María de los Ángeles Valdivia Díaz

Expediente 416/2021 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
416/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
18/10/2022

Partes del expediente

  • María de los Ángeles Valdivia Díaz
  • Primera Sala Regional Norte Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Juicio de Amparo Directo

    . Archivo y valoración. Consecuentemente, toda vez que no existe acto pendiente por cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. En la sentencia dictada en el presente asunto, se resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a María de los Ángeles Valdivia Díaz, en contra de la sentencia de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, emitida en el juicio de nulidad 1510/21-22-01-4, por el magistrado instructor de la Primera Sala Regional Norte Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para los efectos precisados en la parte final de esta ejecutoria."

  2. Juicio de Amparo Directo

    Al respecto, resulta conveniente destacar el contenido del artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que establece: [.] Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla [.]. 1. Sentencia de amparo En sesión de tres de febrero de dos mil veintidós, este tribunal colegiado concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de la sentencia dictada por Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para los efectos jurídicos siguientes: 1. Deje insubsistente la sentencia reclamada de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno; 2. Dicte otra en la que reitere las consideraciones que no son objeto de la presente concesión y, al analizar el concepto de anulación relacionado con la validez de la certificación de las constancias exhibidas por la autoridad demandada en su contestación de demanda, lo declare fundado prescindiendo de considerar que se les debe otorgar eficacia probatoria y las analice bajo las directrices aquí referidas; 3. Una vez hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda respecto a los créditos impugnados relativos a los periodos 05-2014, 06- 2014, 05-2017, 03-2019 y 04-2018. Ahora bien, este tribunal colegiado, en primer lugar, considera importante precisar las consideraciones de la ejecutoria de amparo, se determinó lo siguiente: QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO (.) Demanda de nulidad. Mediante escrito recibido el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, María de los Ángeles Valdivia Díaz, por propio derecho, demandó la nulidad de los siguientes créditos fiscales: (.) Los cuales impugnó en términos del artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, manifestando desconocer el contenido de la resolución determinante y atribuyó su emisión al Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional Metropolitana del Valle de México del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. (.) SEXTO. ESTUDIO En el único concepto de violación, la quejosa sostiene que la sentencia reclamada resulta ilegal al contravenir los principios de congruencia y seguridad jurídica en su perjuicio. Refiere que la demanda inicial de nulidad se presentó en términos del artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es decir, sin que conociera de la existencia y contenido de las resoluciones administrativas que pretendía impugnar. Que corrió a cargo de la autoridad tercera interesada demostrar mediante constancia la legal existencia de las resoluciones que negó conocer, esto, a través del documento original o copia debidamente certificada, como se señala en la jurisprudencia 196/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que el instituto demandado, aquí tercero interesado, pretendió cumplir con esa carga procesal exhibiendo una supuesta copia certificada de las resoluciones que se pretendían impugnar, sus constancias de notificación, hecho generador y oficios de revocación de los créditos fiscales, la cual fue impugnada en la ampliación de demanda porque se alegó que no cumplió con los parámetros previstos en la jurisprudencia 2/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (.) En ese sentido, sostiene que no se puede dar validez a pruebas cuya certificación genera inseguridad jurídica porque no existió certeza de cada documento que se tuvo a la vista en la certificación, pues para considerar que las copias certificadas corresponden a lo representado en ellas, la persona que la realizó debió dar a conocer los documentos que supuestamente se tuvieron a la vista, es decir, datos indispensables como el tipo de documento, su denominación, de cuántas fojas consta cada uno y si cuentan con firma del funcionario que los expidió, lo que en la certificación no se dio a conocer y por tal razón -dice- el criterio de la autoridad responsable contraviene el principio de congruencia y violenta el principio de seguridad jurídica, porque dio validez a documentos con los que sobreseyó en el juicio sin que se dieran a conocer mediante una debida certificación. Así, considera que la sentencia reclamada es ilegal porque dio valor probatorio pleno a los documentos exhibidos por la autoridad demandada, a pesar de que la certificación que contienen resulta ilegal y vulnera sus derechos, debido a que no se siguieron los lineamientos contenidos en las jurisprudencias citadas, lo cual trascendió al sentido del fallo porque si la responsable se hubiera percatado de que la certificación era genérica y que no brindaba seguridad jurídica de que las copias que se dieron a conocer correspondan a lo representado en ellas, por no haberse descrito ni dado a conocer de qué documentos precisos constaron las 195 fojas que obran en autos, entonces, habría resuelto no puede surtir ningún efecto jurídico y que la aquí tercero interesada no cumplió con la obligación procesal contenida en el artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al no exhibir constancia de la resoluciones y sus constancias de notificación en el momento procesal oportuno. Son fundados los planteamientos sintetizados. (.) La responsable analizó de manera conjunta la causa de improcedencia invocada por la demandada relativa a la extemporaneidad de juicio, respecto a los créditos correspondientes a los periodos 05-2017, 03-2019, 05-2014, 06- 2014 y 04-2018, en relación con el único concepto de impugnación de la ampliación de demanda, en el que la entonces actora sostuvo que la certificación de las constancias exhibidas por la autoridad demandada al formular su contestación es ilegal, en tanto que no se describieron los documentos que supuestamente se tuvieron a la vista, ni se indicó que éstos hayan sido los originales, ni de cuántas fojas constaba cada uno, ni si contenían firma autógrafa, lo que le generaba inseguridad jurídica, por lo que no se les debía conceder valor probatorio. El magistrado del conocimiento precisó que si bien era cierto que los actos y resoluciones de las autoridades gozan de presunción de legalidad, también lo es que de conformidad con el artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es una presunción que admite prueba en contrario, por lo que ante el desconocimiento alegado por la actora de la resolución determinante del crédito fiscal impugnado, así como de sus constancias de notificación, trasladó la carga de la prueba a la autoridad, quien, en términos de lo dispuesto por la fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se encontraba obligada a exhibir, al contestar la demanda, el documento original o en su caso copia certificada. En ese sentido, señaló que en los autos del expediente del juicio de nulidad obran copias certificadas de las resoluciones determinantes de los créditos fiscales correspondientes a los períodos 05-2014, 06-2014, 05-2017, 03-2019 y 04-2018, así como de sus constancias de notificación, las cuales hacen prueba plena de conformidad con los artículos 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 129 y 292 del código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de documentales públicas. Refirió que aun cuando la entonces actora objetó el alcance probatorio de esa certificación, lo cierto es que las constancias exhibidas sí se encuentran debidamente certificadas, ya que cumplen con los requisitos que establece el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, toda vez que las copias tienen valor probatorio siempre que su expedición se realice con base en un documento original o de otra copia certificada expedida por un fedatario o funcionario público en el ejercicio de su encargo y, por el contrario, carece de valor probatorio pleno cuando no exista certeza si el cotejo deriva de documentos originales, de diversas copias certificadas, o de copias simples. (.) Conforme a lo anterior, concluyó que las probanzas exhibidas por la autoridad demandada, al formular su contestación, deben considerarse copias certificadas que fueron expedidas por autoridad que cuenta con facultades para ello, aunado a que del texto de la certificación se aprecian los siguientes datos: "que constan de ciento noventa y cinco fojas útiles" y "que los presentes documentos constan de ciento noventa y cinco fojas útiles, que es copia fiel y exacta de los documentos originales que tuve a la vista". (.) En consecuencia, les concedió valor probatorio y, dado que la actora no logró desvirtuar lo asentado en las constancias de notificación, tuvo a la aquí quejosa como conocedora de las resoluciones determinantes de los créditos fiscales impugnados, en la fecha que fue practicada su diligencia de notificación. Derivado de lo anterior, la responsable consideró que la demanda de nulidad se presentó de forma extemporánea y decretó el sobreseimiento en el juicio. No obstante, contrariamente a lo aseverado por la responsable, al tener a la vista la certificación de referencia, en términos de lo destacado por la quejosa, este tribunal considera que la misma tiene deficiencias que no permiten arribar a una conclusión como la señalada en la sentencia reclamada. (.) Del contenido literal de la certificación reproducida, se advierte que la autoridad administrativa asentó que certificaba la información que tuvo a la vista de los sistemas institucionales, integrada por ciento noventa y cinco fojas útiles, correspondiente al expediente administrativo de María de los Ángeles Valdivia Díaz; certificación de la que no puede evidenciarse que se hubieran tenido a la vista los documentos originales o copia certificada de los créditos fiscales impugnados respecto a los periodos 05-2014, 06-2014, 05- 2017, 03- 2019 y 04-2018, ni el citatorio y cédula de notificación correspondientes, pues únicamente se precisó que se tuvo a la vista el expediente administrativo a nombre de ésta, omitiéndose hacer algún señalamiento en torno a la resolución determinante de los créditos impugnados y su notificación. (.) En tales condiciones, si en la certificación de referencia no se alude siquiera a que se tuvieron a la vista las resoluciones determinantes de los créditos impugnados y sus constancias de notificación, toda vez que ahí únicamente se aludió textualmente a ".el expediente administrativo a nombre de María de los Ángeles Valdivia Díaz.", es claro que no puede tenerse por demostrado que la autoridad allegó copia certificada de las mismas (resoluciones determinantes y constancias de notificación de los créditos relativos a los periodos 05-2014, 06-2014, 05-2017, 03-2019 y 04- 2018); ello en razón de que para que se considere eficaz dicha certificación, se debió asentar expresamente qué documentos se tuvieron a la vista, así como si el cotejo derivó de documentos originales, diversas copias certificadas, copias autógrafas o copias simples. Por ello, es incorrecta la determinación de la responsable quien otorgó eficacia a la certificación bajo el argumento de que fueron realizadas por el Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional Metropolitana del Valle de México del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dado que no puede establecerse la eficacia teniendo como sustento el simple hecho de que hayan sido realizadas por autoridad competente, pues ello conlleva detrimento a la seguridad jurídica; aunado a que aun cuando no exista disposición que obligue a la demandada a certificar por separado cada uno de los créditos y sus constancias de notificación, lo cierto es que la exigencia para establecer su valor no estriba en si tiene que hacerse por separado o no, sino que la certificación debe realizarse con precisión y de manera completa a efecto de que resulte eficaz. (.). 2. Actuaciones tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo En pretendido cumplimiento a dicha ejecutoria, la responsable mediante oficio 11-1-1-5830/22, de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, informó que mediante acuerdo de la misma fecha, determinó lo siguiente: ? Dejó insubsistente la sentencia de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno -primer efecto del fallo protector-. Asimismo, mediante el referido acuerdo, remitió copia certificada de la sentencia dictada en la misma fecha, en los autos del juicio de nulidad 1510/21-11-01-4, en el que resolvió el asunto y determinó lo siguiente: a) Dictó una nueva sentencia en la que, en los considerandos quinto y sexto, reiteró las consideraciones que no fueron materia de la ejecutoria de amparo. -primera parte del segundo efecto del fallo protector-. b) En el considerando octavo, analizó el concepto de anulación relacionado con la validez de la certificación de las constancias exhibidas por la autoridad demandada en su contestación de demanda, el cual, declaró fundado, ello, prescindiendo de considerar que se les debe otorgar eficacia probatoria -última parte del segundo efecto del fallo protector-; y, c) Con libertad de jurisdicción declaró la nulidad lisa y llana, respecto de los créditos fiscales, correspondientes a los períodos 05-2014, 06-2014, 05-2017, 03-2019 y 04-2018 -tercer efecto del fallo protector-. 3. Vista a las partes con lo actuado por la autoridad responsable a fin de dar cumplimiento Con la resolución dictada en cumplimiento, mediante proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada, a fin de que expresaran lo que a su interés conviniera; sin que ejercieran ese derecho. 4. Análisis del cumplimiento De las actuaciones de la autoridad responsable anteriormente descritas, analizadas conforme a los efectos de la sentencia de amparo, la Presidencia de este Tribunal Colegiado advierte que sí se cumplió debidamente con lo establecido en la ejecutoria que recayó al juicio de amparo directo radicado bajo el número 416/2021, lo cual es así, en virtud de que, la autoridad responsable: a) Dejó insubsistente la sentencia de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. b) Dictó una nueva sentencia, en la que, reiteró las consideraciones que no fueron materia de la ejecutoria de amparo; analizó el concepto de anulación relacionado con la validez de la certificación de las constancias exhibidas por la autoridad demandada en su contestación de demanda, el cual, declaró fundado; y, c) Con libertad de jurisdicción resolvió declarar la nulidad lisa y llana, respecto de los créditos fiscales, correspondientes a los períodos 05-2014, 06-2014, 05-2017, 03-2019 y 04-2018. De ahí que la Presidencia observe que la autoridad responsable, dio cumplimiento total a lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por otra parte, cabe precisar que el cercioramiento del exceso o defecto en el acatamiento del fallo amparador tiene por objeto determinar la materia del cumplimiento y el alcance del efecto restitutorio; en esa tesitura, se estima que existe defecto en la ejecución del fallo protector siempre que la autoridad responsable se abstiene de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida; en cambio, hay exceso en la ejecución de la resolución amparadora cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación advertida, ejecuta u ordena actos distintos o ajenos a la sentencia de amparo, los cuales tampoco son efecto inmediato de lo decidido en la mencionada resolución. Partiendo de tales hipótesis la Presidencia de este Tribunal Colegiado no aprecia que la autoridad responsable, hubiese incurrido en exceso o defecto alguno; pues únicamente llevó a cabo los actos conducentes y necesarios para lograr que las cosas quedaran restituidas al estado que guardaban antes de la violación advertida. 5. Decisión Con base en lo anterior, la Presidencia de este tribunal colegiado observa que la autoridad responsable atendió las directrices de la ejecutoria, toda vez que dejó insubsistente la sentencia reclamada, dictó una nueva sentencia, en la que, reiteró las consideraciones que no fueron materia de la ejecutoria de amparo; analizó el concepto de anulación relacionado con la validez de la certificación de las constancias exhibidas por la autoridad demandada, declarándolo fundado, y con libertad de jurisdicción declaró la nulidad lisa y llana, respecto de los créditos fiscales, correspondientes a los períodos 05-2014, 06-2014, 05-2017, 03-2019 y 04-2018. En tal virtud, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido para los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. 6. Medio de impugnación en contra de la presente resolución Infórmese a las partes, que conforme a los artículos 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, cuentan con el plazo de quince días para interponer, si lo estiman pertinente, recurso de inconformidad en contra de la presente resolución, el que será del conocimiento de este órgano colegiado. Una vez que transcurra el término para la interposición del recurso de inconformidad, acuérdese lo conducente con relación al archivo del expediente acorde con lo previsto en el artículo 214 de la ley en cita. 7. Notificaciones Para los fines antes indicados, notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad tercero interesada. Finalmente, hágase del conocimiento de esta determinación a la autoridad responsable, por medio de oficio, para los efectos legales procedentes. Notifíque

  3. Juicio de Amparo Directo

    Agréguese a sus autos para que obre como corresponda oficio de cuenta, por medio del cual acusa recibo del oficio por el que se le remitió testimonio de la resolución dictada en el presente asunto y los autos originales del juicio de origen; asimismo, remite copia certificada de la sentencia de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, con la que manifiesta dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente amparo directo. II. Acuerdo. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, haciendo entrega de copia íntegra de la constancia que ha remitido la autoridad responsable dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que, en el plazo de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se les practique de este acuerdo, manifiesten a este tribunal lo que a su interés convenga, en la inteligencia que de no desahogar la vista, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

  4. Juicio de Amparo Directo

    ...ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a M********************, en contra de la sentencia de ********* de dos mil veintiuno, emitida en el juicio de nulidad ***********, por el magistrado instructor de la Primera Sala Regional Norte Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para los efectos precisados en la parte final de esta ejecutoria...

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