María de Lourdes Domínguez Casillas

Expediente 1133/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1133/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
20/01/2022

Partes del expediente

  • María de Lourdes Domínguez Casillas
  • Décima Quinta Junta Especial de lo Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se tiene del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se desprende que no obra la notificación personal a la parte quejosa ordenada en el auto de seis de octubre de dos mil veintiuno, a través del cual se declaró cumplida la ejecutoria de amparo y se ordenó el archivo del juicio de amparo en que se actúa.En consecuencia, se comisiona al actuario judicial de la adscripción a efecto de que realice dicha diligencia y una vez hecha, la vincule al expediente electrónico.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, seis de octubre de dos mil veintiuno. Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento. Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí parte quejosa, en los siguientes términos: ".SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En atención al considerando quinto de la presente resolución y de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, se precisa que el amparo y protección de la Justicia Federal otorgado al quejoso, es para el efecto de que el Actuario adscrito a la Décima Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, realice de manera inmediata los emplazamiento de las demandadas en el juicio laboral ********************(quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como "********************", ubicada en avenida ********************, número ********************, oficina ********************, ********************, Torre Icon 2********************, colonia ********************, Jalisco, personas morales para quienes prestó sus servicios la quejosa; quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como ********************, ubicada en avenida ********************, número ********************, oficina ********************, ********************, Torre Icon 2********************, colonia ********************, Jalisco; a ********************, en el domicilio ubicado en avenida ********************, número ********************, oficina ********************, ********************, Torre Icon 2********************, colonia ********************, Jalisco). ." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por comunicado 1900/AMPAROS/2979/2021, el presidente auxiliar, el actuario notificador y el secretario adscritos a la Decimoquinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, allegaron un legajo certificado, con el que acreditaron que el diecinueve y veinte de agosto de la anualidad en curso, se realizaron las notificaciones y emplazamientos a juicio de las partes demandadas en el conflicto laboral ********************de su índice. Con lo cual, en proveído de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que manifestara lo que a su derecho convenga, sin que hubiere realizado manifestación alguna, como se aprecia en la certificación de cuenta. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que las autoridades responsables cumplieron con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que atendieron los lineamientos del fallo protector, esto es, dentro del procedimiento laboral se emplazó a las demandadas. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en ningún supuesto previsto por el artículo Décimo Quinto del referido Acuerdo, atento a lo precisado en el manual para la organización de los archivos judiciales y resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que permanezcan en este juzgado los documentos exhibidos por la parte quejosa, los cuales se encuentran glosados, se le requiere para que acuda a este Juzgado de Distrito a recoger dichos documentos, dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así se establece en los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Apercibida que de no acudir por estos, en el plazo indicado, podrán ser depurados junto con el expediente, sin ulterior acuerdo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Firme resolución. Vista la certificación de cuenta se hizo constar que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, en la que por una parte se sobreseyó en este juicio, y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y así, hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo hayan hecho, en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme. Efectos de la sentencia de amparo. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que los efectos de la concesión del amparo son los siguientes: ".SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En atención al considerando quinto de la presente resolución y de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, se precisa que el amparo y protección de la Justicia Federal otorgado al quejoso, es para el efecto de que el Actuario adscrito a la Décima Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, realice de manera inmediata los emplazamiento de las demandadas en el juicio laboral 144/2021/15-D (quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como "ASSAD INDUSTRIAL, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable", ubicada en avenida Empresarios, número 255, oficina 3, planta baja, Torre Icon 23, colonia Puerta de Hierro en Zapopan, Jalisco, personas morales para quienes prestó sus servicios la quejosa; quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como ASSAD INDUSTRIAL REAL ESTATE, ubicada en avenida Empresarios, número 255, oficina 3, planta baja, Torre Icon 23, colonia Puerta de Hierro en Zapopan, Jalisco; a María Fernanda Valencia Assad, en el domicilio ubicado en avenida Empresarios, número 255, oficina 3, planta baja, Torre Icon 23, colonia Puerta de Hierro en Zapopan, Jalisco). ." Autoridades responsables informan cumplimiento de sentencia. En otro contexto, se tiene por recibido el oficio 1900/AMPAROS/2979/2021 suscrito por el presidente auxiliar, el actuario notificador y el secretario adscritos a la Decimoquinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, a través del cual, informan y acreditan con un legajo certificado que el diecinueve y veinte de agosto de la anualidad en curso, se realizaron las notificaciones y emplazamientos a juicio de las partes demandadas en el conflicto laboral 144/2021/15-D de su índice. Vista a la parte quejosa. Bajo dicha circunstancia, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga respecto a lo informado en el citado juicio laboral de origen; en el entendido que de no hacerlo dentro del plazo otorgado, una vez que se certifique que éste ha fenecido, de oficio se proveerá lo que en derecho corresponda. Resulta aplicable al presente caso, el siguiente criterio jurisprudencial que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)" Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1133/2021, promovido por María de Lourdes Domínguez Casillas, por conducto de su apoderado especial, contra actos de la Décima Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y otra; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil veintiuno y turnado a este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, María de Lourdes Domínguez Casillas, por conducto de su apoderado especial, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14, 17 y 133 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El ocho de julio de dos mil veintiuno, previa prevención, se admitió a trámite la demanda de amparo, misma que se registró con el número 1133/2021; se ordenó requerir a la autoridad responsable por su informe de ley; se dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y acuerdo 41/2018 emitido por dicho Pleno, en virtud de que se reclaman actos atribuidos a un tribunal laboral con residencia en el territorio en el cual este Juzgado Federal ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda y su escrito aclaratorio, se advierte que lo es: A la Décima Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y su actuario adscrito, les reclama la omisión de emplazar a la parte demandada (quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como "ASSAD INDUSTRIAL, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable", ubicada en avenida Empresarios, número 255, oficina 3, planta baja, Torre Icon 23, colonia Puerta de Hierro en Zapopan, Jalisco, personas morales para quienes prestó sus servicios la quejosa; quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como ASSAD INDUSTRIAL REAL ESTATE, ubicada en avenida Empresarios, número 255, oficina 3, planta baja, Torre Icon 23, colonia Puerta de Hierro en Zapopan, Jalisco; a María Fernanda Valencia Assad, en el domicilio ubicado en avenida Empresarios, número 255, oficina 3, planta baja, Torre Icon 23, colonia Puerta de Hierro en Zapopan, Jalisco) en el juicio laboral 144/2021/15-D. TERCERO. Existencia de la materia de reclamo. Son parcialmente ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables. Por cuanto hace la omisión por parte del Actuario adscrito a la Décima Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, debe decirse que esta es cierta, pues la autoridad fue omisa en rendir su informe justificado, lo que opera la presunción de que es cierto el acto reclamado; certeza que se corrobora con la copia certificada del acuerdo de trece de agosto de dos mil veintiuno, que remitió la Junta responsable, de la que se advierte que ordenó el emplazamiento a las demandadas y, sin que en el caso, exista constancia con la que se acredite que sí fueron realizado; de ahí que, se insiste, se tiene por cierto el acto reclamado al actuario. Por otro lado, es inexistente el acto reclamado a la Décima Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, consistente en la omisión de emplazar a la parte demandada; ello, toda vez que no se está ante una omisión, sino a un imposibilidad, pues la autoridad encargada de realizar el emplazamiento en un juicio laboral, resulta ser el actuario adscrito y no la Junta por sí. En efecto, el artículo 625 de la Ley Federal del Trabajo, establece que el personal de la Junta de Conciliación y Arbitraje estará compuesto, entre otros, por actuarios; asimismo, el diverso numeral 640 de la misma ley, establece o precisa cuáles son las faltas especiales de los actuarios, siendo estas del tenor siguiente: "Artículo 640.- Son faltas especiales de los Actuarios: I. No hacer las notificaciones de conformidad con las disposiciones de esta Ley; II. No notificar oportunamente a las partes, salvo causa justificada; III. No practicar oportunamente las diligencias, salvo causa justificada; IV. Hacer constar hechos falsos en las actas que levanten en ejercicio de sus funciones; V. No devolver los expedientes inmediatamente después de practicar las diligencias; y VI. Las demás que establezcan las leyes." De lo anterior se colige que, es responsabilidad del actuario adscrito a una Junta de Conciliación y Arbitraje, la de notificar de conformidad con las disposiciones de la Ley laboral, así como también hacerlas oportunamente, salvo causa justificada. En ese tenor, es claro que la realización del emplazamiento en el juicio laboral, una vez que fue ordenado por la Junta de Conciliación y Arbitraje, constituye o le corresponde exclusivamente al actuario adscrito a esta, por lo que, su omisión, es de igual forma solamente atribuible o imputable a dicho funcionario público. En ese tenor, resulta inconcuso que no existe la omisión reclamada a la Décima Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. Es aplicable la jurisprudencia 99/2018, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos.". Así, ante la inexistencia de dicha omisión, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo por lo que hace a esta, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En ese orden, no se advierte causa de improcedencia del juicio constitucional, ni alguna invocada por las partes qué analizar, por lo que se procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Es innecesario transcribir los motivos de inconformidad formulados por la parte quejosa, pues no existe disposición que obligue a ello, ya que lo importante es que no se dejen de analizar en su integridad. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del Tomo XXXI, Novena Época, bajo la voz y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Omisión del actuario adscrito de emplazar a las demandadas en el juicio laboral. Sostiene la parte quejosa que, en el caso, el actuario adscrito a la Junta del conocimiento ha sido omiso en emplazar a juicio a la parte demandada en el sumario laboral, trascurriendo en demasía el término que la propia ley contempla para ello. Es fundado el concepto de violación. Ahora bien, el artículo 17 constitucional, que ordena que la administración de justicia se imparta dentro de los plazos que fijen las leyes. ".Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". El análisis del precepto constitucional transcrito permite arribar al conocimiento de que es una obligación fundamental del Estado que los tribunales estén expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, gratuita e imparcial. Estos cuatro atributos del derecho concerniente a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 192/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI de octubre de dos mil siete, visible en la página doscientos nueve, registro Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De esos atributos, resulta útil para resolver el asunto el referido a la justicia pronta, que consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Así, el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuyo origen se encuentra en el derecho de fuente internacional y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, que subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: I. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; II. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; III. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; IV. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, V. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Además, en materia de términos y plazos existe una remisión de la norma fundamental a las leyes, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, como lo establece la jurisprudencia en materia constitucional P./J. 113/2001, emitida por el aludido Tribunal Pleno, de rubro y texto: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." En esa tesitura, el artículo 17 constitucional decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone la prohibición de tramitar y resolver tales controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes. La naturaleza expeditiva de este derecho se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidas al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes, a saber: 1. La primera, consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; 2. La segunda, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. En ambos casos, dicha violación se patentiza a partir de una omisión de la autoridad responsable de ajustarse a los términos y plazos legales, es decir, a través de una conducta negativa, en oposición conceptual a lo que es un acto en sentido estricto o una manifestación positiva de un hecho. De esta manera, la omisión de la autoridad de impartir justicia en forma pronta tiene naturaleza esencial de tracto sucesivo, ya que produce una solución de continuidad en el incumplimiento de la garantía en cuestión, que se sucede momento a momento y genera esa situación o estado permanente de las cosas, que no se subsana mientras persista la actitud omisiva, la cual se reproduce día con día, lo mismo que sus consecuencias ya apuntadas, que se materializan de la misma manera. Expuesto lo anterior y teniendo un conocimiento exacto del derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia, toca ahora analizar la situación del caso concreto. Para ello, es menester acudir a la legislación secundaria, a efecto de dilucidar si la misma fija un plazo dentro del cual se deban efectuar los emplazamiento, de cuya realización tardía se duele el peticionario. El artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, prevé que la Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda y que, dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio. Ahora, de lo manifestado por la parte quejosa en la demanda, se tiene que desde el tres de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó a la responsable emplazar a juicio a la parte demandada -fecha en la cual se avocó al conocimiento según se advierte de las manifestaciones que realizó la quejosa bajo protesta de decir verdad y contra la cual no obra prueba en contrario-, sin que a la fecha se tenga noticia de que lo haya hecho. Consecuentemente, si a la fecha no se ha efectuado el emplazamiento al juicio laboral de origen, es indudable que no se cumple con la obligación legal que tiene la autoridad de realizar ese llamamiento y, por ende, resulta violatorio del artículo 17 constitucional, de ahí que se concede el amparo solicitado. Por tanto, resulta pertinente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa para los efectos que se precisarán en el siguiente considerando. Finalmente, no pasan inadvertidos los alegatos efectuado por el Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional; empero, debe decirse que en el caso el suscrito estima que no es necesario pronunciarse puntualmente respecto estos pues no se está haciendo valer alguna causa de improcedencia. Resulta aplicable la jurisprudencia 122/2019, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo II, página 1534, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LOS JUECES DE DISTRITO DEBEN PRONUNCIARSE EN SU SENTENCIA SOBRE AQUELLOS EN LOS QUE SE PLANTEEN CUESTIONES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO; SIN EMBARGO, LA OMISIÓN DE ESTUDIAR DICHOS ARGUMENTOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE NO DA LUGAR A LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El artículo 124 de la Ley de Amparo dispone, entre otras cuestiones, que en la audiencia constitucional se recibirán los alegatos por escrito que formulen las partes, y que el quejoso podrá alegar verbalmente en los casos extraordinarios expresamente ahí previstos, de lo que se advierte que el legislador estableció en dicha figura un derecho procesal de las partes a formularlos, una formalidad para su presentación, así como una obligación procesal del Juez de Distrito de recibirlos y pronunciarse respecto de ellos en su resolución, de ser necesario, como lo es cuando en dichos alegatos se hacen valer cuestiones de improcedencia. Sin embargo, la omisión del Juez de Distrito de emitir algún pronunciamiento relacionado con dichos argumentos de improcedencia constituye una violación que no da lugar a la reposición del procedimiento, ya que el artículo 93 de la Ley de Amparo impone al Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión la obligación de ocuparse de ellos, en aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de evitar dilaciones innecesarias en la resolución del asunto. SEXTO. Efectos de la concesión. En atención al considerando quinto de la presente resolución y de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, se precisa que el amparo y protección de la Justicia Federal otorgado al quejoso, es para el efecto de que el Actuario adscrito a la Décima Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, realice de manera inmediata los emplazamiento de las demandadas en el juicio laboral 144/2021/15-D (quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como "ASSAD INDUSTRIAL, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable", ubicada en avenida Empresarios, número 255, oficina 3, planta baja, Torre Icon 23, colonia Puerta de Hierro en Zapopan, Jalisco, personas morales para quienes prestó sus servicios la quejosa; quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como ASSAD INDUSTRIAL REAL ESTATE, ubicada en avenida Empresarios, número 255, oficina 3, planta baja, Torre Icon 23, colonia Puerta de Hierro en Zapopan, Jalisco; a María Fernanda Valencia Assad, en el domicilio ubicado en avenida Empresarios, número 255, oficina 3, planta baja, Torre Icon 23, colonia Puerta de Hierro en Zapopan, Jalisco). Cabe destacar, que el alcance de la concesión del amparo se delimita en función de la etapa procedimental en la que se sitúa la actuación reclamada dentro del juicio laboral, sin comprender los actos subsecuentes; lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias de amparo, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de la materia, así como en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), registro 2005150, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María de Lourdes Domínguez Casillas, contra el acto reclamado de la Décima Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, que precisado quedó en el considerando segundo y por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a María de Lourdes Domínguez Casillas, contra el acto reclamado del Actuario adscrito a la Décima Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, que precisado quedó en el considerando segundo y por las razones expuestas en el considerando quinto y para los efectos precisados en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Lo sentenció y firma Juan Alberto Ramírez Díaz, Secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por encontrarse gozando de su período vacacional, el titular del juzgado, Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, según información contenida en el oficio CCJ/ST/2851/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Marco Aurelio Araiza Arroyo, secretario que autoriza y da fe.

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