Maria de los Angeles Rodriguez Diaz
Expediente 1216/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1216/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Maria de los Angeles Rodriguez Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
VISTO EL ESTADO QUE GUARDA LOS PRESENTES AUTOS... ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO...
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO Visto lo de cuenta, téngase por recibido y agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio signado por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en la Ciudad de México, por el cual rinde informe justificado correspondiente al Titular 02/09/24 17:02:07 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.52.46 ROSEMBERG MAURICIO CRUZ OCAMPO 2 de la Oficina Representativa en Chiapas, la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad. Sin que sea necesario dar vista a las partes con dicho informe justificado, por las consideraciones que en párrafos siguiente se expondrán. En términos de los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la potestad ocursante ofreciendo como pruebas de su intención, las documentales que allega junto a su informe de cuenta, las cuales desde este momento se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, en el entendido que serán relacionadas en la audiencia respectiva. De igual forma, se tiene a la responsable de trato, autorizando como delegados de su intención y señalando como domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones a los profesionistas y la dirección que cita en su ocurso de mérito, de conformidad con los artículos 9 y 28 de la Ley de la Materia. COTEJO Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que en el cuaderno incidental, la autoridad responsable remitió constancias anexas a su informe rendido mediante oficio COMAR/JUR/12530/2023, con fundamento en el artículo 139 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se procede a realizar por separado el cotejo respecto de las constancias antes citadas. SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA 02/09/24 17:02:07 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.52.46 ROSEMBERG MAURICIO CRUZ OCAMPO 3 Amparo indirecto 1216/2023 ??????????????? Ahora bien, del contenido del oficio de cuenta, y de las constancias remitidas anexas al mismo, se advierte que se actualiza una causal de improcedencia que obliga al sobreseimiento en el presente juicio de amparo, incluso con anticipación a la audiencia constitucional. Para ilustrar este aserto, primeramente es necesario transcribir el contenido del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Efectivamente, del contenido de la demanda de amparo, se advierte que los actos aquí reclamados los constituyen: _La omisión de expedirle constancia de trámite respecto a la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado; _La omisión de otorgar la Clave Única de Registro de Población (CURP) Sin embargo, como ya se dijo, del contexto del oficio del cual se ordenó el cotejo y de las constancias anexas que lo acompañan, se advierte que la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaria de Gobernación, expidió a favor de la aquí quejosa María de los Ángeles Rodríguez Díaz, la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición 02/09/24 17:02:07 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.52.46 ROSEMBERG MAURICIO CRUZ OCAMPO 4 de refugiado y la constancia temporal de la Clave Única de Registro de Población para extranjeros, toda vez que mediante acuerdo dictado por la autoridad responsable el nueve de octubre de dos mil veintitrés, se previno a la quejosa para que compareciera a las instalaciones de dicha autoridad, para efectos de realizar: Llenado de formulario de Registro; toma de fotografía de titular y dependientes para la emisión de la Constancia de Trámite; recepción de datos biométricos para la emisión de la CURP, y llenado de formulario de Detección de necesidades. A lo que dio cumplimiento la mencionada quejosa, por lo que mediante diverso acuerdo dictado por la autoridad responsable el doce de octubre del año en curso, admitió a trámite la solicitud de la quejosa, emitiendo con ello la Constancia respectiva, así como realizando la inscripción al registro nacional de población. Documentales que adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su dispositivo 2, lo que hace que se actualice la causal de improcedencia anteriormente invocada. Por lo tanto, recapitulando el motivo del sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo, se evidencia plenamente que los impetrantes se adolecen principalmente de la autoridad responsable la negativa para expedir la constancia de trámite respecto a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado [CUR], y la negativa para expedir la Clave Única de Registro de Población [CURP]. Sin embargo, ya se emitió un acuerdo mediante el 02/09/24 17:02:07 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.52.46 ROSEMBERG MAURICIO CRUZ OCAMPO 5 Amparo indirecto 1216/2023 ??????????????? cual admitió a trámite la solicitud de refugio de la parte quejosa, a fin de emitir a su favor la CURP y constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. En consecuencia, es evidente que en la especie, ha ocurrido un motivo que torna improcedente el presente juicio de amparo, porque han cesado los efectos de los actos reclamados. Por lo que sobreviene la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo y en consecuencia, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, es procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación por contener el principio jurídico apuntado, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada con el número 59, Novena Época, visible en la página 38, Tomo XIV, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto literalmente establecen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL".- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías 02/09/24 17:02:07 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.52.46 ROSEMBERG MAURICIO CRUZ OCAMPO 6 consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 10, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE".- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos del sobreseimiento; estos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional programada para once horas con cuarenta y tres minutos del seis de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente
- Incidental
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, los oficios firmados por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a través del cual informa las providencias que ha dictado para dar cumplimiento a la medida cautelar concedida en este incidente. En atención a su contenido, esta juzgadora considera innecesario dictar providencia alguna con relación a esa información, ya que a la fecha los efectos de la suspensión provisional han sido sustituidos por los diversos de la medida cautelar definitiva, concedida en interlocutoria de once de octubre del año en curso. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que anexa constancias con las que acredita las gestiones realizadas para el cumplimiento de la medida suspensional; en consecuencia, realícese el cotejo y compulsa de las citadas documentales, para efecto de ser agregadas en el cuaderno principal; ya que con las mismas podría actualizarse una causal que torne improcedente el juicio de amparo, de conformidad en el artículo 64 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Incidental
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN INCIDENTAL En la Ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las once horas con cuarenta y seis minutos del once de octubre de dos mil veintitrés, Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Rosemberg Mauricio Cruz Ocampo, Secretario con quien actúa y da fe, declaró abierta la audiencia incidental en el presente juicio de derechos fundamentales 1216/2023promovido por********************; contra actos del Titular de la Oficina De Representación de La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Chiapas, , con sede en esta ciudad y otras autoridades; sin la comparecencia personal o virtual de las partes. La Secretaria da cuenta con la relación de constancias. Entre las que destacan las siguientes: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 COPIA DE LA DEMANDA DE AMPARO 1-13 2 SUSPENSIÓN PROVISIONAL 16-25 3 EMPLAZAMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES 28 De igual forma, se da cuenta con el informe previo rendido por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en Representación del Titular (Encargado) de la Oficina de Representación y Jefe de Departamento, ambos de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Asimismo, el Secretario hace una relación del informe previo rendido por la autoridad responsable, en los siguientes términos: NO. INFORME JUSTIFICADO SENTIDO FOJA Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en Representación del Titular (Encargado) de la Oficina de Representación y Jefe de Departamento, ambos de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados NEGATIVO 29 a 31 Al respecto, la Jueza de Distrito acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos a que haya lugar; y con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo, agréguese para que obre como corresponda, el informe rendido por la autoridad responsable. A continuación, se abre la etapa de pruebas, en la cual el Secretario hace constar que obran en autos las siguientes documentales: NO PARTE PRUEBAS FOJA 1 QUEJOSA DOCUMENTALES. 14 y 15 En atención a ello, la Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas las documentales ofrecidas por la parte quejosa, en virtud de su propia y especial naturaleza, con lo cual se declara dicha fase. Cerrado el periodo probatorio y abierto el periodo de alegatos, se hace constar que ninguna de las partes los formuló. Cerrada esta etapa, con apoyo en el ordinal antes invocado, se dicta la siguiente resolución. Luego, al no existir actuaciones pendientes de desahogar, se da por concluida esta audiencia constitucional y se procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 1216/2023. RESULTANDO ÚNICO. Actos reclamados y efectos para los que se solicita la suspensión. En el presente caso, en su demanda de amparo el incidentista señala como actos reclamados los siguientes: La omisión de expedirle constancia de trámite respecto a la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiados. La omisión de otorgar la clave Única de Registro de Población (CURP). A su vez, los quejosos solicitan la suspensión de los actos reclamados a fin de que se ordene a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Chiapas, la expedición de la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de condición de refugiado, así como la Clave única de Registro de Población, para que no se deje en estado de indefensión a los impetrantes y en estado de vulnerabilidad, a fin de tener acceso a la salud, educación, empleo, entre otros. En ese sentido, cabe aclarar que se ajustarán los efectos de la medida suspensiva de trato, en aras de fijar la situación en que deberá de quedar el estado de las cosas para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio principal. Máxime porque, como se precisará a continuación, los alcances de la suspensión tratándose del acto reclamado, se encuentran expresamente previstos en la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso la tesis de jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA." CONSIDERANDO ÚNICO. Análisis de los elementos jurídicos de la suspensión en el amparo. Este órgano jurisdiccional procede al análisis de los elementos jurídicos respecto de la suspensión definitiva solicitada. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La autoridad responsable Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en Representación del Titular (Encargado) de la Oficina de Representación y Jefe de Departamento, ambos de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, negó la existencia del acto reclamado, al rendir su respectivo informe previo, sin embargo, fue omisa en acreditar que se haya expedido en favor de la parte quejosa las constancias de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento a la condición de refugiado [CUR] y la Clave Única de Registro de Población [CURP] para extranjeros, o en su caso, que se haya admitido a trámite la solicitud de refugiado del impetrante. Por consiguiente, se estima que lo procedente es desvirtuar la negativa de la autoridad responsable y tener por cierta la existencia de los actos reclamados, únicamente para el efecto de resolver el presente incidente de suspensión. Máxime que en la especie, el acto reclamado a la autoridad responsable es de naturaleza omisiva, de tal manera que si la potestad aduce su inexistencia, se encuentra obligada a acreditar la actuación que en concreto hayan realizado. NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 85/2018 de su índice, que dio origen a la jurisprudencia 70/2019, de registro digital 2021263 de rubro: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA", al analizar e interpretar los artículos 107, fracción X, primer párrafo de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, denotó que la suspensión de los actos reclamados guarda un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea como medidas conservativas o de tutela anticipada. En ese sentido, la naturaleza del acto mismo no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado" que refiere el referido precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir el acto reclamado, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentra o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado, condicionando los efectos de la suspensión a que no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. En la especie, el acto reclamado se hace consistir en la negativa a expedirles la Constancia de Trámite de la Solicitud de Reconocimiento a la Condición de Refugiado [CUR], y la Clave Única de Registro de Población [CURP] para extranjeros, derivado de la omisión de admitir a trámite formalmente la solicitud de refugiado por parte de las autoridades responsables, por lo que este órgano jurisdiccional considera que con la concesión de esta medida suspensiva no quedaría sin materia una eventual sentencia protectora en el juicio principal, por ese acto reclamado. Lo anterior, toda vez que la naturaleza de vigencia de la Clave Única de Registro de Población, es de carácter temporal, lo cual tiene justificación en el Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, del que se desprende que los extranjeros tienen la posibilidad de ostentar ese documento, con la finalidad de acceder a diversos servicios públicos, entre ellos salud y educación, para evitar que su personalidad jurídica sea vulnerada. Corolario de lo anterior, debe destacarse que la temporalidad de los documentos de que se trata, depende de las condiciones previstas en el Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, es decir, uno de los documentos de identificación cuya expedición se solicitó, tiene una vigencia que no puede exceder de ciento ochenta días naturales, pudiendo darse de baja la clave, en las hipótesis que en dicho instrumento se describen. Al efecto, se destaca la jurisprudencia de la Primera Sala de Justicia de la Nación, con datos de localización Registro digital: 2024808, Instancia: Primera Sala, Undécima Época Materias(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 1a./J. 76/2022 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, página 4170, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: PERSONAS SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO. DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE MIGRACIÓN DERIVA QUE CUENTAN CON EL ACCESO EFECTIVO A LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA ELLO. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP). En el proceso alegaron la inconstitucionalidad del artículo 59 de la Ley de Migración, como la norma en la que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que para reconocer la validez constitucional del artículo 59 de la Ley de Migración no debe interpretarse como prohibitivo, limitante o excluyente del acceso de las personas solicitantes de la condición de refugiado a la Clave Única de Registro de Población (CURP). Al contrario, las personas solicitantes de la condición de refugiado tienen acceso efectivo a la CURP como manifestación de su derecho a la personalidad jurídica, pues este documento es un elemento que les permite acceder efectivamente a servicios de salud, educación, trabajo, etcétera. Justificación: La CURP se entiende como materialmente exigible para todas las personas solicitantes de la condición de refugiado, de manera que no se agrave su situación de vulnerabilidad. Esta decisión se afianza a partir de una interpretación conforme (desde un ámbito funcional, sistemático y armónico) del artículo 59 de la Ley de Migración con el sistema de protección de derechos humanos que rige en nuestro país, la práctica del Estado Mexicano y los compromisos adquiridos internacionalmente. De esta manera, se busca derribar los obstáculos administrativos que las personas solicitantes de asilo enfrentan en el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, tal y como es el derecho al trabajo o a la salud, entre otros. Al respecto, cabe destacar que el 18 de junio de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Instructivo Normativo para la asignación de la Clave Única de Registro de Población, en el cual se añadió como supuesto de asignación de la CURP temporal a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y protección complementaria. Dicho acuerdo es consistente con la comprensión de la CURP como una herramienta registral, pero también como un documento llave de acceso a los servicios que otorga la Administración Pública Federal y, en consecuencia, como manifestación de la dimensión formal del derecho a la personalidad jurídica. De ahí que negar el acceso a la CURP o supeditarlo a una calidad migratoria de estancia no es consistente con las obligaciones estatales de protección, garantía y respeto de derechos humanos, sobre todo porque de esa manera se asignarían resultados desiguales sin justificación razonable a grupos con una importante situación de vulnerabilidad, como lo son las personas solicitantes de la condición de refugiado Aunado a lo anterior, respecto a la Constancia de Trámite de la Solicitud de Reconocimiento a la Condición de Refugiado, si bien es cierto, que en el artículo 38 del Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, se prevé que la autoridad debe emitir dicha constancia de trámite respecto a solicitudes que han sido admitidas; también lo es que ello no conduce a considerar que la vigencia de la constancia en mención sea definitiva, sino provisional, pues en el mismo precepto legal se precisa que la referida constancia establecerá la entidad federativa en la que el solicitante debe permanecer, en tanto se resuelva su solicitud, misma que tendrá una vigencia de cuarenta y cinco días hábiles, que se contará a partir de la presentación de la solicitud, los cuales podrán ser prorrogados de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la propia ley. Máxime que en el mismo precepto legal se establece también, que en los casos que la Coordinación autorice al solicitante continuar su trámite en otra entidad federativa, se deberá expedir una nueva constancia, previo canje de la anterior, sin que ello implique la autorización de permanencia en territorio nacional bajo ninguna de las condiciones que señala la Ley de Migración. En ese contexto legal, se concluye que de concederse la suspensión definitiva, no tendría como consecuencia dejar sin materia el juicio de amparo, pues no tendría por efecto ordenar de manera definitiva la expedición de los documentos de que se trata, pues las normatividades que los rige establecen un lapso de vigencia temporal, es decir, no se trata de un estatus definitivo. INTERÉS SUSPENSIONAL Y ANÁLISIS DE LA VULNERACIÓN AL ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL De lo previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128, fracción I y 131 de la Ley de Amparo, se obtiene que para otorgar la suspensión de los actos reclamados, es indispensable que el promovente que solicite la medida cautelar demuestre indiciariamente que cuenta con interés suspensional. Éste se reconoce a partir de la demostración, por lo menos indiciaria, de la titularidad del derecho que se pretenda salvaguardar y que virtud de los actos reclamados generen una afectación por su transgresión directa, o bien, por la especial situación en que se encuentra el gobernado. En esas condiciones, el otorgamiento de la medida cautelar en ningún caso podrá tener por efecto modificar o restringir derechos, ni constituir aquellos que no tengan existencia jurídica antes de la presentación de la demanda. En el presente caso, la parte quejosa demuestra contar con interés suspensional suficiente para solicitarla, toda vez que exhiben copia de sus pasaportes personales, expedidos por la República de Cuba, así como de los acuses de confirmación de cita para la solicitud de condición de refugiado, y de los diversos escritos presentados ante la autoridad responsable. Al efecto, es aplicable la tesis I.4o.A.15 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página dos mil ciento sesenta y seis, Libro XIX, Tomo 3, abril de dos mil trece, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. El citado precepto constitucional dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se considera que la noción de interés suspensional, en relación con el diverso numeral 124, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 124, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego. Por otro lado, debe decirse que en esta estadía procesal no se advierte que con la concesión de la medida cautelar se contravenga el interés social o que se contravengan disposiciones de orden público, que son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad, con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo, se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquella algún mal, desventaja o trastorno. En ese sentido, éste órgano jurisdiccional considera que en atención a la dimensión formal o instrumental del derecho a la personalidad jurídica y al principio de interdependencia de los derechos fundamentales, no es posible ser titular de derechos económicos, sociales y culturales si se carece de las condiciones propicias para adquirirlos, ejercerlos y exigirlos; por lo que, en esa relación subyace el deber del Estado, de adoptar medidas generales de manera progresiva y medidas de carácter inmediato para asegurar la garantía de los derechos reconocidos; lo que en el caso puede lograrse justamente a través de la suspensión del juicio de amparo, porque sin otorgar de forma definitiva la validez de la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, así como la Clave Única de Registro de Población puede concederse la suspensión definitiva para que esos documentos sean expedidos de forma provisional, logrando con ello alcanzar el objetivo de la suspensión del juicio de amparo y consecuentemente, la implementación de una medida cautelar que garantice el acceso a los migrantes de los derechos del juicio de amparo, al no constituir una medida definitiva. Es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Registro digital: 2024786, Instancia: Primera Sala, Undécima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 81/2022 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, página 4165, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: DERECHOS DE PERSONAS MIGRANTES. LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES REQUIERE DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EJERCERLOS EFECTIVAMENTE. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP), pues ello les impedía acceder efectivamente a servicios de salud, educación, trabajo, etcétera. En el proceso, los quejosos alegaron la inconstitucionalidad de los artículos 52 y 59 de la Ley de Migración en los que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales a personas migrantes se torna ilusorio si éstos no pueden acceder a los medios, instrumentos o herramientas necesarios para ejercerlos efectivamente. Por lo tanto, el Estado tiene el deber de eliminar todos los obstáculos existentes que, de iure o de facto, enfrentan las personas migrantes en el acceso efectivo a sus derechos fundamentales. Justificación: La garantía de un derecho implica la obligación del Estado de tomar todas las medidas necesarias para "remover" los obstáculos que puedan existir, para que los individuos disfruten y efectivamente ejerzan los derechos fundamentales reconocidos. En atención a la dimensión formal o instrumental del derecho a la personalidad jurídica y al principio de interdependencia de los derechos fundamentales, no es posible ser titular de derechos económicos, sociales y culturales si se carece de las condiciones propicias para adquirirlos, ejercerlos y exigirlos. En esta relación subyace el deber de los Estados de adoptar medidas generales de manera progresiva y medidas de carácter inmediato para asegurar la garantía de los derechos reconocidos. Por lo tanto, alcanzar la efectividad de los derechos no depende exclusivamente de la promulgación de disposiciones constitucionales o legislativas, sino que los Estados deben realizar actividades concretas para que las personas bajo su jurisdicción puedan disfrutar y ejercer sus derechos. Cabe agregar, que en el caso, se trata de una tutela provisional de derechos que son inherentes a las personas y la condición expresada sobre su vulnerabilidad por ser migrantes, mismos que se encuentran en condiciones de marginación públicamente sabida por el ámbito internacional, además de haber solicitado se les reconozca la condición de refugiados, siendo ese el motivo esencial que se debe valorar para decretar la suspensión definitiva. DECISIÓN Y CONDICIONANTES Con fundamento en los artículos 128, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva del acto reclamado, para el efecto de que la autoridad responsable Titular de Oficina de Representación en esta ciudad de la de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados expida al quejoso de forma provisional la Constancia de Trámite de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, así como la Clave Única de Registro de Población (CURP), hasta en tanto se comunique la determinación que declare firme la sentencia que se dicte en el juicio de amparo principal. En el entendido de que la presente determinación no vincula a la autoridad responsable en comento, para admitir de facto la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado respectiva, quedando por tanto en libertad de jurisdicción para resolver, si así lo decidiere, sobre la admisión o no de la solicitud mencionada. Además, se comunica a la autoridad responsable que la emisión de la Constancia de Trámite de Reconocimiento de la Condición de Refugiados [CUR, así como la Clave Única de Registro de Población (CURP), se encontrará sujeta a que la parte quejosa cumpla con los requisitos legales para su expedición. CUMPLIMIENTO La medida cautelar que se concede deberá de ser acatada por la autoridad responsable y aquella que resulte vinculada, con el apercibimiento de que en caso de desobediencia, se actualizaría la hipótesis contenida en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 138, 140, 144 y 217 de la Ley de Amparo aplicable al presente asunto, Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE UNICO. Se concede a********************, la suspensión definitiva solicitada contra el acto y autoridad señalada en el considerando único, en los términos ahí especificados del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Rosemberg Mauricio Cruz Ocampo, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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