María de los Ángeles Ríos García

Expediente 56/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
56/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
30/03/2021

Partes del expediente

  • María de los Ángeles Ríos García

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio signado por la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual informa que la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la referida fiscalía, es la encargada de emitir el título de crédito correspondiente a fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo. En tal virtud, a fin de dar mayor celeridad al procedimiento de ejecución de sentencia, con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, se requiere a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como autoridad vinculada, para que dentro del término de Cinco DÍAS HÁBILES, contado a partir del siguiente al que se le notifique este acuerdo, lleve a cabo las gestiones necesarias para: Remita a la Dirección General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la cuenta por liquidar certificada, contra-recibo y cheque a favor de la quejosa por la cantidad de ****, por concepto de diferencias de aguinaldo por los ejercicios de dos mil diecisiete y dos mil dieciocho. Con fundamento en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, para que, en su carácter de superior jerárquico de las autoridades antes aludidas, dentro del plazo indicado de CINCO DÍAS, acredite haber girado la orden respectiva conminándoles a cumplir la ejecutoria de amparo. Se hace del conocimiento de la autoridad antes señalada, que debe hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer para conseguirlo, haciéndolo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, ya que, de no proceder así, incurre en responsabilidad en los mismos términos que la autoridad requerida. Se apercibe, a las autoridades requeridas, que de no cumplir lo solicitado o manifestar el impedimento legal que tengan para ello, se impondrá multa de CIEN veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, en términos del artículo 192, en relación con el 238 párrafo primero y 258, todos de la Ley de Amparo y conforme al decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Además, en caso de incumplir con lo ordenado y continuar actuando de manera contumaz con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, los autos serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, por inejecución de sentencia, para los efectos precisados en la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución, es decir, para que el renuente sea separado de su cargo y consignado al juez de Distrito que corresponda. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia P./J.54/2014 de la Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, noviembre del 2014, página 19, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector Inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, a través de la cual, el Actuario Judicial de la adscripción asentó la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la parte quejosa el auto de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, dictada en los autos del juicio de amparo en que se actúa, en virtud de que al constituirse en el domicilio señalado, se le informó que no se conoce a la persona buscada, en consecuencia, se ordena NOTIFICAR POR LISTA el auto de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, así como las subsecuentes notificaciones dirigidas a la parte quejosa, hasta en tanto señale nuevo domicilio para tal efecto. Lo anterior tiene sustento en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis número 107/2007-PS, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 20/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES" Proveído de 18-01-2021: "Ciudad de México, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo que presuntamente promueve ***** por propio derecho, contra actos de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de Mexico y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 4 y 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el libro de gobierno con el número 56/2021-I, y fórmese expediente físico, así como su versión electrónica, en términos del artículo 3 de la ley de la materia. DESECHAMIENTO DE DEMANDA POR FALTA DE FIRMA. Del análisis de la demanda, se desprende que la litis constitucional plateada no es procedente, al no haber sido firmada por la promovente. ESTUDIO DE PROCEDENCIA De la lectura integral de la demanda, se advierte que la supuesta parte quejosa fue omisa en plasmar la voluntad de promover este juicio constitucional al no haberla signado. Del análisis de los numerales 3°, 5, fracción I, 6 y 61, fracción XXIII, de la Ley Amparo, se desprende que el juicio de amparo debe ser promovido por aquella persona física o moral a quien afecten los actos de autoridad que se pretendan reclamar en el juicio constitucional. Para la promoción de dicho juicio, resulta necesaria la presentación de una demanda -ya sea por escrito o de manera electrónica- en la que la persona afectada plasme su voluntad para reclamar los actos de los que se duela; cuestión que tiene origen en el principio que establece que el juicio de amparo siempre debe ser a instancia de parte y nunca de oficio por los órganos constitucionales. En ese sentido, se ha considerado que la firma de la demanda -al igual que de todas las promociones que se presenten durante la tramitación del juicio- constituye un requisito indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad del quejoso para instar la acción constitucional, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento carente de autenticidad. Se considera lo anterior, porque la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma electrónica o estampada en la demanda de amparo, lo cual constituye una formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda no se suscribe por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguientes: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE. Si el escrito en que se formula la demanda de garantías no está suscrito por quien se supone que es el agraviado y si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, debe decirse que es indispensable que esas promociones estén suscritas por el interesado, sobre todo cuando se trata del primer escrito o promociones que, por ser la demanda, constituye la base de todo el procedimiento legal y mediante tal escrito se puede considerar a quien lo suscribió como parte actora. Por tanto, la falta de la firma tiene como consecuencia que el repetido escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, puesto que ese requisito, el de la firma, por ser obvio, no es necesario que se precise como tal en ninguna disposición de la Ley de Amparo, aunque su ausencia sí es bastante para tener por no hecha la promoción de que se trata." En el caso, tal como se expuso, la demanda de amparo se presentó electrónicamente y, en ella, se encuentra señalada como promovente, a ******; sin embargo, únicamente se plasmó su nombre sin remitir firma electrónica. Lo que implica que fue omisa en manifestar su voluntad para dar inicio a la presente instancia constitucional y que, en consecuencia, es improcedente el juicio constitucional respecto de dicha persona. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA. El juez de Distrito no tiene obligación de ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el quejoso, ya que la falta de firma en el escrito de la demanda de amparo, no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 145 de la Ley de Amparo; puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna y, por tanto, en estos casos procede desechar de plano la demanda por ser notoria e indubitable su improcedencia." De conformidad con los razonamientos efectuados en párrafos precedentes, se advierte que no hay instancia de parte respecto del promovente en mención, por haber sido presentada la demanda sin su firma. Lo anterior, se insiste, en virtud de que las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del suscriptor y ante tal omisión, dicho escrito no tienen ningún valor, pues es la forma de responsabilizarse de su contenido para que solo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. Así, al ser considerada la falta de firma, como una formalidad esencial que denota la ausencia de voluntad de promover el juicio, tal circunstancia implica el no ejercicio de la acción constitucional. Por lo expuesto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA de plano, presentada supuestamente por ***** , POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 61, fracción XXIII, y los diversos 3, 5, fracción I y 6, de la Ley de Amparo; pues no exteriorizó su voluntad para promover la acción constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA. No puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma en la demanda de garantías constituya una irregularidad en el escrito y que por ello sea factible que el juez de Distrito se encuentre facultado para ordenar que la misma se subsane en los términos previstos por el artículo 146 de la Ley de Amparo, supuesto que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Por consiguiente, en esos casos procede que se deseche de plano la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la quejosa, como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala para tales efectos y que tengan debidamente registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a las personas autorizadas en términos de la última parte del referido numeral. HÁBILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a que practiquen las diligencias que se requieran en el presente asunto en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente." Notifíquese y por lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    Ciudad de México, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo que presuntamente promueve ***** por propio derecho, contra actos de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de Mexico y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 4 y 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el libro de gobierno con el número 56/2021-I, y fórmese expediente físico, así como su versión electrónica, en términos del artículo 3 de la ley de la materia. DESECHAMIENTO DE DEMANDA POR FALTA DE FIRMA. Del análisis de la demanda, se desprende que la litis constitucional plateada no es procedente, al no haber sido firmada por la promovente. ESTUDIO DE PROCEDENCIA De la lectura integral de la demanda, se advierte que la supuesta parte quejosa fue omisa en plasmar la voluntad de promover este juicio constitucional al no haberla signado. Del análisis de los numerales 3°, 5, fracción I, 6 y 61, fracción XXIII, de la Ley Amparo, se desprende que el juicio de amparo debe ser promovido por aquella persona física o moral a quien afecten los actos de autoridad que se pretendan reclamar en el juicio constitucional. Para la promoción de dicho juicio, resulta necesaria la presentación de una demanda -ya sea por escrito o de manera electrónica- en la que la persona afectada plasme su voluntad para reclamar los actos de los que se duela; cuestión que tiene origen en el principio que establece que el juicio de amparo siempre debe ser a instancia de parte y nunca de oficio por los órganos constitucionales. En ese sentido, se ha considerado que la firma de la demanda -al igual que de todas las promociones que se presenten durante la tramitación del juicio- constituye un requisito indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad del quejoso para instar la acción constitucional, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento carente de autenticidad. Se considera lo anterior, porque la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma electrónica o estampada en la demanda de amparo, lo cual constituye una formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda no se suscribe por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguientes: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE. Si el escrito en que se formula la demanda de garantías no está suscrito por quien se supone que es el agraviado y si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, debe decirse que es indispensable que esas promociones estén suscritas por el interesado, sobre todo cuando se trata del primer escrito o promociones que, por ser la demanda, constituye la base de todo el procedimiento legal y mediante tal escrito se puede considerar a quien lo suscribió como parte actora. Por tanto, la falta de la firma tiene como consecuencia que el repetido escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, puesto que ese requisito, el de la firma, por ser obvio, no es necesario que se precise como tal en ninguna disposición de la Ley de Amparo, aunque su ausencia sí es bastante para tener por no hecha la promoción de que se trata." En el caso, tal como se expuso, la demanda de amparo se presentó electrónicamente y, en ella, se encuentra señalada como promovente, a ******; sin embargo, únicamente se plasmó su nombre sin remitir firma electrónica. Lo que implica que fue omisa en manifestar su voluntad para dar inicio a la presente instancia constitucional y que, en consecuencia, es improcedente el juicio constitucional respecto de dicha persona. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA. El juez de Distrito no tiene obligación de ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el quejoso, ya que la falta de firma en el escrito de la demanda de amparo, no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 145 de la Ley de Amparo; puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna y, por tanto, en estos casos procede desechar de plano la demanda por ser notoria e indubitable su improcedencia." De conformidad con los razonamientos efectuados en párrafos precedentes, se advierte que no hay instancia de parte respecto del promovente en mención, por haber sido presentada la demanda sin su firma. Lo anterior, se insiste, en virtud de que las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del suscriptor y ante tal omisión, dicho escrito no tienen ningún valor, pues es la forma de responsabilizarse de su contenido para que solo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. Así, al ser considerada la falta de firma, como una formalidad esencial que denota la ausencia de voluntad de promover el juicio, tal circunstancia implica el no ejercicio de la acción constitucional. Por lo expuesto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA de plano, presentada supuestamente por ***** , POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 61, fracción XXIII, y los diversos 3, 5, fracción I y 6, de la Ley de Amparo; pues no exteriorizó su voluntad para promover la acción constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA. No puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma en la demanda de garantías constituya una irregularidad en el escrito y que por ello sea factible que el juez de Distrito se encuentre facultado para ordenar que la misma se subsane en los términos previstos por el artículo 146 de la Ley de Amparo, supuesto que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Por consiguiente, en esos casos procede que se deseche de plano la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la quejosa, como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala para tales efectos y que tengan debidamente registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a las personas autorizadas en términos de la última parte del referido numeral. HÁBILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a que practiquen las diligencias que se requieran en el presente asunto en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.

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