María de los Ángeles Velázquez Rodríguez

Expediente 414/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
414/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
08/09/2022

Partes del expediente

  • María de los Ángeles Velázquez Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 4822 signado con firma electrónica por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz; recibido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en virtud de que dicho oficio cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se tiene a la Superioridad informando que admitió y se avocó al conocimiento por razón de turno del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en autos; radicándolo como amparo en revisión 97/2022; por tanto, estese en espera de que la superioridad resuelva lo conducente. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dos de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 3774/2022 -sin firma- enviado por el actuario judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz. En atención a su contenido, se tiene a la Superioridad informando el asunto se encuentra relacionado por vinculación y conocimiento previo con el recurso de revisión 49/2021 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, en ese sentido, el escrito original de agravios interpuesto por la parte quejosa y el expediente principal 414/2022 de la estadística de este Juzgado, fue remitido a ese órgano jurisdiccional. En consecuencia, estese en espera de que la superioridad resuelva lo conducente. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinte de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por Luis Federico Vázquez Pacheco, autorizado de la parte quejosa en el presente asunto; en atención a su contenido, se le tiene INTERPONIENDO RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia del treinta de junio del año curso dictada en autos; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 fracción I inciso e), 86 párrafo primero, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse copias entre las partes como corresponda. Hecho lo anterior, una vez que esté debidamente integrado el presente asunto, esto es, que obren las notificaciones de la sentencia y del recurso de revisión, dentro del plazo de tres días contados a partir de que se cumpla con dicho extremo, remítanse estos autos, original y copia del escrito con registro 12964 que se provee al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito en turno, con sede en Xalapa, Veracruz por conducto de la respectiva Oficina de Correspondencia Común, para la substanciación de dicho medio de impugnación. Asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes de dicho envío, con copia certificada de las principales constancias de este expediente. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    IV. Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte tercera interesada la sentencia engrosada el treinta de junio de dos mil veintidós, misma que a la letra dice: PRIMERO. Por escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veintidós, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, turnado el día veintiocho siguiente, a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, María de los Ángeles Velázquez Rodríguez promovió juicio de amparo en contra de actos de la 1. Junta Especial número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Veracruz, Veracruz, por un acto que se precisará más adelante (fojas 3 a 31).SEGUNDO. Mediante proveído de veintinueve de abril de dos mil veintidós, se ordenó admitir la demanda de amparo; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, emplazar a Comisión Federal de Electricidad - CFE Generación VI, en su carácter de tercero interesado en términos del artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y fijar fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 50 a 55).TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 75) así como la constancia de notificación al Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado (foja 60) y de la parte tercero interesada la que no hizo valer causales de improcedencia (foja 61) tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDOPRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1, 103, fracción I, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación, conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece.Por la vía, pues se reclama un acto de autoridad jurisdiccional de naturaleza laboral, que según la quejosa afecta sus derechos laborales y el acceso a una justicia efectiva, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, en tanto que el acto reclamado tiene efectos dentro de la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado a la Junta responsable es el siguiente:El acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente de convenio fuera de juicio 1262/2020 por la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en Veracruz, Veracruz, donde se aprobó el convenio celebrado fuera de juicio por la trabajadora María de los Ángeles Velázquez Rodríguez y la patrona Comisión Federal de Electricidad, respecto de jubilación por años de servicio.Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia.TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto atribuido a la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en Veracruz, Veracruz. Lo que se considera así, pues si bien dicha junta responsable al rendir su informe justificado (foja 75) dijo que no era cierto el acto reclamado, de su propio informe se desprende la existencia de dicho proveído y lo que niega es la ilegalidad del mismo, por lo que debe tenerse el citado acto como cierto.Máxime que dicha junta responsable remitió copia certificada del acuerdo combatido en esta vía constitucional (fojas 77 a 84) documental que adquiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2, ya que se trata de documentos que fueron expedidos por servidores públicos en ejercicio de las funciones que les asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO."CUARTO. Procedencia. En el caso no se advierte, por quien aquí resuelve, alguna causa de improcedencia que se actualice, ni las partes las señalaron, entonces se procede al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, conforme a los conceptos de violación esgrimidos cuya transcripción se omite al no existir disposición que lo exija.Apoya lo antes considerado, la jurisprudencia 2a./J.58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. QUINTO. Constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, relativos a la violación de la garantía de debida fundamentación y motivación, así como congruencia de las resoluciones contenidos en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, son infundados por los motivos que se expondrán en párrafos posteriores, sin que se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción V de la Ley de Amparo. MARCO NORMATIVO.En principio, conviene establecer las siguientes premisas que servirán de respaldo para otorgar el amparo solicitado.Fundamentación y motivación.El artículo 16 de la Constitucional Federal, en su parte conducente, dispone:"Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.".En el precepto constitucional transcrito se dispone que toda resolución de autoridad judicial competente, debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, de ahí que, para cubrir cabalmente tal aspecto, la autoridad judicial está obligada a exponer las causas generales y razones particulares que en su concepto le permitan establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. Máxime que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional, tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra en el análisis exhaustivo y congruente de los puntos que integran la litis, teniendo como apoyo el o los preceptos jurídicos aplicables al caso en concreto, que permiten a los juzgadores expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como, en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Además, es necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas (hasta los criterios jurisprudenciales) aplicables al caso de que se trate, pues las resoluciones jurisdiccionales presuponen el debido proceso legal en un conflicto o litis que se les plantea.Ello atento a que en las resoluciones jurisdiccionales la garantía de legalidad tiene como objeto que el juzgador no las dicte en forma arbitraria, sino ajustadas al ordenamiento legal, a fin de que el ciudadano pueda advertir si se respetaron de manera cabal las normas que dicho juzgador estimó para resolver el debate. Son aplicables a lo hasta aquí dicho, las siguientes jurisprudencia y tesis, respectivamente:"FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.""FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa."Luego, como ya se dijo, el artículo 16 de la Constitución Federal, en términos generales, establece el derecho fundamental de legalidad, cuyos requisitos deben respetar las autoridades frente a los gobernados al emitir cualquier acto de molestia que incida en su esfera jurídica, destacando entre los requisitos referidos, que el acto de molestia se encuentre asentado por escrito y, que El artículo 17 de la Constitución Federal contiene como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto, a saber, justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Por su parte, los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos contemplan mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de manera sistemática, para hacerlos valer por los ciudadanos, atento al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia. Se cita como respaldo la jurisprudencia VI.1o.A. J/2 (10a.) que se lee:"ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado de manera sistemática con el artículo 1o. de la Ley Fundamental, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de su índice, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Sin embargo, dicho derecho fundamental previsto como el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación. Las garantías mencionadas subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento al nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima que el artículo 17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantías o mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia." En ese sentido, el citado numeral 17 de la Constitución, en correlación con el 1° de la propia Carta Suprema y de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, imponen la obligación al juzgador de hacer efectivo el derecho de acceso a la impartición de justicia, procurando no fijar obstáculos innecesarios a los justiciables, a fin de que éstos tengan la oportunidad de que sean escuchadas su pretensiones y que éstas se resuelvan mediante pronunciamiento completo por la autoridad judicial.Convenios laborales celebrados fuera de juicio.Por otra parte, la Ley Federal del Trabajo regula la celebración de convenios ante la autoridad laboral para encontrar una solución a un conflicto, ya sea en el curso del procedimiento surgido9 con motivo de una demanda, en la etapa de conciliación, o para evitar el litigio mediante los acuerdos fuera del juicio, pero con independencia del momento procesal en que se celebren, para su validez deben ser ratificados y aprobados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje conforme al artículo 33 de la propia legislación, que dispone:"Artículo 33. Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé.Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él. Será ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores."Si el convenio se celebra sin que se haya presentado demanda laboral alguna, deberá ser ratificado y aprobado por el tribunal laboral en el procedimiento paraprocesal establecido en el artículo 987 de la Ley Federal del Trabajo, el cual prevé:"Artículo 987. Cuando trabajadores y patrones lleguen a un convenio o liquidación de un trabajador, fuera de juicio, podrán concurrir ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y las Especiales, solicitando su aprobación y ratificación, en los términos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 33 de esta Ley, para cuyo efecto se identificarán a satisfacción de aquélla.En los convenios en que se dé por terminada la relación de trabajo deberá desglosarse la cantidad que se entregue al trabajador por concepto de salario, de prestaciones devengadas y de participación de utilidades. En caso de que la Comisión Mixta para la Participación de las Utilidades en la empresa o establecimiento aún no haya determinado la participación individual de los trabajadores, se dejarán a salvo sus derechos, hasta en tanto se formule el proyecto del reparto individual. Los convenios celebrados en los términos de este artículo serán aprobados por la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, cuando no afecten derechos de los trabajadores, y tendrán efectos definitivos, por lo que se elevarán a la categoría de laudo ejecutoriado."Conforme los preceptos legales transcritos, los convenios deben contener los requisitos siguientes:Constar por escrito. Contener una relación circunstanciada de los hechos que los motiven y de los derechos que sean su objeto.Comprender el desglose de la cantidad que se entregue al trabajador por concepto de salario, de prestaciones devengadas y de participación de utilidades, cuando se pacte la terminación de la relación de trabajo. En caso de que la Comisión Mixta para la Participación de las Utilidades en la empresa o establecimiento aún no haya determinado la participación individual de los trabajadores, se dejarán a salvo sus derechos, hasta en tanto se formule el proyecto del reparto individual.Ser ratificados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje respectiva. Ser aprobados por la Junta previa verificación de que no contengan renuncia de derechos de los trabajadores.El cumplimiento de estas condiciones debe ser comprobado por la junta para que pueda dotar de validez al convenio, ya que ese documento tiene que ser ratificado por los interesados ante el tribunal del trabajo y éste tiene la obligación de verificar la satisfacción de los mencionados requisitos a fin que pueda aprobarlo.Hasta aquí las anteriores premisas.ANTECEDENTESEstablecidos los lineamientos generales del derecho fundamental que se estima vulnerado, es conveniente hacer referencia, a los antecedentes pertinentes en el caso particular.1). Mediante convenio de veintidós de octubre de dos mil veintidós, la quejosa María de los Ángeles Velázquez Rodríguez y el representante de Comisión Federal de Electricidad, acordaron el siguiente clausulado (fojas 77 a 81):"Primera. Con fundamento en la cláusula 69 del Contrato Colectivo de Trabajo Único celebrado entre Comisión Federal de Electricidad y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana vigente para el bienio 2020-2022, cumpliéndose los supuestos de la misma la "Comisión":a) Concede a la C. María de los Ángeles Velázquez Rodríguez su jubilación por años de servicio con pensión vitalicia de $2,940.99 (dos mil novecientos cuarenta pesos 99/100 moneda nacional), a partir del diecinueve de octubre de dos mil veinte, fecha en que surte efectos el presente convenio.b) Cubrirá a la jubilada la cantidad de $2,450,176.00 (dos millones cuatrocientos cincuenta mil ciento setenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), a título de prima legal de antigüedad por el periodo laborado del 21 de mayo de 1995 al 18 de octubre de 2020, debido a que adquiere la calidad de jubilada a partir del 19 de octubre de 2020. Concepto que fue calculado conforme al procedimiento detallado en la declaración III, inciso k) de este convenio.c) Al importe antes detallado debe restarse $574,045.60 (quinientos setenta y cuatro mil cuarenta y cinco pesos 60/100 moneda nacional) por concepto de impuesto sobre la renta por lo que la cantidad líquida total a pagar por concepto de prima legal de antigüedad es de $1,876,130.40 (un millón ochocientos setenta y seis mil ciento treinta pesos 40/100 moneda nacional), que la "Trabajadora" recibe de conformidad.d) En su oportunidad cumplirá con sus obligaciones consignadas en las fracciones IV, V y VII de la citada cláusula 69 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente.Segunda. De conformidad con las cláusulas séptima y octava del convenio general de incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social, la Señora María de los Ángeles Velázquez Rodríguez y sus familiares derechohabientes, serán inscritos en el contrato de seguro facultativo en los términos de la cláusula tercera del mismo y la "Comisión" pagará la cuota anual que resulte; en consecuencia, el servicio de atención médica y medicinas para los casos de enfermedad y maternidad se proporcionarán por conducto de dicho Instituto.Tercera. La "Comisión" y la "Trabajadora" dan por terminada la relación laboral a partir del 18 de octubre de 2020, por mutuo consentimiento con fundamento en la fracción I del artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo, y la "Trabajadora" manifiesta que no se reserva ningún derecho ni acción presente o futura para ejercer en contra de la "Comisión" derivado de la relación laboral que existía entre ambas partes, y que durante su vida laboral le fueron pagadas correctamente todas y cada una de las prestaciones que le correspondían. Así mismo, están de acuerdo en que ésta no podrá prestar ningún servicio a la "Comisión" bajo ninguna circunstancia, salvo en los casos señalados en la cláusula 26 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente.Cuarta. La C. María de los Ángeles Velázquez Rodríguez se obliga en este acto a presentarse personalmente en el mes de enero y julio de cada año, en la oficina que ocupa el Departamento de Relaciones Industriales de la "Comisión" ubicada en el Kilómetro 7.5 de la Carretera Veracruz-Medellín, Dos Bocas, Medellín de Bravo, Ver., para firmar la cédula individual de revista de identidad y supervivencia de personal jubilado y toda la documentación tendente a dejar constancia en dicho centro de trabajo de que aún goza de vida, y que por tanto es procedente el pago de la pensión jubilatoria a que se refiere el presente convenio.La C. María de los Ángeles Velázquez Rodríguez contrae la obligación a que se refiere el párrafo anterior, en el entendimiento de que en el evento de que omitiera el cumplimiento a la misma, le serán suspendidos sus pagos de pensión jubilatoria a partir la catorcena inmediata posterior a que se actualice el incumplimiento, y de que los importes correspondientes serán puestos a su disposición en su centro de pago para que le sean entregados una vez que haya firmado la cédula y documentación a que se refiere el párrafo anterior.En el evento de que en lo futuro cambie el domicilio y/o denominación del área encargada de procesar y realizar el pago de las pensiones jubilatorias de la C. María de los Ángeles Velázquez Rodríguez, quedará subsistente la obligación a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, debiendo presentarse para tal efecto ante el responsable del procesamiento de su nómina como jubilada a dejar constancia semestral de supervivencia en la forma y términos a que se refiere el citado párrafo. Quinta. Las partes convienen en cumplir lo pactado en el presente convenio de conformidad al mismo y solicitan sea aprobado en los términos previstos por los artículos 33 y 53 de la Ley Federal del Trabajo, por la Junta Especial Número 45 de la Federal de Conciliación y Arbitraje.El presente convenio se celebra en Veracruz, Ver, el veintidós de octubre de dos mil veinte.(Firmas de la trabajadora y de la apoderada general de patrona) 2). En diligencia de veintidós de octubre de dos mil veinte, ante la Junta responsable, los comparecientes ratificaron el convenio, la trabajadora indicó que recibió cheque por la cantidad antes señalada y entonces la referida Junta Especial tuvo por aprobado el citado convenio.3). En contra de dicho proveído María de los Ángeles Velázquez Rodríguez promovió juicio de amparo, del cual correspondió conocer a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, el cual inició el juicio de garantías 612/2020. 4). En sentencia de once de febrero de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a María de los Ángeles Velázquez Rodríguez para el efecto que la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz, dejara insubsistente el acuerdo de veintidós de octubre de dos mil veinte, en el cuaderno de aprobación de convenio laboral fuera de juicio 262/2020, celebrado entre la hoy quejosa y Comisión Federal de Electricidad y dictara otro en el que con libertad de jurisdicción procediera a emitir un nuevo auto en el que verificara de nueva cuenta el convenio laboral en cita, diera intervención correspondiente a las partes para que se manifiesten sobre los puntos señalados que se encuentran en conflicto con el resto del acuerdo de voluntades, y de manera fundada y motivada determinara si procede aprobarlo en términos del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo.5). En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Junta responsable dejó sin efecto el proveído reclamado y el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dictó uno nuevo en el cual señaló: ".En esas condiciones, previa verificación realizada por la autoridad actuante tenemos que el referido convenio cumple con los requisitos establecidos en el artículo 123 Apartado "A", fracción XXVII e incisos contemplados en el mismo, 33 y 987 de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que se realizó por escrito, contiene una relación circunstancia de los hechos que lo motivaron y derechos mismo que se encuentran comprendidos en el respectivo capítulo de DECLARACIONES Y CLÁUSULAS especificadas en el convenio de referencia así como la orden de pago anexa al mismo, de igual forma cumple con lo establecido en el artículo 987 de la Ley Federal del Trabajo dado que las partes comparecieron ante la autoridad laboral manifestando que al no contener renuncia de derechos solicitaron la ratificación del convenio celebrado entre las partes en fecha 22 de octubre de 2020, por lo cual ante la verificación de que el convenio celebrado entre las partes con lo establecido en el artículo 123 Apartado "A", fracción XXVII e incisos contemplados en el mismo, 33 y 987 de la ley laboral, ante ello, el convenio celebrado no contiene cláusula contraria al derecho, a la moral, ni a las buenas costumbres, ni renuncia a los derechos de la trabajadora y en esas consideraciones, se aprueba en sus términos, elevándolo a la categoría de laudo firme con todas las facultades inherentes a este tipo de resoluciones para los efectos legales a que haya lugar, y en base al último párrafo del artículo 987 de la ley laboral, las partes deberán estarse a él y pasar por él en todo tiempo y lugar como si se tratara de laudo ejecutoriado, todo lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 Apartado "A", fracción XXVII, e incisos, 33, 53, fracción I; 939; 949; 987 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo, dándose por terminada la relación de trabajo existente entre las partes a partir del 18 de Octubre de 2020 y otorgándose el beneficio de la jubilación a la parte trabajadora, en términos del contrato colectivo de trabajo bienio 202-2022. Empero, se deja a salvo los derechos de la trabajadora María de los Ángeles Velázquez Rodríguez para que los haga valer en la vía y forma legal que estime pertinente ." Proveído que constituye el acto reclamado en el presente juicio. SUBSUNCIÓNEn términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo, se concluye que el conceptos de violación expresados por la quejosa resultan infundados, sin que este tribunal advierta deficiencia que suplir que en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la ley en comento, por lo que lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados en atención a lo que se expondrá a continuación. La impetrante de amparo indica que se violan en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros, pues:1. La autoridad responsable no fundamentó ni motivó sus consideraciones para emitir el acuerdo que ahora impugna.2. Que la responsable no revisó ni se allegó de los documentos necesarios que se mencionan en el convenio de jubilación, donde es evidente existe renuncia de derechos adquiridos de la quejosa durante su relación laboral, principalmente en la retroactividad de un convenio colectivo de trabajo que no regía su relación laboral y que ocasionó disminución en la integración de salario para efectos de la pensión jubilatoria. 3. La responsable no motivó ni fundamentó sus consideraciones para aprobar el convenio, al no realizar un estudio integral y exhaustivo del convenio ratificado y aprobado, pues a su criterio se aplicó de manera retroactiva el contrato colectivo de trabajo correspondiente al bienio 2020-2022 y debía regirse por el diverso 2018-2020, lo que trajo como consecuencia que no se integraran al salario diversas prestaciones tales como el incentivo de actuación, el pago de aguinaldo y ayuda de despensa. 4. Que la Junta responsable violó garantías de la quejosa el rebasar sus atribuciones y pronunciarse sobre cuestiones que no corresponden a un procedimiento paraprocesal, lo que la deja en estado de indefensión ante la imposibilidad en esas condiciones de demandar en la vía laboral el ejercicio de sus derechos adquiridos. Como se adelantó, del estudio de la resolución reclamada se aprecia los conceptos de violación señalados por la parte quejosa resultan infundados.Así, para verificar si la responsable acató la obligación de fundar y motivar su acto, es útil acudir a las consideraciones en las que se basó para su emisión.De esta forma, la Junta responsable destacó lo estipulado en los artículos 33 y 987 de la Ley Federal de Trabajo, respecto a la validez de todo convenio, el cual deberá hacerse por escrito, así como ser ratificado ante la Junta responsable, el cual se aprobará siempre y cuando no contenga renuncia de derechos.En ese sentido, destacó que los puntos en conflicto a revisar en el convenio celebrado el veintidós de octubre de dos mil veinte, resultando en lo conducente los siguientes:Comisión Federal de Electricidad, representada por la licenciada Anahí Contreras Gutiérrez y la trabajadora María de los Ángeles Velázquez Rodríguez, acordaron someterse a convenio a fin de pactar los montos a liquidar por concepto de jubilación y cuantificar pensión jubilatoria diaria.Se reconoció la antigüedad de la trabajadora a partir del veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995). Del mismo modo, se reconoció que la trabajadora se rigió por contrato colectivo de trabajo vigente para el bienio 2020-2022.Se reconoció para el cálculo de la prima legal de antigüedad el salario diario integrado de $3,856.48 (tres mil ochocientos cincuenta y seis pesos 48/100 moneda nacional). Se pactó como monto de pensión jubilatoria el importe de $2,940.99 (dos mil novecientos cuarenta pesos 99/100 moneda nacional) que corresponde al 100% del salario diario integro.Se pactó el monto a cubrir de $ 2,450, 176.00 (dos millones cuatrocientos cincuenta mil ciento setenta y seis pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de prima de antigüedad por el periodo laborado del veintiuno de mayo de 1995 al dieciocho de octubre de 2020. Finalmente se estableció que el beneficio de la jubilación vitalicia se cubriría a partir del diecinueve de octubre de dos mil diecinueve. En esas condiciones, al analizar los citados puntos, así como las manifestaciones expresadas en relación al convenio de veintidós de octubre de dos mil veinte, de las cuales se advierte la inconformidad de la hoy quejosa respecto a la pensión jubilatoria diaria, prestaciones, condiciones de trabajo, así como el incentivo de actuación; concluyó que el referido convenio y condiciones respecto a la pensión jubilatoria diaria, se encontraban sujetos al contrato colectivo de trabajo comprendido al año 2020-2022, celebrado entre la parte tercero interesada Comisión Federal de Electricidad y el sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, toda vez que el convenio materia a estudio fue realizado el veintidós de octubre de dos mil veinte, cuando dicho contrato se encontraba vigente.Debido a lo anterior, la Junta responsable consideró que no era procedente la manifestación de la trabajadora en el sentido de aplicarle las disposiciones previstas en el contrato colectivo de trabajo de 2016-2018, por haber firmado su último contrato el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve; lo anterior debido a que el beneficio de jubilación fue solicitado hasta el seis de octubre de dos mil veinte, cuando el contrato colectivo de trabajo vigente correspondía al bienio 2020-2022, por lo que el convenio sujeto a revisión se sujetó a las condiciones que el contrato colectivo estableció para los efectos jubilatorios, en términos de su cláusula quinta.Del mismo modo, en el auto en cita se destacó que respecto al incentivo de actuación para el salario de la pensión jubilatoria, se aplicaron las disposiciones previstas en el citado contrato colectivo de trabajo bienio 2020-2022, aplicable por los motivos ya expresados, destacando que no era procedente la utilización del contrato laboral 2018-2020, toda vez que no se encontraba vigente al momento de hacer los cálculos correspondientes al citado beneficio.De igual forma, la responsable desglosó la prestación y el importe correspondientes al monto diario del salario de la pensión jubilatoria, los cuales se pactaron en el convenio de revisión en su inciso d) del apartado III, así como en términos de la cláusula 69 apartado primero, párrafo tercero del contrato colectivo de trabajo vigente al momento de la firma del convenio vigente bienio 2020-2022.Asimismo, tomó en consideración lo manifestado por las partes en el sentido de manifestar su consentimiento a efecto de ratificar en todas y cada una de sus partes el convenio de veintidós de octubre de dos mil veinte, reconociendo como suyas la firmas y solicitando sea aprobado por la Junta.En las relatadas condiciones la Junta Especial número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en Veracruz, Veracruz, revisó el convenio de veintidós de octubre de dos mil veinte, elevándolo a la categoría de laudo ejecutoriado, tomando con consideración la comparecencia de ratificación, y considerando que contiene los requisitos esenciales que cita el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo, los cuales ya fueron enumerados en esta sentencia.En ese orden de ideas, la Junta de origen concluyó que el convenio materia del asunto el cual cumple con los requisitos establecidos en el artículo 123 apartado A fracción XXVII, en relación con el 33 y 987 de la Ley Federal de Trabajo, aprobando el mismo y elevándolo a la categoría de laudo firme, dándose por terminada la relación de trabajo existente entre las partes a partir del dieciocho de octubre de dos mil veinte, otorgando el beneficio de la jubilación a la parte trabajadora en terminos del contrato colectivo de trabajo bienio 2020-2022, dejando a salvo los derechos de la parte trabajadora para que los haga valer en la vía y forma legal que estime pertinente. Así debe estimarse que la 1. Junta Especial número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Veracruz, Veracruz, sí expresó el fundamento de sus consideraciones respecto de lo que comprenden los derechos del trabajador, los requisitos de los convenios celebrados por éste, las causas de terminación de las relaciones de trabajo, la ejecución de los convenios celebrados ante las juntas, los términos en que deben ser aprobados y efectos que produce su celebración. Asimismo, expresó las motivaciones congruentes, ya que, contrario a lo que refiere la ahora quejosa, sí señaló las razones particulares y causas inmediatas que tuvo en consideración, para aprobar en sus términos el convenio exhibido por las partes y concluir que en el caso particular resultaba procedente elevar el citado convenio a la categoría de laudo ejecutoriado, dar por terminada la relación laboral existente entre las partes y certificar la entrega y recibo del título exhibido como pago al trabajador, existiendo adecuación entre los motivos aducidos y las normas que se citaron como fundamento; valorando en esencia las circunstancias de las partes al presentar el convenio. Por ello es que se determina que la autoridad laboral al emitir la resolución recurrida de que se trata, no incurrió en los vicios formales de fundamentación y motivación señalados por la parte quejosa; sin que se omita señalar que dicho proveído cuenta con las firmas de todos los miembros de la Junta respectiva, así como del secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, requisito indispensable para su emisión.De ahí que se consideran infundados los conceptos de violación relativos a la falta de fundamentación y motivación del auto impugnado, así como la falta de estudio de la aplicación del contrato colectivo de trabajo correspondiente al bienio 2020-2022 a la revisión del citado acuerdo. Por lo que hace al concepto de violación, relativo a que la Junta responsable no revisó ni se allegó de los documentos necesarios para verificar que se aplicó de manera retroactiva el contrato colectivo de trabajo correspondiente al bienio 2020-2022 en lugar del diverso 2018-2020, por lo que no se integró correctamente el salario base para la jubilación; debe señalarse que la obligación de la autoridad laboral para aprobar un convenio que es exhibido y ratificado ante su presencia, no versa en recabar datos de prueba ni verificar antecedentes de juicios laborales, sino únicamente calificar si el convenio presentado ante ella, reúne los requisitos que establece la ley, puesto que es responsabilidad de las partes el acuerdo al que lleguen o los actos o derechos que consientan.Así en modo alguno se advierte de los artículos relativos al citado procedimiento, que para dotar de validez al convenio de veintidós de octubre dos mil veintiuno, en el sentido de que no contiene renuncia de derechos, fuera necesario anexar alguna documentación.Lo anterior, dado que precisamente el convenio laboral al representar la exteriorización de la manifestación de la voluntad de las partes involucradas, hace innecesario verificar, en un plano de renuncia de derechos laborales, el anexo o documentos que pudieran soportar cualitativa o cuantitativamente dicha información consignada en ese instrumento jurídico, por lo que no pierde la fuerza vinculante que lo caracteriza por no estar acompañado de documentación, ya que lo importante es que fue signado de conformidad por los interesados y ratificado ante la Junta laboral correspondiente. Así, contrario a lo que aduce, al aprobar un convenio con fundamento en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, la autoridad no le coarta sus derechos laborales adquiridos, y que si bien es cierto, el convenio celebrado ante la citada autoridad tiene efectos definitivos y fue elevado a la categoría de laudo ejecutoriado; también es verdad, que el segundo párrafo del numeral en cita hace referencia a los requisitos que debe reunir todo convenio para ser aprobado (Constar por escrito; contener una relación circunstanciada de los hechos que los motiven y de los derechos que sean su objeto; ser ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje respectiva y ser aprobado por la Junta cuando no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores, para lo cual debe solicitar del trabajador y del patrón las explicaciones o aclaraciones que considere necesarias) los cuales como ya se indicó en párrafos precedentes fueron revisados por la junta responsable. Lo anterior aunado sin dejar a un lado que el primer párrafo del artículo en comento protege al trabajador en el sentido de ser nula la renuncia que haga de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de sus servicios prestados; por lo que la junta se limitó a verificar que se cumpliera con dicho dispositivo; expresando que esto fue así, máxime que las partes firmaron de conformidad y solicitaron a la propia junta responsable el mismo fuera aprobado.En ese sentido, no es dable que la parte quejosa ahora alegue no tuvo intervención ni fue requerido para hacer algún tipo de manifestación, ni cuáles serían las consecuencias legales que le podrían perjudicar al ratificar y aprobar el citado convenio, pues como lo hizo notar la autoridad responsable se le otorgó el uso de la voz previo acordar de conformidad su solicitud, momento en el que se advierte tuvo intervención y solicitó se aclararan dudas, a lo cual respondió la autoridad, lo que implica que si la parte trabajadora no estaba de acuerdo con el contenido del citado convenio, se encontraba en aptitud de rechazar el mismo, lo que no hizo.Finalmente respecto al concepto de violación relativo a que en el auto de aprobación del citado convenio, la autoridad responsable excedió sus facultades al pronunciarse sobre cuestiones que en todo caso serían objeto de un juicio laboral, debe señalarse que el mismo resulta infundado.Lo anterior es así, dado que aun cuando el órgano colegiado resolutor, sí realizó manifestación en el sentido que no es procedente la nulidad de un convenio sometido a la aprobación de una Junta de Conciliación y Arbitraje respecto a prestaciones que fueron objeto de pronunciamiento por éste, ello se refiere a las que se tomaron en consideración para la integración de los beneficios jubilatorios del promovente, sin embargo ello no impide que se pueda acudir ante la autoridad laboral a demandar lo procedente respecto a prestaciones a las que se considere se tiene derecho y que no fueron incluidas en el citado cálculo.Ello con independencia que la Junta al aprobar el convenio respectivo, haya señalado los motivos por los cuales, a la luz del acuerdo sujeto a escrutinio no podían ser incluidos en el mismo, máxime que ello sólo ocurrió ante las manifestaciones de la parte trabajadora en dicha actuación y teniendo a la vista sólo el convenio relativo, por lo que, como se indicó quedan expeditos sus derechos para hacerlos valer en la vía que corresponda, máxime que dichos rubros tampoco pueden ser objeto de análisis en el juicio de garantías promovido en contra del citado auto de aprobación de convenio.Apoya la anterior consideración, la tesis (IV Región)1o.16 L (11a.) del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, de rubro y texto siguientes:"CONVENIO LABORAL APROBADO Y SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. LOS HECHOS O PRESTACIONES MATERIA DE ÉSTE QUE PUDIERAN DAR LUGAR A RENUNCIA DE DERECHOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 33, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO SON SUSCEPTIBLES DE CONTROVERTIRSE NI PROBARSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. Hechos: Una trabajadora promovió juicio de amparo indirecto contra el auto emitido por la Junta por el que aprobó el convenio de finiquito que celebró con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en su carácter de patrón. En sus conceptos de violación impugnó el referido convenio laboral aduciendo renuncia de derechos, porque no se integró el concepto 48 denominado "actividades culturales y recreativas", en su salario diario para calcular la prima de antigüedad y, para acreditarlo, ofreció como prueba un recibo de nómina. El Juez de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; resolución contra la que el instituto demandado interpuso recurso de revisión.Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los hechos o prestaciones materia de un convenio laboral aprobado y sancionado por la Junta de Conciliación y Arbitraje que pudieran dar lugar a renuncia de derechos en términos del artículo 33, párrafo primero, de la Ley Federal del Trabajo, no son susceptibles de controvertirse ni probarse a través del juicio de amparo.Justificación: Ello es así, pues de acuerdo con el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 94/2014, que dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 17/2015 (10a.), de título y subtítulo: "CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIENTO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 Y 2a./J. 1/2010).", a través del juicio de amparo puede impugnarse la resolución judicial que contiene la aprobación y sanción de convenios laborales, en donde se analizarán los motivos y fundamentos que la Junta tomó en cuenta para emitir su decisión, sin que ello implique el examen de la materia del convenio, esto es, de las prestaciones y hechos contenidos en éste, pues el objeto de examen en la instancia constitucional es la actuación de la Junta y no el convenio en sí mismo."CONCLUSIÓN Por tanto, es dable sostener, no se violó derecho alguno de la parte quejosa, pues como ya se indicó, al momento de dictar la resolución reclamada la autoridad responsable la fundó y motivó correctamente, ni existe deficiencia que suplir a favor de la quejosa, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción V de la Ley de Amparo, pudiera beneficiarle; lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal, impetrado por María de los Ángeles Velázquez Rodríguez. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando pública en términos de la reforma al artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto del dos mil veinte. Por otra parte no existe necesidad de realizar mayor pronunciamiento respecto a la publicación de datos personales de la parte tercero interesada se trata de persona moral y de conformidad con los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hace alusión únicamente a las personas físicas, así conforme a la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVEPRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a María de los Ángeles Velázquez Rodríguez en contra del acto reclamado que atribuye a la Junta Especial número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia.SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución.

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