María de los Ángeles Velasco Cancino y Otros.

Expediente 629/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
629/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
10/05/2023

Partes del expediente

  • María de los Ángeles Velasco Cancino y Otros.
  • María de los Ángeles Velasco Cancino

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, por el cual, informa que se le hizo del conocimiento al apoderado legal de la Secretaría de Salud, que su petición respecto de girar oficio al Archivo Judicial para que devuelva el expediente ***, y estar en condiciones que se le expidan copias de los autos que necesita, se encuentra obsequiada; no obstante, refiere que por el momento no se ha devuelto el referido expediente a dicho Juzgado, ni se ha exhibido el acuse de recibo de la misiva de referencia. Asimismo, aduce remitir copias certificadas del cuadernillo de antecedentes que obra en ese órgano jurisdiccional, con lo que refiere constatar lo mencionado, y manifiesta que en su oportunidad, le será informada la recepción del expediente y el acuerdo que recaiga a las promociones pendientes de acordar. En atención a lo anterior, en primer término debe decirse que la autoridad oficiante, refiere remitir copias certificadas del cuadernillo de antecedentes para constatar lo manifestado, sin embargo, fue omisa en anexarlas a su comunicado de cuenta. Además, tomando en consideración que se encuentra en etapa de cumplimiento a una ejecutoria de amparo, es de orden público, pues su eficacia se torna en la materialización de los derechos fundamentales y por ende debe lograrse su pleno cumplimiento de conformidad con el artículo 107, fracción XVI, Constitucional. En ese tenor, la autoridad oficiante deberá realizar todas las acciones que estime pertinentes para que la autoridad responsable tenga acceso a las copias que solicita, mismas que resultan indispensables para que se emita el dictamen de procedencia correspondiente, con lo cual estará en aptitud de acatar la ejecutoria de amparo. Toda vez que ha transcurrido tiempo desde que se solicitó la devolución del expediente de origen, sin que a la fecha la responsable haya podido tener acceso a ello, con lo cual resulta un obstáculo para el cumplimiento de la sentencia de amparo. Máxime, que la observancia del fallo protector, implica la ejecución de la sentencia interlocutoria que deriva del referido expediente de su índice, circunstancia que es de orden público, por tanto, le corresponde continuar impulsando la prosecución del trámite ordinario que las leyes dispongan para lograr el cumplimiento de su determinación. SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO En consecuencia, con la finalidad de materializar la eficacia del derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de lo dispuesto por el numeral 192 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase a dicha autoridad, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, en ejercicio de sus facultades: ***

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la autoridad responsable señalada como: 1. Juzgado Especializado en Materia Laboral, Región I, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, y registrar bajo el número de juicio de amparo 629/2023-4-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: ***

  3. Principal

    DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE:Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la autoridad responsable señalada como: 1. Juzgado Especializado en Materia Laboral, Región I, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, y registrar bajo el número de juicio de amparo 629/2023-4-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: (...) En la especie, el acto reclamado se hace consistir en la abierta dilación procesal en que ha incurrido el Juzgado Laboral responsable al no acordar el escrito que le fue presentado el seis de marzo del año en curso, dentro del juicio laboral XXXX, de su registro, dentro de los plazos y términos legales que marca la ley. Ahora, quien ahora resuelve considera que el acto reclamado, no causa sobre los derechos sustantivos de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, aun cuando se aleguen violaciones a la impartición de justicia pronta, completa e imparcial, pues, únicamente representan violaciones procesales de carácter adjetivo, ya que no constituyen una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de prosecución del trámite de la demanda laboral de origen; resultando improcedente el juicio de amparo en su contra. En efecto, el acto reclamado en estudio únicamente produce efectos intraprocesales, mas no causa un perjuicio ni afecta directa e inmediatamente los derechos sustantivos de la parte quejosa, en virtud de que la dilación procesal reclamada no necesariamente llegará a trascender al resultado del laudo. No pasa desapercibido para la suscrita el hecho de que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 constitucional; sin embargo, como se dijo anteriormente, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que la quejosa es parte; por lo que resulta inconcuso que en el presente asunto no se actualiza caso de excepción alguno para acudir al juicio de amparo indirecto. En ese orden de ideas, es evidente que el acto que en esta vía se impugna, no tiene una ejecución de imposible reparación. Lo anterior es así, pues del contenido del líbelo que se provee, se advierte que la responsable desde el seis de marzo de dos mil veintitrés, recibió el escrito de la quejosa; de lo que se advierte que al día en que fue promovida la demanda no había transcurrido el término de cuarenta y cinco días para la procedencia del amparo. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 33/2019, al resolver la contradicción de tesis que dio lugar a la misma, sostuvo que en tratándose de asuntos en los que se reclamen dilaciones presuntamente excesivas de las Juntas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, con el fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, determinó que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, la demanda de amparo será procedente cuando hayan transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, pues para llegar a tal conclusión, analizó que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil. De tal suerte, que, se reitera, para quien esto determina, en la especie no existe una abierta dilación al procedimiento que traiga consigo una paralización de éste, dado que si desde el seis de marzo de dos mil veintitrés, recibió el escrito del quejoso, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -diecisiete de abril del año en curso-, habían transcurrido tan sólo treinta y nueve días naturales, a partir del día siguiente al en que feneció el plazo a la responsable para pronunciarse sobre su escrito. En efecto, en términos de lo establecido en el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo aplicable al caso, los acuerdos relativos a las promociones presentadas por escrito deberán dictarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba. De este modo, si el escrito cuya dilación en acordar reclama fue recibido por la responsable el seis de marzo de dos mil veintitrés, el cual a la fecha no se ha acordado, no obstante que contaba con el plazo de cuarenta y ocho horas para hacerlo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 838 de la legislación laboral, transcurriendo dicho plazo durante los días siete y ocho del mes y año citados, por lo que el término de cuarenta y cinco días precisado por el Máximo Tribunal del país, inició a partir del nueve siguiente. Al margen de los días transcurridos, de acuerdo al criterio sostenido por el Alto Tribunal, para que se pueda considerar que existe una abierta dilación al procedimiento de parte de la autoridad, es necesario que transcurran más de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en la que concluyó el plazo que legalmente tenía para pronunciarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicada en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, se desecha de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia.

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