María de Lourdes Ardínez Osuna

Expediente 561/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
561/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
16/10/2020

Partes del expediente

  • María de Lourdes Ardínez Osuna

Actuaciones

  1. Principal

    "...Vistos los autos y la certificación de cuenta; se advierte que, en la especie, mediante proveído de cinco de octubre de dos mil veinte, se desechó la demanda de amparo promovida por ***********, el cual se le notificó el seis de octubre siguiente; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirán al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente, ello de conformidad en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veinticinco de marzo de dos mil veinte. Hágase la anotación correspondiente en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo..."

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida María de Lourdes Ardínez Osuna, contra actos del Subdirector de Averiguaciones Previas y Procesos, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, y otra autoridad. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 561/2020. Estudio e improcedencia Ahora, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, reclama del 1) Subdirector de Averiguaciones Previas y Procesos, de la Fiscalía General del Estado De Oaxaca y 2) Agente del Ministerio Público del Fuero Común, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la omisión de citar a declarar a la Licenciada Patricia Villanueva Abrajan, NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 124, de Oaxaca de Juárez; así como requerirle para que entregue al representante social copia certificada de la escritura pública número 239, de fecha 8 de diciembre de 2014; con motivo de la solicitud de colaboración hecha por el Licenciado Cruz Alejandro Flores Salazar, Vice Fiscal Regional de la Zona Sur, del Estado de Sinaloa, dentro de la carpeta de investigación MAZTL/UETC/02967/2019; recibida el día siete de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se solicitó el auxilio a las autoridades señaladas como responsables. En el caso, se advierte que se actualiza causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: ..."Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;(.)". En relación con el principio de definitividad se cita el criterio siguiente, que no contraviene a la nueva Ley de Amparo: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". (Jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página novecientos dos, del tomo XV, correspondiente al mes de mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). El artículo y jurisprudencia transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre y cuando conforme a las mismas leyes de oficio o con la sola interposición del recurso se suspendan los efectos del acto. Ahora, el principio de definitividad, que rige al juicio de garantías en materia penal, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. En el caso, como quedó precisado con antelación, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de citar a declarar a la Licenciada Patricia Villanueva Abrajan, NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 124, de Oaxaca de Juárez; así como requerirle para que entregue al representante social copia certificada de la escritura pública número 239, de fecha 8 de diciembre de 2014; con motivo de la solicitud de colaboración hecha por el Licenciado Cruz Alejandro Flores Salazar, Vice Fiscal Regional de la Zona Sur, del Estado de Sinaloa, dentro de la carpeta de investigación MAZTL/UETC/02967/2019; recibida el día siete de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se solicitó el auxilio a las autoridades señaladas como responsables. En este orden de ideas, a continuación se analizará si existe un medio de defensa ordinario para impugnar las omisiones de la autoridad ministerial durante la etapa de investigación y el no ejercicio de la acción penal, o si debe acudirse directamente al juicio de amparo. En principio, conviene citar lo previsto por los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y 109, fracción XXI, del Código Nacional, que literalmente establecen: ... Por otro lado, el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". De la lectura del artículo transcrito, se advierte que en contra de las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido cuentan con un medio de defensa para impugnarlas ante el Juez de Control; en cuyo caso, el Juez de Control citará a las partes a una audiencia en la que escuchará y resolverá en definitiva. Ahora bien, de la interpretación sistemática de los preceptos antes citados, se concluye que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, previamente a promover la acción de amparo, deben agotar ese medio de impugnación. En efecto, el artículo 258 en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que la decisión del Juez de Control no admite recurso ordinario alguno. En ese orden de ideas, de la interpretación de los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise la legalidad de las mismas. Por otro lado, debe destacarse que el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el derecho de la víctima u ofendido a impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, debe hacerse valer en los términos previstos en el mismo código y en las demás disposiciones legales aplicables. De ahí que el medio de defensa previsto en el citado artículo 258, sea el idóneo para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación. Por tanto, previamente a la promoción del juicio de garantías, la parte justiciable tiene la obligación procesal de acudir ante el Juez de Control competente pues con ese medio ordinario de defensa podría obtener resolución favorable a sus intereses. En ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, con apoyo en el diverso 113 de la ley de amparo, por notoriamente improcedente, se desecha de plano la demanda de garantías. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

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