María de Lourdes Chávez Herrera

Expediente 1185/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1185/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
09/05/2022

Partes del expediente

  • María de Lourdes Chávez Herrera
  • Enrique Santana Chávez
  • Montserrat Santana Chávez
  • Enrique Santana Soto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio suscrito por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa de recibo del oficio 8868, por el cual se le remitieron las constancias que adjuntó al informe justificado, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que por auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso en el presente juicio de amparo, y el veintinueve siguiente dicha determinación causó ejecutoria; en consecuencia, devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, mismo que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiéranse éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 1185/2021, promovido por Hilda Diana Pineda Suquilvide, en cuanto mandataria de María de Lourdes Chávez Herrera, así como Enrique y Montserrat ambos de apellidos Santana Chávez, por su propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, Hilda Diana Pineda Suquilvide, en cuanto mandataria de María de Lourdes Chávez Herrera, así como Enrique y Montserrat ambos de apellidos Santana Chávez, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado de Distrito, por lo que se registró bajo el expediente 1185/2021 y la admitió en proveído de veintiuno de enero de enero de dos mil veintidós; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se reconoció el carácter de tercero interesado a Enrique Santana Soto, por lo que se ordenó su emplazamiento. Asimismo, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo,51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que reside en un lugar en donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, los actos reclamados por la parte quejosa al Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, y a la Juez Quinto de Primera Instancia Oral Familiar, consiste en: La resolución dictada el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en el toca I-271/2021, por medio del cual resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de cinco de octubre de dos mil veintiuno, dictado por la Juez Quinto de Primera Instancia Oral Familiar, dentro del juicio ordinario familiar 692/2019 que sobre divorcio sin expresión de causa promovió Enrique Santana Soto, frente a María de Lourdes Chávez Herrera. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, y a la Juez Quinto de Primera Instancia Oral Familiar; pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañó la primera de las autoridades, consistente en el toca I-271/2021. Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de ahí que se tengan debidamente probados los actos reclamados. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. La promovente de amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. En principio debe decirse que devienen inoperantes por inatendibles los múltiples motivos de inconformidad tendentes a demostrar esencialmente, que la resolución de la juez natural contiene una serie de contradicciones. Ello es así, toda vez que tales conceptos de violación rebaten diversos aspectos sobre la actuación del resolutor de primera instancia al emitir el auto impugnado vía apelación, lo cual no puede ser aquí atendido, pues esa decisión judicial no es materia del presente juicio de amparo, sino únicamente la resolución emitida en la alzada por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en la que declaró parcialmente fundados pero inoperantes los agravios expuestos por María de Lourdes Chávez Herrera, e improcedentes los formulados por Montserrat y Enrique Santana Chávez, por lo que técnica y legalmente los argumentos enderezados a combatir el fallo judicial preliminar son ineficaces. En apoyo a lo anterior, es de citar la Jurisprudencia I.6o. C. J/4, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito, publicada en la página 121, del Tomo III, Enero de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, CUANDO IMPUGNAN UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE YA FUE SUSTITUIDA POR OTRA DE SEGUNDO GRADO.- Si los conceptos de violación se encuentran orientados a impugnar la valoración que de un hecho hizo el Juez de primera instancia, en la sentencia que cesó en sus efectos puesto que se apeló la misma y se dictó fallo de segundo grado, los conceptos señalados resultan inoperantes, por no poderse analizar una sentencia que ya fue sustituida por la de segunda instancia.". En otra parte de los conceptos de violación, la parte quejosa esgrime medularmente, que es absurdo el sustento del magistrado al señalar que María de Lourdes Chávez no tenía la representación legítima de sus hijos Montserrat y Enrique Santana Chávez; pasando por alto la figura del gestor, dado que la primera actuó en ese acto jurídico (ratificación de convenio), como gestora oficiosa de sus hijos al recibir en nombre de ellos la cesión de derechos, elevándose a categoría de sentencia ejecutoriada, y que si bien dicho convenio fue la base para disolver el vínculo matrimonial, ahora el ad quem le niega validez jurídica. Que si bien tanto Montserrat y Enrique Santana Chávez son mayores de edad y cuentan con capacidad de ejercicio, también lo es que no les corresponde ejercitar acción alguna para reclamar sus derechos. Argumentos que devienen infundados e inoperantes. Se dice de este modo, toda vez que la parte quejosa parte de una premisa falsa, a saber que el Magistrado Civil responsable negó de validez jurídica al convenio celebrado entre las partes para disolver el vínculo matrimonial y que se elevó a categoría de cosa juzgada; cuando en realidad lo que sustentó el ad quem, fue: Que de las constancias de autos se desprendía que, tanto el actor Enrique Santana Soto, como la demandada María de Lourdes Chávez Herrera, suscribieron propuesta de convenio, el cual ratificaron ante la presencia judicial, el cual fue aprobado elevándose a la categoría de sentencia ejecutoriada. Que aun y cuando el citado convenio fue elevado a categoría de sentencia ejecutoriada, también lo era que María de Lourdes Chávez herrera, no tenía la representación legal de sus hijos quienes eran mayores de edad. Que por ello, carecía de legitimación de la causa para exigir a su ex cónyuge el cumplimiento del convenio traducido en la cesión de derechos de la casa habitación ahí descrito, en favor de sus hijos, los que, por ser mayores de edad y, contar con la capacidad de ejercicio están en aptitud de ejercitar lo que consideren conveniente a efecto de reclamar los derechos y acciones que estimen tener a su favor respecto al convenio de referencia. Que aun y cuando Montserrat y Enrique Santana Chávez, Impugnaron el proveído materia del recurso, manifestando que les perjudica porque ya estaba hecha la cesión en su favor, el ejercicio de las acciones, ya sea principales o incidentales, requiere la existencia real o presunta de un derecho, lo que implica que solo pueden ser intentadas por quienes tengan la titularidad del mismo; y en este caso el proveído materia de la apelación recayó en las gestiones de parte de su progenitora, no a una promoción de su parte. Que por ello, no resultaba factible ocuparse de las alegaciones que formula la accionada en el sentido de que no le asiste razón al actor al pretender revocar la cesión de derechos, ya que hace notar, es cosa juzgada, por las razones antes puntualizadas. Es decir, el tribunal de alzada, nunca negó de validez al convenio celebrado en autos, por el contrario precisó que fue ratificado y elevado a categoría de cosa juzgada; asimismo sostuvo que la quejosa María de Lourdes Chávez Herrera, no tenía representación legítima de sus hijos mayores de edad, que por ello carecía de legitimación para exigir a su excónyuge el cumplimiento del convenio traducido en la cesión de un inmueble en favor de éstos, quienes se encontraban en aptitud de reclamar los derechos y acciones que estimaran tener; además que el proveído materia de la apelación había surgido a las gestiones de parte de su progenitora, no a una promoción de su parte; e incluso, la responsable ni siquiera abordó el estudio de las alegaciones que formuló en el sentido de que no le asistía razón al actor al pretender revocar la cesión de derechos y que hizo notar, ya era cosa juzgada, por las razones que puntualizó. Argumentos que por cierto, se encuentran debidamente fundados y motivados, en virtud que, además de apoyarse en los preceptos 275, 1053 del Código Familiar, 1194 del Código Civil y 2º, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, señaló las causas inmediatas, circunstancias especiales y razones particulares por las que determinó -en esencia- que eran fundados pero inoperantes los agravios expuestos por María de Lourdes Chávez Herrera, e improcedentes los que hicieron valer Montserrat y Enrique Santana Chávez, pues estimó que la primera carecía de representación legal de sus hijos para exigir a su ex cónyuge, el cumplimiento del convenio traducido en la cesión de derechos de un inmueble, los que por ser mayores de edad, cuentan con la capacidad de ejercicio para ejercitar los derechos y acciones que estimen tener a su favor. Sirve como sustento a lo predecesor, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su otrora integración, plasmada en la página 143, del Tomo 97-102, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es "decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Argumentos que por cierto no combatió, por lo que deben quedar incólumes por falta de ataque, pues únicamente se limitó a señalar que no le correspondía ejercitar acción alguna para reclamar sus derechos. Además, el argumento tendente a evidenciar que la quejosa María de Lourdes Chávez Herrera, actuó en la ratificación de convenio, como gestora oficiosa de sus hijos al recibir en nombre de ellos la cesión de derechos, deviene inoperante por novedoso, toda vez que no se planteó en los agravios expresados en la segunda instancia, por lo que, este juzgador se encuentra imposibilitado para abordar su estudio, al no ser factible examinar la constitucionalidad de la resolución combatida a la luz de razonamientos sobre los cuales no tuvo oportunidad de pronunciarse la responsable. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o.A. J/7, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL. Si en los conceptos de violación se formulan argumentos que no se plantearon ante la Sala Fiscal que dictó la sentencia que constituye el acto reclamado, los mismos son inoperantes, toda vez que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la sentencia combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues como tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas." En las condiciones apuntadas, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación propuestos, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E Primero. Por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Hilda Diana Pineda Suquilvide, en cuanto mandataria de María de Lourdes Chávez Herrera, así como Enrique y Montserrat ambos de apellidos Santana Chávez, por su propio derecho, en contra del acto reclamado y acto que quedó especificado en el considerando segundo del propio fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y por oficio a las responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintiocho de marzo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano