María de Lourdes Camargo Hernández

Expediente 725/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
725/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
14/08/2023

Partes del expediente

  • María de Lourdes Camargo Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja contra el auto de treinta y uno de julio del año en curso, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo con el que se formó este expediente; en tal razón, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívense las actuaciones como asunto concluido. Así, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, por lo que se ordena que una vez que transcurran tres años a esta fecha, se proceda a la destrucción previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el catorce de agosto de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 34 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.YNJR/kpp*

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de derechos fundamentales firmada conjuntamente por María de Lourdes Camargo Hernández, con tres copias y anexo; fórmese expediente y regístrese con el número 725/2023-I, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO En principio, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, dado que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por los quejosos y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide al operador jurídico sustentar consideraciones profundas o de gran amplitud. En la especie, este juzgador considera que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Para justificarlo, procede traer a contexto el aludido numeral, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Del citado numeral se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. También establece el citado precepto, que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En armonía con lo anterior, procede traer a colación lo previsto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, Constitucional y los diversos numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; dispositivos que en lo conducente establecen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Código Nacional de Procedimientos Penales "Artículo 109. Derechos de la Víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables. "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Del primero de los citado preceptos, se desprende que la víctima u ofendido del delito tiene derecho a impugnar ante el juez de control las omisiones del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación. Por su parte, los numerales del mencionado código procesal, contemplan que entre los derechos de las víctimas u ofendidos se encuentra el de impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el ejercicio de su facultad de investigación, lo que se traduce en un no hacer, un no actuar o una abstención de realizar por parte de dicha institución. Es consonancia con lo anterior, debe señalarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que en el sistema penal acusatorio las omisiones del Ministerio Público, en la etapa de investigación, son impugnables ante el Juez de Control, a través del medio de defensa que prevé el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y que dicho medio de impugnación debe agotarse antes de promover la instancia constitucional, en cumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Así se desprende de la jurisprudencia 27/2018 (10a.) visible en la página 945 del libro 57, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de 2018, de la Décima Época, con registro digital 2017641, que dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Y de la diversa jurisprudencia 28/2018 (10a.) también de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apreciable en la página 943 del libro 57, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de 2018, Décima Época, con registro digital 2017640, que dispone: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." De ahí que, previo a promover el juicio de amparo, la víctima o el ofendido, deben acudir ante el Juez de Control correspondiente, a través del medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para combatir las omisiones en que hubiese incurrido el fiscal responsable en la investigación de delitos. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama la omisión del Fiscal Distrito y de la Fiscal Tercera Orientadora de la Unidad de Atención Temprana del Décimo Noveno Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz, de llevar a cabo los actos de investigación en la carpeta UAT/D-XIX/1268/2018, de su índice. Asimismo, en su capítulo de antecedentes del acto reclamado, protesta de decir verdad, expone lo siguiente: -En diciembre de dos mil dieciocho, presentó denuncia ante la Fiscalía del Estado de Veracruz, con sede en San Andrés Tuxtla, quien la radicó bajo el número UAT/DXIX/1268/2018, ello derivado a que diversas personas se encontraban dentro de su propiedad ubicada en andador Ingenio Central Progreso 18, conjunto habitacional Lázaro Cárdenas, en la ciudad de Lerdo de Tejada, Veracruz, y al solicitarles que lo desocuparan, se negaron a retirarse. - El Fiscal respectivo giró oficio a la Unidad de Detectives de la Policía Ministerial de Lerdo de Tejeda, para que se realizaran las investigaciones relacionadas con los hechos denunciados. -El Fiscal encargado de la carpeta de investigación UAT/DXIX/1268/2018, envió citatorio a los denunciados para que comparecieran a una cita conciliación, sin que dicha parte se haya presentado. - Posteriormente, acudió a la Fiscalía del estado actual de su denuncia sin que le explicaran el trámite seguido en la carpeta de investigación respectiva, ya que no ha sido notificada de ninguna resolución que se hubiese dictado. Por tanto, si como ya se vio, en el caso se reclama, en esencia, la omisión del Fiscal Distrito y de la Fiscal Tercera Orientadora de la Unidad de Atención Temprana del Décimo Noveno Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz de llevar a cabo los actos de investigación en la carpeta UAT/D-XIX/1268/2018, de su índice; es claro que tal omisión es susceptible de reclamarse ante el Juez de Control correspondiente, en términos de lo reseñado por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y la aquí quejosa, en su calidad de víctima, debió agotarse dicho medio de impugnación, de forma previa al juicio de amparo. Además, debe decirse que no es óbice para arribar a la anterior conclusión, la eventual posibilidad de que la omisión reclamada pudiera considerarse como de imposible reparación, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que aún en esos casos debe observarse el principio de definitividad... Consecuentemente, como se anticipó, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; y, por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la citada ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que nos ocupa...

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