María de Lourdes Armendaríz Aubel
Expediente 878/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 878/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- María de Lourdes Armendaríz Aubel
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado vía electrónica por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual notifica el auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el recurso de queja 226/2023, del cual se advierte que dicho tribunal admitió el medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa, contra el acuerdo de veinte de septiembre del presente año.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Visto el escrito presentado por el licenciado Jesús Alberto Velázquez Rascón, autorizado de la quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer contra el acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda. Toda vez que el auto recurrido sólo se notificó a la parte quejosa, por lo que no existen otras partes a quien notificar la interposición del presente medio de impugnación, en términos del numeral 101 de la ley de la materia; por tanto, en su momento, remítase al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, el original y copia del escrito de interposición y expresión de agravios presentado en forma física, informe sobre la materia de la queja y el expediente electrónico. Sin que sea necesario acompañar copia certificada de la determinación recurrida y demás constancias, en razón de que desde este momento se autoriza el acceso a los expedientes electrónico 878/2023-I y 552/2023-III, al tribunal que conozca del recurso, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del referido precepto 101, de la ley aplicable y numeral 73 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por lo que, se instruye a la Oficial Judicial "A" a efecto de que realice las gestiones correspondientes.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de garantías promovida por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por su propio derecho, contra el acto atribuido a la Jueza Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de control de juicios de amparo con el número 878/2023-I y fórmese expediente electrónico e impreso, únicamente con las constancias que resulten necesarias, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 22 reformado del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Ahora bien, tomando en consideración que el precepto 113 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El ordinal 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda es necesario que se encuentre causa de improcedencia del juicio constitucional; además que esta causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. T En ese sentido, luego del análisis del contenido integral de la demanda de amparo, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]." De lo trascrito se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente en el supuesto de que no se promueva dentro de los términos que establece el artículo 17 de la ley de la materia, el cual establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Por su parte el artículo 18 de la ley de la materia, dispone lo siguiente: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". En la especie, la impetrante del amparo reclama de la autoridad responsable, el acuerdo de once de mayo de dos mil veintitrés, emitido dentro del juicio sucesorio testamentario 231/16, a bienes de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, así como todos y cada uno de los acuerdos, resoluciones y en general las actuaciones dictadas en dicho procedimiento sucesorio testamentario con posterioridad al referido acuerdo, así como todos los efectos o consecuencias materiales y jurídicas. Asimismo, de las propias manifestaciones hechas por la justiciable y anexos que acompaña, se advierte que el acto reclamado le fue notificado el veinticuatro de agosto del año en curso. Sin embargo, contrario a lo manifestado por la quejosa, existe prueba que demuestra que tuvo conocimiento por otro medio de su existencia. En efecto, de las constancias que obran en el diverso juicio de amparo indirecto 552/2023-III, del índice de este juzgado, se advierte que dicho expediente se formó con la demanda promovida por la propia quejosa, en la que reclamó la falta de respuesta o acuerdo recaído a su promoción presentada el nueve de mayo de dos mil veintitrés, dentro del juicio sucesorio testamentario 231/2016; y que la autoridad al rendir su informe justificado acompaño copia certificada del mencionado sucesorio, entre las que obran, el proveído de once de mayo del año en curso, el cual ahora constituye el acto impugnado. Ahora bien, del citado juicio de amparo se obtiene que en auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, se ordenó notificar personalmente a la parte quejosa (María de Lourdes Armendáriz Aubel), el acuerdo de veintiuno del citado mes y año, en el que se tuvo por recibido el informe justificado, a fin de que se impusiera del contenido del referido informe y de las constancias, lo cual le fue notificado de manera personal por conducto de su autorizado Sergio Isaac Robles Espinoza, en el domicilio procesal señalado en avenida del Charro número 481 Norte, Residencial Excelencia, en esta localidad, el treinta de junio de dos mil veintitrés. Actuaciones derivadas del mencionado juicio de amparo indirecto 552/2023-III, que se tienen a la vista al momento, por constituir hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de un juicio del índice de este juzgado de distrito. En consecuencia, es a partir de esa notificación cuando María de Lourdes Armendáriz Aubel, tuvo conocimiento directo, exacto y completo del acto que ahora reclama (once de mayo de dos mil veintitrés), con motivo del diverso juicio de amparo en el que ella es la quejosa y tuvo acceso al contenido integral del acto impugnado; por tanto, el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la ley de la materia para presentar la demanda, debe computarse a partir del día siguiente. Esto significa que la quejosa no tenía porqué esperar a que la autoridad responsable le notificara formalmente el acto reclamado para que pudiera solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento en un juicio de amparo anterior que ella misma promovió, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. De ahí que resulta incuestionable que a partir de esa fecha la quejosa conoció de la existencia del acto que ahora reclama; por ende, el plazo para acudir a instar juicio de amparo indirecto es de quince días, de conformidad con lo establecido en el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Por tanto, el plazo de quince días con que contaba para promover demanda de amparo inició al día siguiente al en que conoció del acto reclamado (treinta de junio de dos mil veintitrés), por lo que es indudable que dicho lapso a la fecha feneció en exceso. Luego, si la demanda de amparo se presentó hasta el dieciocho de septiembre del año en curso, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común, es claro que se realizó cuando ya había fenecido el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo. Así las cosas, por ende la quejosa se conformó tácitamente con el acto reclamado en esta vía de amparo indirecta; por lo que, al no encontrarse ante alguno de los casos de excepción a que se refiere el artículo 17 de la ley de la materia, es indudable que se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia en estudio. Por ende, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de garantías promovida por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por su propio derecho, contra el acto atribuido a la Jueza Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de control de juicios de amparo con el número 878/2023-I y fórmese expediente electrónico e impreso, únicamente con las constancias que resulten necesarias, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 22 reformado del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Ahora bien, tomando en consideración que el precepto 113 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El ordinal 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda es necesario que se encuentre causa de improcedencia del juicio constitucional; además que esta causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. T En ese sentido, luego del análisis del contenido integral de la demanda de amparo, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]." De lo trascrito se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente en el supuesto de que no se promueva dentro de los términos que establece el artículo 17 de la ley de la materia, el cual establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Por su parte el artículo 18 de la ley de la materia, dispone lo siguiente: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". En la especie, la impetrante del amparo reclama de la autoridad responsable, el acuerdo de once de mayo de dos mil veintitrés, emitido dentro del juicio sucesorio testamentario 231/16, a bienes de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, así como todos y cada uno de los acuerdos, resoluciones y en general las actuaciones dictadas en dicho procedimiento sucesorio testamentario con posterioridad al referido acuerdo, así como todos los efectos o consecuencias materiales y jurídicas. Asimismo, de las propias manifestaciones hechas por la justiciable y anexos que acompaña, se advierte que el acto reclamado le fue notificado el veinticuatro de agosto del año en curso. Sin embargo, contrario a lo manifestado por la quejosa, existe prueba que demuestra que tuvo conocimiento por otro medio de su existencia. En efecto, de las constancias que obran en el diverso juicio de amparo indirecto 552/2023-III, del índice de este juzgado, se advierte que dicho expediente se formó con la demanda promovida por la propia quejosa, en la que reclamó la falta de respuesta o acuerdo recaído a su promoción presentada el nueve de mayo de dos mil veintitrés, dentro del juicio sucesorio testamentario 231/2016; y que la autoridad al rendir su informe justificado acompaño copia certificada del mencionado sucesorio, entre las que obran, el proveído de once de mayo del año en curso, el cual ahora constituye el acto impugnado. Ahora bien, del citado juicio de amparo se obtiene que en auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, se ordenó notificar personalmente a la parte quejosa (María de Lourdes Armendáriz Aubel), el acuerdo de veintiuno del citado mes y año, en el que se tuvo por recibido el informe justificado, a fin de que se impusiera del contenido del referido informe y de las constancias, lo cual le fue notificado de manera personal por conducto de su autorizado Sergio Isaac Robles Espinoza, en el domicilio procesal señalado en avenida del Charro número 481 Norte, Residencial Excelencia, en esta localidad, el treinta de junio de dos mil veintitrés. Actuaciones derivadas del mencionado juicio de amparo indirecto 552/2023-III, que se tienen a la vista al momento, por constituir hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de un juicio del índice de este juzgado de distrito. En consecuencia, es a partir de esa notificación cuando María de Lourdes Armendáriz Aubel, tuvo conocimiento directo, exacto y completo del acto que ahora reclama (once de mayo de dos mil veintitrés), con motivo del diverso juicio de amparo en el que ella es la quejosa y tuvo acceso al contenido integral del acto impugnado; por tanto, el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la ley de la materia para presentar la demanda, debe computarse a partir del día siguiente. Esto significa que la quejosa no tenía porqué esperar a que la autoridad responsable le notificara formalmente el acto reclamado para que pudiera solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento en un juicio de amparo anterior que ella misma promovió, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. De ahí que resulta incuestionable que a partir de esa fecha la quejosa conoció de la existencia del acto que ahora reclama; por ende, el plazo para acudir a instar juicio de amparo indirecto es de quince días, de conformidad con lo establecido en el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Por tanto, el plazo de quince días con que contaba para promover demanda de amparo inició al día siguiente al en que conoció del acto reclamado (treinta de junio de dos mil veintitrés), por lo que es indudable que dicho lapso a la fecha feneció en exceso. Luego, si la demanda de amparo se presentó hasta el dieciocho de septiembre del año en curso, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común, es claro que se realizó cuando ya había fenecido el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo. Así las cosas, por ende la quejosa se conformó tácitamente con el acto reclamado en esta vía de amparo indirecta; por lo que, al no encontrarse ante alguno de los casos de excepción a que se refiere el artículo 17 de la ley de la materia, es indudable que se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia en estudio. Por ende, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Notifíquese personalmente.
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