María de Lourdes Cruz Sandoval

Expediente 56/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
56/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
11/05/2017

Partes del expediente

  • María de Lourdes Cruz Sandoval

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, y téngase al Secretario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, comunicando el proveído de nueve de mayo de este año, dictado por su titular en el juicio 1007/2017 y acumulados, en el que se acusa recibo del oficio por el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 56/2017 promovido por María de Lourdes Cruz Sandoval, e informa que lo admitió a trámite. En tales condiciones, atento a lo ordenado en el Punto Vigésimo, fracción I), del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece que este expediente no es de relevancia documental y es susceptible de destrucción, una vez transcurridos más de seis meses a partir del día de la fecha. Por último, previas anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno, remítase este cuaderno de antecedentes como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Actuario Judicial adscrito a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, remite el auto de veinticuatro de febrero del año en curso dictado en el incidente de inejecución derivado del Incidente de Cumplimiento Sustituto 1/2014, así como el expediente original del juicio de amparo 1818/2008 en dos tomos y dos legajos de pruebas. Acúsese el recibo correspondiente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y glósese sólo lo actuado en el cuaderno de antecedentes que obra por separado y, en su oportunidad, con apoyo en el ordinal 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto totalmente concluido. En atención a lo ordenado en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hace constar que este expediente es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, debiéndose conservar la demanda, sentencia y ejecutoria. Por otro lado, este juzgado estima que no tiene valor jurídico o histórico trascendental por el cual deba conservarse; por tanto, en cumplimiento del párrafo segundo del punto decimoprimero del mencionado acuerdo, hágase la anotación correspondiente en la carátula y asiéntese la fecha en que se ordena su archivo. En razón de lo expuesto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, trasládese al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, de autos se advierte que obran dos legajos por separado remitidos por el Secretario de Acuerdos "B" del Juzgado Vigésimo Octavo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia y por el Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, ambos de la Ciudad de México; por tanto, al ser innecesaria su retención se ordena su devolución a dichas autoridades, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta por el cual el Actuario Judicial adscrito al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informa que por auto de treinta y uno de enero del año en curso se admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en esta Ciudad, el cual se registró con el número C.C.A. 6/2017, de lo que se toma conocimiento. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta por el cual la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, comunica el proveído de veinticuatro de enero del año en curso dictado en el juicio de amparo 160/2017 de su índice, en el que ordena devolver los autos originales del sumario en que se actúa e informa que no acepta la competencia declinada por este juzgado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este órgano jurisdiccional, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y expídase el acuse de recibo correspondiente. Las consideraciones que sustentan la negativa para aceptar la competencia planteada, consisten en esencia en lo siguiente: Que el acto reclamado consiste en la omisión del Secretario de Economía, de aplicar lo dispuesto en el artículo 28 constitucional, párrafos primero y segundo, en relación a las obligaciones conferidas en el artículo 34, fracciones, I, II, III, VII, VIII, IX, XI, XIII y XVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esto es, abstenerse de fijar los precios de combustible y zonificarlos, lo que a su decir, obliga a los consumidores a pagar los precios exagerados que son desproporcionados e inequitativos. Que la naturaleza material de los actos omisivos reclamados es regulatoria, que no tiene vinculación o relación directa con el ámbito de competencia económica, puesto que no versa sobre temas relacionados con el proceso de competencia y libre concurrencia, ya sea para la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas o demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios. Que por tal razón no se cumple con la condición establecida en el punto cuarto transitorio del Acuerdo General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación de nuevos órganos judiciales en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, que estableció que dichos órganos especializados conocerían de los amparos indirectos y los recursos derivados de ellos relacionados con la materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Que la materia de competencia y de regulación aun cuando son complementarias, difieren entre sí, ya que la primera se refiere a que los mercados se desarrollen en condiciones de libre competencia y concurrencia y la segunda se encarga de analizar y determinar las mejores condiciones y estrategias para permitir competencia en los mercados y, Que derivado de esa diferencia, no se surte la hipótesis que le otorgue competencia al juzgado oficiante, ya que no se puede establecer que la omisión reclamada afecte de manera directa la libre competencia y concurrencia en los mercados, a través de prácticas que afecten su buen funcionamiento. Razonamiento que no se comparte, ya que como se estableció en proveído de diecinueve de enero del año en curso el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la omisión por parte de la Secretaría de Economía para fijar los precios de los combustibles (gasolina y diésel) de conformidad con el numeral 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva de las facultades que le fueron otorgadas de manera expresa a la Comisión Reguladora de Energía. A efecto de verificar dicha afirmación es necesario tener en consideración el contenido del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cual establece en la parte conducente: "Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la (sic DOF 03-02-1983) prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a ls (sic DOF 03-02-1983) prohibiciones a título de protección a la industria. En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses. [.] El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado. [.]." En términos de lo anterior, se expidió la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética a efecto de establecer un marco normativo cuyo objeto sea la organización y funcionamiento de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y establecer sus competencias; entre ellos, la Comisión Regulatoria de Energía, quien en términos de los artículos 41 y 42 de la citada ley es la encargada de regular, supervisar y promover el desarrollo eficiente de las actividades de transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio al público de las gasolinas y el diesel, así como promover la competencia en el sector y proteger los intereses de los usuarios. Atendiendo a dichas atribuciones, el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete establece: "DÉCIMO SEGUNDO. Durante 2017 y 2018 los precios al público de las gasolinas y el diésel se determinarán de conformidad con lo siguiente: I. La Comisión Reguladora de Energía, tomando en cuenta la opinión que emita la Comisión Federal de Competencia Económica, emitirá los acuerdos o el cronograma de flexibilización para que durante los años de 2017 y 2018 los precios al público se determinen bajo condiciones de mercado. Los acuerdos o el cronograma se establecerán por regiones del país. La Comisión Reguladora de Energía podrá modificar dichos acuerdos o cronograma, con base en la evolución de las condiciones de mercado y el desarrollo de la infraestructura de suministro en el país, entre otros factores. La Comisión Reguladora de Energía deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos o el cronograma actualizados. Las modificaciones únicamente podrán llevarse a cabo para adelantar el momento a partir del cual los precios al público se determinarán bajo condiciones de mercado. [.]." Así, el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel previsto en el artículo Transitorio Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017, emitido por la Comisión Reguladora de Energía a efecto de regular la flexibilización de precios bajo condiciones de mercado y, el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis se publicó el Acuerdo "Acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación", emitido por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, donde se informaron las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación. De lo transcrito se advierte que ahí se contempla que la Comisión Reguladora de Energía, tomando en cuenta la opinión que emita la Comisión Federal de Competencia Económica, emitirá los acuerdos o el cronograma de flexibilización para que durante los años de dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, los precios al público en materia de venta de combustibles (gasolina y diesel) se determinen bajo condiciones de mercado, estableciendo para ello una mecánica para el establecimiento de tales precios y una cronografía de cómo se realizará su implementación. Aspectos que se estima recaen en el campo del derecho económico, en su vertiente de la competencia económica. En tal sentido, la Juez de Distrito oficiante aduce que la materia regulatoria y la competencia económica, aun cuando son complementarias, se refieren a cuestiones distintas, ya que la segunda procura el desarrollo de mercados en condiciones de libre competencia y concurrencia, mientras que la primera únicamente se encarga de analizar y determinar las mejores condiciones y estrategias para permitir la competencia en los mercados. De lo relatado se deduce que la regulación para procurar las mejores condiciones de mercado tiene como finalidad la competencia efectiva de los agentes económicos y la libre concurrencia a éste por los consumidores, por lo que su estudio no puede analizarse de manera separada, ya que como lo afirma la juzgadora de mérito, ambas resultan complementarias entre sí al regirse por los mismos principios. Consecuentemente, el acto que se reclama se encuentra relacionado con un tema de competencia económica y libre concurrencia, que surge de la actividad reguladora de los organismos autónomos a los que se alude en el artículo 28 Constitucional, cuya estudio por especialización corresponde a un Juez de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, y no a la administrativa genérica. En este orden de ideas, con apoyo en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se insiste que la competencia para conocer de la demanda de amparo corresponde a un Juez de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, por lo que con fundamento en el numeral 48, de la Ley de Amparo, se ordena remitir estos autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, a fin de que lo remita al Tribunal Colegiado, en turno, con el objeto de que se sirva determinar qué juzgado de distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo. Notifíquese.

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