María de Lourdes Armenta Hernández

Expediente 1420/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1420/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
24/11/2016

Partes del expediente

  • Junta Especial número 59 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tijuana, Baja California
  • María de Lourdes Armenta Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación de cuenta, que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra del proveído dictado el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, mediante el cual se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, dese aviso a las autoridades responsables, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del expediente. Ahora, en cumplimento al artículo vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal relativo a este juicio es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído fuera de audiencia, estableciéndose como fecha probable para tal efecto, el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico de Toluca, el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve.

  2. Principal

    EN ATENCIÓN AL ESTADO DE AUTOS, Y TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA MARIA LOURDES ARMENTA HERNANDEZ, NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, EN EL TÉRMINO INDICADO, DE LA DETERMINACIÓN QUE SE HIZO REFERENCIA EN EL AVISO DE FECHA VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27 Y 29, DE LA LEY DE AMPARO, EL AUTO DE VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, MISMO QUE EN SÍNTESIS DICE: "... Agréguese a los autos el oficio firmado por el presidente de la junta responsable, mediante el cual en alcance a su informe justificado remite fotocopia certificada del laudo de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, y cédula de notificación a la parte actora, aquí quejosa, de diecinueve del propio mes y año, obrantes en el expediente laboral 941/2014, del índice de la junta a su cargo. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos y del estudio integral de la demanda de derechos fundamentales promovida por María Lourdes Armenta Hernández, se advierte que el acto reclamado esencialmente lo hace consistir en (foja 3): "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- La inactividad procesal, y en consecuencia la omisión y abstención de emitir el LAUDO, es decir la resolución que pone fin al procedimiento seguido en forma de juicio tramitado bajo el expediente laboral número 941/2014, radicado ante la Junta Especial número 59 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, promovido por MARÍA LOURDES ARMENTA HERNÁNDEZ vs INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOIAL, dentro del plazo establecido en la Ley, y como consecuencia de su falta de emisión la correspondiente falta de notificación de la resolución de mérito." En atención a ello, resulta procedente decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales, conforme a la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 del ordenamiento legal invocado, la cual resulta ser notoria, manifiesta e indudable, por los motivos que se vierten a continuación: En principio, resulta necesario transcribir la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." De la anterior trascripción se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando hubieren cesado los efectos del acto reclamado, lo que se actualiza cuando éste ha dejado de existir, destruyendo sus efectos en forma total e incondicional, de forma tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; o bien, cuando la resolución que constituye el acto combatido ha sido sustituida por otra dictada con posterioridad en el mismo procedimiento, de tal suerte que no pueda efectuarse el estudio del acto impugnado por haber quedado sustituido procesalmente por una nueva resolución; pues es esta nueva resolución la que, en su caso, podría ocasionar algún perjuicio al quejoso. Ahora bien, la parte quejosa al promover el presente juicio de amparo, señaló como acto reclamado que la responsable había sido omisa en emitir laudo dentro del expediente laboral 941/2014, del índice de la Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Luego, de las constancias que allegó la autoridad responsable al oficio que se atiende, se aprecia que el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, se emitió laudo en el expediente laboral 941/2014, determinación que fue notificada a la aquí quejosa el diecinueve del propio mes y año, por lo que resulta palmario que han cesado los efectos del acto reclamado en este juicio, actualizándose así la hipótesis contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé la improcedencia del juicio cuando haya acontecido tal circunstancia. Así, de lo expuesto se obtiene que han cesado los efectos procesales de la omisión reclamada a la autoridad responsable, pues en la especie el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, se emitió laudo en el expediente laboral 941/2014; de ahí que la referida abstención de emitir resolución en el referido expediente, ya no podrá ser analizada a través del juicio de amparo indirecto, en virtud de que el laudo de diecisiete de octubre del propio año, destruyó los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, al haberse atendido lo pretendido por la quejosa en la demanda de amparo. En apoyo a lo expuesto, se invoca la jurisprudencia 2ª/J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, junio de 1999, tomo IX, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, marzo de 2003, tomo XVII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Criterios aplicables, virtud de que no se oponen a la Ley de Amparo vigente, por lo que continúa su observancia, conforme a su artículo sexto transitorio. En ese tenor, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, resulta procedente declarar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las once horas con veinte minutos del treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis (foja 11)...". LO ANTERIOR, POR NO HABER ACUDIDO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, NO OBSTANTE HABER SIDO CITADO LEGALMENTE PARA TAL EFECTO.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos de los que se advierte que la audiencia constitucional está fijada para esta fecha; sin embargo, se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días otorgado a las partes en proveído de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis (foja 21), en el que se dio vista con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a las partes, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para su celebración las once horas con veinte minutos del treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el oficio que remitió la autoridad señalada como responsable, mediante el cual rinde informe justificado, al cual acompaña copia certificada de diversas constancias relativas al expediente laboral 941/2014, de su índice; agréguense a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjense a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga.

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