María de Lourdes García Aguas
Expediente 1064/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1064/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/07/2023
Partes del expediente
- María de Lourdes García Aguas
- María de Lourdes García Aguas y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de julio de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta se advierte que a la fecha en que se actúa las partes no se inconformaron en contra de la resolución de trece de junio de dos mil veintitrés, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; con apoyo en el artículo 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se declara que la citada resolución ha causado estado; hágase saber lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente; y, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el inciso a), fracción III, del artículo 17 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente principal en que se actúa es CONSERVABLE en el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, ya que se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se concedió la protección constitucional. Con relación a los cuadernos incidentales, se ordenan integrar los mismos al cuaderno principal del presente juicio, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de CONSERVACIÓN en el plazo de tres años con apoyo en el artículo 17, fracción III, inciso b) del referido Acuerdo General, pues en el caso se concedió la suspensión provisional y definitiva. En ese tenor, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 19 del citado Acuerdo General, el duplicado del cuaderno incidental -una vez desglosado- deberá ser DESTRUIDO en el plazo de seis meses. En tales condiciones, una vez concluido el plazo establecido en el párrafo precedente, se solicitará la transferencia del presente expediente y original del incidente de suspensión a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Como lo dispone el artículo 34 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Y verifíquese que todas las constancias y documentos del expediente físico estén digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Tratándose de constancias y documentos electrónicos, no será necesaria su incorporación al expediente físico. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del artículo 3 fracción XX del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso o digital que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra o, en su caso una firma digital, el cual es insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Del mismo modo, se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Por tanto, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Iván Pantoja Salazar, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio con anexo de cuenta, suscrito por la Jueza Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, por medio del cual rinde el informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado que le corresponde y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora, de las constancias que se acompañan al informe justificado correspondientes al expediente ********************, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente, se advierte que dicha autoridad el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, resolvió sobre la declaración de derechos hereditarios y la aprobación de inventarios y avalúos, dentro del aludido expediente; lo que se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad oficiante. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere, que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en la omisión por parte de la Jueza Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla de resolver sobre la declaración de derechos hereditarios y la aprobación de inventarios y avalúos dentro del expediente ******************** del índice del juzgado a su cargo; y, la jueza, el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, resolvió sobre la declaración de derechos hereditarios y la aprobación de inventarios y avalúos dentro del aludido expediente, lo que se acredita con las constancias que adjuntó la autoridad oficiante a su informe justificado. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado ya que la autoridad responsable el veintiséis de junio de dos mil veintitrés resolvió sobre la declaración de derechos hereditarios y la aprobación de inventarios y avalúos dentro del expediente ********************, por tanto, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si las omisiones no hubieren invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL". Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta y cinco minutos del diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el Dirección Local Puebla de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), no ha dado cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de uno de junio de dos mil veintitrés. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte el doce de junio de dos mil veintitrés, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el que se prorroga por cuarta ocasión el diverso por el que se suspenden los términos y plazos de los procedimientos que lleve a cabo la Comisión Nacional del Agua, por existir causas de fuerza mayor originadas por el incidente de seguridad informática ocurrido el 13 de abril de 2023. Lo anterior, constituye un hecho notorio para este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable, la Tesis: P./J. 74/2006, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: Registro digital: 174899 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 74/2006 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Junio de 2006, página 963 Tipo: Jurisprudencia. "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento." Por tanto, se precisa que los términos y plazos no transcurrirán de los días cinco al veintitrés de junio de dos mil veintitrés, lo anterior, a efecto de que se tome en consideración al momento de proveer sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Dirección Local Puebla de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para que en el plazo de tres días posteriores al veintitrés de junio de dos mil veintitrés, acredite lo siguiente: Llevó a cabo los trámites necesarios a fin de revisar y firmar la resolución correspondiente a la solicitud relativa al trámite denominado "Modificaciones técnicas de títulos de concesión y/o permisos de descarga de aguas residuales", presentada mediante sistema electrónico el veintisiete de marzo de dos mil veintiuno; y, Una vez hecho lo anterior, de inmediato la notifique a la persona moral quejosa denominada Granjas Carroll de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Debiendo remitir copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento dado. Por tanto, se apercibe al Dirección Local Puebla de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 apartado B y Sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés; y, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del artículo 107, fracción XVI, constitucional. Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." En ese orden de ideas, requiérase al superior jerárquico de la citada autoridad responsable, es decir, al Director General del Organismo Cuenca Balsas de la Comisión Nacional del Agua; para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 apartado B y Sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés; además de que incurrirá en la misma responsabilidad de la autoridad responsable mencionada. Finalmente, se deja sin efectos la multa impuesta a ********************, persona física que actualmente ocupa el cargo de Titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local de Puebla de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en proveído de treinta de mayo de dos mil veintitrés, toda vez que la referida autoridad responsable -al momento de la imposición de la multa- se encontraba imposibilitada a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en virtud que desde el trece de abril de dos mil veintitrés, los sistemas digitales con los que cuenta su representada -CONAGUA EN LÍNEA, CONAGUA DIGITAL y SISTEMA AMARA-, sufrieron un atentado cibernético a nivel nacional. Por lo anterior, se ordena girar oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Puebla "1", para que ordene a quien corresponda dejar sin efectos la multa impuesta a ********************, persona física que actualmente ocupa el cargo de Titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local de Puebla de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.
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