María de Lourdes García de Jesús
Expediente 1431/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1431/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/10/2023
Partes del expediente
- María de Lourdes García de Jesús
Actuaciones
- Principal
el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, informa su determinación de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de queja 360/2023 de su índice, del que se advierte que admitió a trámite el recurso en cita interpuesto por Miguel Hernández Díaz, en su calidad de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por la promovente María de Lourdes García de Jesús, en contra de la determinación dictada por este juzgado de once de septiembre de dos mil veintitrés. En este sentido, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, agréguese a los autos el oficio de que se trata para que surta los efectos legales a que haya lugar y téngase por hecho del conocimiento de este órgano jurisdiccional.
- Principal
SE TIENE POR INTERPUESTO EL RECURSO DE REVISIÓN HECHO VALER POR EL QUEJOSO...
- Principal
Toluca, Estado de México; once de septiembre de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve **********, por propio derecho, contra actos del Instituto Materno Infantil del Estado de México. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 1431/2023-III. Desechamiento. Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece que el juez de distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado, en concordancia con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo. [...] Acto reclamado. En el caso en estudio, debe decirse que en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: La doble retención del Impuesto sobre la Renta que realiza el Instituto Materno Infantil del Estado de México a la persona quejosa respecto de los ingresos que percibió durante el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. Establecido lo anterior, con fundamento en los artículos 113, 61, fracción XXIII, y el diverso 5°, fracción II de la Ley de Amparo, procede desecharla de plano, por su manifiesta e indudable improcedencia; respecto de los citados actos reclamados. [.] De lo anterior, tenemos que autoridad para efectos del juicio de amparo, es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y, que constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por tanto, conviene indicar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, a los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro. Por ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, donde éstos actúan en un mismo plano. De ahí, que para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por propia mano, se establecieron en la ley los procedimientos ordinarios, necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, precisamente por que dichas partes se encuentran en el mismo nivel. En otras palabras, existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Dentro de este tipo de relaciones (de coordinación), están las que derivan de las relaciones de contratos de prestación de servicios, que se establecen, en términos generales, cuando una persona proporciona su trabajo o presta servicios bajo ciertas normas protectoras y condiciones recíprocas, a cambio de una remuneración. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar de los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y de interés social Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad, sin necesidad de acudir a los tribunales. Entonces, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promoverte tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano de superior. De lo expuesto, bien puede advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho, que establece una relación de supra subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esta relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del conceso de la voluntad del afectado. [.] Así las cosas, de acuerdo con lo anterior, la suscrita estima que el acto del cual se duele la parte quejosa, no es de aquellos que puedan considerarse provenientes de una autoridad para efectos del amparo. Se estima lo anterior, pues de la lectura integral de la demanda se advierte que la persona quejosa se encuentra laborando para el Instituto Materno Infantil del Estado de México, desde hace aproximadamente dieciséis años. No obstante, refiere que el diecinueve de julio del año en curso, fue convocada a una junta en el centro laboral en la que le informaron que todos los trabajadores de la autoridad responsable debían pagar la cantidad de $**********, puesto que en su momento la Institución no realizó la retención correspondiente del Impuesto Sobre la Renta. Precisado lo anterior, resulta válido afirmar que la autoridad correspondiente al Instituto Materno Infantil del Estado de México, respecto al acto reclamado que se le atribuye, no puede ser considerada como autoridad para efectos de este juicio de amparo, por las siguientes consideraciones: La doble retención correspondiente al Impuesto Sobre la Renta del que se duele la persona quejosa, no constituye un acto de supra subordinación, sino que se trata de un acto entre el trabajador y la dependencia donde presta sus servicios; por tanto, en el caso se está ante la presencia de una relación meramente de carácter laboral, pues se trata de retenciones del patrón al trabajador derivada de la relación laboral. Por tanto, las relaciones e inconformidades de trabajo comprendidas entre dicho Organismo y sus respectivos servidores públicos, están reguladas por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, de conformidad con lo que se establece en el artículo uno de dicha ley: [.] Asimismo, los artículos 184 y 185, fracción I de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, establecen: [.] Por tanto, la doble retención correspondiente al Impuesto Sobre la Renta del que se duele la persona quejosa por parte de la dependencia donde presta sus servicios, no puede considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que deriva de una relación laboral entre el quejoso y el Instituto Materno Infantil del Estado de México; por ende, el peticionario de amparo debe acudir a la instancia laboral correspondiente para combatir dicho acto; lo cual hace improcedente el juicio de amparo. [.] Pues no debe perderse de vista que los actos que atribuye la persona quejosa a quien dice ser autoridad responsable no son susceptibles de analizarlos en vía de amparo indirecto, ya que los realiza en su carácter de órgano asegurador del patrón. [.] No pasa inadvertido que la persona quejosa desde el seis de julio de dos mil veintitrés, tuvo conocimiento de la circular de esa data, en la cual la Jefa de Enfermeras del Hospital para el Niño les hizo del conocimiento que a partir de la primera quincena de julio de este año, se estaría realizando la retención del Impuesto sobre Producto del Trabajo sobre todas sus percepciones salvo las que estén exentas de acuerdo a la Ley de Impuestos sobre la Renta, luego entonces ya tenía conocimiento de los actos. Por lo anterior, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida en el artículo 61, fracción XXIII y, el diverso 5°, fracción II, ambos de la ley de la materia; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que promueve **********, por propio derecho, contra actos del Instituto Materno Infantil del Estado de México, por notoriamente improcedente. Domicilio. De conformidad con la certificación de cuenta y toda vez que el usuario "**********", se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como lo solicita la persona promovente se acuerda favorable el acceso al expediente electrónico, así como para efectos de promover por esa vía en el presente juicio, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y conforme a lo establecido en los artículos 34, 35, 36, y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial "A", para que aperture los campos necesarios para la consulta del presente expediente y para que se le realicen las notificaciones mediante dicho medio. Asimismo, se hace del conocimiento al promovente que únicamente se ordenarán las notificaciones electrónicas que deban realizarse de forma personal de conformidad con el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, pues éstas obedecen a la necesidad de comunicar fehacientemente determinados actos o resoluciones de importancia y relevancia para el interés de su destinatario, sin que su alcance pueda sustituir la operatividad de las notificaciones que se ordenan fijar por lista que se publica en el local del órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, registro digital 2026122, de título y subtítulo siguientes: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL." Autorizados. En cuanto a la certificación secretarial de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo a **********, no obstante en lo que respecta a los demás profesionistas que señala la persona quejosa, se tienen por autorizados en términos restringidos, limitación que se establece hasta en tanto tengan registradas sus cédulas profesionales para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos a las demás personas. [.]
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