Maria de Lourdes Benitez Gonzalez
Expediente 1119/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1119/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Maria de Lourdes Benitez Gonzalez
- Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito A la Unidad Especializada En Investigación de Delitos En Materia de Secuestro de la Fiscalia Especializada En Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalia General de la República
Actuaciones
- Principal
VISTA LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, SE ADVIERTE QUE EL TÉRMINO DE CINCO DÍAS ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO, PARA RECURRIR EL PROVEÍDO DE NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, TRANSCURRIÓ PARA LA PARTE QUEJOSA DEL DIECINUEVE AL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, SIN QUE SE HAYA HECHO VALER RECURSO ALGUNO; EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 356 FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, SE DECLARA QUE DICHO PROVEÍDO HA CAUSADO ESTADO, POR LO QUE PREVIAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO, ARCHÍVESE ESTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO. POR OTRA PARTE, SE HACE NOTAR QUE LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL PRESENTE ASUNTO COINCIDE EN SU TOTALIDAD CON EL EXPEDIENTE IMPRESO, COMO SE DESPRENDE DE LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA. HÁGASE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES QUE EL PRESENTE ASUNTO ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, EN VIRTUD DE QUE SE DICTÓ RESOLUCIÓN QUE SIN DECIDIR EL JUICIO EN LO PRINCIPAL, LO DIO POR CONCLUIDO. B
- Principal
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la demanda de garantías promovida por MARÍA DE LOURDES BENÍTEZ GONZÁLEZ, contra el acto del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República; fórmese expediente y regístrese en el libro de control electrónico de este Juzgado con el número 1119/2022-VII. Ahora bien, a efecto de proveer lo conducente, resulta pertinente establecer que, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Conforme al precepto transcrito, esta juzgadora se encuentra facultada a desechar de plano una demanda de garantías, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por otra parte, cabe precisar que de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, o sea, ni aun cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Así, en la demanda de garantías que dio origen al presente juicio de amparo, se desprende de los apartados correspondientes a autoridad responsable y acto reclamado, lo siguiente: "III- AUTORIDAD RESPONSABLE: Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República. (.) IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: Al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República reclamó la respuesta contenida en el Oficio FED/FEMDO/UEIDMS-FE "F"/3351/2022 de quince de noviembre de dos mil veintidós."´ Al respecto, la suscrita estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" Del contenido de este precepto se deduce que para que opere la causa de improcedencia por litispendencia que prevé, se requiere: 1.- De la existencia de otro juicio de amparo en el que singular quejoso hubiese reclamado los mismos actos atribuidos a las mismas autoridades; y, 2.- Que se encuentre pendiente de resolución firme, sin importar la violación alegada. En el entendido que para encuadrar en este último supuesto, es necesario que el asunto promovido no se haya resuelto en definitiva, o en su caso, al haberse dictado la determinación respectiva, se encuentre transcurriendo el plazo para la interposición del medio de impugnación que proceda, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda donde se hubiese reclamado los mismos actos atribuidos a las mismas autoridades, por idéntico quejoso. Apoya a lo anterior, en lo conducente, la Tesis I.11o.C.31 K (10a.), visible en la página 3029, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente.". Ahora bien, de la certificación de cuenta, se advierte que en este Juzgado Federal se encuentra radicado el diverso juicio de amparo 1118/2022-VI, promovido por MARÍA DE LOURDES BENÍTEZ GONZÁLEZ, de cuyas constancias se aprecia que la autoridad señalada como responsable lo es: "III- AUTORIDAD RESPONSABLE: Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República." A quien le atribuyó como acto reclamado: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: Al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República reclamó la respuesta contenida en el Oficio FED/FEMDO/UEIDMS-FE "F"/3351/2022 de quince de noviembre de dos mil veintidós." Asunto en el que mediante proveído de esta data, se admitió a trámite. Juicio que se tiene a la vista como hecho notorio y al efecto, obténgase copia de las constancias necesarias para que obren en el cuaderno en que se actúa. Sirve de apoyo la Tesis P./J. 74/2016, visible en la página 963, Tomó XXIII, Junio de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento." Es igualmente aplicable al caso la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 1408, Tomo IX, Marzo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. EN TRATÁNDOSE DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN LAS FRACCIONES III O IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, ES EL JUEZ DE DISTRITO Y NO EL TRIBUNAL REVISOR, QUIEN DEBE RECABAR LAS PRUEBAS TENDIENTES A DEMOSTRARLAS. Aunque por regla general, las pruebas necesarias para determinar si se actualiza o no una causal de improcedencia, pueden recabarse tanto por el Juez de Distrito como por el tribunal revisor, por ser las causales de improcedencia examinables de oficio en cualquier instancia del juicio constitucional; lo cierto es que si los medios convictivos que deben obtenerse, son tendientes a acreditar alguna de las causales de improcedencia previstas en las fracciones III o IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, esto es, que el juicio constitucional resulte improcedente ya sea porque el acto reclamado sea materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución o ya resuelto, en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, incontrovertible resulta que es menester que dichas probanzas sean recabadas por el a quo, a efecto de dar amplitud de defensa al quejoso, es decir, para que al dársele vista con ellas, esté en aptitud de objetarlas y, en su caso, probar en contra de su contenido." De lo anterior se colige, que en la demanda que en esta propia fecha se provee, promovida por MARÍA DE LOURDES BENÍTEZ GONZÁLEZ, se reclama idéntico acto, atribuido a la misma autoridad responsable, que en el diverso sumario constitucional 1118/2022-VI, de esta estadística, el cual se encuentra en trámite, pues la misma en esta propia fecha se admitió en sus términos. Lo anterior, hace evidente que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de garantías que da origen al presente juicio de amparo, habida cuenta que se encuentra tramitando un diverso juicio de garantías (sin determinación que le ponga fin al asunto en definitiva) en el que se señaló a la misma autoridad responsable y acto reclamado; por ende existe litispendencia, ya que el acto de autoridad reclamado es materia de diverso expediente. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción X, de la Ley de Amparo, por lo que procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS, conforme a lo dispuesto por el numeral 113 del citado ordenamiento legal. Sin que sea óbice a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente tenor: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." En razón de que en la ejecutoria que le dio origen (la cual resolvió la contradicción de tesis 307/2012), se determinó, en lo que interesa, lo siguiente: "[.] Ahora, del contenido de este precepto se deduce que para que opere la causa de improcedencia por litispendencia que prevé, se requiere de la existencia de otro juicio de amparo en el que el quejoso hubiese reclamado los mismos actos atribuidos a las mismas autoridades, y que se encuentre pendiente de resolución en cualquier instancia, sin importar la violación alegada, lo cual encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo, y por añadidura, la propia causal también evita la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la referida causal de improcedencia es evitar que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, éstos tienen el deber de asegurarse de que al aplicarla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto autoritario a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para ello, es de orden elemental y preferente que ambas demandas se encuentren admitidas y en trámite, pues solo de esta forma se garantiza que al sobreseer en uno de los asuntos, quede la posibilidad de que en el diverso expediente el quejoso acceda a una sentencia definitiva en la que, lógicamente, ya no prospere la misma causa de improcedencia de litispendencia. En efecto, es evidente que carece de sentido la promoción sucesiva de dos juicios de amparo contra el mismo acto y las mismas autoridades, pero también es obvia la necesidad de que no se sobresea en los dos asuntos coexistentes con el mismo contenido, ya que la causal de litispendencia no sanciona la falta de pericia del quejoso dejando de analizar las pretensiones propuestas en ambos juicios, sino que lo que la ley dispuso fue que en la promoción de uno de ellos se declare la improcedencia, y en el otro se lleve a cabo, en su caso, el estudio de fondo del problema planteado, por el natural inconveniente de que resultaría ocioso duplicar el trámite y resolución del mismo tema, con el riesgo adicional de que en su momento se emitan sentencias contradictorias entre sí. En estas condiciones, es indispensable que cuando se detecte la existencia de otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso en relación con el mismo acto y autoridades, el juzgador proceda a cerciorarse de que en ambos asuntos la demanda se encuentra admitida, y no en una condición de incertidumbre sobre su admisión, pues podría acontecer que nunca se tramite, y por ende, que tampoco se permita la defensa de sus intereses en ninguno de los dos juicios: en un caso por no haberse tan siquiera admitido la demanda; y en el otro, por haberse sobreseído por litispendencia. Para evitar desatender indebidamente la acción planteada en los dos juicios con identidad de quejosos, actos y autoridades, la Ley de Amparo dispuso en su artículo 51 un procedimiento merced al cual los asuntos en cuestión deben ser conocidos por un solo Juez de Distrito, de modo que sea un solo juzgador quien analice y valore con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo, e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo pero por motivo legal distinto. [.]" De lo que se colige que la causal de improcedencia por litispendencia tiene su justificación en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando la quejosa ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo, y así, evitar que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico y la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias. Asimismo, que los Jueces de Distrito tienen el deber de asegurarse de que al aplicar la causal de improcedencia (ahora prevista en la fracción X de la Ley de Amparo), el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto autoritario a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera no que se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Es decir, que quede la posibilidad de que en el diverso expediente (en el que no proceda la causal de improcedencia por litispendencia), el quejoso acceda a una sentencia definitiva en la que ya no prospere la misma causa de improcedencia de litispendencia, sino diversa en todo caso, o bien se entre al fondo del problema planteado. Enfatizando el Máximo tribunal del país, que se pretende evitar el natural inconveniente de que resultaría ocioso duplicar el trámite y resolución del mismo tema, con el riesgo adicional de que en su momento se emitan sentencias contradictorias entre sí. De ahí que el juzgador de amparo debe cerciorarse de que en ambos asuntos la demanda se encuentra admitida, pues podría acontecer que nunca se tramite, y por ende, que tampoco se permita la defensa de sus intereses en ninguno de los dos juicios, por haberse sobreseído por litispendencia. Adicionando que para evitar desatender indebidamente la acción planteada en los dos juicios con identidad de quejosos, actos y autoridades, la Ley de Amparo dispuso en su artículo 51 un procedimiento en el cual los asuntos en cuestión deben ser conocidos por un solo Juez de Distrito, y proceder al sobreseer en uno de ellos; tema del cual ahora es abordado por el artículo 49 de la Ley de Amparo vigente desde el tres de abril de dos mil trece, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 49. Cuando la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación ante el cual se hubiese promovido un juicio de amparo tenga información de que otro está conociendo de un juicio diverso promovido por la misma quejosa o quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque los conceptos de violación sean distintos, lo comunicará de inmediato por oficio a dicho órgano, y anexará la certificación del día y hora de presentación de la demanda, así como, en su caso, del auto dictado como primera actuación en el juicio. Recibido el oficio, el órgano resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes si se trata del mismo asunto y si le corresponde su conocimiento, y comunicará lo anterior al oficiante. Si reconoce la competencia de éste, le remitirá los autos relativos. En caso de conflicto competencial, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de esta Ley. Cuando se resuelva que se trata de un mismo asunto, se continuará el juicio promovido ante la jueza o el juez de distrito o tribunal colegiado de apelación que haya resultado competente y se deberá sobreseer en el otro juicio." De todo lo anterior, es factible concluir que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de análisis, determinó que si bien debe encontrarse en trámite un juicio de amparo por el que se pretenda aplicar la causal de improcedencia por litispendencia en diverso, por identidad de quejoso, actos y autoridad; ello es con la finalidad de evitar que se declare improcedente el primer juicio promovido por la misma causal (fracción X de la Ley de Amparo), de manera tal, que quede la posibilidad de que en el diverso expediente el quejoso acceda a una sentencia definitiva en la que se supere tal causal para pronunciarse sobre el fondo, e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo pero por motivo legal distinto. Lo anterior, sin dejar de tomar en cuenta la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo, y así, evitar que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico y la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias; empero, sin dejar en condición de incertidumbre a la parte quejosa, esto es, que el juzgador debe cerciorarse que atenderá en uno de los juicios la cuestión planteada, aunque se actualice diversa causal de improcedencia. Lo que conlleva que ambos asuntos en los que el mismo quejoso reclame idéntico acto de autoridad, deben estar bajo el escrutinio de una misma autoridad de amparo. Tan es así, que el artículo 49 de la Ley de Amparo, prevé el procedimiento a seguir para la remisión de los autos por identidad de quejoso, autoridad y acto, pues incluso, en el párrafo último de ese precepto legal, se dispone que cuando se trata de un mismo asunto, se continuará el juicio promovido ante el juzgador que haya resultado competente y se deberá sobreseer en el otro juicio; lo que hace inconcuso que no forzosamente debe encontrarse resuelto uno de los juicios, como incluso lo establece la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo. Entonces, para arribar a la conclusión de que se actualiza la causal de improcedencia por litispendencia, se estima que no es obligatorio que el primer juicio promovido (que motive la causal de improcedencia del diverso), esté concluido, pues bien puede aplicarse desde un inicio una diversa causa de improcedencia y por ende, se haya desechado la demanda de garantías, siempre y cuando se encuentre transcurriendo el plazo de ley para impugnarlo, es decir, en el desechamiento por diversa causa se puede promover el medio de impugnación correspondiente y así ser oído en defensa, de lo contrario, estaríamos en la presencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del numeral 61 de la ley de la materia. En tales condiciones, al acreditarse en el caso una causal manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA la demanda de amparo promovida por MARÍA DE LOURDES BENÍTEZ GONZÁLEZ. Es aplicable la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, perteneciente a la octava época, visible en la página 260 del tomo XV, enero de 1995 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo Rubro y Texto rezan lo siguiente: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." Igualmente, sirve de apoyo la tesis visible en la página 817 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIÉNDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ÉSTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto". Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señalan en su escrito inicial de demanda; y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que menciona; asimismo, se tienen por autorizado en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a la restante persona indicada en dicho escrito, pues de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo, de la misma ley, se deberá acreditar que tal persona se encuentra legalmente autorizada para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho o abogado, y proporcionar a través de la promoción respectiva, a fin de que este Juzgado verifique si se satisface tal requisito. Asimismo, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza a la parte quejosa la consulta vía internet del expediente de que se trata, bajo los usuarios "elvirachavez2641" y "moisesbaruch". De igual forma, notifíquese las determinaciones que deriven del presente asunto a la parte quejosa a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, bajo el usuario antes indicado, de conformidad con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 30. Las notificaciones por vía electrónica se sujetarán a las reglas siguientes: [.] II. Los quejosos o terceros interesados que cuenten con Firma Electrónica están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. De no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto podrá ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además, hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores, y [.]". Por tanto, se faculta al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, para que notifique a la parte quejosa vía electrónica, las determinaciones que se dicten en el presente juicio de amparo. Así, únicamente hágase constar el señalamiento de un domicilio físico por parte de la promovente, para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se faculta al Actuario Judicial adscrito, en días y horas inhábiles a realizar las notificaciones personales que surjan en este juicio de amparo. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.
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