María de los Ángeles Rosas Bautista

Expediente 154/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
154/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
08/03/2023

Partes del expediente

  • María de los Ángeles Rosas Bautista

Actuaciones

  1. Principal

    téngase por recibido el oficio de cuenta firmado por el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual, remite la resolución dictada en sesión extraordinaria virtual de siete de marzo de dos mil veintitrés, respecto del conflicto competencial 14/2023, de su índice, en cuyo únicamente punto resolutivo determinó lo siguiente: "(.) ÚNICO. Se declara legalmente competente para conocer del presente asunto al Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca." De lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a los que haya lugar; asimismo, y como lo solicita la Superioridad acúsese el recibo de estilo solicitado. ARCHIVO. En mérito de lo anterior, y al ser un asunto totalmente concluido con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena el archivo de este cuadernillo como asunto totalmente concluido; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes

  2. Principal

    agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido vía interconexión por la actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por medio del cual, informa que admitió a trámite el conflicto competencial planteado por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, registrándolo con el número 14/2023-IV, de su estadística

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativo del Segundo Circuito, por el cual informa el auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés, en el que admitió a trámite el recurso de queja hecho valer por la quejosa.

  4. Principal

    Recibidos los escritos del quejoso mediante los cuales: Objeta e impugna todos los informes rendidos en el presente juicio de amparo Ofrece pruebas. Formula alegatos. Solicita sea diferida la audiencia constitucional. Pretende ampliar su demanda de amparo. Solicita se de vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. Solicita se requiera a diversos órganos jurisdiccionales, a efecto de que le sean entregadas copias certificadas de los juicios que señala en su ocurso que se provee. En ese sentido, por cuanto hace a la objeción e impugnación de todos los informes rendidos en el presente juicio de amparo, dígasele que se acordará lo conducente en el momento procesal oportuno; en relación con las pruebas testimonial y de inspección, y en relación a que se le dé vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, dígasele al promovente, que deberá estarse a lo ordenado en autos de dos de mayo de dos mil veintidós, diecinueve de enero y tres de febrero, ambos de dos mil veintitrés, en los cuales se proveyó lo conducente. Por otra parte, se tiene por exhibida la prueba que ofrece consistente en la USB, la que se admite y se desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ésta en la audiencia constitucional. Asimismo, respecto a la documental relativa a las actuaciones en la carpeta de investigación ***, dígasele que las mismas, una vez que se encuentre debidamente integrado el juicio que nos ocupa se tendrán a la vista como hecho notorio para el dictado de la audiencia que en su momento se dicte. Téngase al quejoso formulando alegatos, los cuales se tienen por hechos sin perjuicio de relacionarlos de nueva cuenta en la audiencia constitucional. Por otra parte, en relación a su petición de que sean requeridos actuaciones a diversos órganos jurisdiccionales, a efecto de que le sean entregadas copias certificadas de los juicios que señala, dígasele que no ha lugar a recabar las pruebas que señala por este Juzgado de Distrito, al referir que la parte interesada una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional que requiera a los omisos y difiera la audiencia, lo que se acordará siempre que la solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del señalado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia. Ahora, por lo que hace a la prevención formulada en auto de tres del mes y año en curso, se provee: Antes de entrar al estudio de la ampliación de demanda que se hace valer en el presente juicio de amparo, primeramente es necesario establecer lo siguiente: Se entiende por ampliación de la demanda a aquella adición o modificación por parte del quejoso, de lo expuesto en su escrito inicial de demanda de amparo, para que ésta, forme parte de la controversia que deberá resolver el Juez de Distrito, pudiendo recaer sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación. En ese sentido, es conveniente traer a la vista lo que establece el artículo 111 de la Ley de Amparo: Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos requisitos para la procedencia de la ampliación de la demanda, los cuales son:  Que se realice antes de que el Juez fije la litis constitucional, derivada de los informes rendidos por las autoridades responsables.  Que en virtud de los informes rendidos surja un nuevo acto que tenga relación con el inicialmente señalado por una autoridad distinta a la que lo emitió o ejecutó.  Cuando el quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación. En efecto, la ampliación de la demanda de amparo indirecto resulta procedente, cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho agraviado, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establece la Ley de Amparo, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional. Como se puede apreciar, la figura de ampliación de demanda no se limita al conocimiento de nuevos datos derivados de los informes justificados, pues existe la posibilidad que el impetrante haga uso de ella, cuando tenga conocimiento, por cualquier medio, de actos de autoridad vinculados a los inicialmente reclamados. Luego, en el caso que nos ocupa, el agraviado pretende realizar dicha ampliación respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables consistentes en: ACTOS RECLAMO Y EN CUANTO A SU EMISION, CONTENIDO, EJECUCION Y NOTIFICACION Y RESPECTO A TODAS LAS RESOLUCIONES MINISTERIALES ADMINISTRATIVAS Y CONTENIDAS EN EL SIGUIENTE DOCUMENTO LA ABSTENCIÓN DE RESTITUIRME LA POSESION MATERIAL Y DE INMEDIATO Y EN RELACION A LOS SIGUIENTES DOS BIENES INMUEBLES AUTORIDADES Licenciada *** Agente del Ministerio Público, de la Fiscalía Regional Tlalnepantla, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. DESECHAMIENTO DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA A lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción II de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, prevén: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; De los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo es procedente contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Tratándose de actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, será procedente el amparo, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. De acuerdo con lo anterior, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Lo antepuesto, se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, pues en estos últimos la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Entonces, en estos casos la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto, sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque la reparación sería ya imposible, con lo cual se violentaría la estructura del amparo, en tanto que en estas situaciones no habría oportunidad de proteger los derechos fundamentales del afectado. Por el contrario, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia sólo una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de esos derechos encuentra su fin último en su reparabilidad, ya sea a través de la obtención de una sentencia favorable o bien al recurrirlos en segunda instancia, en tanto que si esto sucede, los efectos de la transgresión procesal son subsanados desapareciendo de la realidad, esto es, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ninguno de sus derechos sustantivos. Ahora bien, el acuerdo de dos de febrero de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta administrativa ****, iniciada por la probable participación del aquí quejoso, en el hecho delictuoso de uso de documento falso en agravio de la fe pública y ***, no se trata de actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tratarse de un acuerdo en el que se le tuvo por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones y se agregó su promoción, absteniéndose la responsable de realizar manifestación alguna a lo peticionado, toda vez que dicha solicitud la debió realizar por la autoridad competente, de ahí que citado acto no constituyen una resolución definitiva y tampoco de afectación de imposible reparación, por lo que no son susceptibles de impugnación a través del juicio de amparo indirecto. Por tanto, conforme al artículo 107, fracción II, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es improcedente, y aunque este precepto no prevé que se trate de actos de imposible reparación, tal requisito debe exigirse si el acto fue emitido dentro de un procedimiento, como lo es la etapa inicial de investigación. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción II, de la invocada ley. Por otra parte, se tiene que la parte quejosa está reclamando nuevamente la abstención de restituirle la posesión material y de inmediato y en relación a los dos bienes inmuebles que en esta vía ya reclamo y que son materia del presente juicio, por lo que de admitir ampliación por el mismo acto ya combatido, resultaría en agravio del promovente, máxime que es inconcuso su tramitación por los motivos ya referidos. En tales condiciones, SE DESECHA POR IMPROCEDENTE LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO respecto a los actos reclamados que se citaron en esta determinación judicial. PROMOCIÓN. 2889 y 2921. Agréguense a los presentes autos los oficios signados por el Director de Procedimientos y Defensa Jurídica de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género de la Secretaria de Seguridad del Gobierno del Estado de México, en representación del Secretario de Seguridad del Gobierno del Estado de México, mediante el cual, rinde informe justificado, ofrece prueba, señala domicilio para oír recibir notificaciones y designa delegados. PRUEBAS De conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciadas las pruebas consistentes en la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. Las cuales dada su propia y especial naturaleza, se tienen por admitidas y desahogadas, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. INFORME JUSTIFICADO En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con su contenido, por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, para los efectos legales a que haya lugar. DOMICILIO Y DELEGADOS Asimismo, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la ley de la materia, se tienen como delegados de la autoridad oficiante a las personas que menciona en su oficio de cuenta y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el mismo. DIFERIMIENTO Por lo anterior, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Ahora, por lo que hace a la petición del quejoso, respecto a que sea diferida la audiencia constitucional, estese a lo estipulado en párrafos anteriores, en los que se tuvo por diferida la audiencia por las razones ahí expuestas. ténganse por recibos los oficios suscritos por el Fiscal Regional de Tlalnepantla, mediante los cuales informa que giró diversos oficios para notificar a los agentes del Ministerio Público adscritos a la Mesa Quinta de la Unidad de Investigación "B1", a través de los cuales les fue notificado el auto de nueve de febrero del año en curso, y al efecto remite copia para sustentar su dicho. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar.

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