Maria de Lourdes Belmont Guerrero

Expediente 321/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
321/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
14/04/2021

Partes del expediente

  • Maria de Lourdes Belmont Guerrero

Actuaciones

  1. Principal

    Oficio de cuenta. Por recibido el oficio 2793 signado por el Actuario Judicial adscrito al Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el que hace del conocimiento de este Juzgado de Distrito el proveído de doce de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo directo D.A. 146/2021, acusa recibo de los autos del juicio de amparo 321/2021, confirma la determinación de este órgano jurisdiccional y se declara competente para conocer del citado asunto. Determinación. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: a) Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni es susceptible de conservación. Notifíquese.

  2. Principal

    Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo. Integración del expediente. Fórmese el expediente 321/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Ahora, bien de un estudio integral efectuado al escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama, esencialmente, como acto destacado de autoridad, el siguiente: La sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dictada por la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el expediente 6324/20-17-06-4, a través de la cual se resolvió el recurso de reclamación interpuesto en contra del auto de diez de marzo de dos mil veinte a través del cual se desechó la demanda del juicio de origen. De lo que se colige, que tal determinación se encuentra contemplada dentro de los supuestos a que se refiere el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, se trata de una resolución que pone fin al juicio. En consecuencia, en el presente caso y dada la naturaleza del acto que se impugna, de conformidad con lo que disponen los artículos 103, fracción I, y 107 fracción V, constitucionales; así como 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, considera que carece de competencia legal por razón de la vía para conocer de la demanda de amparo de que se trata; toda vez que el acto reclamado consistente en la resolución de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dictada por la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dentro del expediente 6324/20-17-06-4 de la cual se confirma la validez de la resolución impugnada en el juicio de origen, es una resolución que puso fin al juicio, esto es, lo da por concluido, de ahí que al no existir medio alguno de defensa ordinario por virtud del cual pueda ser modificada o revocada adquiere el carácter de definitiva, surtiéndose con ello, la hipótesis prevista en el referido numeral 47 de la ley de la materia, resultando ser legalmente competente para conocer del presente asunto los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito. Cobra aplicación al caso, por el criterio que sostiene, la tesis visible en la página 260, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Octava Época, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE NULIDAD. EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE NULIDAD CONSTITUYE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO ANTE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, UNA RESOLUCION QUE PONE FIN AL JUICIO. En términos del artículo 107, fracción V, inciso b) de la Constitución General de la República, 46 y 158 de la Ley de Amparo y 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigentes a partir del quince de enero de 1988, son competentes tratándose de juicio de amparo directo, los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando el acto reclamado lo constituya una sentencia definitiva, un laudo o una resolución que ponga fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario, por el cual puedan ser modificados o revocados. En el caso concreto, el acto reclamado en esta vía, se puede encuadrar en los supuestos competenciales establecidos para los Tribunales Colegiados de Circuito, tratándose de amparo directo debido a que, el acuerdo de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto en contra del auto dictado por la Magistrada instructora que tuvo por no presentada la demanda de nulidad, confirmando dicho auto y desechando la demanda respectiva, se puede ubicar como resolución que pone fin al juicio. Para demostrar la aseveración anterior, es necesario partir de la finalidad que se persiguió al reformar los preceptos relativos a la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en el conocimiento de juicios de amparo directo. Con anterioridad a la reforma en comento, el amparo directo se promovía ante los Tribunales Colegiados de Circuito, únicamente contra sentencias definitivas o laudos, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ya fuera que la violación alegada se hubiera cometido durante el procedimiento o en la sentencia misma, entendiéndose por sentencias definitivas aquellas resoluciones que decidieron el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedieran ningún recurso ordinario, en virtud del cual pudieran ser revocadas o modificadas. Así, aquellas resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, que ponían fin al juicio pero que no lo resolvían en lo principal (entre ellas el sobreseimiento), por exclusión, se debían combatir a través del juicio de amparo indirecto, prolongándose innecesariamente la tramitación del mismo. En efecto, en el juicio de amparo indirecto la instancia ante el Juez de Distrito comprende la realización de un procedimiento posterior, con una etapa de instrucción cuya finalidad es colocar el asunto en estado de sentencia, implicando un periodo probatorio (ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas) y alargando con ello la tramitación y sustanciación del juicio de amparo, respecto a resoluciones judiciales o jurisdiccionales (entre ellas el sobreseimiento), que por su naturaleza no necesitaban de un procedimiento posterior, para colocar el asunto en estado de sentencia. En este orden de ideas, con la finalidad precisamente, de evitar la innecesaria instancia ante el Juez de Distrito, la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, tratándose de juicios de amparo directo comprendió, en virtud de la reforma comentada, el supuesto de la procedencia del mismo, contra resoluciones que pongan fin al juicio (entendiéndose por éstas, aquellas que lo dan por concluido porque el juzgador advierte la existencia de un obstáculo jurídico que impide decidir sobre el fondo de la controversia), dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario, por el que puedan ser revocadas o nulificadas, dicho en otras palabras, con la reforma se precisó que contra todas aquellas resoluciones jurisdiccionales o judiciales de carácter definitivo que no requieran por su naturaleza de un procedimiento posterior (con la consabida etapa de instrucción), para colocar el asunto en estado de sentencia, procede el juicio de amparo directo, es decir una sola instancia, independientemente que resuelvan o no la controversia principal motivada por la litis. Al tenor de los razonamientos que anteceden, el acto que en esta vía se impugna y que constituye la resolución de la Sala responsable del Tribunal Fiscal de la Federación, que resuelve el recurso de reclamación y tiene por no presentada la demanda de nulidad, constituye para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo ante Tribunales de Circuito, "una resolución que pone fin al juicio", debido a que no se requiere de una etapa de instrucción para colocar el asunto en estado de sentencia, porque la misma ya se llevó a cabo durante la tramitación del recurso de reclamación interpuesto en contra del acuerdo de la Magistrada instructora que tuvo por no presentada la demanda de nulidad, donde se ofrecieron y desahogaron las pruebas pertinentes. Así, al constituir el acto reclamado en esta vía, una resolución jurisdiccional dictada por un tribunal administrativo, que no requiere de una etapa posterior de instrucción para colocar el asunto en estado de sentencia, y no procede en su contra ningún recurso en virtud del cual pueda ser revocada o modificada, la sustanciación del juicio de amparo debe hacerse de conformidad a las reglas previstas tratándose de amparo directo, surtiéndose en consecuencia, la competencia de este Tribunal Colegiado.". De igual forma, es aplicable al caso, por el criterio que sostiene, la tesis de jurisprudencia número 2ª./J. 5/91, sustentada la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VIII, Noviembre de 1991, página 47, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA FISCAL, DESECHAMIENTO DE LA. EL AMPARO DIRECTO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCION QUE LO CONFIRMA. La resolución de una Sala del Tribunal Fiscal de la Federación que confirma el auto que desecha una demanda es de aquéllas a que se refiere el tercer párrafo del artículo 46 de la Ley de Amparo, que si bien no deciden el problema planteado por el actor en su demanda, dan por terminado el juicio relativo. Por tal motivo, su reclamación debe hacerse en amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción III, inciso a), constitucional, así como 44 y 158 de la ley citada, de acuerdo con sus textos reformados vigentes a partir del 15 de enero de 1988, y no en amparo indirecto como procedía antes de las referidas reformas. Esto es así, porque, para los efectos del amparo, el juicio se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, pues independientemente de las concepciones doctrinarias del concepto genérico de juicio, éste debe entenderse atendiendo a la intención de las reformas constitucionales y legales citadas. Cuando no se requieren pruebas no allegadas a la responsable para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto procesal proveniente de tribunales administrativos, no se justifica la promoción de un amparo que admite hasta dos instancias y supone la celebración de una audiencia con un período probatorio, sino la de un juicio constitucional que normalmente se tramita en una sola instancia y que no requiere de la celebración de una audiencia con términos para el ofrecimiento y desahogo de pruebas. Lo anterior, por motivos de economía procesal. En el caso de la resolución que confirma el desechamiento de la demanda, los elementos para juzgar si ésta estaba o no en condiciones de ser admitida, ya debieron ser aportados ante la autoridad de primera instancia o ante la responsable." Determinación. En efecto, el acto reclamado en el presente asunto constituye la resolución que da por concluido el juicio; puesto que precisamente confirmó la validez de la resolución que dio inicio al juicio de origen, y en tal sentido, resulta para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo ante Tribunales de Circuito, una resolución que pone fin al juicio, debiendo hacerse su substanciación de conformidad con las reglas previstas para ese tipo de asuntos. Por las razones apuntadas con antelación, este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, carece de competencia legal por razón de grado, ordenando se remitan los autos originales del presente juicio de amparo, en un tomo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en la materia y circuito inmediatamente citados, con el objeto de comunicarle la presente resolución. Solicitándole de la manera más atenta que tenga a bien informar si acepta o no la competencia propuesta. Lo anterior, sin que haya lugar a notificar personalmente la presente determinación al promovente, en atención a la Jurisprudencia 12/96, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primera, página cincuenta y cinco, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE", que en lo conducente establece: "... es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existen oficinas de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado.". Cuaderno de antecedentes. Fórmese cuaderno de antecedentes, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y estese en espera de la determinación que adopte el juez al que se le declina competencia. Domicilio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que indicó en su escrito de demanda. Autorizado. Téngase por autorizado en términos amplios a Marcos Rosales Morales, de conformidad con el artículo 12, segundo párrafo, primera parte de la Ley de Amparo. Por lo que respecta a la autorización de las demás personas que menciona, dígasele que una vez que registre su cédula profesional en el citado sistema, se acordará respecto de dicha autorización, en la inteligencia que de no hacerlo ésta es única y exclusivamente para oír y recibir notificaciones, como lo dispone el precepto en comento. Correo electrónico. Asimismo, se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico info.demandas103@gmail.com fin de intercambiar información y entablar comunicaciones no procesales; lo anterior, se toma del conocimiento para los efectos legales conducentes. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretario o la Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese.

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