María de Lourdes Aguilar Pérez
Expediente 1469/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1469/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/11/2022
Partes del expediente
- María de Lourdes Aguilar Pérez
Actuaciones
- Principal
Visto; el oficio con evidencia criptográfica del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, por medio del cual acusa recibo del diverso con el que se remitió el original del juicio de amparo en que se actúa, e informa que aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento del asunto. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el oficio de cuenta; asimismo, se toma nota de lo informado para los efectos legales conducentes. A. ARCHIVO. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción J), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que este Juzgado declinó la competencia; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que, en el presente no se formó el incidente de suspensión, se deja de proveer al respecto. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el citado artículo del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez transcurra el plazo de seis meses, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra los actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tonalá, Chiapas. REGISTRO. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 1469/2022-VI y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ANÁLISIS DE COMPETENCIA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el artículo 33, de la Ley de Amparo, resulta imprescindible previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, verificar si este Juzgado Federal resulta competente para conocer del presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia I.2o.P. J/40, con número de registro 218721, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 56, Agosto de 1992, página 36, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." En ese orden de ideas, en términos de los artículos 107, fracción VII, Constitucional, 37 y 48, de la Ley de Amparo, la consecuencia jurídica del acto reclamado para los efectos del juicio de amparo, es competencia de los Juzgados de Distrito con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas. En efecto, del análisis de los preceptos constitucionales y legales antes trascritos se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan a continuación: a) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora, como sucede en el caso. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo 37, de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En tercer lugar, del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto reclamado. Por otra parte, el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, establece en lo que interesa, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acacoyahua, Acapetahua, Amatenango de la Frontera, Arriaga, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Cacahoatán, El Porvenir, Escuintla, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, La Grandeza, Mapastepec, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, Motozintla, Pijijiapan, Siltepec, Suchiate, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y Villa Comaltitlán. Luego, del análisis integral realizado a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de dictar laudo dentro del expediente laboral J/O/101/2019, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tonalá, Chiapas. Cabe mencionar que en el capítulo de hechos, la parte quejosa manifiesta que se encuentra cerrada la instrucción dentro del juicio laboral J/O/101/2019, sin embargo, la autoridad responsable ha sido omisa en emitir el laudo correspondiente, lo que se traduce en una franca transgresión a los principios de impartición de justicia pronta y expedita, acceso efectivo a la justicia, legalidad, fundamentación, motivación y seguridad jurídica, que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De lo anterior se advierte que, si bien, de acuerdo con su naturaleza, el acto reclamado es un acto omisivo, lo cierto es que tiene efectos positivos ya que sus consecuencias trascienden en un plano fáctico; es decir, conllevan ejecución material, pues su naturaleza parte de un deber de hacer, cuyo incumplimiento se reclama y se materializa de forma directa en detrimento o menoscabo del derecho fundamental del quejoso de acceso a la justica de manera pronta y expedita, en perjuicio de las partes en el proceso. Por ende, la omisión atribuida a la responsable, genera una afectación que no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado; y en ese sentido, se reitera, si bien el acto reclamado es uno omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada- lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo. De ahí que se trata de un acto omisivo con efectos positivos. Entonces, es evidente que el acto omisivo reclamado no se circunscribe a la sola inactividad de la autoridad, pues la privación de ese derecho fundamental de acceso a la justicia pronta y expedita a favor de los gobernados legal y constitucionalmente, materializa una consecuencia en el mundo fáctico del quejoso que configura el principio de ejecución material. Conforme a lo anterior, se considera que en el caso se actualiza la primera hipótesis del artículo 37, de la Ley de Amparo, que dispone que a fin de determinar la competencia por razón de territorio, es competente el juzgado del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, pues la omisión reclamada tiene eficacia en el lugar en el que se materializa esa abstención, esto es, en Tonalá, Chiapas, lugar en donde reside la autoridad responsable. Por ende, la competencia debe fincarse en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, en turno, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, pues dada la naturaleza del acto generador de molestia, no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado. Similar criterio adoptó el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el conflicto competencial 14/2022, en el que, en lo que interesa dijo: "...A efecto de dilucidar la naturaleza y efectos del acto reclamado, debe tenerse presente que el quejoso señaló como acto reclamado la omisión de celebrar la audiencia de pruebas y alegatos en relación al incidente de acumulación dentro del expediente laboral J/O/67/2020, dijo que la autoridad responsable no cumplía con lo establecido en el numeral 17 constitucional, porque tanto os representantes de los trabajadores como de los patrones no firmaban las actuaciones por estar en desacuerdo, lo que impedía la celebración de la audiencia y se impedía la impartición de justicia pronta y expedita en los plazos que fija la ley. Con base en lo anterior, se destaca que la omisión de celebrar la audiencia que menciona el quejoso, si bien es un acto omisivo, lo cierto es que tiene efectos positivos ya que sus consecuencias trascienden en un plano fáctico; es decir, conllevan ejecución material, pues su naturaleza parte de un deber de hacer, cuyo incumplimiento se reclama y se materializa de forma directa en detrimento o menoscabo del derecho fundamental del quejoso de acceso a la justicia de manera pronta y expedita, en perjuicio de las partes en el proceso. Por ende, no puede afirmarse que la omisión atribuida a la responsable es una decisión meramente declarativa que no tiene ningún efecto o que no conlleve a consecuencia alguna. Por el contrario, con ello se genera una afectación que no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado; y en ese sentido, se reitera, si bien el acto reclamado es uno omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada- lo cierto es que genera efectos que si se tratara de un acto positivo. De ahí que se trata de un acto omisivo con efectos positivos. Entonces, el acto omisivo reclamado no se circunscribe a la sola inactividad de la autoridad, pues la privación de ese derecho fundamental de acceso a la justicia pronta y expedita a favor de los gobernados legal y constitucionalmente, materializa una consecuencia en el mundo fáctico del quejoso que configura el principio de ejecución material. Conforme a lo anterior, se considera que en el caso se actualiza la primera hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone que a fin de determinar la competencia por razón de territorio, es competente el juzgado del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, pues la omisión reclamada tiene eficacia en el lugar en el que se materializa esa abstención, que por el momento y en atención a los elementos con que se cuentan en el presente conflicto, la autoridad responsable tiene su residencia en Tonalá, Chiapas Por ende, como ya se expuso, la competencia debe fincarse a favor del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, pues dada la naturaleza del acto generador de molestia, no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado; por lo que, en consecuencia, deberán remitirse los autos del expediente relativo a dicho órgano para su conocimiento..." III. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA. En consecuencia, conforme lo dispuesto por el artículo 37, párrafo primero, de la ley de la materia y 48, del mismo ordenamiento reglamentario, así como el Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 3/2013 relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número y a la jurisdicción territorial y especializada por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano jurisdiccional declara de plano su legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo de cuenta y declina la competencia al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas en Turno con residencia en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, que ejerce jurisdicción en el lugar en el que tiene ejecución el acto reclamado. Consecuentemente, sin resolver sobre su admisión, se ordena remitir la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas en Turno con residencia en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a fin de que, si lo considera procedente, se avoque al conocimiento de este juicio constitucional; por lo cual, solicítese al Juez Federal condigno, tenga a bien comunicar respecto de la aceptación o rechazo de la competencia planteada y acusar el recibo de estilo correspondiente. Por todo lo anterior, con copia de la demanda de amparo y del presente proveído, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales conducentes. IV. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. V. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. De conformidad con el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda. Asimismo, se faculta únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona en su escrito de demanda, de conformidad con los artículos 12, segundo párrafo y 24, de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado expresamente. VI. QUEJOSA SEÑALA CORREO ELECTRÓNICO. Como lo establece el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, prorrogado por el diverso 21/2021 el correo electrónico solo es un medio para entablar comunicaciones no procesales con las partes, por tanto, únicamente se le tiene por ofrecidos para ese efecto. VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Visto; el escrito de cuenta, signado por +++, apoderado del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, personalidad que acredita con el instrumento público número ciento cuarenta mil seiscientos veintitrés, pasado ante la fe de José Ángel Fernández Uría, Notario Público número doscientos siete de la Ciudad de México, por medio del cual, en cumplimiento a lo que le fue requerido por este Juzgado de Distrito mediante oficio número 24473/2022, de diecinueve de octubre de dos mil veintidós: I) Solicita se le tenga reconocida su personalidad en términos del instrumento notarial que en copia certificada exhibe, designa como delegados de la autoridad responsable a Ada Ruth Rosique Pérez, José Luis Mejía Almeraya, Armando Cid Islas, Daniel Jorge Aguilar Ojeda, Athenea Vargas Olvera, Leslie Fredel Barreto Juárez, Mónica Janet Cornejo, José Manuel Mansilla y Baeza, Mauricio Piloto Baeza, Luis Arturo Gámez Naranjo, Pablo Magaña Martínez, Víctor Manuel Guzmán Thomas, Amairanny Fleites Castellanos, Karla Evissai Flores Martínez, Luis Alberto Hernández Albores, Luis Alberto Cruz Morales y Ariosto Palacios Sánchez. II) Señala domicilio para recibir notificaciones el consultorio jurídico "Soluciones y Estrategias Legales & Abogados", ubicado en 7ª Oriente Norte, entre 1ª y 2ª norte, número 250-B, barrio Granjas Urcil, código postal 29000, de Tuxtla Gutiérrez. III) Autoriza para recibir citas y notificaciones a los pasantes en Derecho Ángel Emilio Hernández Peña, Luis de la Cruz Herrera y Miguel Ángel Méndez Agüero. IV) Pide se le permita el acceso al expediente electrónico con los usuarios bAYRON y Mansillay. V) Solicita que las notificaciones en este juicio de amparo se le realicen de manera electrónica. VI) Peticiona se le conceda prórroga no menor a quince días para dar cumplimiento al fallo protector, dados los diversos cambios en la administración pública y despachos externos de esa institución. VII) Solicita copia certificada y simple de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y de la ejecutoria del recurso de revisión 483/2021. VIII) Pide la devolución de la copia certificada del instrumento notarial exhibido, adjuntando fotocopia simple para su cotejo. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el escrito de cuenta y copia simple de su anexo. Respecto al punto I), de conformidad con el artículo 10, de la Ley de Amparo, se le reconoce su personalidad en términos del instrumento notarial exhibido y de las personas que señala, precisadas en ese inciso, con las facultades conferidas, esto es, como delegados de la responsable, no así a las diversas que en el inciso III) autoriza, toda vez que por tratarse de la autoridad responsable, las notificaciones le serán practicadas por oficio, en términos del artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. En relación al diverso II), téngase como domicilio para recibir notificaciones el que cita en su escrito de cuenta. En relación al punto IV), conforme con el artículo 3, de la ley de la materia, se le tiene como autorizado para consultar electrónicamente el juicio de amparo en que se actúa; y se ordena al analista jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), dar de alta al promovente, registrado con los nombres de usuario bAYRON y Mansillay, para consultarlo de manera electrónica. De igual manera, se instruye al personal comisionado de efectuar la digitalización de constancias, realice el escaneo de las documentales que integran este sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. Tocante al punto V, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza realizar las notificaciones vía electrónica al promovente, lo que deberán tomar nota los actuarios adscritos. Por cuanto hace al punto VI), por única ocasión se le concede prórroga de QUINCE DÍAS, contado a partir del siguiente a la notificación del presente proveído, para cumplir el fallo protector, en el entendido de que subsiste el apercibimiento de multa decretado en el proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Respecto al punto VII), como lo solicita el promovente, conforme con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, expídase a su costa la copia certificada y simple que solicita, previa razón y firma de recibo que deje en autos. En el entendido de que de conformidad con el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, para consultar el expediente físico, o en su caso, para la entrega de copias solicitadas, será a través de la generación de citas, que podrán realizar en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, se hace del conocimiento de la parte quejosa que se deberá estar a lo dispuesto en esa normatividad. En tal sentido, de conformidad con la parte final del artículo 6, del Acuerdo General en mención, las citas obtenidas para la consulta de expediente o entregas de copias durarán máximo veinticinco minutos; por lo cual, si se excede de ese tiempo, tendrán que generar una nueva cita para un día diferente, según disponibilidad de la agenda. Lo que se hace de su conocimiento a efecto de que tome las precauciones debidas a efecto de que, en el día y hora que comparezca pueda obtener las copias solicitadas. Y en relación a lo instado en el punto VIII), como lo solicita, previo cotejo de la copia certificada del instrumento notarial exhibido con su fotocopia simple, procédase a devolver aquella. NOTIFÍQUESE POR LISTA; Y VÍA ELECTRONICA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio número CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta su organización y funcionamiento, ante Víctor Hugo Albores Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe.
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