María de los Ángeles Sánchez Sánchez
Expediente 749/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 749/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 10/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- María de los Ángeles Sánchez Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de cuatro de octubre de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del presente asunto; sin embargo, se omitió devolver al Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, el tomo de pruebas que acompañó como sustento a su informe justificado; en consecuencia, se ordena su devolución a la citada autoridad al no resultar necesario. Finalmente, devuélvanse los presentes autos al archivo de este juzgado de distrito.
- Principal
. Visto el estado que guarda el presente juicio y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera la sentencia emitida el doce de septiembre de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, glósese al original del incidente de suspensión y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. De igual forma, se destaca que el presente expediente se sobreseyó en el juicio, como consecuencia de lo anterior es susceptible su destrucción una vez transcurrido el plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otro lado, con apoyo en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el original del incidente de suspensión es destruible una vez transcurrido el plazo de tres años, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. En observancia a la fracción II, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses, como lo indica el referido numeral.
- Principal
. En Cancún, Quintana Roo, siendo las diez horas con diez minutos del doce de septiembre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 749/2022-I, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Karina Giovana Miranda Ballón, secretaria que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, entre las que se encuentran los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; en consecuencia, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la secretaria hace constar que la parte quejosa y la autoridad Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, aportaron pruebas documentales; y que las demás partes no ofrecieron prueba alguna, a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas documentales, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Por otra parte, téngase por concluido el periodo probatorio de esta audiencia. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló manifestación en vía de alegatos; luego, el Juez acuerda: téngase por concluida la etapa de esta audiencia. Enseguida, la secretaria certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: toda vez que no hay promoción pendiente de acuerdo, téngase por celebrada la presente audiencia y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo procédase al dictado de la resolución correspondiente. Visto para resolver el juicio de amparo 749/2022-I, promovido por María de los Ángeles Sánchez Sánchez, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintinueve de julio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, remitido por razón de turno a este juzgado de distrito el mismo día, María de los Ángeles Sánchez Sánchez, por propio derecho solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1) Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo y 2) actuario de esa adscripción, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "ACTOS RECLAMADOS: - - - 1.- De la autoridad señalada como ordenadora, señalo la ordenar (Sic) la ejecución de lanzamiento, del bien inmueble con domicilio departamento número nueve guiones siete, modulo dos, primer nivel, lote cinco, manzana nueve, de la supermanzana cuarenta y tres, en esta ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo. - - - - 2.- El acuerdo de la autoridad señalada como responsable de fecha de notificación de sentencia definitiva, y demás relativa a la audiencia de remate en primera almoneda del bien inmueble, con domicilio departamento número nueve guiones siete modulo dos, primer nivel, lote cinco, manzana nueve, de la supermanzana cuarenta y tres, en esta Ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo. - - - 1.- De la autoridad señalada como ejecutora la falta de requerimiento de notificación de la ejecución de lanzamiento, dado así seguimiento de lanzamiento con personas extrañas, en lugares ajenos, de una manera por demás anticonstitucional que no cubre los requisitos de ley, realizado sobre notificaciones sin presentársela a la quejosa." SEGUNDO. Radicación y admisión de la demanda. Recibida que fue la demanda de amparo el veintinueve de julio de dos mil veintidós, en este juzgado de distrito, en auto de uno de agosto siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 749/2022-I; se admitió a trámite la demanda; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se reconoció el carácter de tercera interesada a Jannet Palacios González en su carácter de causahabiente de los derechos del Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo financiero Banamex, quien en su oportunidad fue emplazada, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la cual se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso concreto se reclaman actos de autoridades judiciales en materia civil, con ejecución dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este órgano de amparo. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del Juez de Distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional, y demás constancias de autos, se hace consistir en: Del Actuario adscrito al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo: a) La falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 1303/1991 del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. Del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo: b) Todo lo actuado dentro del juicio, incluyendo la sentencia condenatoria ahí dictada. c) Como consecuencia de lo anterior, el procedimiento de remate llevado en el juicio ejecutivo mercantil 1303/1991, la adjudicación y orden de desalojo ahí emitidas, respecto del bien inmueble identificado como departamento 9-7, módulo 2, primer nivel, lote 5, manzana 9, supermanzana 43, de esta ciudad, y su ejecución. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo y la actuaria de su adscripción, al rendir informe justificado convinieron en la existencia de los actos que se les reclaman precisados en los incisos a), b) y c) del considerando tercero de esta sentencia. Luego, la existencia de los actos reclamados se corrobora con las constancias que remitió el juez responsable como sustento a su informe justificado, consistentes en fotocopia certificada de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 1303/1991, del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, a las que se otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, de las que -en lo que ataña- se desprende lo siguiente: 1. El treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y uno, se tuvo por recepcionada la demanda promovida por Banco Nacional de México, Sociedad Nacional de Crédito por conducto de su apoderado Manuel Jesús Canto Presuel en contra de Sergio Alejandro Portales Castañedo, en la vía ejecutiva mercantil, por el pago de diversas prestaciones. 2. En auto de once de junio de mil novecientos noventa y uno, se admitió la demanda de que se trata y se ordenó el emplazamiento del demandado Sergio Alejandro Portales Castañedo. 3. El veintidós de abril de mil novecientos noventa y dos, se tuvieron por recibidos los escritos del demandado Sergio Alejandro Portales Castañedo, y se reservó acordar lo conducente hasta en tanto se recibiera el exhorto girado a fin de saber si se estaba contestando en tiempo la demanda. 4. El treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y dos, se ejecutó el auto de exequendo y se señaló para su embargo el bien inmueble controvertido. 5. En auto de tres de agosto de mil novecientos noventa y dos, se tuvo al demandado Sergio Alejandro Postales Castañedo contestando en tiempo la demanda instaurada en su contra, y oponiendo las excepciones y defensas respectivas. 6. Mediante sentencia dictada el cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos, en el juicio ejecutivo mercantil 1303/1991 del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, promovido por Banco Nacional de México, Sociedad Nacional de Crédito, por conducto de su apoderado Manuel Jesús Canto Presuel contra Sergio Alejandro Portales Castañedo, se condenó al demandado al pago de diversas prestaciones, precisando en el resolutivo cuarto, el apercibimiento que de no cumplir con ello, se ordenaría el trance y remate del bien inmueble hipotecado identificado como departamento 9-7, módulo 2, primer nivel, lote 5, manzana 9, supermanzana 43, de esta ciudad, y que con ello se pagaría a la parte actora; luego, la sentencia causó ejecutoria el dos de julio de mil novecientos noventa y tres. 7. El treinta de junio de mil novecientos noventa y cuatro, previo avalúo del inmueble controvertido, se llevó a cabo la audiencia de remate en primera almoneda y pública subasta, del bien embargado y se adjudicó en favor de la parte actora Banco Nacional de México, Sociedad Nacional de Crédito, el inmueble identificado como departamento 9-7, módulo 2, primer nivel, lote 5, manzana 9, supermanzana 43, de esta ciudad; determinación que quedó firme el once de julio del año en cita, al no ser recurrida y se le requirió al demandado a fin de exhibir la escritura pública en favor de la parte actora, bajo apercibimiento que de no hacerlo el juez lo haría en su rebeldía. 8. Posteriormente el cuatro de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de once de julio de mil novecientos noventa y cuatro, y se ordenó la expedición de la escritura en favor del adjudicatario del inmueble controvertido, en razón de la rebeldía en que incurrió el demandado. 9. Seguida la secuela procesal del juicio, en acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil diez, se tuvo a la parte actora exhibiendo la escritura cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro, de veinticuatro de junio de dos mil diez, del protocolo de la Notaria Pública Número Treinta en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, que contiene la adjudicación judicial y transmisión de la propiedad a favor de la persona moral denominada Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, por lo que se requirió al demandado Sergio Alejandro Portales Castañedo, la entrega de la posesión física y material del inmueble adjudicado. 10. Posteriormente, mediante escritura cinco mil quinientos cuarenta y uno, de dieciocho de abril de dos mil trece, del protocolo de la Notaría Pública Cuarenta y Nueve en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Isla Mujeres, se hizo constar la compraventa celebrada entre Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex como parte vendedora y Jannet Palacios González, como parte compradora, del inmueble identificado como departamento 9-7, módulo 2, primer nivel, lote 5, manzana 9, supermanzana 43, de esta ciudad, y en auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, se le reconoció el carácter de causahabiente de los derechos del juicio a esta última. 11. El siete de julio de dos mil veintidós, el juez responsable ordenó la ejecución del lanzamiento de la parte demandada Sergio Alejandro Portales Castañedo del inmueble ubicado en el departamento 9-7, módulo 2, primer nivel, lote 5, manzana 9, supermanzana 43, de esta ciudad, a fin de ponerlo en poder de Jannet Palacios González, para lo cual autorizó el uso de la fuerza pública, así como el rompimiento de cerraduras en caso de ser necesario y comisionó a la actuaria de su adscripción para que procediera a ejecutar el lanzamiento ordenado. 12. El catorce de julio de dos mil veintidós, la actuaria adscrita, ejecutó la orden de lanzamiento dictada en el juicio ejecutivo mercantil 1303/1991, entendiendo la diligencia con la aquí quejosa María de los Ángeles Sánchez Sánchez. Por tanto, son ciertos los actos reclamados. QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Ahora, en el presente caso, respecto de los actos reclamados del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo y la actuaria de su adscripción, precisados en el considerando tercero de este fallo, se actualiza la causa de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con el 5°, fracción I, de la propia ley, porque no se demostró que los actos reseñados afecten el interés jurídico de la parte quejosa. Al respecto, el artículo 61, fracción XII, y el diverso 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, tendiendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]." De los numerales reproducidos se advierte que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien le afecte el acto reclamado en sus intereses jurídicos o legítimos, y por esa razón, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo. Es oportuno señalar que la legitimación de la causa, en el juicio de amparo, se identifica con el interés jurídico o legítimo. El interés jurídico se traduce en la titularidad de un derecho subjetivo, cuyo desconocimiento o violación de su contenido da motivo al ejercicio de la acción constitucional, con la finalidad de que le sean reconocidos los derechos sustantivos identificados con el quejoso. Por otro lado, el interés legítimo se identifica con la afectación del acto reclamado a la esfera jurídica de la parte quejosa en virtud de una situación especial de ésta frente al orden jurídico, es decir, un agravio indirecto, que le da legitimación en la causa para promover el juicio de amparo, toda vez que de concederse éste, su declaratoria de inconstitucionalidad traería consigo una ventaja para la parte promovente. En ese orden de ideas, es pertinente señalar que hay interés legítimo cuando una conducta de la autoridad es susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica del interesado, tutelada por el derecho, y éste no tiene un interés subjetivo para impedir esa conducta o imponer una distinta, pero sí para reclamar a los tribunales la inobservancia de las normas jurídicas cuya infracción pueda perjudicarle con el objeto de defender esa situación de su interés. Por otra parte, se precisa que cuando se reclama un acto proveniente de un órgano jurisdiccional, la parte quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo, es decir, le corresponderá comprobar su interés jurídico. Sobre el tema, es aplicable la siguiente jurisprudencia: "Época: Décima Época Registro: 2019456 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 08 de marzo de 2019 10:11 h Materia(s): (Común) Tesis: 2a./J. 51/2019 (10a.) INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En el presente asunto, como los actos reclamados provienen de una autoridad judicial y la parte quejosa se ostenta propietaria del inmueble que fue objeto de lanzamiento; por tanto, se analizará a la luz del interés jurídico. Así las cosas, la parte quejosa reclama a) la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 1303/1991 del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, b) todo lo actuado dentro del juicio, incluyendo la sentencia condenatoria ahí dictada, y c) como consecuencia de lo anterior, el procedimiento de remate llevado en el juicio ejecutivo mercantil 1303/1991, la adjudicación y orden de desalojo ahí emitidas, respecto del bien inmueble identificado como departamento 9-7, módulo 2, primer nivel, lote 5, manzana 9, supermanzana 43, de esta ciudad, y su ejecución. Luego, la parte quejosa María de los Ángeles Sánchez Sánchez, se ostenta como tercero extraño al juicio de origen y pretende acreditar su interés jurídico bajo el argumento que es propietaria del inmueble objeto de controversia; sin embargo, lo cierto es que no demuestra que esa propiedad que dice tener, derive de derecho alguno que sea susceptible de tutela judicial, ya que si bien exhibió el contrato original de donación privado que celebraron por una parte Sergio Alejandro Portales Castañedo (el donante) y María de los Ángeles Sánchez Sánchez (la donataria), con firmas autógrafas, de veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, documental a la que se concede valor probatorio indiciario en términos de los numerales 133 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; sin embargo, ese documento carece de fecha cierta. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene (i) a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, (ii) desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, y (iii) a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes, es decir, en el caso concreto, no aparece que haya sido ratificado ante fedatario público, o bien, que se surta alguno de los otros supuestos para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó tal convenio, por lo que no adquiere autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, sino solamente surte efectos entre los contratantes. Luego, dado que en el caso el documento privado no se inscribió en el registro público inmobiliario, no se presentó ante fedatario público ni se demostró la muerte de alguno de los firmantes, se concluye que carece de fecha cierta y de eficacia probatoria para demostrar el derecho de propiedad derivada que defiende la parte quejosa. Sobre el tema, resulta aplicable la siguiente jurisprudencia: "Época: Sexta Época Registro: 818042 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen LXVI, Cuarta Parte Materia(s): Civil Tesis: Página: 63 DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes. En ese orden de ideas, se concluye que la parte quejosa no acreditó su interés jurídico para reclamar de las autoridades Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo y la actuaria de su adscripción, los actos precisados en el considerando tercero; por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación el 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y que por su aplicación relacionada con el artículo 63 fracción V del mismo ordenamiento, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de derechos fundamentales. Resulta aplicable la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 170500 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Enero de 2008 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007 Página: 225 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por María de los Ángeles Sánchez Sánchez, por propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo y la actuaria de su adscripción, precisados en el considerando tercero, y por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Karina Giovana Miranda Ballón, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
. I. Informe justificado. Agréguense a los autos las promociones de cuenta, mediante las cuales las autoridades responsables 1] Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo y la 2] Actuaria de esa adscripción, rinden informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pónganse a la vista de las partes, para los efectos legales conducentes y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, en términos del artículo 119 de la ley de la materia, téngase por ofrecida la prueba documental, exhibida por la primera de las citadas autoridades responsables y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional. Ahora, en vista del número de fojas que integran las fotocopias certificadas que exhibió la autoridad responsable de mérito y para un mejor manejo del presente cuaderno, con los citados anexos fórmense por separado el tomo de pruebas I. II. Se reconoce tercero interesada y se ordena su emplazamiento Por otra parte, de las citadas constancias se advierte que le reviste el carácter de tercera interesada a Jannet Palacios González en su carácter de causahabiente de los derechos del Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le reconoce tal carácter al ser la parte actora en el expediente de origen. En mérito de lo anterior, con apoyo en el numeral 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, emplácese a la citada tercera interesada en el domicilio siguiente: Calle Peña, número 10 (diez), entre Roca y Piedra, supermanzana 48 (cuarenta y ocho), manzana 9 (nueve), lote 10 (diez) "A" y "B", en esta ciudad. Para lo cual se deberá correrle traslado con fotocopia sin certificar de la demanda de amparo, fotocopia autorizada del presente proveído, así como del diverso de uno de agosto de dos mil veintidós (auto admisorio). Asimismo, se deberá requerirle para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán por medio de la lista que se fija en un lugar visible de este juzgado y en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, sin necesidad de dictar ulterior acuerdo y sin perjuicio del derecho procesal que le asiste de señalar en cualquier etapa de este procedimiento domicilio para tales efectos. III. Diferimiento de audiencia constitucional. Finalmente, para dar margen a las partes de imponerse del informe de cuenta, se difiere la audiencia constitucional prevista para verificarse el día de hoy, y en su lugar se fijan las diez horas con diez minutos del doce de septiembre de dos mil veintidós.
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