María de Lourdes Carmona Hernández

Expediente 33/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
33/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
04/11/2020

Partes del expediente

  • María de Lourdes Carmona Hernández
  • María de Lourdes Carmona Hernández y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor; por tanto, se declara que el proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, ha quedado firme. Por tanto, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo octavo, artículo 21, inciso d) de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención a que carece de relevancia documental, y al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo.

  2. Principal

    Agréguese a los autos, el oficio con anexo del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, a través del cual, remite testimonio de la ejecutoria pronunciada dentro del recurso de queja Q-****/2020 de su índice. En tales condiciones, acúsese recibo del testimonio recibido y anótese lo procedente en el libro de gobierno, así como, en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise). Ahora bien, de la ejecutoria de cuenta se advierte que la citada superioridad resolvió lo siguiente: "UNICO. Se declara FUNDADO el recurso de queja interpuesto por ****, por propio derecho, contra el auto de veintiuno de enero de dos mil veinte, dictado por el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el juicio de Amparo ****/2020." En consecuencia, en atención a lo determinado por la Superioridad, de la lectura de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se desprende que la parte quejosa reclama: Del Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de la Circunscripción Territorial de Puebla "El acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, en el recurso registral identificado con número de control interno ****, a través del cual se requirió a la quejosa subsanara su solicitud de recurso administrativo". Del Juez Tercero en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla y del Secretario de Acuerdos par adscrito a dicho Juzgado: "La orden de reinscripción del bien embargado en los autos del juicio ejecutivo mercantil ****/2008, ingresada el siete de enero de dos mil diecinueve, inscrita el diecisiete de diciembre del mismo año". I. Separación de juicios. Precisado lo anterior, se desprende que la quejosa ****, reclama diversos actos emanados de diferentes procedimientos, ya que por un lado reclama del Registrador Público de la Propiedad del Estado de Puebla, la resolución de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, relacionada con el control interno ****; y por otro lado, reclama del Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla y del Secretario de acuerdos par, la orden de inscripción de embargo, sobre bienes de su representado. Por lo que se concluye que los actos reclamados son de naturaleza distinta emitidos por diferentes autoridades en distintas materias (Administrativa y Civil); es por ello que debe analizarse por separado, a fin de facilitar la administración de justicia... De las constancias que duran en autos se advierte que el acto reclamado fue emitido por diversas autoridades en procedimientos diversos; en atención a tal circunstancia y al hecho de que el presente asunto se rige por la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la cual entró en vigor al día siguiente, es necesario hacer referencia al artículo sexto transitorio de dicho ordenamiento, el cual señala: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley" En primer plano es necesario establecer que la separación de juicios es procedente en los casos en que el juez de amparo advierta, durante el trámite del juicio y hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, de la existencia de los supuestos para ello; en cuyo caso iniciará su trámite, el cual será en la vía incidental cuando ya esté iniciada, con suspensión del procedimiento principal, con audiencia de las partes y resolución que decrete la separación... Es decir, que la exigencia de separar los juicios nace de la existencia de actos reclamados en un sólo juicio de amparo, derivados de juicios diversos desvinculados entre sí... En razón de lo anterior, la promovente reclama actos distintos, por lo que debe analizarse por separado, a fin de facilitar la administración de justicia en términos del artículo 17 Constitucional; por tanto, y en atención a lo ordenado por la superioridad, con fundamento en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, interpretados a contario sensu, se declara procedente la separación de juicios. Es importante señalar que el objetivo primordial de las separación de juicios es que se logre una tramitación más diáfana en los juicios de amparo, para evitar que en lo futuro se dicten fallos complicados y confusos en su comprensión, además de evitar en lo posible las complicaciones en su cumplimiento y facilitar la tramitación de los recursos que llegaren a interponerse. II. Medidas a adoptar. En mérito de lo determinado en el párrafo que antecede, procede establecer lo relativo al trato que se dará a al diverso acto reclamado, tal y como lo establece la jurisprudencia del rubro siguiente: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA." Así, el expediente en que se actúa, deberá proseguir con el acto reclamado atribuido al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de la Circunscripción Territorial de Puebla, consistente en el acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, en el recurso registral identificado con número de control interno ****, a través del cual se requirió a la quejosa subsanara su solicitud de recurso administrativo. Por otra parte, respecto del acto reclamado atribuido al Juez Tercero en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla y del Secretario de Acuerdos par adscrito a dicho Juzgado, consistente en la orden de reinscripción del bien embargado en los autos del juicio ejecutivo mercantil ****/2008, ingresada el siete de enero de dos mil diecinueve, inscrita el diecisiete de diciembre del mismo año"; habrá de formarse nuevo juicio de amparo. Por consiguiente, se determina que habrá de tramitarse en el órgano al que por razón de turno o conocimiento previo determine la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, dado que estará en nuevo juicio como se verá a continuación, en términos de los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regulen el funcionamiento, supervisión y control de la oficinas de correspondencia común de los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Ill. Formación y remisión de cuaderno. Luego, debido a que fue procedente la separación de juicios a que se refiere este acuerdo, se ordena enviar copia certificada de la papeleta de turno, de la demanda de amparo, del presente auto, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que sea turnada por separado como nueva demanda de amparo a los Juzgados de Distrito de la especialización, en turno; en la inteligencia, que conocerá respecto del siguiente acto y autoridades responsables siguientes: Del Juez Tercero en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla y del Secretario de Acuerdos par adscrito a dicho Juzgado: "La orden de reinscripción del bien embargado en los autos del juicio ejecutivo mercantil ****/2008, ingresada el siete de enero de dos mil diecinueve, inscrita el diecisiete de diciembre del mismo año". Por consiguiente, se ordena girar oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con el fin de que realice el turno correspondiente. Por lo que se solicita de manera atenta al juzgado que corresponda el nuevo juicio, remita a este juzgado el acuse respectivo. En último lugar, se hace del conocimiento de la parte quejosa, que el trámite del nuevo juicio deberá continuarlo ante el órgano que por razón de turno determine la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. IV. Decisión sobre la procedencia de la demanda. Ahora bien, como se precisó en párrafos anteriores este Juzgado de Distrito proveerá lo relativo al acto reclamado y autoridades responsables siguientes: Del Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de la Circunscripción Territorial de Puebla "El acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, en el recurso registral identificado con número de control interno ****, a través del cual se requirió a la quejosa subsanara su solicitud de recurso administrativo". Previo a proveer sobre la admisión de la citada demanda, es preciso mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que ante todo se examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, conforme a lo que en seguida se expone... Como se mencionó en párrafos anteriores, este juzgado resuelve en cuanto al acto reclamado consistente en el acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, en el recurso registral identificado con número de control interno ****, a través del cual se requirió a la quejosa subsanara su solicitud de recurso administrativo. De ahí que previo a la lectura de los antecedentes de los actos reclamados, se considera improcedente el juicio de amparo, por actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en tanto que dicho acto no es de imposible reparación. Para justificar lo anterior, debe señalarse que a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo actual, un "acto dentro de juicio cuyos efectos son de imposible reparación" y contra los cuales procede el amparo indirecto, es aquel que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo el quejoso sentencia definitiva favorable a su interés. En los actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga sólo de las leyes adjetivas. Entonces, la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y tales derechos deben afectar en lo material a aquéllos de naturaleza sustantiva, expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, señala que el juicio biinstancial será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la misma ley; esto es, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, que opera cuando resultare de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los que señala el invocado artículo. Por su parte, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. En tanto que, la fracción V del numeral 107 de la ley de la materia, indica que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, es evidente que el juicio de amparo será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo, lo que significa que de conformidad con los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de la Materia, en los actos reclamados que no sean de imposible reparación, el Juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo. En el caso que nos ocupa, se desprende que la resolución de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve; no afecta los derechos sustantivos de la parte quejosa, que es contra los actos respecto de los que procede el juicio de amparo biinstancial, ya que no implica una afectación directa y material a sus derechos fundamentales y que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, atendiendo a que en dicha resolución se requirió a la quejosa para que subsane la solicitud del recurso administrativo registral, apercibida que, en caso de no hacerlo, se remitirá tal recurso a la autoridad resolutora con las inexactitudes que éste presenta; por tanto, dicha determinación no afecta de manera directa algún derecho sustantivo, pues para el caso de no atender dicho requerimiento, la consecuencia es que su recurso lo remitan ante la autoridad facultada para resolverlo, sin que ello implique que se resuelva de manera desfavorable. Aunado a ello, de conformidad con el artículo 1394 del Código de Comercio, en cuestiones de embargo el juez de la causa tiene jurisdicción para decidir sobre su continuación, tal numeral señala lo siguiente: "Art. 1,394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al demandado sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio. En todos los casos, practicada la diligencia de ejecución decretada, el ejecutor entregará también al ejecutante copia del acta que se levante o constancia firmada por él, en que conste los bienes que hayan sido embargados y el nombre, apellidos y domicilio del depositario designado. La copia o constancia que se entregue al ejecutante podrá servir para el caso de haberse embargado bienes inmuebles, para que la misma se presente al Registro Público de la Propiedad, o del Comercio, dentro de los tres días siguientes, para su inscripción preventiva, la cual tendrá los mismos efectos que se señalan para los avisos de los notarios en los términos de la parte final del artículo 3016 del Código Civil, y el juez, dentro de un término máximo de cinco días, deberá poner a disposición del interesado el oficio respectivo junto con copia certificada de la diligencia de embargo para su inscripción. El juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el Registro Público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores." Del último párrafo del artículo en cita se advierte que el juez de la causa en ningún momento suspenderá jurisdicción en lo relativo al embargo, su inscripción en el Registro Público correspondiente, desembargo, rendición de cuentas por el depositario y demás medidas urgentes o provisionales. Por lo que, con independencia de las resultas del recurso administrativo registral de origen, la peticionaria puede modificar los efectos de tal actuación acudiendo al juez de la causa -quien tiene jurisdicción respecto del embargo trabado en autos- y solicitarle lo relativo a su cancelación y sólo en caso de una negativa del juez de origen, podría acudir a esta instancia constitucional... En ese sentido, si la quejosa está en posibilidades de acudir al juez de la causa y solicitarle la cancelación de la anotación del embargo trabado sobre el bien inmueble de su propiedad, entonces la determinación emitida en el recurso en cita, no constituye un acto de imposible reparación, dado que puede ser subsanable a través del juez de la causa. En consecuencia, al no tener el acto reclamado la naturaleza de irreparable; con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, por su manifiesta e indudable improcedencia.

  3. Principal

    Agréguese a los autos, el oficio con anexo del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, a través del cual, remite testimonio de la ejecutoria pronunciada dentro del recurso de queja Q-****/2020 de su índice. En tales condiciones, acúsese recibo del testimonio recibido y anótese lo procedente en el libro de gobierno, así como, en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise). Ahora bien, de la ejecutoria de cuenta se advierte que la citada superioridad resolvió lo siguiente: "UNICO. Se declara FUNDADO el recurso de queja interpuesto por ****, por propio derecho, contra el auto de veintiuno de enero de dos mil veinte, dictado por el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el juicio de Amparo ****/2020." En consecuencia, en atención a lo determinado por la Superioridad, de la lectura de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se desprende que la parte quejosa reclama: Del Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de la Circunscripción Territorial de Puebla "El acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, en el recurso registral identificado con número de control interno ****, a través del cual se requirió a la quejosa subsanara su solicitud de recurso administrativo". Del Juez Tercero en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla y del Secretario de Acuerdos par adscrito a dicho Juzgado: "La orden de reinscripción del bien embargado en los autos del juicio ejecutivo mercantil ****/2008, ingresada el siete de enero de dos mil diecinueve, inscrita el diecisiete de diciembre del mismo año". I. Separación de juicios. Precisado lo anterior, se desprende que la quejosa ****, reclama diversos actos emanados de diferentes procedimientos, ya que por un lado reclama del Registrador Público de la Propiedad del Estado de Puebla, la resolución de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, relacionada con el control interno ****; y por otro lado, reclama del Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla y del Secretario de acuerdos par, la orden de inscripción de embargo, sobre bienes de su representado. Por lo que se concluye que los actos reclamados son de naturaleza distinta emitidos por diferentes autoridades en distintas materias (Administrativa y Civil); es por ello que debe analizarse por separado, a fin de facilitar la administración de justicia... De las constancias que duran en autos se advierte que el acto reclamado fue emitido por diversas autoridades en procedimientos diversos; en atención a tal circunstancia y al hecho de que el presente asunto se rige por la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la cual entró en vigor al día siguiente, es necesario hacer referencia al artículo sexto transitorio de dicho ordenamiento, el cual señala: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley" En primer plano es necesario establecer que la separación de juicios es procedente en los casos en que el juez de amparo advierta, durante el trámite del juicio y hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, de la existencia de los supuestos para ello; en cuyo caso iniciará su trámite, el cual será en la vía incidental cuando ya esté iniciada, con suspensión del procedimiento principal, con audiencia de las partes y resolución que decrete la separación... Es decir, que la exigencia de separar los juicios nace de la existencia de actos reclamados en un sólo juicio de amparo, derivados de juicios diversos desvinculados entre sí... En razón de lo anterior, la promovente reclama actos distintos, por lo que debe analizarse por separado, a fin de facilitar la administración de justicia en términos del artículo 17 Constitucional; por tanto, y en atención a lo ordenado por la superioridad, con fundamento en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, interpretados a contario sensu, se declara procedente la separación de juicios. Es importante señalar que el objetivo primordial de las separación de juicios es que se logre una tramitación más diáfana en los juicios de amparo, para evitar que en lo futuro se dicten fallos complicados y confusos en su comprensión, además de evitar en lo posible las complicaciones en su cumplimiento y facilitar la tramitación de los recursos que llegaren a interponerse. II. Medidas a adoptar. En mérito de lo determinado en el párrafo que antecede, procede establecer lo relativo al trato que se dará a al diverso acto reclamado, tal y como lo establece la jurisprudencia del rubro siguiente: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA." Así, el expediente en que se actúa, deberá proseguir con el acto reclamado atribuido al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de la Circunscripción Territorial de Puebla, consistente en el acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, en el recurso registral identificado con número de control interno ****, a través del cual se requirió a la quejosa subsanara su solicitud de recurso administrativo. Por otra parte, respecto del acto reclamado atribuido al Juez Tercero en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla y del Secretario de Acuerdos par adscrito a dicho Juzgado, consistente en la orden de reinscripción del bien embargado en los autos del juicio ejecutivo mercantil ****/2008, ingresada el siete de enero de dos mil diecinueve, inscrita el diecisiete de diciembre del mismo año"; habrá de formarse nuevo juicio de amparo. Por consiguiente, se determina que habrá de tramitarse en el órgano al que por razón de turno o conocimiento previo determine la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, dado que estará en nuevo juicio como se verá a continuación, en términos de los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regulen el funcionamiento, supervisión y control de la oficinas de correspondencia común de los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Ill. Formación y remisión de cuaderno. Luego, debido a que fue procedente la separación de juicios a que se refiere este acuerdo, se ordena enviar copia certificada de la papeleta de turno, de la demanda de amparo, del presente auto, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que sea turnada por separado como nueva demanda de amparo a los Juzgados de Distrito de la especialización, en turno; en la inteligencia, que conocerá respecto del siguiente acto y autoridades responsables siguientes: Del Juez Tercero en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla y del Secretario de Acuerdos par adscrito a dicho Juzgado: "La orden de reinscripción del bien embargado en los autos del juicio ejecutivo mercantil ****/2008, ingresada el siete de enero de dos mil diecinueve, inscrita el diecisiete de diciembre del mismo año". Por consiguiente, se ordena girar oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con el fin de que realice el turno correspondiente. Por lo que se solicita de manera atenta al juzgado que corresponda el nuevo juicio, remita a este juzgado el acuse respectivo. En último lugar, se hace del conocimiento de la parte quejosa, que el trámite del nuevo juicio deberá continuarlo ante el órgano que por razón de turno determine la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. IV. Decisión sobre la procedencia de la demanda. Ahora bien, como se precisó en párrafos anteriores este Juzgado de Distrito proveerá lo relativo al acto reclamado y autoridades responsables siguientes: Del Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de la Circunscripción Territorial de Puebla "El acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, en el recurso registral identificado con número de control interno ****, a través del cual se requirió a la quejosa subsanara su solicitud de recurso administrativo". Previo a proveer sobre la admisión de la citada demanda, es preciso mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que ante todo se examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, conforme a lo que en seguida se expone... Como se mencionó en párrafos anteriores, este juzgado resuelve en cuanto al acto reclamado consistente en el acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, en el recurso registral identificado con número de control interno ****, a través del cual se requirió a la quejosa subsanara su solicitud de recurso administrativo. De ahí que previo a la lectura de los antecedentes de los actos reclamados, se considera improcedente el juicio de amparo, por actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en tanto que dicho acto no es de imposible reparación. Para justificar lo anterior, debe señalarse que a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo actual, un "acto dentro de juicio cuyos efectos son de imposible reparación" y contra los cuales procede el amparo indirecto, es aquel que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo el quejoso sentencia definitiva favorable a su interés. En los actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga sólo de las leyes adjetivas. Entonces, la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y tales derechos deben afectar en lo material a aquéllos de naturaleza sustantiva, expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, señala que el juicio biinstancial será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la misma ley; esto es, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, que opera cuando resultare de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los que señala el invocado artículo. Por su parte, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. En tanto que, la fracción V del numeral 107 de la ley de la materia, indica que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, es evidente que el juicio de amparo será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo, lo que significa que de conformidad con los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de la Materia, en los actos reclamados que no sean de imposible reparación, el Juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo. En el caso que nos ocupa, se desprende que la resolución de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve; no afecta los derechos sustantivos de la parte quejosa, que es contra los actos respecto de los que procede el juicio de amparo biinstancial, ya que no implica una afectación directa y material a sus derechos fundamentales y que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, atendiendo a que en dicha resolución se requirió a la quejosa para que subsane la solicitud del recurso administrativo registral, apercibida que, en caso de no hacerlo, se remitirá tal recurso a la autoridad resolutora con las inexactitudes que éste presenta; por tanto, dicha determinación no afecta de manera directa algún derecho sustantivo, pues para el caso de no atender dicho requerimiento, la consecuencia es que su recurso lo remitan ante la autoridad facultada para resolverlo, sin que ello implique que se resuelva de manera desfavorable. Aunado a ello, de conformidad con el artículo 1394 del Código de Comercio, en cuestiones de embargo el juez de la causa tiene jurisdicción para decidir sobre su continuación, tal numeral señala lo siguiente: "Art. 1,394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al demandado sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio. En todos los casos, practicada la diligencia de ejecución decretada, el ejecutor entregará también al ejecutante copia del acta que se levante o constancia firmada por él, en que conste los bienes que hayan sido embargados y el nombre, apellidos y domicilio del depositario designado. La copia o constancia que se entregue al ejecutante podrá servir para el caso de haberse embargado bienes inmuebles, para que la misma se presente al Registro Público de la Propiedad, o del Comercio, dentro de los tres días siguientes, para su inscripción preventiva, la cual tendrá los mismos efectos que se señalan para los avisos de los notarios en los términos de la parte final del artículo 3016 del Código Civil, y el juez, dentro de un término máximo de cinco días, deberá poner a disposición del interesado el oficio respectivo junto con copia certificada de la diligencia de embargo para su inscripción. El juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el Registro Público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores." Del último párrafo del artículo en cita se advierte que el juez de la causa en ningún momento suspenderá jurisdicción en lo relativo al embargo, su inscripción en el Registro Público correspondiente, desembargo, rendición de cuentas por el depositario y demás medidas urgentes o provisionales. Por lo que, con independencia de las resultas del recurso administrativo registral de origen, la peticionaria puede modificar los efectos de tal actuación acudiendo al juez de la causa -quien tiene jurisdicción respecto del embargo trabado en autos- y solicitarle lo relativo a su cancelación y sólo en caso de una negativa del juez de origen, podría acudir a esta instancia constitucional... En ese sentido, si la quejosa está en posibilidades de acudir al juez de la causa y solicitarle la cancelación de la anotación del embargo trabado sobre el bien inmueble de su propiedad, entonces la determinación emitida en el recurso en cita, no constituye un acto de imposible reparación, dado que puede ser subsanable a través del juez de la causa. En consecuencia, al no tener el acto reclamado la naturaleza de irreparable; con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, por su manifiesta e indudable improcedencia.

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