María de los Remedios López Moreno

Expediente 962/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
962/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
20/10/2022

Partes del expediente

  • María de los Remedios López Moreno
  • Directora de sustanciación de la Contraloría Municipal de Morelia, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    CUENTA. En veinte de octubre de dos mil veintidós, la secretaria da cuenta a la Juez, con el estado que guardan los autos, así como con la certificación secretarial que antecede, dentro del juicio de amparo 962/2022. Conste.Morelia, Michoacán, veinte de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto de veintiuno de septiembre del año en curso, dictado en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se desechó la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Katia Orozco Alfaro, Juez Cuarto de Distrito en el Estado, quien actúa con Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós Visto lo de cuenta se provee. CUMPLE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito signado por César Ulises Torres Román, por medio del cual cumple con la prevención que le fue formulada mediante proveído de siete de septiembre de dos mil veintidós; por tanto, se le reconoce el carácter de apoderado de la quejosa María de los Remedios López Moreno, en virtud del instrumento notarial que exhibe. En ese tenor, se provee en los siguientes términos: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora, vista la demanda de amparo promovida por César Ulises Torres Román, quien se ostenta apoderado legal de María de los Remedios López Moreno, contra actos de la Directora de Sustanciación y Titular de la Contraloría, ambas del Municipio de Morelia, Michoacán, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Asimismo, el citado numeral, impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Apoyan lo expuesto, las jurisprudencias I.13°.A. J/6 y I.60.C. J/19, emitidas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos pertenecientes al del Primer Circuito, cuyos rubros son:"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." y "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." ANÁLISIS DE LA DEMANDA. Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En efecto, de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados en el presente asunto es el siguiente: El resolver un incidente de objeción de pruebas sin tener facultades para ello, dentro del expediente de presunta responsabilidad administrativa número P.R.A.-D.S.-124/2022. La posibilidad de resolver en definitiva el referido expediente tomando en consideración las pruebas que fueron objetadas en mencionado incidente. Una vez precisados los actos reclamados, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción III, incisos a) y b), del mismo ordenamiento legal, este último interpretado a contrario sensu, por lo cual, se realizará el estudio respectivo. ESTUDIO DE LA IMPROCEDENCIA. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto que el 107, fracción III, inciso b), del mismo ordenamiento legal, prevé que un acto de ejecución irreparable es aquel que afecte materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados internacionales. En otras palabras, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción III, especificó que los relativos a resoluciones definitivas y dentro de procedimiento las de afectación de "imposible reparación", esto son los que materialmente atañen a derechos sustantivos. Por lo que, el amparo indirecto es procedente tratándose de actos dentro de procedimiento seguido en forma de juicio, solo cuando éstos afecten derechos sustantivos. En el caso, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables el resolver un incidente de objeción de pruebas sin tener facultades para ello, dentro del expediente de presunta responsabilidad administrativa número P.R.A.-D.S.-124/2022, así como la posibilidad de resolver en definitiva tomando en consideración las pruebas que fueron objetadas. Ahora, de la lectura de la demanda se aprecia que bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa realizó la narración de antecedentes, de la que se aprecia: Que la quejosa fue emplazada dentro del procedimiento de presunta responsabilidad administrativa número P.R.A.-D.S.-124/2022, tramitado ante la Dirección de Sustanciación de la Contraloría Municipal de Morelia, por la presunta comisión de una falta administrativa grave. Que el nueve de agosto del presente año, se llevó a cabo la audiencia inicial contemplada en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, a la cual compareció el apoderado de la quejosa. En la misma fecha, en términos de los artículos 182 y 183 de la Ley de Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, el apoderado de la quejosa promovió incidente sobre objeción de pruebas, el cual fue resuelto por Dirección de Sustanciación de la Contraloría Municipal de Morelia. Dicho incidente, fue resuelto el quince de agosto del año en curso, por lo que se remitió el expediente de origen P.R.A.-D.S.-124/2022 a la sala especializada en materia de anticorrupción para su resolución, tocando conocer del asunto al Magistrado de la Quinta Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, formando el expediente número PRA-0031/2022-V. Mediante acuerdo de diecinueve de agosto pasado, se determinó regresar el expediente a la autoridad sustanciadora por estimar que la falta administrativa atribuida no es grave, a fin de que sea resuelto por la titular de la Contraloría Municipal de Morelia. La exposición de los antecedentes de los actos reclamados evidencia que aquél se ubica dentro de la tramitación del procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio; asimismo, que no se ha dictado la resolución correspondiente. Empero, debe indicarse que el acto reclamado de ninguna manera afecta, en forma directa, inmediata y material, los derechos sustantivos de la quejosa reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales; ello se afirma en virtud de que no afecta la libertad, propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera. Lo expuesto permite concluir válidamente que los actos reclamados por la quejosa no pueden impugnarse conforme al artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que, si bien fue emitido dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, la realidad es que no afecta derecho sustantivo alguno del agraviado. En otras palabras, se trata de un acto dictado en juicio que sólo entraña posibles infracciones a sus derechos adjetivos los cuales, únicamente, producen efectos de carácter formal, es decir, meramente procesales. En efecto, la circunstancia de que la autoridad responsable haya resuelto el incidente de objeción de pruebas, sólo constituye una posible afectación a derechos adjetivos o meramente procesales. Ello es así, pues aun ante esa determinación, la quejosa podría obtener una resolución favorable en el expediente administrativo de origen, ya que, según sus antecedentes, puede advertirse que al haberse determinado regresar el expediente a la autoridad sustanciadora a fin de que sea resuelto por la titular de la Contraloría Municipal de Morelia, por lo cual, ante la posibilidad de un fallo en favor de sus intereses, quedarían reparadas las posibles violaciones que se cometieran a causa de la resolución del incidente de objeción de pruebas. De ahí que se considere que el acto reclamado sólo implicaría violaciones formales que pudieran ser reparables en la resolución que llegue a dictarse en el precitado expediente administrativo, al cual como ese dijo no sea dictado. Se insiste, las posibles violaciones que pudieran cometerse con los actos reclamados, al constituir únicamente posibles infracciones a las leyes del procedimiento, podrán quedar subsanadas con posterioridad si la resolución que ponga fin al procedimiento resulta favorable a sus intereses y, aun cuando ello no sea así, podrá reclamarlas junto con la resolución que ponga fin al procedimiento de origen. Consecuentemente, lo expuesto en este apartado permite sostener, como se ha venido haciendo, que los actos reclamados en este asunto no tienen sobre la quejosa una afectación a sus derechos de imposible reparación, sino que se trata de posibles violaciones a derechos procesales o adjetivos, lo cual impide la procedencia del amparo indirecto en su contra, de acuerdo a lo previsto por el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 119/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 442, tomo XXXII, agosto de 2010, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SERVICIO DE CARRERA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA FEDERAL (ACTUALMENTE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL) DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN RELATIVO NO ES ACTO IRREPARABLE NI CAUSA AFECTACIÓN EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. Conforme a los artículos 114, fracciones II y IV, 158, 159, fracción III, y 161, primer párrafo, de la Ley de Amparo, por regla general el desechamiento de pruebas dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio constituye una afectación a derechos adjetivos o procesales de defensa que debe impugnarse en amparo directo promovido contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a la contienda, salvo que con motivo de ese acto intraprocesal se cause una ejecución irreparable, caso en el cual procede el juicio de garantías en la vía indirecta. En ese tenor, se concluye que el desechamiento de las pruebas de descargo ofrecidas por el servidor público sujeto al procedimiento administrativo de separación del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal (actualmente Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial) de la Procuraduría General de la República, no constituye un acto de imposible reparación, al no lesionar de modo directo e inmediato sus derechos sustantivos, sino sólo una afectación no definitiva a sus derechos adjetivos o procesales de defensa reparable por la autoridad resolutora al emitir fallo favorable, ocasionando que no trascienda a la esfera jurídica del quejoso por esa actuación. Igualmente, las consecuencias de ésta no producen una afectación en grado predominante o superior, en tanto no se impide la debida integración de la litis; tampoco ocasionan el retardo de la solución del procedimiento o que se siga de manera ociosa, ni determina definitivamente el rumbo del procedimiento por la posibilidad de que, aun sin pruebas de su parte, pueda obtener una resolución a su favor atendiendo a la universalidad de las constancias respectivas". Por tanto, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley Amparo, relacionada con el diverso precepto 107, fracción III, del ordenamiento legal en cita, este último interpretado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEÍDO...Morelia, Michoacán, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós Visto lo de cuenta se provee. CUMPLE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito signado por César Ulises Torres Román, por medio del cual cumple con la prevención que le fue formulada mediante proveído de siete de septiembre de dos mil veintidós; por tanto, se le reconoce el carácter de apoderado de la quejosa María de los Remedios López Moreno, en virtud del instrumento notarial que exhibe. En ese tenor, se provee en los siguientes términos: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora, vista la demanda de amparo promovida por César Ulises Torres Román, quien se ostenta apoderado legal de María de los Remedios López Moreno, contra actos de la Directora de Sustanciación y Titular de la Contraloría, ambas del Municipio de Morelia, Michoacán, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Asimismo, el citado numeral, impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Apoyan lo expuesto, las jurisprudencias I.13°.A. J/6 y I.60.C. J/19, emitidas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos pertenecientes al del Primer Circuito, cuyos rubros son:"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." y "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." ANÁLISIS DE LA DEMANDA. Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En efecto, de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados en el presente asunto es el siguiente: El resolver un incidente de objeción de pruebas sin tener facultades para ello, dentro del expediente de presunta responsabilidad administrativa número P.R.A.-D.S.-124/2022. La posibilidad de resolver en definitiva el referido expediente tomando en consideración las pruebas que fueron objetadas en mencionado incidente. Una vez precisados los actos reclamados, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción III, incisos a) y b), del mismo ordenamiento legal, este último interpretado a contrario sensu, por lo cual, se realizará el estudio respectivo. ESTUDIO DE LA IMPROCEDENCIA. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto que el 107, fracción III, inciso b), del mismo ordenamiento legal, prevé que un acto de ejecución irreparable es aquel que afecte materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados internacionales. En otras palabras, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción III, especificó que los relativos a resoluciones definitivas y dentro de procedimiento las de afectación de "imposible reparación", esto son los que materialmente atañen a derechos sustantivos. Por lo que, el amparo indirecto es procedente tratándose de actos dentro de procedimiento seguido en forma de juicio, solo cuando éstos afecten derechos sustantivos. En el caso, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables el resolver un incidente de objeción de pruebas sin tener facultades para ello, dentro del expediente de presunta responsabilidad administrativa número P.R.A.-D.S.-124/2022, así como la posibilidad de resolver en definitiva tomando en consideración las pruebas que fueron objetadas. Ahora, de la lectura de la demanda se aprecia que bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa realizó la narración de antecedentes, de la que se aprecia: Que la quejosa fue emplazada dentro del procedimiento de presunta responsabilidad administrativa número P.R.A.-D.S.-124/2022, tramitado ante la Dirección de Sustanciación de la Contraloría Municipal de Morelia, por la presunta comisión de una falta administrativa grave. Que el nueve de agosto del presente año, se llevó a cabo la audiencia inicial contemplada en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, a la cual compareció el apoderado de la quejosa. En la misma fecha, en términos de los artículos 182 y 183 de la Ley de Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, el apoderado de la quejosa promovió incidente sobre objeción de pruebas, el cual fue resuelto por Dirección de Sustanciación de la Contraloría Municipal de Morelia. Dicho incidente, fue resuelto el quince de agosto del año en curso, por lo que se remitió el expediente de origen P.R.A.-D.S.-124/2022 a la sala especializada en materia de anticorrupción para su resolución, tocando conocer del asunto al Magistrado de la Quinta Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, formando el expediente número PRA-0031/2022-V. Mediante acuerdo de diecinueve de agosto pasado, se determinó regresar el expediente a la autoridad sustanciadora por estimar que la falta administrativa atribuida no es grave, a fin de que sea resuelto por la titular de la Contraloría Municipal de Morelia. La exposición de los antecedentes de los actos reclamados evidencia que aquél se ubica dentro de la tramitación del procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio; asimismo, que no se ha dictado la resolución correspondiente. Empero, debe indicarse que el acto reclamado de ninguna manera afecta, en forma directa, inmediata y material, los derechos sustantivos de la quejosa reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales; ello se afirma en virtud de que no afecta la libertad, propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera. Lo expuesto permite concluir válidamente que los actos reclamados por la quejosa no pueden impugnarse conforme al artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que, si bien fue emitido dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, la realidad es que no afecta derecho sustantivo alguno del agraviado. En otras palabras, se trata de un acto dictado en juicio que sólo entraña posibles infracciones a sus derechos adjetivos los cuales, únicamente, producen efectos de carácter formal, es decir, meramente procesales. En efecto, la circunstancia de que la autoridad responsable haya resuelto el incidente de objeción de pruebas, sólo constituye una posible afectación a derechos adjetivos o meramente procesales. Ello es así, pues aun ante esa determinación, la quejosa podría obtener una resolución favorable en el expediente administrativo de origen, ya que, según sus antecedentes, puede advertirse que al haberse determinado regresar el expediente a la autoridad sustanciadora a fin de que sea resuelto por la titular de la Contraloría Municipal de Morelia, por lo cual, ante la posibilidad de un fallo en favor de sus intereses, quedarían reparadas las posibles violaciones que se cometieran a causa de la resolución del incidente de objeción de pruebas. De ahí que se considere que el acto reclamado sólo implicaría violaciones formales que pudieran ser reparables en la resolución que llegue a dictarse en el precitado expediente administrativo, al cual como ese dijo no sea dictado. Se insiste, las posibles violaciones que pudieran cometerse con los actos reclamados, al constituir únicamente posibles infracciones a las leyes del procedimiento, podrán quedar subsanadas con posterioridad si la resolución que ponga fin al procedimiento resulta favorable a sus intereses y, aun cuando ello no sea así, podrá reclamarlas junto con la resolución que ponga fin al procedimiento de origen. Consecuentemente, lo expuesto en este apartado permite sostener, como se ha venido haciendo, que los actos reclamados en este asunto no tienen sobre la quejosa una afectación a sus derechos de imposible reparación, sino que se trata de posibles violaciones a derechos procesales o adjetivos, lo cual impide la procedencia del amparo indirecto en su contra, de acuerdo a lo previsto por el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 119/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 442, tomo XXXII, agosto de 2010, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SERVICIO DE CARRERA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA FEDERAL (ACTUALMENTE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL) DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN RELATIVO NO ES ACTO IRREPARABLE NI CAUSA AFECTACIÓN EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. Conforme a los artículos 114, fracciones II y IV, 158, 159, fracción III, y 161, primer párrafo, de la Ley de Amparo, por regla general el desechamiento de pruebas dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio constituye una afectación a derechos adjetivos o procesales de defensa que debe impugnarse en amparo directo promovido contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a la contienda, salvo que con motivo de ese acto intraprocesal se cause una ejecución irreparable, caso en el cual procede el juicio de garantías en la vía indirecta. En ese tenor, se concluye que el desechamiento de las pruebas de descargo ofrecidas por el servidor público sujeto al procedimiento administrativo de separación del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal (actualmente Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial) de la Procuraduría General de la República, no constituye un acto de imposible reparación, al no lesionar de modo directo e inmediato sus derechos sustantivos, sino sólo una afectación no definitiva a sus derechos adjetivos o procesales de defensa reparable por la autoridad resolutora al emitir fallo favorable, ocasionando que no trascienda a la esfera jurídica del quejoso por esa actuación. Igualmente, las consecuencias de ésta no producen una afectación en grado predominante o superior, en tanto no se impide la debida integración de la litis; tampoco ocasionan el retardo de la solución del procedimiento o que se siga de manera ociosa, ni determina definitivamente el rumbo del procedimiento por la posibilidad de que, aun sin pruebas de su parte, pueda obtener una resolución a su favor atendiendo a la universalidad de las constancias respectivas". Por tanto, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley Amparo, relacionada con el diverso precepto 107, fracción III, del ordenamiento legal en cita, este último interpretado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo.

  4. Principal

    CUENTA. En siete de septiembre de dos mil veintidós, la secretaria da cuenta a la Juez, con un escrito inicial de demanda registrado con el número 14560, al que anexó ocho copias de traslado, así como con la certificación secretarial que antecede, dentro del juicio de amparo 962/2022. Conste.Morelia, Michoacán, siete de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 962/2022. De conformidad con el Acuerdo General 16/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de agosto de dos mil veintidós, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda promovida por César Ulises Torres Román, quien se ostenta apoderado legal de María de los Remedios López Moreno, contra actos de la Directora de Sustanciación y Titular de la Contraloría, ambas del Municipio de Morelia, Michoacán, se prevé: Previo acordar sobre su procedencia, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 108 fracción I, así como el 114, fracción III y relativos a la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de proveer sobre la admisión de la demanda, se estima necesario requerir al promovente a fin de que, en el plazo de CINCO DÍAS contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se le haga, cumpla con lo siguiente: ÚNICO. Acredite la representación con la que acude a juicio, pues comparece en cuanto apoderado legal de María de los Remedios López Moreno, sin embargo, no adjuntó a su demanda el documento con el que lo acredite. En observancia a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal y a fin de estar en condiciones de proveer sobre la admisión de la demanda, se requiere a la promovente para que exhiba el documento o la constancia relativa con la que acredite que tiene personalidad con la que se ostenta, ello en términos de lo dispuesto por el artículo 6 de la ley de la materia. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 43/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo". APERCIBIMIENTO. Apercíbase al promovente que de no cumplir con lo acordado en este proveído en el plazo indicado y en caso de colmar la prevención de forma física mediante escrito que presenten en la Oficialía de Partes Común del Poder Judicial de la Federación, de no acompañar copias suficientes del documento con el que dé cumplimiento, así como aquel con el que acredite su personalidad, para correr traslado a las partes, se tendrá por no presentada la demanda, atento a lo dispuesto por el artículo 114 de la ley de la materia. Tiene aplicación a la anterior consideración, la jurisprudencia por contradicción 2a. /J. 124/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa". En el entendido que el requerimiento formulado deberá cumplirse en forma directa por el peticionario, pues los autorizados carecen de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 37/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la modificación de la jurisprudencia 33/2010. Así como la diversa Jurisprudencia 1a./J. 50/2014, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Libro 9, Tomo I, Agosto 2014, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. Asimismo, desde este momento se instruye al actuario para que todas las notificaciones personales que resulten necesarias dentro del presente juicio, se realicen con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. ATENCIÓN A LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, reformado y adicionado por el diverso 16/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, considerando el riesgo sanitario, se procurará encausar el procedimiento de manera que, tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Por tanto, se les requiere para que proporcionen número telefónico y correo electrónico con el propósito de establecer contacto y generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten eficientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en el lugar que permita su consulta por los interesados. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. De conformidad con las reglas previstas en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020, reformado, adicionado y derogado por el diverso 7/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presencia física de las partes únicamente se admitirá: Cuando el órgano jurisdiccional lo determiné; y, Cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubrebocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Vista la certificación de cuenta, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Enrique Eduardo Villaseñor González, toda vez que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, reformado, adicionado y derogado por el diverso 16/2022, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano