María de Lourdes Flores Hilario
Expediente 1029/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1029/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- María de Lourdes Flores Hilario
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, doce de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II, y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la ley de la materia, en términos del numeral 2º, se declara que la sentencia que SOBRESEYÓ en el presente juicio, ha causado ejecutoria; por tanto, hágase la anotación en el libro de gobierno que corresponda, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales procedentes. En consecuencia, como no quedan cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio, y de acuerdo a lo de acuerdo a lo que señala el normativo 15 de dicho Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Por lo anterior, después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Aunado a lo anterior, y con fundamento en el artículo 35 del multimencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la carátula de este expediente. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA, PERSONALMENTE AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ADSCRITO, Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo proveyó y firma el licenciado Anastacio Ochoa Pacheco, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, y la Secretaria, licenciada Rosa Isela Cernas García, con quien actúa y da fe, quien queda facultada para firmar los oficios correspondientes. Asimismo, certifica que esta determinación se autorizó a distancia vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con las FIREL del personal actuante. Doy fe.
- Principal
En Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, siendo las diez horas del cuatro de noviembre de dos mil veintidós hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo 1029/2022, promovido **** por su propio derecho, estando en audiencia pública el licenciado Anastacio Ochoa Pacheco, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido de la licenciada Rosa Isela Cernas García, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia personal de las partes. Asimismo, se hace patente que el desahogo de la presente audiencia se lleva a cabo en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del personal judicial; así como en armonía a los Acuerdos Generales 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos 25/2020, 37/2020, 01/2021, 05/2021, 09/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022, 16/2022 y 21/2022, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid 19. A CONTINUACIÓN, LA SECRETARIA HACE RELACIÓN DE LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE: Escrito inicial de demanda; acuerdo en que se ordenó admitir a trámite; constancias de notificación y de emplazamiento a las partes; e informes justificados y acuerdos en que se tuvieron recibidos. Así como con el proveído de doce de septiembre de dos mil veintidós, notificado vía electrónica el veintiuno de septiembre de esta anualidad, en el que se requirió a la parte quejosa para que manifestara si era o no su deseo ampliar la demanda, respecto a la respuesta que recayó a su solicitud de petición y se certifica que el plazo de quince días otorgado en dicho auto transcurrió del veintidós de septiembre al trece de octubre de dos mil veintidós, descontando de dicho cómputo los días veinticuatro, veinticinco de septiembre, uno, dos, ocho, nueve y doce de octubre del año en curso, por ser inhábiles, sin que se hubiese hecho manifestación alguna al respecto. ACTO SEGUIDO, EL JUEZ ACUERDA: Téngase hecha la anterior relación de constancias de autos, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente asunto. De la certificación que antecede, se determina que ha fenecido el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, otorgado a la parte quejosa en acuerdo de doce de septiembre de dos mil veintidós, a efecto de que si convenía a sus intereses ampliara la demanda de amparo respecto a la respuesta que recayó a su solicitud ingresada el veintinueve de junio de dos mil veintidós, sin que lo haya realizado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de mérito y se tiene por precluido su derecho para ampliar la demanda de amparo, por lo que este juicio se resolverá únicamente respecto al acto reclamado y autoridades señaladas en su escrito inicial. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS: La Secretaria da cuenta con las documentales que adjuntó la parte quejosa a su escrito inicial y las que anexó la responsable Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, a su informe justificado. EL JUEZ ACUERDA: Se admiten los medios de convicción antes referidos, los que se desahogan por su propia y especial naturaleza jurídica, en términos del arábigo 119 de la Ley de Amparo, mismos que serán tomados en consideración al momento de dictar la sentencia correspondiente; por tanto, se cierra el periodo. ETAPA DE ALEGATOS: En términos de lo que establece el primer párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la etapa de alegatos, en la que la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. EL JUEZ ACUERDA: En virtud de que no existen alegatos formulados por las partes, se declara cerrado el período correspondiente. Al no existir diligencias pendientes que desahogar, se da por terminada la presente audiencia constitucional, procediéndose a dictar la siguiente sentencia. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1029/2022, promovido *** por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito depositado en el buzón judicial el veintisiete de julio de dos mil veintidós, y registrado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, el veintinueve de julio de dos mil veintidós y turnado a este Juzgado Séptimo de Distrito, el dos de agosto de esta anualidad, María de Lourdes Flores Hilario, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y acto que a continuación se especifican: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. 2. Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "Reclamo de la autoridad responsable el siguiente acto: Se reclama el silencio administrativo en que ha incurrido al omitir realizar el pago de los enteros que debe de realizar la Secretaría de Salud al Fondo de Vivienda por concepto de amortización a los créditos hipotecarios; o el impedimento legal que tiene la Secretaría de Salud y/o Servicios Estatales de Salud Guerrero, para no realizar el pago de los enteros que debe realizar al Fondo de Vivienda por concepto de amortización a los créditos hipotecarios. El cual fue solicitado por el quejoso, mediante escrito presentado y recibido por la autoridad responsable el día 28 de junio de dos mil veintidós". Por escrito aclaratorio recibido en este Juzgado el doce de agosto de dos mil veintidós, la parte quejosa precisó de manera concreta como acto reclamado en el presente juicio el siguiente: "(.) en que la Secretaria de Salud y/o Servicios Estatales de Salud en el Estado de Guerrero, den contestación urgente al escrito de fecha veintiocho de junio del año dos mil veintidós presentado por la parte quejosa en sus términos aludidos." SEGUNDO. En el escrito de demanda se señalaron como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 8° y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se expusieron los antecedentes y los conceptos de violación que se consideraron pertinentes. TERCERO. Por auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós, se registró tanto en el libro físico de gobierno, como en el electrónico, el escrito inicial de demanda bajo el número 1029/2022 y se previno a la parte quejosa, luego, mediante proveído de quince de agosto de dos mil veintidós, previo desahogo de la prevención, se admitió a trámite el presente juicio, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, la intervención que legalmente le compete, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince, porque el acto reclamado le es atribuido a autoridades que actúan dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es éste, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, de un íntegro estudio al escrito de demanda de amparo y del escrito de desahogo de la misma, se advierte que el acto reclamado por la quejosa es el siguiente: La omisión de la Secretaria de Salud y/o Servicios Estatales de Salud en el Estado de Guerrero, de dar contestación al escrito de veintiocho de junio de dos mil veintidós. TERCERO. Por razón de método debe en principio analizarse si en realidad los actos reclamados existen, es decir, resolver respecto de su certeza; lo anterior, porque de no existir los actos combatidos resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia o, en su caso del propio estudio de fondo del acto reclamado; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ello, el juicio sea procedente. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de datos; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, cuyo rubro y texto con como a continuación se plasman: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Sobre esa tesitura, se tiene que la autoridad responsable Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación por conducto del Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría en cita, negó el acto que se le reclama; consistente en la falta de respuesta al escrito de petición de veintiocho de junio de dos mil veintidós. En congruencia con lo anterior, es obvio que no le asiste obligación a la responsable de exponer razonamiento alguno al respecto, menos aún se hace necesaria la remisión de las constancias a que se refiere el numeral 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 80, Agosto de 1994, Página 77, Materia Común, de rubro y texto que a continuación se transcriben: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa." Por ende, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la negativa del acto reclamado, corresponde a la parte quejosa acreditar la existencia y la inconstitucionalidad del mismo. Apoya la anterior consideración, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, tomo XLIII, primera parte, pagina 181, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Ello es así, pues ante la negativa de la responsable del acto que se le imputa, este Juzgado no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo, en primer lugar, los medios de prueba tendentes a demostrar la existencia del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal. En el caso, la parte quejosa, omitió ofrecer medio de prueba alguno con el que se pudiera desvirtuar la negativa del acto reclamado, para estar en condiciones de determinar si cuenta con el derecho público subjetivo que dice se ha vulnerado en su perjuicio. Por tanto, tomando en consideración que la parte quejosa no aportó prueba alguna para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables en relación con la existencia del acto que de ellas se reclama, es dable concluir que el acto motivo de la presente litis constitucional, no existe. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En tal tesitura, procede el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo que a la letra establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y". CUARTO. Por otra parte, se tiene que es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, acto que ha quedado identificado en el considerando segundo de este fallo, pues no obstante que al rendir su informe justificado por conducto del Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría en cita, negó el acto que se le atribuyó; ya que hizo manifestaciones posteriores que dejaron ver la existencia del acto que se le reclama; por ello, se tiene cierto el acto que le atribuye la parte quejosa. Apoya lo anterior la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de 1994, página 391, Octava Época, con registro 211004, de rubro y textos siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Certeza que se corrobora con las copias certificadas que remitió con su informe justificado la autoridad responsable en mención, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por tratarse de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su cargo. Sustenta a lo anterior la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal de Justicia en el país, que aparece publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del rubro y contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. Conforme a la técnica del juicio de amparo, y de acuerdo con el artículo 62, en relación con el diverso 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Sirve de apoyo la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Época: Octava Época Registro: 222780 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, Mayo de 1991 Materia(s): Común Tesis: II.1o. J/5 Página: 95 IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese orden lógico, quien ahora resuelve, advierte de oficio la actualización de una causal de improcedencia respecto del acto reclamado consistente en la omisión de emitir respuesta correspondiente a la petición ingresada ante la responsable el veintinueve de junio de dos mil veintidós, ante la oficialía de partes de la autoridad responsable; en la que en esencia solicitó: "El pago de los enteros que debe de realizar la Secretaría de Salud al Fondo de Vivienda por concepto de amortización a los créditos hipotecarios; o Informar del impedimento legal que tiene la Secretaría de Salud y/o Servicios Estatales de Salud Guerrero, para no realizar el pago de los enteros que debe realizar al Fondo de Vivienda por concepto de amortización a 105 créditos hipotecarios." En esa tesitura, se tiene que el acto reclamado en esta vía constitucional, es la falta de respuesta a dicha solicitud. Ahora, el artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de la pretensión, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además, es necesario que de manera inmediata y sin condición alguna, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de datos: Época: Novena Época. Registro: 193758.Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 59/99. Página: 38, de rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Al igual, es ilustrativa al caso la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Época: Novena Época Registro: 197367 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. CL/97 Página: 71 ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Es pertinente destacar, que no debe existir confusión respecto a la cesación de efectos de los actos reclamados, con la consumación de éstos, dado que esta última, implica que el acto reclamado se agota, o consume por virtud de haber transcurrido su vigencia, o el tiempo de su validez, lo que entonces ocasiona que se deje de lesionar los intereses del particular, sin resarcirlo en sus derechos pues se dan como irreparables las afectaciones padecidas. En el caso en estudio, de las constancias que remitió la autoridad responsable Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, al momento de rendir su informe con justificación, por conducto del Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría en cita, consistente en el oficio sin número, de veintidós de julio de dos mil veintidós, dirigido a la parte aquí quejosa, se acredita que dio respuesta a la petición que la parte quejosa formuló en escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil veintidós, ante esa autoridad, que en lo que interesa, fue en el sentido siguiente: "Asunto: Respuesta de Petición. Chilpancingo, Gro., a 22 de julio de 2022. C. MARIA DE LOURDES FLORES HILARIO. Calle Juárez número 33, Colonia Centro v_nahum@yahoo.com.mx Chilpancingo, Guerrero. Presente. En atención a su escrito de petición de fecha 28 de junio del año dos mil veintidós dirigido a la Dra. Aidé Ibarez Castro, Secretaria de Salud en el Estado de Guerrero, con atención al Titular de esta Subsecretaria de Administración y Finanzas, mediante el cual solicita lo siguiente: 1.- El pago de los enteros que debe de realizar la Secretaria de Salud al Fondo de Vivienda por concepto de amortización a los créditos hipotecarios; o 2.- Informar del impedimento legal que tiene la Secretaria de Salud y/o Servicios Estatales de Salud Guerrero, para no realizar el pago de los enteros que debe realizar al Fondo de Vivienda por concepto de amortización a los créditos hipotecarios. Al respecto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito dar respuesta bajo los siguientes términos. PRIMERO.- Con fecha 15 de octubre de 2021, entro en funciones la nueva administración gubernamental para el periodo 2021-2027, así también en la Secretaría de Salud, tomando en consideración lo previsto por la fracción IX del apartado A del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración del Estado de Guerrero Número 08. SEGUNDO.- La Secretaria de Salud en el Estado de Guerrero a través de las áreas que conforman la Subsecretaría de Administración y Finanzas, en relación a los créditos hipotecarios que contraen los trabajadores con el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realizan los descuentos bajo el concepto 64 denominado crédito hipotecario FOVISSSTE. TERCERO.- Derivado del proceso de entrega recepción de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud en el Estado, se detectó que la anterior administración por situaciones que se desconocen dejo de realizar los enteros al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de los trabajadores de esta Secretaría de Salud en el Estado, desde la segunda quincena del mes de enero del año de 2021, a la primer quincena del mes de octubre del mismo año. Como consecuencia de ello, así como de otros, mediante oficio SS/SAyF/0637/2021, de fecha 10 de noviembre de 2021, la Titular de esta dependencia notificó a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, para efectos de que en el ámbito de su competencia determine lo que en derecho proceda. Es importante precisar que dado que en dicho documento se notifican temas adicionales y dada la secrecía que se debe de tener en los proceso jurídicos que se encuentran ventilados ante instancias normativas, únicamente adjunto copia de la primer hoja en la se observan los distintos sellos de recibido. CUARTO.- A partir del día 15 de octubre de 2021, fecha en que tomó posesión la actual administración de la Secretaría de Salud en el Estado, ha cubierto los enteros al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de los trabajadores que han contraído obligaciones de vivienda, correspondientes a las quincenas 20, 21, 22 y 24 del 2021 y de la quincena 1 a la 8 del año 2022. QUINTO.- La Secretaria de Salud en el Estado a través de las diversas áreas que la conforman, se encuentran haciendo gestiones para efectos de buscar los recursos que permitan cubrir los montos adeudados. Gestiones que son un hecho notorio al encontrarse difundidas en las diversas redes sociales, así como en páginas oficiales. (.)". Por tanto, atento a que la garantía de derecho de petición no sólo encierra la obligación de dictar un acuerdo al escrito petitorio sino que, también obliga a que la respuesta sea dada a conocer a la parte solicitante, en el caso, no se advierte que la autoridad responsable haya cumplido con ello, aun y cuando refirió y acreditó que la respuesta la envió vía correo electrónico, sin embargo, no remitió el acuse de recibo correspondiente, luego, no existe certeza que haya sido recibida por la parte interesada; no obstante, en auto de doce de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó la notificación de dicho informe vía electrónica, misma que se realizó el veintiuno de septiembre del año en curso, con lo que se garantizó que tuviera conocimiento de la respuesta emitida con relación a su petición. Tiene aplicación en la parte considerativa el criterio jurisprudencial 2a./J. 36/99, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, de datos siguientes: Época: Novena Época. Registro: 194060. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Mayo de 1999. Materia(s): Administrativa. Tesis: 2a./J. 36/99. Página: 469, de rubro y texto que a continuación se plasman: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." Ahora, se toma en consideración que se encuentra probado en autos que la autoridad responsable dio respuesta a la parte quejosa respecto de la petición que le realizó mediante escrito que le presentó el veintinueve de junio de dos mil veintidós y que dicha respuesta le fue notificada, por este juzgado federal, trae como consecuencia que los efectos de lo reclamado desaparezcan de forma inmediata, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación al derecho de petición reclamado, pues la pretensión de la parte quejosa, fue que se proveyera en relación al pago de los enteros al fondo de vivienda por concepto de amortización a los créditos hipotecarios, lo cual quedó probado con las copias remitidas por la autoridad responsable, por el que se le contestó que al hacerse la entrega-recepción del nuevo Gobierno del Estado, se procedió al inicio de investigaciones administrativas de responsabilidad por diversas inconsistencias, entre ellas, la que refiere la parte quejosa, respuesta que se le notificó el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, por este órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, debido a que la actuación de la responsable en dar respuesta a lo peticionado por la parte quejosa, y la notificación correspondiente, implica la desaparición total de la omisión reclamada, pues al hacerse de conocimiento de la parte quejosa la respuesta que se dio al escrito de petición que formuló, la restituyó en el pleno goce de sus garantías, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose la causal de improcedencia analizada. Consecuentemente, al resultar operante la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI; con fundamento en el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se impone sobreseer en el presente juicio. En la inteligencia que el sobreseimiento decretado releva a este juzgado federal del estudio de los conceptos de violación. En apoyo de lo anterior se invoca la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de datos: Época: Séptima Época. Registro: 239006. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 24, Tercera Parte. Materia(s): Común. Página: 49, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Cabe precisar, que este órgano de control constitucional está impedido para realizar el análisis y pronunciamiento oficioso respecto a si la respuesta dada a la petición de la parte quejosa es congruente con lo peticionado, en virtud que, la parte quejosa no amplió la demanda. Al respecto es aplicable la Jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Época: Décima Época, Registro: 160517, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, Materia(s): Común, Tesis: VI.1o.A.61 K (9a.), Página: 3838, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. SI EL JUICIO DE AMPARO SE PROMOVIÓ POR VIOLACIÓN A ESE DERECHO, ADUCIÉNDOSE ÚNICAMENTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DAR RESPUESTA A LO PEDIDO, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ JURÍDICAMENTE IMPOSIBILITADO PARA PRONUNCIARSE OFICIOSAMENTE SOBRE LA CONGRUENCIA DE LA RESPUESTA RECAÍDA A LA PETICIÓN DEL QUEJOSO, SI ÉSTA SE DIO A CONOCER DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO DE GARANTÍAS SIN QUE SE HAYA AMPLIADO LA DEMANDA DE AMPARO. Si en un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, en el que únicamente se reclamó en la demanda primigenia la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a una solicitud del quejoso formulada por escrito, en forma pacífica y respetuosa, la autoridad responsable acompaña a su informe justificado la respuesta respectiva emitida durante el trámite del juicio constitucional, o con anterioridad a éste, es inconcuso que el Juez de Distrito está obligado a dar al peticionario de amparo la oportunidad procesal de ampliar la demanda de garantías contra dicho nuevo acto de naturaleza positiva, pues de no hacerlo así, incurre en una violación procesal que debe reparar el órgano revisor en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que en ese supuesto, al margen del contenido de la respuesta, el Juez federal al dictar sentencia definitiva sólo podrá analizar el acto reclamado a la luz de los conceptos de violación primigenios, es decir, habrá de limitarse a señalar que la respuesta de la responsable extinguió la omisión reclamada inicialmente, pues ante la ausencia de conceptos de violación diversos no estaría en condiciones legales de pronunciarse de oficio sobre la congruencia de la respuesta recaída a la petición, analizando el fondo de ésta, toda vez que ello en realidad constituiría una variación de la litis constitucional que carece de justificación jurídica, en la medida de que la subgarantía primigenia reclamada fue de naturaleza omisiva, sin que el Juez federal pueda analizar oficiosamente, en ausencia de concepto de violación alguno, el contenido del acto positivo cuya congruencia se relaciona con una subgarantía distinta, y que no fue reclamado expresamente por el quejoso al no darle la oportunidad de ampliar la demanda de amparo en su contra, o no haber ejercido ese derecho procesal el gobernado. Por ende, se estima que inclusive de resultar incongruente la respuesta recaída a la petición, es el propio quejoso quien a través de la ampliación de demanda debe estar en oportunidad de hacer valer dicha incongruencia como subgarantía diversa, o más aún, de combatir el fondo de la respuesta confrontando su contenido con una garantía constitucional distinta a la contenida en el artículo 8o. de la Ley Fundamental, lo que le depara un mayor beneficio procesal y práctico, que la mera concesión de amparo por la supuesta incongruencia de lo respondido, a fin de lograr una impartición de justicia completa en cumplimiento al artículo 17 de la Constitución General de la República." SEXTO. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, por auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós, se hizo de su conocimiento lo establecido en los artículos 1°, 3°, 4°, 9° y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación electrónica de diez de agosto de dos mil veintidós, que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XXI, con el diverso 77, fracción II, a contrario sensu, y 63 fracción IV, todos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por *** por propio derecho, en términos de lo expresado en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese a la parte quejosa y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por lista, en los estrados de este órgano jurisdiccional en términos del artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo, por tratarse de una sentencia dictada en audiencia constitucional, por oficio a las autoridades responsables; dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE y anótese en el libro de registro.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado jurídico procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo al no encontrarse debidamente integrado el expediente en que se actúa, toda vez que para la parte quejosa está transcurriendo el término que se le concedió en auto de doce de septiembre de esta propia anualidad, para que manifieste lo que a su derecho corresponda en relación al informe justificado rendido por las autoridades responsables. En consecuencia, para dar margen a la integración del juicio de amparo en que se actúa, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS DEL CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su desahogo. Por otra parte, se ordena la notificación del presente proveído a las autoridades responsables por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que constituye un acuerdo de mero trámite.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, doce de septiembre de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; por medio del cual remite copia autorizada con firmas autógrafas del acuerdo de dos de septiembre del año en curso, dictado dentro del expediente laboral 411/2017, de su índice. Ahora bien, y toda vez que los efectos del amparo fueron para que la autoridad responsable antes mencionada, hiciera lo siguiente: ". a) De no haberlo hecho, de manera inmediata decrete el cierre de la etapa probatoria, y en seguida proceda a decretar el cierre de instrucción, desahogue el periodo de alegatos, y hecho ello, en los mismos plazos legales, dicte el laudo correspondiente dentro del juicio laboral 411/2017. En la inteligencia de que todo lo anterior deberá realizarse en los plazos previstos en la Ley; y no se declarará cumplida la ejecutoria de amparo hasta en tanto se dicte el citado laudo correspondiente." En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, por conducto de su presidenta Miriam Cortes Cisneros, para que dentro del término de DIECISÉIS DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, se sirva remitir copia certificada del laudo dictado en el juicio laboral 411/2017, de su índice. Apercibida que, de no hacerlo, se hará acreedora a una multa de cien unidades de medida y actualización, con arreglo en el artículo 192, relacionado con el 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Es de precisarse, que el término otorgado a la responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida, lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto, del ordenamiento legal invocado. Ahora bien, puntualícese a la autoridad responsable que el presente requerimiento se formulará por única ocasión, pues si bien el numeral 192 de la actual Ley de Amparo establece que en el mismo proveído se deberá requerir en términos similares al superior jerárquico, no menos cierto, es que en el presente asunto, en oncordancia con la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Decima Época, libro IV, enero de dos mil doce, tomo 4, visible a página tres mil quinientos quince, de rubro "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO", se establece que la responsable debe ser atendida como un órgano jurisdiccional plenamente autónomo, por tanto, no cuenta con superior jerárquico alguno; dicho criterio no se opone a lo dispuesto en la nueva Ley de Amparo, acorde a lo indicado en el punto sexto transitorio. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo, así como con el punto segundo del Acuerdo General Número 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de Inejecución de Sentencia no se realizará un requerimiento subsecuente; puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo razonable estipulado, lo procedente es remitir el expediente al órgano colegiado correspondiente, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional.
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