MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ SORIA y Otros.
Expediente 247/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 26 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 247/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 07/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ SORIA y Otros.
- JUDITH MATA ZAMORA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Cuenta. En siete de diciembre de dos mil veintidós, la licenciada Carla Adriana Gallardo Rojas, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, en cumplimiento a lo ordenado en el auto inicial de demanda, hago constar que la presente promoción, con número de registro 19300, se ubica en la hipótesis del inciso c) acuses de recibo, por lo que resulta inútil el dictado de acuerdo. Conste.
- Principal
Causa estado proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós. En este caso, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado en sus términos dicha determinación. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina depurar la presente pieza de actuaciones, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. En cumplimiento al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la sentencia o resolución dictada en el presente asunto, para que pueda ser consultable por el público en general. Se previene a la parte quejosa para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda ante este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, tendrán el mismo destino que este expediente.
- Principal
Autoridad informa. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio de cuenta presentado por Pedro Arturo Ramírez Ramírez, apoderado legal de las autoridad responsable Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud Pública, ambos del Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato capital, a través del cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de diez de octubre del año en curso, informa que los infantes de identidad protegida M. E. J. V, C. A. S. Z., K. F. S. Z. y J. G. R. S. nuevamente no se presentaron a la vacunación señalada para el doce de octubre del año en curso. En atención a lo anterior, se tiene por recibida la información proporcionada por las autoridades responsables por conducto de su apoderado legal, para los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo anterior se acuerda: Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se colige la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, cuyo análisis da lugar a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por contradicción de Tesis 26/2002-PL, visible en la página 386, Tomo VII, Marzo 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En este caso, el acto reclamado consiste en la omisión de aplicar la vacuna contra el virus SARS -CoV-2 (COVID 19) a la parte infante quejosa y vista la certificación y anexo de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que les fue aplicada la primera y segunda dosis del biológico Pfizer-BioNTech, a las personas menores de edad quejosas que a continuación se enlistan: EDADES MENOR PRIMERA DOSIS (FECHA) SEGUNDA DOSIS (FECHA) 12 E. D. J. C. R. 29/04/2022 27/05/2022 13 A. T. C. R. 29/04/2022 27/05/2022 12 J. C. E. F. 29/04/2022 27/05/2022 13 A. K. Z. B. 29/04/2022 27/05/2022 13 J. M. A. M. 29/04/2022 27/05/2022 13 D. J. V. 29/04/2022 27/05/2022 14 M. O. J. 29/04/2022 27/05/2022 13 E. U. R. S. 27/05/2022 02/08/2022 12 I. T. T. C. 29/04/2022 27/05/2022 12 C. R. T. C. 29/04/2022 27/05/2022 11 J. CH. A. 30/06/2022 19/08/2022 9 R. CH. A. 30/06/2022 19/08/2022 5 M. H. L. 30/06/2022 19/08/2022 5 J. D. D. C. R. 30/06/2022 19/08/2022 10 F. R. Z. B. 30/06/2022 19/08/2022 8 K. G. F. A. 30/06/2022 19/08/2022 12 B. R. A. M. 28/05/2022 02/08/2022 Constancias a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, con las cuales se acredita la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Se considera que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éste ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Causal que se actualiza en este caso respecto de los infantes quejosos reseñados en el cuadro antes inserto, debido a que el acto reclamado consiste en la omisión de aplicar la vacuna contra el virus SARS -CoV-2 (COVID 19) a la parte infante quejosa; por tanto, es evidente que los efectos de dicho acto han cesado por lo que hace a dichos niños, al haberse acreditado que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se les aplicaron las dos dosis del biológico Pfizer-BioNTech, que requieren para su protección contra el virus SARS -CoV-2. Se afirma lo anterior, pues si bien a la fecha de presentación de la demanda y durante su tramitación -conforme a la causa de pedir- existía la omisión reclamada, cierto es también que la misma dejaron de existir el veintisiete de mayo, dos y diecinueve de agosto, todos de dos mil veintidós, fechas en que se suministraron a los infantes de identidad resguardada precisados en el cuadro antes inserto la segunda dosis de la vacuna solicitada. Ello es así, en atención a que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, lo que da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes de su nacimiento; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación que destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce del derecho violado, por lo que se determina que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado por lo que ve a los niños quejosos de identidad protegida enlistados en la tabla inserta en acápites precedentes. Sirve de apoyo a lo anterior, jurisprudencia 2ª./J. 59/99 que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, resulta aplicable el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Cabe destacar que el análisis de las causales de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia, máxime que las mismas, tienen una existencia justificada en la Ley de Amparo, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni al de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio constitucional respecto de los infantes quejosos de identidad resguardada enlistados en el cuadro antes inserto, de conformidad con lo establecido en el numeral 61, fracción XXI, de la ley de la materia. En otro orden de ideas, en el caso, también se estima actualizada la causal contenida en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, relativa al consentimiento del acto reclamado, ya sea de forma expresa, o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento (tal como en el caso aconteció), respecto a los menores de edad de iniciales M. E. J. V, C. A. S. Z., K. F. S. Z. y J. G. R. S. (10, 11, 5 y 11 años, respectivamente). El consentimiento al que se refiere el citado dispositivo se produce cuando, respecto del acto reclamado, la parte quejosa expresa un allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos, que revelan indudablemente su conformidad con dicho acto, así como con sus consecuencias. En el caso de nuestra atención y por lo que ve a los infantes quejosos de identidad protegida M. E. J. V, C. A. S. Z., K. F. S. Z. y J. G. R. S., de autos se observa que en proveídos de veintidós de junio, veintinueve de junio, veintiuno de septiembre y diez de octubre, todos de dos mil veintidós (fojas 223, 233, 293 y 312), se requirió a la parte quejosa, a fin de que informara si era su deseo continuar con el trámite del juicio constitucional por lo que ve a dichos infantes, así como para que manifestara si los infantes de trato fueron presentados a las jornadas de vacunación abierta y remitiera las constancias que así lo acreditaran, en razón de que la autoridad responsable informó a este Juzgado de Distrito que fue omisa en presentarlos para su inoculación en primera y/o segunda dosis de la vacuna respectiva; asimismo, en algunos de esos proveídos se le dio vista con nuevas fechas y horas para que dichos infantes fueran presentados para sus inoculaciones respectivas, inasistiendo a las mismas; autos en los que se apercibió a la parte quejosa que de no hacerlo, se le tendría por desinteresada en la continuación del presente juicio, decretándose el sobreseimiento del presente sumario constitucional; acuerdos que le fueron notificados el veintiocho y veintinueve de junio, veintisiete de septiembre y diez de octubre, todos del año en curso. Requerimientos que tuvieron sustento en virtud de que, en este tipo de asuntos, las autoridades responsables sanitarias siguen un procedimiento a fin de vacunar a los menores, el cual inicia con su valoración médica; enseguida, señalan fecha para la inoculación de la primera dosis del biológico; y, por último, transcurrido el periodo de tiempo necesario para la aplicación de la segunda dosis, señalan la fecha correspondiente. Procedimiento que requiere necesariamente la participación activa de la parte interesada, sin la cual no puede culminarse el mismo. Asimismo, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no informó su deseo de continuar con el trámite del presente juicio, dentro de los plazos concedidos para tal efecto, motivo por el cual, se le tiene por desinteresada en la continuación del mismo, y con motivo de ello, en la prosecución del procedimiento de vacunación correspondiente respecto a los menores de edad de identidad protegida M. E. J. V, C. A. S. Z., K. F. S. Z. y J. G. R. S. (10, 11, 5 y 11 años, respectivamente). Así las cosas, se obtiene que, si bien la parte quejosa no consintió expresamente el acto que reclama, sí realizó manifestaciones que denotan su conformidad respecto de éste, al no participar de manera activa en el procedimiento de vacunación iniciado con motivo de la presentación de la demanda que dio origen a este juicio, y al no informar a este Juzgado de Distrito su interés de continuar con la tramitación de este procedimiento. Es ilustrativo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 8/2018, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo registro digital es 2016215, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO EXPRESO O POR MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD QUE LO ENTRAÑEN. NO SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR EL PATRÓN CONTRA UN LAUDO RESPECTO DEL CUAL PREVIAMENTE HUBIERA CUMPLIDO SÓLO ALGUNA O ALGUNAS DE LAS PRESTACIONES A QUE FUE CONDENADO. El artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo -equivalente al 73, fracción XI, de la abrogada-, establece que el juicio de amparo es improcedente "contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento", lo que se produce cuando, respecto del acto reclamado, el interesado expresa un allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos, pero que sea indudable y completo, es decir, debe revelar de manera evidente que se ha conformado con la decisión y consecuencias integrales que implican el acto de autoridad reclamado. Así, el hecho de que, ante un laudo que condene respecto de diversas prestaciones, el patrón cumpla sólo alguna o algunas de esas condenas -quedando pendientes de solucionar o solventar otras- no conlleva el consentimiento del laudo y, por ende, la improcedencia del juicio de amparo en su contra, pues el cumplimiento de una condena sólo se vincula con la decisión que al respecto y de manera destacada haya emitido la autoridad jurisdiccional del trabajo, pero no puede relacionarse con el resto de las prestaciones a que hubiere sido condenado, por lo que esa conducta no debe calificarse como una manifestación clara e inequívoca de que haya consentido el laudo, es decir, de que está conforme con la totalidad de los pronunciamientos en él contenidos, ya que, se insiste, quedan pendientes de solventar las condenas que no fueron objeto de cumplimiento." A lo anterior se suma el hecho de que se entabló comunicación telefónica y vía WhatsApp con Norma Concepción Parra Rocha, autorizada en términos amplios de la parte quejosa en fechas veintidós de septiembre, siete y diecisiete de octubre de dos mil veintidós a efecto de solicitarle las constancias de inoculación de los menores de edad en cita, haciéndole saber de nueva cuenta (en todas ocasiones) que se harían efectivos los apercibimientos por falta de interés que se harían efectivos los apercibimientos decretados en autos por falta de interés, a lo cual refirió, que ya era muy complicado localizar a las progenitoras de los infantes de trato, pero que iba a tratar de conseguir las documentales respectivas, sin haberlo hecho y sin haber informado a este Juzgado de Distrito su interés de continuar con la tramitación de este procedimiento. En razón de lo anterior, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la ley en cita, igualmente se decreta el sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia por lo que ve a los menores de edad de identidad protegida M. E. J. V, C. A. S. Z., K. F. S. Z. y J. G. R. S.. Por tanto, hágase saber a las partes la presente determinación para los efectos legales a que hubiere lugar; asimismo, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno de este Juzgado. No es óbice a lo anterior, el hecho de que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento de este juicio de amparo, aún no haya tenido verificativo la audiencia constitucional, pues ello no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, debido a que no se le priva del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, resolver el presente juicio de amparo hasta el momento que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."
- Principal
Autoridad comunica fecha de inoculación. En otro orden, glósese a los autos el diverso oficio remitido por el apoderado legal de la autoridad responsable Secretario de Salud del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, a través del cual informa la data y hora señaladas para que les sea aplicada las dosis correspondientes de la vacuna Pfizer-BioNTech, a los menores de edad quejosos. Se da vista a la parte quejosa y se le requiere. Ahora bien, toda vez que del oficio de cuenta, se desprende que la parte quejosa menor de edad debe presentarse a las ocho horas del doce de octubre del año en curso, en el Hospital de Materno Infantil de Irapuato, Guanajuato, a efecto de que les sea aplicada la vacuna correspondiente. Con copia del referido oficio, notifíquese personalmente a la parte quejosa para que tenga conocimiento de ello. Asimismo, requiérasele para que dentro del término de tres días, contado a partir de la inoculación de la parte quejosa menor de edad, remita a este Juzgado Federal la constancia atinente a la aplicación de dicha vacuna, en el entendido que de no hacerlo así, o de no comparecer a la cita de trato, se le tendrá por desinteresada en la prosecución del juicio de amparo en que se actúa, por lo que se decretará el sobreseimiento del mismo, por lo que hace a los menores que no cuenten con el esquema completo de vacunación. Requerimiento judicial. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase al Secretario de Salud del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, para que dentro de los tres días siguientes a la fecha señalada para la cita en comento (doce de octubre de dos mil veintidós), sin previo requerimiento, informe lo conducente, remitiendo copias certificadas, completas y legibles de las constancias correspondientes, o bien, manifieste la imposibilidad para cumplir con ello. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o de no informar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, con apoyo en el numeral 237, fracción I, en relación con el artículo 259, ambos de la Ley de Amparo. Se instruye a fedatario público adscrito. Finalmente, para el debido cumplimiento de lo antes acordado, tomando en consideración la proximidad de la fecha en la que deberá acudir la parte quejosa menor de edad a su cita, se instruye al actuario adscrito para que de inmediato proceda a realizar las notificaciones correspondientes, así como a entablar comunicación vía telefónica y/o correo electrónico, según sea el caso, con la parte quejosa, a fin de hacerle del conocimiento lo determinado en este proveído, debiéndose asentar la razón correspondiente en autos.
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