado y determinó desechar la demanda de amparo promovida por María de Lourdes González González, toda vez que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, ello debido a que, contra las sentencias señaladas como acto reclamado, la quejosa ya promovió una diversa demanda de amparo directo, de la que conoció el Tribunal Colegiado oficiante con el número 115/2020, mismo que se resolvió en sesión de veintinueve de octubre de dos mil veinte, negando el amparo solicitado. Archivo. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción; por tanto, se realizara dicha circunstancia una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo veintiuno, inciso j), del aludido acuerdo general. Notifíquese.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se provee: Atento al contenido de la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha en que se actúa se encuentra pendiente de resolución el recurso de queja interpuesto en autos por la tercera interesada, en contra del acuerdo dictado el veinte de febrero de dos mil veinte. Así las cosas y toda vez que la resolución que emita el Tribunal de Alzada sobre el recurso interpuesto puede variar el resultado del fallo que se pretende dictar, SE DIFIERE la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su verificativo, misma que se establece en esa data, en virtud de que, además de que la agenda para tal efecto se encuentra saturada, por las excesivas cargas de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 19 del Acuerdo General 21/2020, este Juzgado labora bajo el esquema de "Presencia Controlada", lo cual implica trabajar, de forma presencial, con una plantilla sumamente reducida, por un lapso de seis horas diarias, lo que impide que se fije una fecha anterior a la precisada previamente. Notifíquese.

  3. Principal

    Tribunal Colegiado admite. Agréguese a los autos el oficio a través del cual el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, comunica que dicho órgano colegiado admitió el recurso de revisión interpuesto en autos. Nota de registro de revisión. Se toma nota que se registró como revisión 222/2020; lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.

  4. Principal

    Se notifica por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veinte, a la parte quejosa, lo anterior en cumplimiento al acuerdo veintiuno de febrero de dos mil veinte, en que de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordenó la práctica de las notificaciones personales por medio de lista, hasta en tanto la parte quejosa señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Zapopan, Jalisco, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se desecha ampliación de demanda. Téngase por recibido el escrito de ampliación de demanda firmado por el representante legal de la parte quejosa, por medio del cual amplía la demanda de amparo por nuevos actos reclamados que atribuye a la autoridad responsable siguiente: 1 Juez Cuarto de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco Con fundamento en los artículos 103 y 107, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 108, 112, 113 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la ampliación de demanda de amparo, al operar una causa manifiesta e indudable de improcedencia. En la especie, este juzgador advierte que respecto del acto reclamado opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 217 y 107, fracción V, este último interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; mismos que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". La interpretación conjunta de las anteriores disposiciones legales lleva a considerar que conforme a las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución y tratados internacionales, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio natural. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se pueden extinguir en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de repararse, por afectar únicamente derechos adjetivos. Precisado lo anterior, el acto reclamado primordialmente lo constituye en esencia, el auto de siete de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio de origen, en el cual se determinó no decretar la caducidad del interdicto interpuesto. Para evidenciar lo dicho, se debe tener presente que el actual parámetro legal que distingue las violaciones a derechos sustantivos, de las que únicamente son intraprocesales, derivó de los problemas que se detectaron en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once al artículo 107 de la Constitución, en especial la demora que en algunos expedientes generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. Tales cuestiones fueron analizadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, criterio que se transcribe más adelante, determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia entre particulares - por el derecho fundamental de justicia pronta- se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto, en aras de que las presuntas infracciones al procedimiento se expongan en forma simultánea contra la resolución definitiva de fondo, hasta promover el juicio en la vía directa. Régimen excepcional que se materializó en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, porque ésta sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva -por ende vinculadas a derechos procesales- quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, contra los actos suscitados en el trámite de un expediente jurisdiccional (fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo). Sobre este contexto resulta el parámetro actual de imposible reparación: que se trate verdaderamente de una afectación material y directa a derechos sustantivos y en el cual, de momento, no pueden incluirse violaciones relativas a cuestiones procesales. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.) -al resolver la contradicción de tesis 377/2013-, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". 2 Pero además, el espectro actual de imposible reparación contra actos dentro de juicio, tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. En particular frente a los alcances del principio de progresividad tutelado en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, se obtiene que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Lo anterior se comprende al visualizar las controversias, porque por lo general éstas surgen entre dos partes (actor y demandado), cada una con derechos sustantivos que habrán de dilucidarse conforme a las reglas procedimentales, hasta la emisión de una resolución definitiva por parte del operador jurídico. Entonces, frente al particular que ve limitada la posibilidad de impugnar actos de naturaleza adjetiva -por el nuevo parámetro de imposible reparación- está la finalidad de asegurar que en la controversia del juicio de amparo se tutelen con mayor eficacia los derechos sustantivos. En ese contexto, como se adelantó, las consecuencias que emanan del acto reclamado no afectan de manera inmediata y directa algún derecho fundamental del quejoso reconocido en la Constitución o en los tratados internacionales (como son, la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otros). Esto porque, en atención a lo expuesto previamente, lo reclamado no constituye actos de imposible reparación ni se observa afectación directa e inmediata a derechos sustantivos de la parte quejosa, sino que se trata de cuestiones de índole meramente formal o adjetiva. Esto es, el acto reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos, sino que se trata de una cuestión de índole formal o adjetiva y que, por tanto, no tiene una ejecución de imposible reparación; de ahí que, en la especie, el juicio constitucional intentado, por ahora, es improcedente. Es aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 1/2016, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a su la letra dice: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." En tales circunstancias, al surtirse la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 217 y 107, fracción V, aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, tomando las ideas plasmadas en líneas precedentes, es evidente que, en la especie, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en consecuencia, se desecha la ampliación de demanda de que se trata. Notifíquese personalmente.

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