María de Lourdes Angulo Sánchez

Expediente 353/2022 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 28 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
353/2022
Año
2022
Actuaciones
28
Última actuación
20/06/2023

Partes del expediente

  • María de Lourdes Angulo Sánchez
  • Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala
  • Síndico y representante Legal del Ayuntamiento del Municipio de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, veinte de junio de dos mil veintitrés. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Conforme al artículo 17, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que el presente expediente es conservable, por lo que una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido será transferido al Depósito Documental respectivo dependiente del Área Coordinadora de Archivos. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó el Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien firma electrónicamente en conjunto con la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con el cual se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 158 y 159), la primera de las mencionadas realizó manifestaciones las cuales se tuvieron por presentadas mediante auto de seis de marzo de dos mil veintitrés (fojas 163 a 165). En esas circunstancias, con apoyo en el Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito que abroga el diverso Acuerdo General Plenario 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós este Órgano Colegiado resolvió conceder a ********************, la protección constitucional para los efectos siguientes: "I. Deje insubsistente la sentencia reclamada en esta instancia constitucional. II. En su lugar dicte otra en la que: 1. Reitere la desestimación de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora. 2. Con libertad de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, se ocupe de lo siguiente: a) Analice los agravios hechos valer en apelación identificados como cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y décimo, y determine lo que en derecho corresponda respecto de la pericial en agrimensura y topografía, para lo cual tomando en el planteamiento de la litis y lo resuelto en esta sentencia, valore el dictamen que respecto de ese medio de convicción rindió el perito presentado por cada una de las partes, así como el especialista tercero en discordia, precisando cuál le genera convicción, justificando su posición como juzgador. b) Igual analice lo planteado en el tercer agravio de la apelación y determine lo que en derecho corresponda respecto de los diversos medios de convicción consistentes en la manifestación catastral (1), la confesional de la demandada (7), la documental pública de actuaciones (10) y la presuncional legal y humana (11), para lo cual deberá atender la litis entablada en juicio" (fojas 115 y 116). Debe destacarse que ********************, promovió amparo adhesivo el cual en la propia ejecutoria se resolvió en el sentido de negarse. Ahora, del examen de las copias certificadas remitidas por los Magistrados integrantes de la Segunda Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, se advierte que en cumplimiento del fallo protector, mediante auto de dieciséis de enero de dos mil veintitrés dejaron insubsistente la resolución de cuatro de mayo de dos mil veintidós y ordenaron poner a la vista los autos para dictar una nueva (foja 130); lo cual ocurrió el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés (fojas 138 a 157). En proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, el presidente de este órgano colegiado determinó que no estaba cumplida la sentencia de amparo toda vez que la remitida por la responsable a efecto de acatar el fallo protector no estaba firmada por todos y cada uno de los integrantes de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, por lo cual existía impedimento técnico para determinar si la ejecutoria de amparo se encontraba o no cumplida; en consecuencia, requirió el debido cumplimiento (fojas 168 a 171). En cumplimiento a lo anterior en auto de diez de abril de dos mil veintitrés (fojas 199 y 200), el Presidente de este órgano colegiado, tuvo por recibida la copia certificada de la sentencia de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, debidamente firmada por los integrantes de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala como se ve a continuación (fojas 128 a 120): SIN TEXTO Así mismo, ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 199), la mencionada en primer lugar realizó manifestaciones las cuales se tuvieron realizadas en acuerdo de dieciocho siguiente (foja 204). La citada sentencia de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable la dictó en los siguientes términos: 1. Respecto de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora, reiteró la consideración en el sentido de que el medio de convicción apuntado en nada le beneficia, pues las preguntas fueron encaminadas a justificar quién le transmitió la posesión del inmueble materia del juicio, circunstancia que indicó quedó superada con la documental pública consistente en el instrumento notarial número ocho mil seiscientos nueve (fojas 194 vuelta y 195). 2. Con libertad de jurisdicción, señaló lo siguiente: a) Analizó los agravios identificados como cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y décimo de manera conjunta con el resto de los agravios, al guardar relación entre ellos; en consecuencia afirmó que el juez natural analizó la acción plenaria de posesión ejercitada a la luz de los requisitos que deben acreditarse esto es: que tiene justo título para poseer, que es de buena fe, que el demandado posee el bien a que se refiere el título, que es mejor el derecho del actor para poseer que el que alega el demandado (fojas 185 vuelta, 186 vuelta, 147). Determinó respecto de la pericial en agrimensura y topografía, que es el medio idóneo para acreditar la invasión del inmueble materia del litigio, además, se refirió cada uno de los existentes en autos, esto es de la parte actora, demandada y del tercero en discordia, analizándolos de manera conjunta (fojas 149 a 153 vuelta). Una vez hecho lo anterior, concluyó que de los tres dictámenes analizados en su conjunto de forma colegiada no se prueba plenamente el tercer elemento de la acción, pues ninguno merece otorgársele pleno valor probatorio, toda vez que únicamente señalan el aumento de las medidas del predio de la demandada, pero no el decrecimiento e invasión del predio de la actora (foja 195 vuelta). b) Igualmente en relación a los diversos medios de convicción consistentes en la manifestación catastral (1), la confesional de la demandada (7), la documental pública de actuaciones (10) y la presuncional legal y humana (11), aseveró lo siguiente (fojas 194 y 195): - A la manifestación catastral le otorgó valor probatorio en términos de lo previsto por los artículos 319, fracción II del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tlaxcala, sin embargo señaló que en nada le beneficia a la actora, tomando en consideración que a pesar de que ********************, tenía conocimiento que de las medidas que constan en tenía dicha documental eran menores a las que fueron asentadas en la escritura relativa al contrato de cesión de derechos del inmueble en cuestión en favor de su compradora, parte demandada en el juicio, además que consintió esas medidas dado que estampó su firma al momento de acudir ante el notario suscribió la escritura número ********************. - A la confesional a cargo de la demandada, consistente en el escrito de contestación, la autoridad responsable le otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 273 y 425 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, sin embargo, en nada le beneficia a la parte actora tomando en consideración que no se confesó toda la demanda; y, al no admitir prueba en contrario, en términos del artículo 427 del ordenamiento legal antes citado. - A la documental pública de actuaciones consistente en todas y cada una de las actuaciones judiciales del expediente, le otorgó valor probatorio en términos de lo previsto por el artículo 434 del citado ordenamiento civil, y señaló que en nada le beneficia a la actora pues sólo se justifica la existencia de las constancias que obran en autos y aquellas a su vez fueron valoradas en sus términos. - A la presuncional legal y humana, consistente en todo aquello que favorezca a sus pretensiones y que se deduzcan de los hechos admitidos por la parte demandada no le otorgó valor probatorio alguno, tomando en consideración que no existió presunción que se actualice en su favor. Por tanto, la autoridad responsable concluyó que el tercer elemento de la acción plenaria de posesión no fue probado, por lo que resultaba infructuoso analizar el cuarto elemento pues no variaría el resultado de sus consideraciones. Determinando que la parte actora no probó su acción, por lo que resultaba ocioso entrar al estudio de las excepciones opuestas, así como de las pruebas aportadas por su contraria, en consecuencia absolvió a la demandada de las prestaciones reclamadas. Sin que lo manifestado por la autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, en el escrito mediante el cual desahogó la vista que se le dio con las actuaciones de la autoridad responsable, lleve a este Tribunal a una conclusión diversa. Lo anterior se afirma porque la parte quejosa asevera en su escrito lo que enseguida se enuncia: "Atendiendo a la vista que se dio a la parte quejosa mediante oficio de fecha diez de abril del año que corre, notificada el día siguiente, nuevamente, vengo a inconformarme con la resolución dictada por la autoridad responsable en la que simuló dar cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal. Se reitera que la Sala no resolvió apegado a derecho los agravios cuarto, quinto, séptimo, octavo y décimo. En relación al tercer agravio planteado en apelación respecto a diversos medios de convicción como lo son MANIFESTACIÓN CATASTRAL, CONFESIONAL, DOCUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES Y LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, la autoridad responsable, de plano, omitió pronunciarse al respecto"... Como se advierte, respecto a la omisión de valorar las pruebas consistentes en la manifestación catastral, confesional, documental pública de actuaciones y la presuncional legal y humana no le asiste la razón; en tanto que, el argumento que expone en el sentido de que el análisis de los agravios cuarto, quinto, séptimo, octavo y décimo no es apegado a derecho es una cuestión de fondo que no puede ser analizado en esta resolución, en la que se examina el correcto cumplimiento de la sentencia de amparo; además no modifican la conclusión a la que arriba este Tribunal de tener por cumplida la ejecutoria de amparo. De lo anterior se puede concluir que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente a las partes quejosa y tercera interesada. Así lo proveyó y firma el Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien firma electrónicamente en conjunto con la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Acuerdo que se lista por segunda ocasión en terminos del articulo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo:Apizaco, Tlaxcala, a diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con el cual se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 158 y 159), la primera de las mencionadas realizó manifestaciones las cuales se tuvieron por presentadas mediante auto de seis de marzo de dos mil veintitrés (fojas 163 a 165). En esas circunstancias, con apoyo en el Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito que abroga el diverso Acuerdo General Plenario 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós este Órgano Colegiado resolvió conceder a ********************, la protección constitucional para los efectos siguientes: "I. Deje insubsistente la sentencia reclamada en esta instancia constitucional. II. En su lugar dicte otra en la que: 1. Reitere la desestimación de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora. 2. Con libertad de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, se ocupe de lo siguiente: a) Analice los agravios hechos valer en apelación identificados como cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y décimo, y determine lo que en derecho corresponda respecto de la pericial en agrimensura y topografía, para lo cual tomando en el planteamiento de la litis y lo resuelto en esta sentencia, valore el dictamen que respecto de ese medio de convicción rindió el perito presentado por cada una de las partes, así como el especialista tercero en discordia, precisando cuál le genera convicción, justificando su posición como juzgador. b) Igual analice lo planteado en el tercer agravio de la apelación y determine lo que en derecho corresponda respecto de los diversos medios de convicción consistentes en la manifestación catastral (1), la confesional de la demandada (7), la documental pública de actuaciones (10) y la presuncional legal y humana (11), para lo cual deberá atender la litis entablada en juicio" (fojas 115 y 116). Debe destacarse que ********************, promovió amparo adhesivo el cual en la propia ejecutoria se resolvió en el sentido de negarse. Ahora, del examen de las copias certificadas remitidas por los Magistrados integrantes de la Segunda Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, se advierte que en cumplimiento del fallo protector, mediante auto de dieciséis de enero de dos mil veintitrés dejaron insubsistente la resolución de cuatro de mayo de dos mil veintidós y ordenaron poner a la vista los autos para dictar una nueva (foja 130); lo cual ocurrió el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés (fojas 138 a 157). En proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, el presidente de este órgano colegiado determinó que no estaba cumplida la sentencia de amparo toda vez que la remitida por la responsable a efecto de acatar el fallo protector no estaba firmada por todos y cada uno de los integrantes de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, por lo cual existía impedimento técnico para determinar si la ejecutoria de amparo se encontraba o no cumplida; en consecuencia, requirió el debido cumplimiento (fojas 168 a 171). En cumplimiento a lo anterior en auto de diez de abril de dos mil veintitrés (fojas 199 y 200), el Presidente de este órgano colegiado, tuvo por recibida la copia certificada de la sentencia de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, debidamente firmada por los integrantes de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala como se ve a continuación (fojas 128 a 120): SIN TEXTO Así mismo, ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 199), la mencionada en primer lugar realizó manifestaciones las cuales se tuvieron realizadas en acuerdo de dieciocho siguiente (foja 204). La citada sentencia de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable la dictó en los siguientes términos: 1. Respecto de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora, reiteró la consideración en el sentido de que el medio de convicción apuntado en nada le beneficia, pues las preguntas fueron encaminadas a justificar quién le transmitió la posesión del inmueble materia del juicio, circunstancia que indicó quedó superada con la documental pública consistente en el instrumento notarial número ocho mil seiscientos nueve (fojas 194 vuelta y 195). 2. Con libertad de jurisdicción, señaló lo siguiente: a) Analizó los agravios identificados como cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y décimo de manera conjunta con el resto de los agravios, al guardar relación entre ellos; en consecuencia afirmó que el juez natural analizó la acción plenaria de posesión ejercitada a la luz de los requisitos que deben acreditarse esto es: que tiene justo título para poseer, que es de buena fe, que el demandado posee el bien a que se refiere el título, que es mejor el derecho del actor para poseer que el que alega el demandado (fojas 185 vuelta, 186 vuelta, 147). Determinó respecto de la pericial en agrimensura y topografía, que es el medio idóneo para acreditar la invasión del inmueble materia del litigio, además, se refirió cada uno de los existentes en autos, esto es de la parte actora, demandada y del tercero en discordia, analizándolos de manera conjunta (fojas 149 a 153 vuelta). Una vez hecho lo anterior, concluyó que de los tres dictámenes analizados en su conjunto de forma colegiada no se prueba plenamente el tercer elemento de la acción, pues ninguno merece otorgársele pleno valor probatorio, toda vez que únicamente señalan el aumento de las medidas del predio de la demandada, pero no el decrecimiento e invasión del predio de la actora (foja 195 vuelta). b) Igualmente en relación a los diversos medios de convicción consistentes en la manifestación catastral (1), la confesional de la demandada (7), la documental pública de actuaciones (10) y la presuncional legal y humana (11), aseveró lo siguiente (fojas 194 y 195): - A la manifestación catastral le otorgó valor probatorio en términos de lo previsto por los artículos 319, fracción II del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tlaxcala, sin embargo señaló que en nada le beneficia a la actora, tomando en consideración que a pesar de que ********************, tenía conocimiento que de las medidas que constan en tenía dicha documental eran menores a las que fueron asentadas en la escritura relativa al contrato de cesión de derechos del inmueble en cuestión en favor de su compradora, parte demandada en el juicio, además que consintió esas medidas dado que estampó su firma al momento de acudir ante el notario suscribió la escritura número ********************. - A la confesional a cargo de la demandada, consistente en el escrito de contestación, la autoridad responsable le otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 273 y 425 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, sin embargo, en nada le beneficia a la parte actora tomando en consideración que no se confesó toda la demanda; y, al no admitir prueba en contrario, en términos del artículo 427 del ordenamiento legal antes citado. - A la documental pública de actuaciones consistente en todas y cada una de las actuaciones judiciales del expediente, le otorgó valor probatorio en términos de lo previsto por el artículo 434 del citado ordenamiento civil, y señaló que en nada le beneficia a la actora pues sólo se justifica la existencia de las constancias que obran en autos y aquellas a su vez fueron valoradas en sus términos. - A la presuncional legal y humana, consistente en todo aquello que favorezca a sus pretensiones y que se deduzcan de los hechos admitidos por la parte demandada no le otorgó valor probatorio alguno, tomando en consideración que no existió presunción que se actualice en su favor. Por tanto, la autoridad responsable concluyó que el tercer elemento de la acción plenaria de posesión no fue probado, por lo que resultaba infructuoso analizar el cuarto elemento pues no variaría el resultado de sus consideraciones. Determinando que la parte actora no probó su acción, por lo que resultaba ocioso entrar al estudio de las excepciones opuestas, así como de las pruebas aportadas por su contraria, en consecuencia absolvió a la demandada de las prestaciones reclamadas. Sin que lo manifestado por la autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, en el escrito mediante el cual desahogó la vista que se le dio con las actuaciones de la autoridad responsable, lleve a este Tribunal a una conclusión diversa. Lo anterior se afirma porque la parte quejosa asevera en su escrito lo que enseguida se enuncia: "Atendiendo a la vista que se dio a la parte quejosa mediante oficio de fecha diez de abril del año que corre, notificada el día siguiente, nuevamente, vengo a inconformarme con la resolución dictada por la autoridad responsable en la que simuló dar cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal. Se reitera que la Sala no resolvió apegado a derecho los agravios cuarto, quinto, séptimo, octavo y décimo. En relación al tercer agravio planteado en apelación respecto a diversos medios de convicción como lo son MANIFESTACIÓN CATASTRAL, CONFESIONAL, DOCUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES Y LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, la autoridad responsable, de plano, omitió pronunciarse al respecto"... Como se advierte, respecto a la omisión de valorar las pruebas consistentes en la manifestación catastral, confesional, documental pública de actuaciones y la presuncional legal y humana no le asiste la razón; en tanto que, el argumento que expone en el sentido de que el análisis de los agravios cuarto, quinto, séptimo, octavo y décimo no es apegado a derecho es una cuestión de fondo que no puede ser analizado en esta resolución, en la que se examina el correcto cumplimiento de la sentencia de amparo; además no modifican la conclusión a la que arriba este Tribunal de tener por cumplida la ejecutoria de amparo. De lo anterior se puede concluir que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente a las partes quejosa y tercera interesada. Así lo proveyó y firma el Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien firma electrónicamente en conjunto con la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de diez del mes y año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, haciendo la primera de las mencionadas; con fundamento en el Acuerdo General 1/2023 de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con lo dispuesto en el precepto 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, se exhorta a las partes que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese. Así lo proveyó el Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien firma conjuntamente con la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

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