María de los Angeles Rodriguez Hernández y Otros.
Expediente 1427/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1427/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 11/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Reyna Benely Gómez Rodríguez
- María de los Angeles Rodriguez Hernández y Otros.
- Irvin Ejido Gómez Rodríguez
- Irvin Ejido Gómez Rodríguez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, once de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos que guarda el juicio de amparo en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, se desprende que las partes no realizaron manifestaciones acerca del cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio; por tanto, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, se considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que mediante sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto de que la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: ".1. Dejar insubsistente la resolución de doce de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente familiar 189/2020-I. 2. Proceda a resolver la petición del deudor alimentario tomando en consideración lo expuesto en esta sentencia." 2. Trámites de la responsable. Con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, la autoridad responsable Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, realizó lo siguiente: Mediante oficio sin número de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, remitió copia autorizada de esa misma fecha de la resolución interlocutoria del recurso de reconsideración interpuesto por los demandados aquí quejosos, dictada dentro del juicio de cesación de alimentos 189/2020-1, a través de la cual dio cumplimiento a la sentencia de amparo, donde resolvió lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución interlocutoria de doce de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente 189/2020-1. Asimismo, emitió una nueva interlocutoria en la que resolvió la petición del deudor alimentario, aquí tercero interesado, tomando en cuenta lo expuesto en la sentencia de amparo, primero, determinó declarar procedente el recurso de reconsideración planteado por el abogado de los demandados. Segundo, en cuanto a la petición del deudor alimentario determinó declarar improcedente decretar la retención del descuento que por concepto de pensión alimenticia se le hace a la parte actora en el expediente 9/2003, por lo que será al momento de resolver en definitiva el juicio de cesación de alimentos, que se analizará si es procedente o no la retención de los alimentos. 3. Verificación del cumplimiento. En consecuencia, se considera que la autoridad responsable acató de manera total los efectos establecidos en la sentencia amparadora dictada en autos, en la forma siguiente: Es decir, dejó insubsistente la resolución interlocutoria de doce de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente 189/2020-1. Asimismo, emitió una nueva interlocutoria en la que resolvió la petición del deudor alimentario, aquí tercero interesado, tomando en cuenta lo expuesto en la sentencia de amparo, determinando declarar procedente el recurso de reconsideración planteado por el abogado de los demandados, y la petición del deudor alimentario se declaró improcedente para decretar la retención del descuento que por concepto de pensión alimenticia se le hace a la parte actora en el expediente 9/2003. 4. Conclusión. En virtud de lo expuesto con anterioridad, este órgano federal DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE REFERENCIA; y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto. 5. En razón del o anterior, y en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, SERÁ DEPURADO, porque se concedió la protección en el juicio, debiendo conservar la demanda, la sentencia respectiva y el acuerdo de archivo. En términos del capítulo quinto, artículo 15 del referido Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, histórica, y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede; empero, sí obran copias certificadas que anexó la autoridad responsable como pruebas documentales (foja 61). En consecuencia, como se dijo, de autos se aprecia que la autoridad responsable Jueza Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, exhibió copias certificadas del expediente 189/2020-I en dos tomos; por tanto, se ordena hacer la devolución de dichas reproducciones; en el entendido, que el sello de recibido del oficio respectivo se tomará como acuse de recibo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza Segunda de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad, por medio del cual desahoga el requerimiento de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, informando el cumplimiento dado a la sentencia de amparo. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio que se provee y córrase traslado con su anexo, para que en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés convenga; en la inteligencia de que fenecido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado se pronunciará en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en autos; en consecuencia, como se solicita con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que AMPARA Y PROTEGE, ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad capital, para que dentro del término de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que lo obliga a: ".1. Dejar insubsistente la resolución de doce de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente familiar 189/2020-I. 2. Proceda a resolver la petición del deudor alimentario tomando en consideración lo expuesto en esta sentencia." Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a Iracema Ramírez Sánchez, Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aun en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. En el caso, se estima que la Jueza de Primera Instancia responsable se considera como órgano jurisdiccional plenamente autónomo, en concordancia por identidad jurídica con lo dispuesto en la tesis aislada VII.1o.P.T.4 K (10a.), consultable en la Décima Época, con número de registro 2007263, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada el veintidós de agosto de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "JUECES Y MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. El artículo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo dispone que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esa ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Por otro lado, de conformidad con el artículo 17, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ejercicio de la función jurisdiccional se caracteriza por la autonomía e independencia judicial, así como por su imparcialidad en cuanto a la persona del Juez y en relación con sus sentencias, que sean dictadas en forma completa y pronta e imparcial. Por su parte, el artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz prevé que los órganos jurisdiccionales en que se deposita el Poder Judicial local, gozarán de plena autonomía para dictar y ejecutar sus resoluciones. Por tanto, los Jueces y los Magistrados de las Salas del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad carecen de superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo, al no estar supeditados a alguna autoridad que ejerza sobre ellos poder o mando para obligarlos a actuar o dejarlo de hacer en la forma exigida en el fallo protector, o bien, para cumplir éste por sí mismo, como lo dispone el diverso 194 de la ley de la materia. Sin que sea óbice a lo anterior, la existencia de un presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, porque el primero, entre otras facultades, representa al tribunal y al Consejo pero no puede tener facultades de superior jerárquico en relación con la función jurisdiccional de los Jueces, pues sus atribuciones las prevén la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y las leyes procesales respectivas; de ahí que el Consejo y su presidente sólo sean un órgano administrativo encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Superior de Justicia y del Centro Estatal de Justicia Alternativa, es decir, de los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, pero no puede tener injerencia en las decisiones judiciales sino, en su caso, únicamente sancionarlas en términos de los artículos 100 y 104 de la ley orgánica aludida. Por lo anteriormente expuesto, y en atención a la tesis transcrita se establece que la autoridad responsable, debe ser clasificada como un órgano que cuenta con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento por ende, no se encuentra sometida a tribunal de alzada, ya que cuenta con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía, por tanto no cuenta con superior jerárquico alguno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******* por propio derecho; en virtud de lo argumentado en el considerando cuarto, y para los efectos precisados en el diverso considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia, en términos de lo ordenado en el último considerando. TERCERO. Procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido.
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