Maria de Lourdes Cardona Castellanos

Expediente 599/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 34 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
599/2023
Año
2023
Actuaciones
34
Última actuación
12/09/2023

Partes del expediente

  • Maria de Lourdes Cardona Castellanos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a doce de septiembre de dos mil veintitrés. Ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en los presentes autos; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; comuníquese lo anterior a las partes. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración documental. Este expediente es destruible, una vez cumplidos tres años de que se emite el presente acuerdo, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se tramitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Expediente electrónico. En el entendido que el secretario de la adscripción certificó que todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de control y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a treinta de agosto de dos mil veintitrés. Escrito. Se tiene por recibido el escrito signado electrónicamente por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de los documentos originales que aduce la parte quejosa anexó a su demanda, agréguese a las actuaciones para que obre como legalmente corresponda. Acuerdo. En relación a las manifestaciones del autorizado de la quejosa, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, en razón de que lo que señala como "diversas constancias", consisten en los autos y notificaciones remitidas por la autoridad responsable, al tramitarse el juicio de amparo de forma inicial, por la vía directa. Ahora bien, si lo que refiere el signante como documentos originales son los que mencionó en su escrito inicial de demanda, dígasele que mediante proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, no se le tuvo ofreciendo dichas documentales en razón de que no se adjuntaron a la demanda de amparo; por tanto, no existen documentos que devolver y por ende este juzgador se encuentra imposibilitado a acordar conforme a su petición. Notifíquese.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 599/2023-III-A AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Torreón, Coahuila, a las doce horas con diez minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Jorge Trejo Veloz, secretario quien da fe, la declaró abierta sin la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta con la demanda de amparo promovida por la parte quejosa y con los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación del Agente del Ministerio Público del Federación adscrito. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta al Juez con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tiene por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegaciones en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo. VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el trece de enero de dos mil veintitrés, ante la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, ********************compareció a presentar demanda de amparo directo, en contra las autoridades y actos que a continuación se transcriben: III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- 1.- Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila. 2.- C. Actuario CRISTIAN ALEXANDER RODRÍGUEZ VILLAGRANA adscrito a los Juzgados Mercantiles de Primera Instancia del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, con domicilio conocido en esta ciudad como CENTRAL DE ACTUARIOS del Poder Judicial del Estado de Coahuila. 3.- POLICÍA CIVIL DE COAHUILA, con domicilio ubicado en Periférico Raúl López Sánchez s/n Parque Industrial La Amistad, 27094 Torreón, Coahuila. IV.- ACTO RECLAMADO.- La diligencia actuarial de fecha 08 (OCHO) DE DICIEMBRE DE 2022 ordenada por el C. JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TORREON, COAHUILA dentro de los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil, expediente número 949/2018. En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos y, señaló que los derechos humanos que en su concepto se vulneraron, son los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recepción. Por auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable recibió la demanda de amparo directo en comento y ordenó el emplazamiento de la tercera interesada y la remisión de la misma al Tribunal Colegiado correspondiente. Incompetencia legal. Mediante acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, el Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, declaró carecer de competencia legal por razón de la vía, por lo que declinó competencia en favor de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Trámite del juicio. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, este juzgado de distrito recibió la demanda en cuestión, aceptó la competencia en cuestión, y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 599/2023-III y en esa misma fecha se ordenó la aclaración de la demanda de amparo. Por proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo a la parte quejosa desahogando la prevención formulada y se admitió la demanda de amparo, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado correspondiente y se dio vista al Ministerio Público de la Federación y se ordenó el emplazamiento del tercero interesado; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, puesto que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta y, además, su ejecución tiene lugar en territorio donde este juzgado federal ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a fijar el acto reclamado en este juicio, el cual es el siguiente: La diligencia de embargo sobre bienes muebles, efectuada el ocho de diciembre de dos mil veintidós, en los autos del juicio ejecutivo mercantil 949/2018, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la hoy impetrante, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza de los actos. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, pues así lo reconocieron expresamente al rendir su informe con justificación, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener demostrado el acto de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Esta confesión, lejos de estar desvirtuada o contradicha en el juicio de amparo, se encuentra corroborada con las documentales enviadas por la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, adjuntas a su informe justificado, consistentes en copia certificada del Juicio Ejecutivo Mercantil 949/2018, cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, al contemplarlo el artículo 2 de la Ley de Amparo, al ser emitidos por la autoridad en ejercicio de sus funciones. Se cita al caso la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-200, Tomo VI, página 153, rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Y la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo VI, página 553, de contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CONSTANCIAS SUFICIENTES PARA APOYARLO. La autoridad responsable no tiene porqué remitir necesariamente con su informe justificado el expediente original del juicio generador del acto reclamado, pues en términos del párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, al rendir su informe las autoridades deben acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo, lo que sucede cuando, de las remitidas se desprende la existencia de los actos reclamados así como la justificación de los mismos". CUARTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. Lo anterior con fundamento en el referido numeral y con apoyo en la tesis jurisprudencial número J/5, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Mayo de 1991, página 95, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, no será necesario el estudio de los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, dado que este juzgado advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra disponen: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." El precepto 61 fracción XII, transcrito señala que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se traten de actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, en los términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo. Ciertamente tanto el interés jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, por así desprende de la interpretación del propio artículo 107 fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 5, en su párrafo quinto, de la Ley de Amparo, cuyo tenor es: "Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Lo anterior, pues debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales, como en el caso, necesariamente se requiere la impetrante cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sirve de apoyo la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1736 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo 2013, Tomo 2, Décima Época, con registro digital 2003067, de contenido siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Así como también la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 690, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, con registro digital 2012364, de contenido siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Ahora bien, la quejosa ********************comparece en su carácter de tercera extraña al juicio ejecutivo mercantil 949/2018, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, con residencia en esta ciudad, promovido por Juan Alberto Torres Muñoz, en su carácter de endosatario en procuración de Autofinanciamiento Limisa Sociedad Anónima de Capital Variable en contra de Pamela García Corona, Orlando Cardona Castellanos y Salvador Gustavo Cardona Ceniceros, del que reclama la orden para señalar y embargar bienes propiedad de la parte demandada, así como la diligencia de ocho de diciembre de dos mil veintidós, por la que el actuario respectivo señaló bienes para embargo. Ciertamente, con las constancias que obran en autos respecto del aludido juicio natural, las cuales ya fueron valoradas previamente por este juzgado en párrafos que anteceden, se patentiza que la quejosa es extraña al juicio de origen, por virtud de que no figura como parte actora ni demandada, ya que dicho procedimiento fue promovido por Juan Alberto Torres Muñoz, en su carácter de endosatario en procuración de Autofinanciamiento Limisa Sociedad Anónima de Capital Variable en contra de Pamela García Corona, Orlando Cardona Castellanos y Salvador Gustavo Cardona Ceniceros. Igualmente, se aprecia que mediante auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, el Juez responsable decretó auto de exequendo, con mandamiento en forma a fin de que en el acto de la diligencia se requiera a la parte demandada el pago de lo reclamado y en caso de no hacerlo, se le embargaran bienes de su propiedad que sean suficientes para garantizar el adeudo, debiendo poner en depósito los mismos en persona que nombre el actor. Asimismo, se advierte de autos que la mencionada diligencia se llevó a cabo el ocho de diciembre de dos mil veintidós, en el domicilio ubicado en ********************, en la cual se embargaron diversos bienes muebles. Así, en virtud de su carácter de tercera extraña al juicio, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, la quejosa tiene la obligación procesal de acreditar que los actos emanados de tal procedimiento, ocasionan en su esfera jurídica un agravio actual, inmediato y directo. En el caso concreto, la parte quejosa reclama, el embargo y secuestro de los bienes que refiere son de su propiedad y hace consistir en: Un comedor de madera con cubierta de cristal de 12 milímetros y ocho sillas. Gabineta de china con dos puertas de cristal y una de madera. Lavadora marca DAEVO modelo DWF-D203PW. Juego de Sala de tres piezas. Un refrigerador. Una Lavadora. Un horno de microondas. Una franja metálica color plata (sic). Un horno eléctrico. Una Pantalla Sony. Una Pantalla GHIA, y, Dos tanques de gas. Lo anterior dentro del juicio ejecutivo mercantil 949/2018, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, con residencia en esta ciudad. Por tanto, si la parte quejosa combate el señalamiento y embargo de los bienes muebles antes citados, resulta necesario que acredite tener un derecho jurídico respecto a aquéllos; sin embargo, la quejosa no ofreció medio de prueba alguna. Sin que obste a lo anterior, que en su demanda de amparo la quejosa manifestara ofrecer diversos medios de prueba, entre ellos las documentales que precisó y las testimoniales mencionadas en la misma; sin embargo, en auto de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, no se le tuvo ofreciendo las pruebas documentales que mencionó en su escrito de demanda, en razón de que no se adjuntaron a la demanda de amparo, y las pruebas testimoniales se desecharon por no haberse adjuntado el interrogatorio sobre el cual versarían. Atento a lo anterior, la quejosa no acredita el interés jurídico que dice tener sobre los bienes muebles que defiende, toda vez que quien se ostenta como tercera extraña a un procedimiento del que reclama el embargo de diversos bienes muebles, y para acreditar el interés jurídico que le asiste para la promoción del juicio constitucional, debe satisfacer tres requisitos, a saber: a) que cuente con la factura que acredite la propiedad del bien que defiende, para lo cual debe estar expedida a nombre del interesado y con la plena identificación de los bienes, b) dicha factura no debe ser objetada por ninguna de las partes, y, c) en caso de existir un endoso, que el mismo sea de fecha cierta. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 3a./J. 14/94, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos veintiocho, Tomo XIII, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época registro digital 206598, que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL CONTRA EL EMBARGO AHÍ PRACTICADO SOBRE BIENES MUEBLES DE SU PROPIEDAD. BASTAN PARA ACREDITARLO LAS FACTURAS NO OBJETADAS QUE IDENTIFIQUEN LOS BIENES. El artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la substanciación y decisión de los juicios de garantías por disposición expresa del artículo 2o., de la Ley de Amparo, establece que el documento proveniente de un tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta, y que en caso contrario, la verdad de su contenido debe demostrarse con otras pruebas. En consecuencia, siendo las facturas documentos privados, aun cuando provengan de terceros, hacen prueba en favor del quejoso y en contra del tercero perjudicado que no las objeta, debiendo tenerse, en este supuesto, como tácitamente reconocidas en cuanto a su autenticidad y contenido y, por ende, constituyen documentales suficientes para acreditar la propiedad de los bienes muebles embargados si están expedidas a nombre del agraviado e identifican dichos bienes de forma que permitan fijar su identidad. La propiedad así acreditada basta para estimar demostrado el interés jurídico en el amparo promovido por el tercero extraño al juicio natural contra el embargo ahí practicado sobre bienes muebles que alega son de su propiedad y posesión, sin que se requiera de ningún otro elemento probatorio, concretamente de la testimonial, para probar, por un lado, la vigencia del derecho de propiedad y la identidad de los bienes pues estos elementos están ya acreditados con las facturas de referencia, y por el otro, la posesión de dichos bienes pues su embargo afecta el derecho de propiedad sobre los mismos." En ese sentido, se reitera, la quejosa no acreditó el interés jurídico para demandar el amparo y la protección de la Justicia Federal en el presente juicio; pues dicho interés, para la promoción del presente juicio de amparo, debe estar demostrado fehacientemente y no inferirse con base en presunciones. Apoya a lo anterior, la tesis III.1o.A.25 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, editada en la página cuatrocientos uno, Tomo VI, Julio de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. Es obligación del promovente del amparo acreditar plenamente que el acto que reclama afecta su interés jurídico, pues éste no debe inferirse ni tenerse por cierto a base de presunciones, ya que ningún precepto de la Ley de Amparo establece que la sola presentación de la demanda de garantías y la relación de hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción." Así como, en lo conducente, por las razones que la informan, la jurisprudencia clave 1a./J. 123/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, página 1023, que reza: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA Y LA FRACTURA DE CERRADURAS DERIVADO DE UNA ORDEN DE EMBARGO, EN EL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD DONDE TIENE SU DOMICILIO. En un juicio de naturaleza civil, la persona extraña a juicio tiene interés jurídico para promover amparo indirecto contra la determinación que hace efectivo el apercibimiento contenido en una orden de embargo, en cuanto al uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras (en caso de oposición) sobre el inmueble de su propiedad y en el cual tiene su domicilio. Lo anterior, ya que la afectación a su esfera jurídica se produce porque con la citada orden existe la posibilidad de que se vulneren los derechos fundamentales a la propiedad e inviolabilidad del domicilio injustificadamente; de ahí que resulte procedente el juicio de amparo indirecto, cuando la persona extraña a juicio demuestra ser propietaria del inmueble y tener su domicilio en éste, sin que ello prejuzgue sobre el fondo del asunto, toda vez que la determinación de hacer efectivo dicho apercibimiento constituye la materia del amparo en el que habrá de dilucidarse si esa autorización se encuentra ajustada a derecho." En ese orden de ideas, la solicitud que realiza la parte quejosa en el presente juicio deviene improcedente al no haber justificado ser propietaria de los bienes muebles que defiende y que este derecho se vea afectado por la actuación de las autoridades que señaló como responsables, pues no debe soslayarse que tal interés, debe ser probado plenamente y no inferirse con base en presunciones; en tal sentido, carece de interés jurídico para reclamarla en esta instancia conforme al artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En conclusión, lo correcto es estimar que la falta de interés jurídico, hace improcedente el presente juicio de garantías, lo que motiva su sobreseimiento, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal; en tal sentido, lo conducente es SOBRESEER el presente juicio de garantías. Sobreseimiento en el juicio que debe hacerse extensivo en relación al acto reclamado de las autoridades responsables señaladas como ejecutoras, al no combatirse por vicios propios. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cincuenta, Tomo 24, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 239008, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo por los razonamientos expresados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a siete de agosto de dos mil veintitrés. Razón actuarial. Agréguense a los autos, para que obren como legalmente corresponda, las razones actuariales de cuenta, de las que se advierte el motivo por el cual al actuario judicial adscrito a este Juzgado Federal, no le fue posible emplazar a la tercera interesada Pamela García Corona en los domicilios aportados en proveído de veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Ahora bien, al examinar las constancias del juicio de origen, se advierte que dicha persona, así como Orlando Cardona Castellano y Salvador Gustavo Cardona Ceniceros no tienen interés en la subsistencia del acto reclamado, ya que éste fue gestionado exclusivamente por la parte ejecutante Autofinanciamiento Limisa, Sociedad Anónima de Capital Variable, de ahí que, solo está última tiene un interés contrario a la parte quejosa, cuya cuestión le confiere la calidad de tercera interesada, en términos del artículo 5°, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo. Regularización. En ese sentido, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento del presente juicio y se determina que no les asiste el carácter de terceros interesados a Pamela García Corona, Orlando Cardona Castellano y Salvador Gustavo Cardona, pues en el caso, tales personas no tienen un interés contrario a la parte quejosa, por lo que resulta evidente que no se afectan sus derechos a través del acto de autoridad que se reclama en el presente juicio de amparo. Es decir, aunque es cierto que tales personas tienen el carácter de parte demandada en el juicio de origen, sin embargo, tal hecho es insuficiente para llamarlos como terceros interesados, dado que dicha calidad solo le asiste al ejecutante Autofinanciamiento Limisa, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien ya fue emplazado al presente juicio. En consecuencia, se deja sin efecto la orden de emplazamiento de Pamela García Corona, así como a los diversos Orlando Cardona Castellano y Salvador Gustavo Cardona, ya que es innecesario al no tener la calidad de terceros interesados por los motivos expuestos. En apoyo se invoca la tesis aislada XXVII.9K, sostenida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito publicada en la página 1131, Tomo XVIII, Octubre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expresa: "TERCERO PERJUDICADO. SU CALIDAD NO DEPENDE DEL SEÑALAMIENTO DEL QUEJOSO NI DEL RECONOCIMIENTO DEL JUEZ DE DISTRITO, SINO DE QUE SE ACTUALICE ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO. La calidad de tercero perjudicado que pudiere tener un sujeto dentro del juicio de amparo no depende del señalamiento que a ese respecto haga el quejoso en la demanda de garantías, ni tampoco en el reconocimiento expreso que sobre tal cuestión pudiera hacer el Juez de Distrito, sino en el hecho de que se actualice alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 5o., fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; es decir, para dilucidar tal extremo y determinar ese carácter es indispensable establecer si por sus características o peculiaridades la situación específica del sujeto encuadra en algunos de los supuestos normativos a que se contrae el precepto legal anteriormente citado, pues sólo de esa manera se podrá arribar a la conclusión de si efectivamente tiene la calidad de tercero perjudicado." Notifíquese.

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