María de Lourdes Bertha Gomez Miranda

Expediente 937/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
937/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
29/07/2022

Partes del expediente

  • María de Lourdes Bertha Gomez Miranda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto de doce de julio de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE DICHO AUTO EN EL QUE SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un ???asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa

  2. Principal

    En la Ciudad de México, a doce de julio de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por el Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, informa que para estar en aptitud de otorgar la suficiencia presupuestal requerida, es necesario que la Dirección General de Recursos Humanos de la fiscalía citada remita la planilla de liquidación correspondiente y el oficio de solicitud de suficiencia presupuestal. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. En la Ciudad de México, a doce de julio de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por el Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, informa que para estar en aptitud de otorgar la suficiencia presupuestal requerida, es necesario que la Dirección General de Recursos Humanos de la fiscalía citada remita la planilla de liquidación correspondiente y el oficio de solicitud de suficiencia presupuestal. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, tomando en consideración que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, y con fundamento en el artículo 297, fracción I, del supletorio código adjetivo federal, REQUIÉRASE a la Directora General de Recursos Humanos y al Director General de Programación, Organización y Presupuesto, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el término de DIEZ DÍAS, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acrediten ante este Juzgado de Distrito haber realizado lo siguiente: a) La Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: haber remitido la planilla de liquidación respetiva y haber solicitado la suficiencia presupuestal por la cantidad que asciende a $21,670.47 (veintiún mil seiscientos setenta pesos 47/100 moneda nacional), por diferencias en el concepto de estímulo de profesionalización, disponibilidad y perseverancia correspondiente a la antigüedad y cargo desempeñado conforme a lo dispuesto por los artículos Décimo Tercero y Trigésimo Tercero del Acuerdo A/003/98.), en favor de la parte quejosa. b) El Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: haber otorgado la suficiencia mencionada en el párrafo anterior. En el entendido que, de acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción I del citado código, REQUIÉRASE al Coordinador General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en su calidad de superior jerárquico de las vinculadas responsables, las conmine a dar cumplimiento al fallo protector y remita a éste órgano jurisdiccional, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a las vinculadas responsables el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Apercibidas que en caso de omisión, se hará del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en razón de que en sesión de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó remitir los autos de la inejecución 4/2022 al máximo tribunal, lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Lo anterior, tomando en consideración el tiempo que ha trascurrido en exceso para acatar lo ordenado en el fallo protector dictado en autos, aunado a que el cumplimiento de una determinación judicial constituye una cuestión de orden público, por lo que deben evitarse actuaciones o decisiones que la dificulten. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra establece: SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO ES DE ORDEN PUBLICO DEBIENDOSE EVITAR ACTUACIONES O DECISIONES QUE LO DIFICULTEN O IMPIDAN. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107,fracción XVI, de la Constitución, y 105 y 113 de la Ley de Amparo, en cuanto a las medidas que deben adoptarse para lograr el cumplimiento de las sentencias de amparo, debe establecerse que éste es de orden público, lo que exige que las decisiones y acciones que se adopten en esa materia, no tiendan a propiciar la dificultad o imposibilidad de llegar a ese objetivo. Por consiguiente, si bien la improcedencia del incidente de inejecución de sentencia se produce cuando existe un acto que entraña un principio de cumplimiento, ello solo resulta aplicable cuando tal situación se presente con anterioridad a la promoción del referido incidente y no cuando ello ocurre durante su tramitación pues, en este caso, en el debe lograrse el pleno cumplimiento de la sentencia y proceder, en su caso, a adoptar las medidas consignadas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución (Época: Octava Época, Registro: 206968, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Junio de 1991, Materia(s): Común, Tesis: 3a. XCI/91, Página: 99). En ese sentido, no obstante no se desconoce que existe un procedimiento interno que se sigue dentro de dicha dependencia para realizar un pago, tratándose del cumplimiento de una sentencia de amparo que implica la entrega de recursos monetarios, las autoridades se encuentran obligadas a desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de sus atribuciones, para acatar la obligación constitucional que deriva de la sentencia, por lo que deberá atender el presente requerimiento de forma pronta y completa, en los términos fijados por este Juzgado de Distrito. Apoya lo anterior la jurisprudencia que establece: SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento. (Época: Novena Época, Registro: 162469, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 5/2011, Página: 10.) En el entendido, de que no se otorgara ninguna prórroga para atender lo solicitado en el presente proveído, por las razones anteriormente expuestas, por lo que transcurrido el termino aludido, en caso omiso de su parte, sin mayor providencia se hará efectivo el apercibimiento decretado. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, cinco de julio de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta en que el Subadministrador Desconcentrado de Recaudación, en suplencia por ausencia del Administrador Desconcentrado de Recaudación del Distrito Federal "1", con sede en la Ciudad de México, del Servicio de Administración Tributaria, en atención al requerimiento formulado en proveído de veintitrés de mayo del año en curso, exhibe la constancia con la que pretende acreditar el cabal cumplimiento del fallo protector; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar. Ahora, importa señalar que los parámetros de la ejecutoria de amparo, emitidos por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión R.A. 200/2019, son los siguientes: En virtud de las anteriores consideraciones, lo procedente es otorgar a la parte quejosa el amparo solicitado, en contra de la resolución reclamada de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, dictada en el expediente PTRI-S-001/2017 y sus acumulados PTRI-S-003/02017 y PRTRI-S-004/2017, amparo que debe hacerse extensivo a los actos de ejecución que se reclaman del Administrador General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, en virtud de ser fruto de un acto viciado y toda vez que no se atacan por vicios propios. La protección constitucional se otorga para el efecto de que la autoridad responsable Titular del Área de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, en Pemex Transformación Industrial, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos: 1.- Deje insubsistente la resolución reclamada de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, dictada en el expediente PTRI-S-001/2017 y sus acumulados PTRIVICTOR S-003/2017 y PTRI-S-004/2017, así como los actos de su ejecución que se hubieran llevado a cabo. 2.- Emita una nueva en la que determine que los quejosos no incurrieron en las conductas irregulares que se les atribuyeron, respectivamente, consistentes en la evasión o simulación del cumplimiento de las reglas o requisitos que derivan del segundo párrafo del apartado A, de la cláusula 13, del contrato de obra pública DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15. Con base en lo anterior, es conveniente precisar que del contenido de la copia certificada del oficio 400-72-00-06-02-2022- 10973, de veintisiete de junio del año en curso, que se anexa al oficio de cuenta, se desprende que se encuentra dirigido únicamente a uno de los promoventes del amparo y además hace alusión a ciertos mandamientos de ejecución, sin especificar a cuál de las sanciones pecuniarias impuestas en la resolución que se dejaró insubsistente, que obedece a los quejosos ODEBRECH INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, Gleiber José de Faria y CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, SOCIEDAD ANÓNIMA. En mérito de lo anterior, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, de conformidad con los artículos 192, 193, 194 y 197, en relación con los diversos 238 y 258, de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta al Administrador General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, en su carácter de autoridad directamente obligada al cumplimiento, para que dentro del improrrogable plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este????????juzgado de Distrito haber dejado sin efectos jurídicos los actos de ejecución derivados de la resolución de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, dictada en el expediente PTRIS- 001/2017 y sus acumulados PTRI-S-003/2017 y PTRI-S- 004/2017, y en su caso, las que se hubieran llevado a cabo, en particular, por lo que hace a las gestiones de cobro de las multas impuestas en la resolución de mérito por cada uno de los quejosos ODEBRECH INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, Gleiber José de Faria y CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, SOCIEDAD ANÓNIMA, por ser producto de un acto viciado, para lo cual deberá exhibir copia certificada completa y legible de las constancias con las que acrediten fehacientemente dichos extremos. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193, de la Ley de Amparo. b) En términos de los artículos 238 y 258 de dicha Ley, se impondrá a su titular multa por cien unidades de cuenta en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley de la materia, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la JEFA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, en su carácter de superior jerárquico del Administrador General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, la conmine en cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la directa responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí misma a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído, toda vez que conforme al artículo 194, de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos y forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí misma. Con el apercibimiento que, de no demostrar que dio la orden a la directa responsable o, en su caso, que no llevaron a cabo las acciones para cumplir la ejecutoria de amparo por sí mismas, se llevara a cabo el procedimiento descrito en párrafos que anteceden. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL En ese orden de ideas, es oportuno precisar que la finalidad objetiva perseguida por la Ley de Amparo vigente es que el procedimiento de ejecución de sentencias protectoras sea simple, expedito y rápido, entonces debe considerarse que en todo caso debe procurarse que el único plazo que se conceda a?????????? las autoridades responsables sea el de tres días, previsto en el segundo párrafo del artículo 192, razón por la cual las dos excepciones a este lapso deben ser de aplicación estricta y limitada, pues de lo contrario no se respetaría la finalidad antedicha, lo cual, a su vez, está relacionada con el deber de garantía derivado de los derechos humanos, así como con las garantías de acceso a la justicia y recurso efectivo. Lo anterior se observa de la exposición de motivos del decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, y que es del tenor siguiente: "Ejecución de las sentencias La ejecución de sentencias es, sin duda, uno de los temas más complejos e importantes del juicio de amparo. Su relevancia estriba en que la falta de materialización rápida de las sentencias hace que el juicio de amparo no tenga sentido, pues en los hechos se podría hacer de reparación irreparable el derecho que resulte protegido y resguardado por una de sentencia de amparo. Es claro que la ausencia de un desarrollo claro y sencillo de esta materia ha propiciado situaciones de indefensión y, en ciertos casos, de impunidad. Con el propósito de solucionar estas deficiencias, se ha buscado establecer una estructura nueva para, por una parte, unificar todas las cuestiones relacionadas dentro de un título y, por la otra, darle una denominación específica a cada uno de los supuestos de ejecución que de manera innominada prevé la ley en vigor o que se han creado por la tesis jurisprudenciales. En específico, la sentencia que otorga el amparo y protección de la justicia federal pierde su objetivo cuando se incumple o deja de observarse por los servidores públicos a quienes va dirigida. Por ello, sancionar a dichos servidores públicos no es trivial si se busca que las sentencias de amparo tengan realmente eficacia. Sin ser un punto de acuerdo generalizado, se estima que la interpretación correcta del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es en el sentido de que el Pleno de la Suprema Corte debe separar del cargo y consignar directamente ante el Juez de Distrito a la autoridad remisa con el propósito de que este órgano individualice la pena que le corresponde. De esta forma, la solución que se propone es en el sentido de que, con pleno respeto a la garantía de audiencia del sujeto involucrado, sea la propia Suprema Corte la que lleve a cabo esa individualización. [Lo destacado es propio]. En relación con lo anterior, los criterios jurisprudenciales emitidos por los órganos del Poder Judicial de la Federación facultados para ello, han establecido que el juzgador tiene la obligación de fijar un término prudente y determinado para que se cumpla la sentencia de amparo, para lo cual se debe considerar que el acto que debe realizar la autoridad responsable para cumplir con el fallo protector, no se trata de un asunto ordinario, sino extraordinario al haberse declarado la inconstitucionalidad del acto, por lo que dicha autoridad no debe darle el trato de un asunto ordinario, es decir, no debe someterlo a los mismos trámites administrativos ni los plazos máximos que tiene para ello, sino que se debe efectuar en un menor plazo, pues se insiste, la parte quejosa ya obtuvo una sentencia ejecutoria que constituye una norma individualizada a su favor y, que por ende, no puede ser condicionada su cumplimiento a los trámites burocráticos de la autoridad regulados por disposiciones administrativas internas ni a las cargas de trabajo de la autoridad. Sustentan las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, en lo conducente, los criterios de rubros siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. (Jurisprudencia número I.3.C. J/7 (10a.) Página 2892, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Enero de 2014, Décima Época). EJECUTORIA DE AMPARO, TÉRMINO PARA SU CUMPLIMIENTO. (Registro 340527, emitida por la Sala Auxiliar, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 907, Materia Común). EJECUTORIA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE VELAR POR SU EXACTO CUMPLIMIENTO, EN LAS CONDICIONES POR LAS QUE FUE CONCEDIDO EL AMPARO. (Tesis número IV.1.A.10 K (10a.) Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, página 2573). Notifíquese.??????????????? Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio signado por la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de siete de junio de dos mil veintidós, informa las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a lo requerido, por lo que solicita se le conceda una prórroga, por los motivos que expone. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Como lo solicita la autoridad oficiante, con apoyo en el artículo 297 fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE LE CONCEDE UN TÉRMINO DE DIEZ DÍAS, contados a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, para dar cumplimiento al citado requerimiento. Informándole que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de siete de junio de dos mil veintidós. Por otra parte, intégrese a los autos la copia de conocimiento signada por el Director de Relaciones Laborales y Prestaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, informa las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por este órgano jurisdiccional; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a sus autos el oficio de mérito para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 14,085 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano