María de los Ángeles Ramírez Cabrera
Expediente 468/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 26 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 468/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 26/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- María de los Ángeles Ramírez Cabrera
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de abril de dos mil veintidós. ANOTACIONES Vista la demanda promovida por María de los Ángeles Ramírez Cabrera, por propio derecho, regístrese bajo el número 468/2022-I. ACTO RECLAMADO De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado destacado consiste en el oficio de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, emitido por la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, HSBC Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, por el cual dio contestación al escrito de la quejosa de cuatro de marzo de dos mil veintidós, en el que se le dijo que era improcedente la solicitud de devolución de retiro por parte del HSBC México, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC, por la cantidad de $300,750.07 (Trecientos mil setecientos cincuenta pesos 07/100 M.N.), realizado a la cuenta bancaria con terminación 7787, toda vez que conforme al contrato y certificado de libertad de gravamen del título registral, el pago no le correspondía, por lo que procedió a reversar el depósito realizado a la cuenta en cita, por lo que tiene temor que también se retire de la referida cuenta, el monto de $12,300.00 (doce mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional). DESECHAMIENTO Ahora bien, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues no pueden considerarse como autoridades para efectos del juicio de amparo a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, HSBC Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, y la institución de crédito HSBC México Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC. Tales preceptos señalan que el juicio de amparo procede solamente contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Asimismo, tiene el carácter de autoridad responsable aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De lo anterior, se desprende que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los hechos que en el mismo se reclamen provengan de un acto de autoridad, o bien de particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad; además, afecten los derechos fundamentales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares por actuar las primeras en un plano superior a los segundos; de ahí que, aquellos actos emanados de relaciones de supra ordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares, aun - cuando en estas últimas, la relación surja entre un particular y una autoridad, pero en un mismo plano de coordinación como particular-, tales actos no pueden reclamarse a través del juicio de amparo. Sobre esas premisas, en el caso se tiene que de la cuenta bancaria número 6146757787 a nombre de la aquí quejosa, la institución HSBC México Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC, realizó un retiro por la cantidad de $300,750.07 (Trecientos mil setecientos cincuenta pesos 07/100 M.N.), argumentando que de acuerdo al contrato y certificado de libertad de gravamen el pago no le correspondía, por lo que se procedió a reversar el deposito realizado el cuatro de febrero de dos mil veintidós. Ahora bien, es de precisarse que el acto reclamado emana del contrato de voluntades (compraventa) celebrado por una parte por Mario Amaro Bautista con consentimiento de su cónyuge (aquí quejosa), y Neri Yanet Juan Juan y Jesús Osvaldo Piña Torres como acreditados y/o cotizantes, respecto de un bien inmueble propiedad del primero de los mencionados, siendo que HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC, realizó un contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía con Neri Yanet Juan Juan y Jesús Osvaldo Piña Torres, y se comprometió entregar a la parte vendedora la cantidad de $1,282,507.22 (un millón doscientos ochenta y dos mil quinientos siete pesos 22/100 moneda nacional), a la parte vendedora a la fecha de la firma de la escritura. Entonces, lo anterior no conlleva a que la institución de crédito señalada como responsable del acto reclamado, se constituya en un "particular" que realiza actos equivalentes a los de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior, es así, pues si bien es un acto unilateral, el mismo no está fundado en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, sino que basó su resolución en las cláusulas del contrato y el certificado de libertad de gravamen, así como en la prestación de los servicios bancarios entre la hoy quejosa y la institución bancaria señalada como responsable. Por ende, en este caso Unidad Especializada de Atención a Usuarios, HSBC Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, y la institución de crédito HSBC México Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC, no se ubican en un plano de supra a subordinación frente al particular, aquí quejosa, dado que su actuar atiende a las cláusulas previstas en el citado contrato de prestación de servicios y no en una norma general que la obliguen a actuar con atribuciones de autoridad del Estado, lo cual hace necesario que la impetrante acuda a las instancias competentes en caso de inconformidad o incumplimiento de las condiciones contractuales establecidas ante la propia empresa bancaria y la quejosa, no así ante un órgano de control constitucional mediante juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis (II Región)1o.5 K (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 67, Junio de 2019, Décima Época, Tomo VI, página 5188, de rubro: "INSTITUCIONES BANCARIAS. NO REALIZAN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO INMOVILIZAN LAS CUENTAS RESPECTIVAS CON BASE EN EL CLÁUSULADO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS BANCARIOS CELEBRADOS ENTRE AQUÉLLAS Y SUS CLIENTES. De conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo y lo delineado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 112/2015 (10a.), los particulares pueden figurar como autoridades responsables, en la hipótesis de que realicen actos semejantes a los de las entidades públicas, susceptibles de combatirse en el enjuiciamiento de derechos fundamentales, siempre y cuando el acto que se les reclame tenga como génesis, entre otros requisitos, una norma de carácter general que les confiera facultades para comportarse de manera similar a un ente estatal. Ahora bien, cuando los bloqueos de las cuentas bancarias de los quejosos por parte de las nombradas instituciones no se realicen con sustento en las atribuciones otorgadas en una disposición legal o reglamentaria, sino con asidero en un contrato de servicios bancarios, celebrado entre aquéllos y las referidas entidades crediticias, éstas no pueden tener la calidad de particulares equiparables a autoridades, para efectos del mencionado juicio constitucional, al tener su origen ese contexto en disposiciones de orden privado acordadas entre la propia impetrante y dichas instituciones en un plano de coordinación, lo que es indicativo de una relación que difiere sustancialmente de la que se entabla entre una autoridad y un gobernado; ello, pese a que el actuar aludido pueda calificarse como unilateral, o bien, traiga como consecuencia un cambio de entorno para el solicitante de la protección de la Justicia de la Unión, en la medida en que es indispensable que el acto desplegado por los particulares, señalados como autoridades responsables, esté fundado en un ordenamiento que les dote de atribuciones que, en principio, corresponden al Estado". También aplica por los motivos que informa la tesis I.9o.C.18 K (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2863, que señala: "INSTITUCIONES BANCARIAS. LA DETERMINACIÓN DE DAR POR TERMINADO UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE DEPÓSITO DE CUENTA DE CHEQUES, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO LO QUE ACTUALIZA UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. La determinación de una institución bancaria de dar por terminado unilateralmente el contrato de depósito de cuenta de cheques, no es un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, porque de conformidad con los artículos 1o., último párrafo y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; asimismo, los particulares tienen el carácter de autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; empero, la decisión de dar por terminada la relación derivada del contrato de apertura de una cuenta de cheques que no obstante fue unilateral, ello no constituye ni es equiparable a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la cancelación y la determinación de poner a su disposición el dinero que hubiese en ésta, de acuerdo con su naturaleza, son acciones derivadas del contrato de depósito de dinero, celebrado de manera voluntaria por ambas partes y en un mismo plano, por lo que la institución bancaria está facultada para analizar cada caso concreto y determinar si presta o no los servicios financieros, y aun de resultar contrario a lo que contrataron, ello sería objeto de análisis ante la potestad común y no la de amparo; de ahí que si al momento de dictarse el acuerdo de desechamiento de la demanda, existen constancias o elementos que evidencien las circunstancias apuntadas, ello es suficiente para actualizar la citada causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable, sin necesidad de esperar hasta el dictado de la sentencia". En ese sentido, procede a desechar de plano la demanda de amparo promovida por María de los Ángeles Ramírez Cabrera. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones vía electrónica. Asimismo, se autoriza a las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. En atención a su petición, se autoriza al usuario "BET.GC2633" para la consulta del expediente electrónico, el cual se encuentra disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Con relación al diverso correo electrónico alexcurielparedes@hotmail.com, toda vez no se encuentra dado de alta en los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, dígase que no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que la citada ley no lo contempla como un medio para oír y recibir notificaciones. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS EN LÍNEA En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.
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