Maria de Lourdes Arredondo Zarate

Expediente 1124/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1124/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
23/11/2021

Partes del expediente

  • Maria de Lourdes Arredondo Zarate

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, en razón de que obran documentos que por sus características deben ser devueltos a su oferente, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 21 del precitado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca a recogerlos, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no recoger dichos documentos, podrán ser destruidos junto con el expediente. En el entendido que para poder presentarse en este juzgado a desahogar el requerimiento de que se trata, el compareciente deberá programar una cita dentro de los tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, a través del sistema "Agenda OJ" en el micrositio de "Servicios jurisdiccionales" disponible en el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, signado por la quejosa María de Lourdes Arredondo Zarate, mediante el cual manifiesta su conformidad con la determinación de cinco de noviembre del año en curso pronunciada por este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en atención a la solicitud de devolución de documentos que exhibió en el presente asunto; en ese sentido, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto cause estado la determinación de cinco del presente mes y año, por la que se desechó la demanda de amparo que nos ocupa. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por María de Lourdes Arredondo Zarate, contra actos de Juan José Luviano Fukuy, Director de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con tres copias y un anexo que se acompañan; por violación que estima a los artículos 1°, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado y fórmese el expediente de amparo relativo bajo el progresivo 1124/2021- II. Ahora bien, examinada la demanda de amparo de que se trata, se advierte que la quejosa reclama de la autoridad que señala como responsable, en esencia, lo siguiente: ? La contestación a los escritos diecinueve de agosto y veintinueve de septiembre, ambos del año en curso. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional, a reclamar, de manera destacada, del Director de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, la contestación en forma negativa de su escrito de diecinueve de agosto del presente año, por el que se le niega el pago de las aportaciones del AFORE. En el juicio de amparo en que se actúa, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. ." De la interpretación sistemática de dichos artículos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no provengan de autoridad. Ahora bien, los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, son los siguientes: 1) Que quien lo emite tenga características de órgano público: 2) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y: 3) Que sea emitido o realizado unilateralmente afectando la esfera jurídica de los gobernados. Sobre el tema, el Poder Judicial de la Federación ha identificado diferentes tipos de relaciones que se suscitan entre particulares y autoridades, entre aquellos mismos, o bien, entre propias autoridades entre sí, que son las siguientes: a) De coordinación. Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, resuelvan lo que en derecho proceda; y b) De supra a subordinación. Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. De lo anterior se advierte que el juicio de amparo solamente es procedente cuando se reclamen actos que provienen de las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten los derechos humanos de los particulares, lo que supone la existencia de actos que derivan de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pero no resulta procedente para reclamar actos derivados de relaciones de coordinación. En el caso, la parte quejosa, en su calidad de trabajador, reclama del Director de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en su calidad de patrón, la contestación en forma negativa de su escrito de diecinueve de agosto del presente año, por el que se le niega el pago de las aportaciones del AFORE. Bajo el expuesto contexto, se considera que el proceder que la quejosa reprocha en el caso, del Director de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en razón de que surgió del vínculo de naturaleza contractual-laboral existente entre la quejosa como trabajadora de la Dirección de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, quien funge por tanto como patrón; lo que implica que la problemática planteada debe ser resuelta primeramente a través de una solución en la vía laboral, y no a través del juicio de amparo, como equivocadamente lo pretende la quejosa, por lo cual se actualiza la causa de improcedencia en análisis. Lo anterior no implica que la parte quejosa quede en estado de indefensión, pues en todo caso mantiene su derecho para impugnar el apuntado acto, si es que lo estima pertinente, ante la instancia laboral correspondiente. En consecuencia, resulta indudable y notoria la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia, por lo que con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda constitucional en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la legislación invocada. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el proemio de la demanda. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese; hágase personalmente a la parte promovente.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO QUE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por María de Lourdes Arredondo Zarate, contra actos de Juan José Luviano Fukuy, Director de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con tres copias y un anexo que se acompañan; por violación que estima a los artículos 1°, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado y fórmese el expediente de amparo relativo bajo el progresivo 1124/2021- II. Ahora bien, examinada la demanda de amparo de que se trata, se advierte que la quejosa reclama de la autoridad que señala como responsable, en esencia, lo siguiente: ? La contestación a los escritos diecinueve de agosto y veintinueve de septiembre, ambos del año en curso. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional, a reclamar, de manera destacada, del Director de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, la contestación en forma negativa de su escrito de diecinueve de agosto del presente año, por el que se le niega el pago de las aportaciones del AFORE. En el juicio de amparo en que se actúa, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. ." De la interpretación sistemática de dichos artículos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no provengan de autoridad. Ahora bien, los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, son los siguientes: 1) Que quien lo emite tenga características de órgano público: 2) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y: 3) Que sea emitido o realizado unilateralmente afectando la esfera jurídica de los gobernados. Sobre el tema, el Poder Judicial de la Federación ha identificado diferentes tipos de relaciones que se suscitan entre particulares y autoridades, entre aquellos mismos, o bien, entre propias autoridades entre sí, que son las siguientes: a) De coordinación. Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, resuelvan lo que en derecho proceda; y b) De supra a subordinación. Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. De lo anterior se advierte que el juicio de amparo solamente es procedente cuando se reclamen actos que provienen de las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten los derechos humanos de los particulares, lo que supone la existencia de actos que derivan de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pero no resulta procedente para reclamar actos derivados de relaciones de coordinación. En el caso, la parte quejosa, en su calidad de trabajador, reclama del Director de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en su calidad de patrón, la contestación en forma negativa de su escrito de diecinueve de agosto del presente año, por el que se le niega el pago de las aportaciones del AFORE. Bajo el expuesto contexto, se considera que el proceder que la quejosa reprocha en el caso, del Director de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en razón de que surgió del vínculo de naturaleza contractual-laboral existente entre la quejosa como trabajadora de la Dirección de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, quien funge por tanto como patrón; lo que implica que la problemática planteada debe ser resuelta primeramente a través de una solución en la vía laboral, y no a través del juicio de amparo, como equivocadamente lo pretende la quejosa, por lo cual se actualiza la causa de improcedencia en análisis. Lo anterior no implica que la parte quejosa quede en estado de indefensión, pues en todo caso mantiene su derecho para impugnar el apuntado acto, si es que lo estima pertinente, ante la instancia laboral correspondiente. En consecuencia, resulta indudable y notoria la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia, por lo que con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda constitucional en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la legislación invocada. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el proemio de la demanda. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.

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