María de los Ángeles Pineda Villa

Expediente 1512/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1512/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
31/01/2019

Partes del expediente

  • María de los Ángeles Pineda Villa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1512/2018-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el diez de enero de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que en el primer resolutivo determinó sobreseer en el juicio y en el segundo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Finalmente, toda vez que la Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos del I al CXLIX; en esas condiciones, devuélvanse a la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y personalmente a la quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos del juicio de amparo 1512/2018-II, promovido por MARÍA DE LOS ÁNGELES PINEDA VILLA. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el cuatro de junio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, MARÍA DE LOS ÁNGELES PINEDA VILLA, por conducto de su defensor particular Octavio Tapia Martínez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama del Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas. Mediante auto de cinco de junio de dos mil dieciocho, el Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, se declaró incompetente para conocer del asunto, por razón de territorio (foja 12 a 15 de autos) El once de junio de dos mil dieciocho, la Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, no aceptó la competencia declinada (fojas 22 a 26); por consiguiente, mediante conflicto competencial de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, resolvió que legalmente compete al Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros conocer de la demanda (fojas 82 a 86 de autos). El siete de septiembre del dos mil dieciocho, el Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, admitió la demanda de garantías bajo el número de amparo 541/2018-II (fojas 88 a 89 de autos) El diecisiete de septiembre del dos mil dieciocho, declina competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Morelos (fojas 103 a 106 de autos). Mediante oficio recibido el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado ese día a este Juzgado, remitió el expediente 541/2018-II de la quejosa MARÍA DE LOS ANGELES PINEDA VILLA (foja 02 de autos). El veinticuatro de septiembre del dos mil dieciocho, este Juzgado Federal asumió el conocimiento de la demanda de amparo promovida por María de los Ángeles Pineda Villa, por conducto de su defensor partículas Octavio Tapia Martínez contra actos del Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas y Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, convalidándose las actuaciones, fijando fecha para la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa en tanto que la inculpada se encuentra sujeta a prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número dieciséis "CPS Morelos" con residencia en Coatlán del Rio, Morelos. SEGUNDO. Fijación de la litis. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman. Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, se colige que la impetrante reclama: La omisión de juzgarla en el plazo constitucional de un año que regula la fracción VIII, Apartado A, del artículo 20 de la Constitución Federal, en vigor antes de la reforma publicada el dieciocho de junio de dos mil ocho, en la causa penal número 04/2018, radicada en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos (antes expediente 66/2015, del índice del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas). Lo anterior es así, en términos del numeral 76 de la Ley de Amparo, pues si bien en su demanda inicial alega una violación directa al artículo 20, Apartado B, fracción VII, de la Constitución Federal vigente, cuyo contenido es idéntico a la anterior norma reformada, cabe precisar que en ambas fracciones se regulan diversos sistemas de justicia penal, al transitar actualmente de un mixto a un acusatorio, adversarial y oral; en el caso concreto, el acto reclamado deriva de un proceso penal federal tradicional mixto, de ahí es que se determinara que la norma constitucional cuya violación se alega, era la vigente antes de la aludida reforma, aplicable en términos del Transitorio Cuarto de ésta. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federal en el Estado de Tamaulipas; pues así lo informó en su respectivo informe justificado, sin que la parte quejosa, hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar su negativa. Lo que se encuentra robustecido con los autos de la causa penal 4/2018, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, en virtud que de éstos se aprecia que si bien en principio el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado Tamaulipas, era quien conocía de los hechos materia del proceso penal de origen; empero con motivo de la diversa ejecutoria dictada por Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito en el expediente 165/2015, declinó competencia por razón de territorio a favor del referido juzgado de Distrito de esta entidad federativa, siendo éste quien actualmente conoce e integra el proceso penal seguido contra la quejosa (María de los Ángeles Pineda Villa). En la parte conducente, por analogía, orienta lo anterior la tesis visible en la Décima Época, con registro 2002965, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, en materia Común, Tesis P. IX/2013 (10a.), que señala: "AMPARO CONTRA UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN O DE SUJECIÓN A PROCESO. SI SU CONCESIÓN SE DEBE A LA INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE FUERO DEL JUZGADOR QUE LO DICTÓ, ÉSTE DEBE REMITIR LOS AUTOS AL COMPETENTE PARA QUE DICTE UN NUEVO AUTO EN EL QUE REVOQUE AQUÉL, SIN AFECTAR LAS ACTUACIONES PREVIAS, Y RESUELVA SOBRE LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL PROCESADO. En la medida en que la referida falta de competencia da lugar a la modificación de la regulación penal sustantiva que resulta aplicable, la sentencia que declara la inconstitucionalidad de un auto de formal prisión, por incompetencia por razón de fuero del Juez que lo dictó, implica que el juez declarado incompetente deba remitir de inmediato las constancias que integran el proceso penal al competente, quien en su carácter de autoridad responsable sustituta, una vez que asuma su competencia jurisdiccional, procederá, dentro del plazo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a dejar insubsistentes tanto el auto de formal prisión impugnado como las actuaciones realizadas posteriormente por el incompetente, sin que ello afecte la validez de las actuaciones previas, tal como deriva, en lo conducente, de la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTUACIONES, VALIDEZ DE LAS DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ORDEN COMÚN Y DE LAS DEL JUEZ DEL MISMO ORDEN, CUANDO LA COMPETENCIA ULTERIOR CORRESPONDE A UN JUEZ FEDERAL.". Además, tomando en consideración los hechos respectivos, así como los elementos de prueba que continúen siendo válidos, en el mismo auto el juzgador competente debe resolver con plenitud de jurisdicción sobre la situación jurídica del procesado conforme a la normativa nacional e internacional aplicable al caso concreto, en la inteligencia de que si el nuevo auto de término constitucional es de formal prisión o de sujeción a proceso, deberá, al tenor de los artículos 1o., fracciones II y III, y 161 del Código Federal de Procedimientos Penales, en el propio auto cabeza de proceso, abrir la instrucción para que las partes promuevan las diligencias probatorias que estimen convenientes, en términos de la legislación procesal aplicable, lo cual es acorde con el numeral 440 de ese Código, en el sentido de que, por una parte, las actuaciones realizadas por un tribunal incompetente son válidas cuando el competente corresponda al mismo fuero -supuesto en el cual, al no darse un cambio de la respectiva jurisdicción especializada, no tendrá lugar un cambio de la regulación sustantiva que rige la situación de las partes- y, por otra, si se tratara de distinto fuero, el tribunal federal dictará auto declarando que queda abierta la instrucción para que las partes promuevan las diligencias de prueba que estimen convenientes, procediéndose en seguida en términos de las demás disposiciones de ese Código; supuesto este último que, interpretado conforme al derecho humano a la juridicidad reconocido en su expresión genérica en los artículos 14 y 16 constitucionales, permite concluir que, ante la incompetencia por razón de fuero del juzgador que dictó un auto de formal prisión o de sujeción a proceso, dicha resolución y las subsecuentes carecen de sustento." En tal virtud, este órgano jurisdiccional carece de materia para hacer un pronunciamiento de los actos reclamados al Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federal en el Estado de Tamaulipas y, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia publicada con el número 284, consultable en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, de número de registro 1002350, del rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, consistente en la omisión de juzgar a la quejosa en el plazo constitucional de un año que regula la fracción VIII, Apartado A, del artículo 20 de la Constitución Federal, en vigor antes de la reforma publicada el dieciocho de junio de dos mil ocho, en la causa penal número 04/2018, (antes expediente 66/2015, del índice del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas) ya que así lo aceptó al rendir su informe con justificación, lo que se acredita con las copias certificadas de las constancias que anexó a éste relativas a la mencionada causa penal, a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su propio artículo 2º. QUINTO. Estudio de fondo Al no advertir la actualización de alguna causal de improcedencia, ni fue invocada su actualización por alguna de las partes, procede el estudio de los conceptos de violación que se estiman infundados, sin que se advierta queja deficiente qué suplir que pueda beneficiarle a la peticionaria de amparo. Antes de estudiar sus conceptos de violación, es necesario relatar los antecedentes relacionados con el acto reclamado en los términos siguientes: El cuatro de noviembre de dos mil catorce, se emitió por parte del Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, acuerdo de recepción de puesta a disposición de María de los Ángeles Pineda Villa (foja 125, tomo III). El cinco de noviembre de dos mil catorce, el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, en cumplimiento a la resolución de veintinueve de octubre del dos mil catorce, emitida por el Juez Segundo Federal Penal Especializado en Careos, Arraigos e Intervenciones de Comunicaciones con Jurisdicción en toda la República y residencia en el Distrito Federal, emitió acuerdo de recepción a la petición de la medida cautelar de arraigo (foja 617 a 619 tomo III); de dicha determinación de arraigo fue notificada la ahora quejosa el cinco de noviembre de dos mil catorce (foja 720 tomo II). El once de diciembre de dos mil catorce, el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, en cumplimiento a la resolución de veintiocho de noviembre del dos mil catorce, emitida por el Juez Segundo Federal Penal Especializado en Careos, Arraigos e Intervenciones de Comunicaciones con Jurisdicción en toda la República y residencia en el Distrito Federal, emitió acuerdo de recepción a la resolución de petición de ampliación de la medida cautelar de arraigo de María de los Ángeles Pineda Villa (foja 212 a 213 tomo XXII); de dicha determinación de ampliación de arraigo fue notificada la ahora quejosa el doce de diciembre de dos mil catorce (foja 312, tomo XXII) El veintinueve de enero de dos mil quince, el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales Estado de Tamaulipas, tuvo por recibidos los oficios PGR/AIC/PFM/DGIPAM/PD/1005/2015 y PGR/AIC/PFM/DGIPAM/PD/1004/2015, firmados por Policías Federales Ministeriales adscritos a la Dirección de aprehensiones y Localizaciones Especiales, Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, a través de los cuales dejan a disposición de ese Juzgado Federal a la indiciada María de los Ángeles Pineda Villa y otros, por el delito de Delincuencia Organizada, previsto y sancionado en los artículos 2° fracción I (contra la Salud, con fines de fomento) y 4° fracción I inciso a) de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, cometido en términos de la fracción II del artículo 13 del Código Penal Federal, registrando la causa penal 1/2015-II. Asimismo, en esa misma fecha veintinueve de enero de dos mil quince, ordenó la reanudación del procedimiento, decretando la detención constitucional de María de los Ángeles Pineda Villa, desde las diez horas con cuarenta y tres minutos del veintinueve de enero de dos mil quince; asimismo destacó que suspendió el procedimiento por lo que hace a la indiciada (aquí quejosa) a partir de las diez horas con cuarenta y tres minutos del veintinueve de enero de dos mil quince, debiendo reanudarse al momento que inicie la diligencia de declaración preparatoria, sin perjuicio de que dicho termino podría ser prorrogado por única vez hasta por setenta y dos horas más, cuando lo solicitara la inculpada por sí o por su defensor al rendir su declaración preparatoria dentro de las tres horas siguientes. (fojas 1100 a 1105 tomo LXXXIV) El treinta y uno de enero de dos mil quince, a las trece horas con veinte minutos, el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, levantó la suspensión del procedimiento a efecto de continuar con el trámite del asunto. De igual forma, en esa fecha treinta y uno de enero de dos mil quince, a petición del defensor particular de la indiciada María de los Ángeles Pineda Villa amplió el término constitucional indicando que dicho plazo inició a las trece horas con veinte minutos (hora centro) doce horas veinte minutos (hora pacífico) del treinta y uno de enero de dos mil quince, hora en que se levantó la suspensión del proceso, y en virtud de esa cuestión corría el término del plazo constitucional, el cual fenecería a la misma hora del seis de febrero de dos mil quince. (fojas 132 a 138 tomo LXXXV) El cinco de febrero de dos mil quince, el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, emitió auto de formal prisión a la quejosa, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Delincuencia Organizada, previsto y sancionado en los artículos 2° fracción I (contra la Salud, con fines de fomento) y 4° fracción I inciso b y 5° fracción I de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; cometido en términos de la fracción II del artículo 13 del Código Penal Federal (fojas 481 a 775 tomo LXXXV). En la notificación realizada a la inculpada María de los Ángeles Pineda Villa del término constitucional de cinco de febrero de dos mil quince, apeló la resolución en comento (foja 441 tomo LXXXVII). El trece de julio de dos mil quince, en cumplimiento a lo determinado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, ordenó remitir la causa penal 22/2014 y 1/2015 formadas con motivo de la consignación de las averiguaciones previas PGR/SIEDO/UEIDMS/849/2014 y PGR/SEIDO/UEIDMS/1017/2014, respectivamente, por derivar de la indagatoria PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014, consignada en dicho órgano jurisdiccional, remitiendo las causas penales al Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas (fojas 1100 a 1105 tomo XCI) El quince de julio de dos mil quince, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, aceptó la competencia en cumplimiento al oficio STCCNO/1270/2015, registrando la causa penal 66/2015-II (fojas 21 a 32 tomo XCII) El veintitrés de septiembre de dos mil quince, el Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito del Centro Auxiliar de la Sexta Región, emitió resolución en la que confirmó la formal prisión de cinco de febrero de dos mil quince (fojas 633 a 918 tomo XCIII) Inconforme con la determinación anterior la procesada promovió amparo, el cual se registrado bajo el número 165/2015, del índice del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, el cual fue resuelto el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, en el que se sobreseyó, se negó el amparo y se concedió la protección constitucional a María de los Ángeles Pineda Villa, contra el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, determinando que no estaba facultado legalmente para pronunciarse sobre si es legal o no el auto de formal prisión en cuanto al fondo, y por lo tanto, debería abstenerse de analizarlo, ya que sería en todo caso el Tribunal de Segunda Instancia, Superior Jerárquico del Juez competente en el lugar de reclusión de la inculpada, quien debía conocer del recurso que se interpuso contra el formal prisión ordenando lo siguiente: a) Dejará insubsistente la resolución reclamada. b) Emitiera otra en la que, absteniéndose de analizar en el fondo el auto de plazo constitucional recurrido, determine que el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en la ciudad de Matamoros (aunque por excepción legal fue competente), carece de competencia para seguir conociendo del asunto hasta su conclusión; y, c) Por tanto, la responsable ordenará al propio Juzgado de Distrito que provea lo legalmente necesario, a fin de que, por los conductos legales le remita las actuaciones correspondientes al Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en turno del lugar donde se encuentre recluida la inculpada hoy quejosa, al momento de cumplir con la citada ejecutoria de amparo (fojas 254 a 286 tomo CXVI) En cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el citado juicio de amparo, el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, el seis de junio de dos mil dieciocho, dejó insubsistente la resolución que fue emitida el veintitrés de septiembre de dos mil quince, en el toca penal 220/2015, respecto de María de los Ángeles Pineda Villa, declarándose incompetente para conocer y resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto de término constitucional impugnado, toda vez que el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito (Amparo) determinó que el Tribunal de Alzada competente para ello lo era el de la circunscripción territorial del Juzgado de Distrito que se avocara al conocimiento de la causa penal en el lugar de reclusión en que se encuentra la citada encausada, ya que estableció que el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado Tamaulipas es incompetente para seguir conociendo de dicho proceso porque no se encuentra en el sitio donde se localiza el centro de reclusión en que se halla la interna mencionada (foja 731 a 739 tomo CXLVIII) El ocho de junio de dos mil dieciocho, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, en estricto cumplimiento a lo ordenado por el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, se declaró incompetente para seguir conociendo del proceso penal única y exclusivamente por lo que se refiere a María de los Ángeles Pineda Villa, remitiendo testimonio autorizado de las constancias que integran la causa Penal al Juez de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en turno, por ser quien ejerce jurisdicción territorial en el lugar donde se encuentra la procesada María de los Ángeles Pineda Villa, interna en el Centro Federal de Readaptación Social Numero dieciséis "CPS-Morelos" con residencia en Coatlán del Rio, Morelos (foja 740 a 744 tomo CXLVIII). El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, la Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos radicó los autos, asignando actualmente el número de la causa penal 4/2018; además, ordenó remitir los autos al Tribunal Unitario del Décimo Octavo Circuito en turno para el trámite y substanciación del recurso de apelación interpuesto por la procesada y su defensor contra el término constitucional dictado el cinco de febrero de dos mil quince, en la causa penal 01/2015 posteriormente 66/2015, del juzgado declinante (fojas 768 a 772 tomo CXLVIII) El veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Octavo Circuito inició el trámite del recurso de apelación bajo el toca penal 69/2018, (foja 17 a 19 tomo CXLIX); encontrándose pendiente la resolución hasta el día en que se recibió el informe justificado por la Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos (quince de octubre de dos mil dieciocho) (foja 125 de autos). Expuesto lo anterior, se procede al estudio de los conceptos de violación que esgrime la quejosa. De forma sustancial, alega una violación directa al artículo 20, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Federal vigente antes de la reforma publicada el dieciocho de junio de dos mil ocho. Como se precisó anteriormente, el acto reclamado deriva de un proceso penal federal tradicional mixto, de ahí que estimara que la norma constitucional aplicable era la vigente antes de la aludida reforma, en términos del Transitorio Cuarto de esa reforma, la fracción dispone: "VIII.- Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa." Tales conceptos de violación deben calificarse como infundados. Es necesario reiterar que con fecha cinco de febrero de dos mil quince, el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, emitió auto de formal prisión en contra de la quejosa María de los Ángeles Pineda Villa, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Delincuencia Organizada, previsto y sancionado en los artículos 2°, fracción I (contra la Salud, con fines de fomento) y 4°, fracción I, inciso b y 5°, fracción I de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; cuyos textos normativos vigentes al momento en que se cometieron los hechos criminales (veintiséis de septiembre de dos mil catorce) materia de la causa penal de origen, son de la literalidad siguiente: "Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada: I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter, financiamiento al terrorismo previsto en los artículos 139 Quáter y 139 Quinquies y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; el previsto en la fracción IV del artículo 368 Quáter en materia de hidrocarburos; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal;." "Artículo 4o.- Sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que se cometan, al miembro de la delincuencia organizada se le aplicarán las penas siguientes: I. En los casos de los delitos contra la salud a que se refiere la fracción I del artículo 2o. de esta Ley: . b) A quien no tenga las funciones anteriores, de diez a veinte años de prisión y de doscientos cincuenta a doce mil quinientos días multa. ." "Artículo 5o.- Las penas a que se refiere el artículo anterior se aumentarán hasta en una mitad, cuando: I. Se trate de cualquier servidor público que participe en la realización de los delitos previstos para la delincuencia organizada. Además, se impondrán a dicho servidor público, destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión públicos, o ." Tomando en consideración el ilícito por el cual la quejosa se encuentra sujeta a proceso, cuya pena máxima excede de dos años de prisión, al ser sancionado con el máximo de veinte años de prisión, el plazo constitucional en el que, por regla general, debe ser juzgada la ahora quejosa, no debe exceder de un año. De igual forma, debe destacarse que el acto reclamado será apreciado en cuanto a su extensión con base en la fecha de presentación de la demanda (cuatro de junio de dos mil dieciocho), ya que de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Con relación a lo anterior, es de observarse el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 3/94, publicada en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 79, julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Definido lo anterior, se advierte de las actuaciones relativas a la causa penal de origen, que no existe una transgresión a los derechos humanos a la libertad personal de la accionante, toda vez que se ha dado primacía al derecho de defensa de la inculpada y a la seguridad jurídica de las partes y, por ende, no se advierte que sea irrazonable la prolongación del término de un año para juzgar a la procesada María de los Ángeles Pineda Villa, quien actualmente se encuentra sujeta a prisión preventiva con motivo del auto de formal prisión dictado en su contra en términos del numeral 19 Constitucional. Así, la libertad personal es un derecho humano complejo integrado por un haz de distintas posiciones jurídicas que forma parte conceptualmente del derecho humano a la libertad en sentido amplio, el cual le permite a una persona ejercer libremente conductas en su vida privada y pública sin afectaciones u obstaculizaciones por parte del Estado. Entre sus múltiples posiciones jurídicas se encuentran aquéllas relacionadas con la materia penal, en donde la Constitución mexicana, los tratados internacionales y la normatividad secundaria han establecido una variedad de contenidos normativos con el único fin de respetar y proteger la libertad física de una persona, entendida como la ausencia de restricciones temporales, privaciones, detenciones o encarcelamientos injustificados. El artículo 14 de la Constitución Federal establece, de forma generalizada, que ninguna persona podrá ser privada de su libertad. Asimismo, los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 9.1 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, I y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 7, numerales 1, 2 y 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevén que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales y que nadie puede ser privado de su libertad física o detenido o encarcelado arbitraria o ilegalmente. Sin embargo, el ejercicio de este derecho humano, como todos los demás, no es absoluto y admite delimitaciones en su ejercicio; por ejemplo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 334/2008, ya se pronunció sobre la legitimidad de autorizar la prisión preventiva en contra de una persona bajo criterios excepcionales, sin que ello conlleve alguna violación de los artículos 18 y 19 constitucionales; lo que se justifica con el texto de la tesis 1ª.XXIX/2009, con registro 167666, que señala: "PRISIÓN PREVENTIVA. EL ARTÍCULO 169, FRACCIÓN XII, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2007, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 16 Y 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Por medio de la prisión preventiva legalmente estipulada puede privarse a alguien de su libertad personal mientras culmina el proceso al que se halla sujeto, lo cual constituye una medida cautelar para evitar que se sustraiga de la acción de la justicia. En ese contexto, el artículo 169, fracción XII, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, vigente a partir del 1o. de enero de 2007, no viola los artículos 16 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales son el fundamento para la imposición de dicha medida cautelar, que tendrá lugar a solicitud del Ministerio Público, una vez que al imputado se le haya dado la oportunidad de rendir su declaración preparatoria en la forma, bajo las condiciones y por el tiempo fijado en el propio código, a menos que el delito imputado tuviera señalada pena alternativa o no privativa de la libertad. Así, el legislador no viola la garantía de seguridad jurídica, sino que la favorece al restringir de manera objetiva los supuestos que pueden dar lugar a la imposición de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva. Los artículos 170, 171 y 172 del referido código regulan su procedencia al señalar que ésta sólo se actualiza ante la presunción razonable de que el imputado puede sustraerse a la acción de la justicia, obstaculizar la investigación o el proceso, o si representa un riesgo para la víctima o para la sociedad. Lo anterior, aunado a que la necesidad de imponer al inculpado la medida indicada se evalúa en una determinación separada de la que resuelve su situación jurídica." En el caso, la quejosa propone un supuesto diferente: la razonabilidad del plazo transcurrido para enjuiciar a una persona que conlleve a que se prolongue o no de manera justificada la prisión preventiva. Con base en estas premisas, se tiene constancia que la causa penal seguida en contra de la quejosa actualmente está en etapa de instrucción, sin que se haya dictado sentencia en ese proceso penal, estimándose oportuno resaltar las siguientes actuaciones: El cinco de febrero de dos mil quince, el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, emitió auto de formal prisión a la quejosa, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Delincuencia Organizada, previsto y sancionado en los artículos 2°, fracción I (contra la Salud, con fines de fomento) y 4°, fracción I, inciso b y 5°, fracción I de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; cometido en términos de la fracción II del artículo 13 del Código Penal Federal (fojas 481 a 775 tomo LXXXV) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, la Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos radicó los autos, asignando actualmente el número de la causa penal 4/2018; además, ordenó remitir los autos al Tribunal Unitario del Décimo Octavo Circuito en turno para el trámite y substanciación del recurso de apelación interpuesto por la procesada y su defensor contra el término constitucional dictado el cinco de febrero de dos mil quince, en la causa penal 01/2015 posteriormente 66/2015, del juzgado declinante (fojas 768 a 772 tomo CXLVIII) El veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, Segundo Tribunal Unitario del Décimo Octavo Circuito inició el trámite del recurso de apelación bajo el toca penal 69/2018, (foja 17 a 19 tomo CXLIX); encontrándose pendiente la resolución hasta el día en que se recibió el informe justificado por la Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos (quince de octubre de dos mil dieciocho) (foja 125 de autos). Quedando en evidencia que desde el cinco de febrero de dos mil quince, la quejosa (privada de su libertad), está sujeta a proceso en la indicada causa penal. Bajo esa tónica, contrario a lo argumentado por la quejosa, el suscrito juzgador federal considera que de un análisis de la causa penal de origen, existe una razonabilidad entre el tiempo transcurrido y las distintas actuaciones que la integran, entre las que se encuentran diversos actos procesales, así como la tramitación de un recurso de apelación pendiente de resolución que se interpuso contra el auto de formal prisión, con el fin de salvaguardar el derecho de defensa de la inculpada, que justifican la continuación de la prisión preventiva y por ende, que aún no sea juzgada en el proceso de origen en la temporalidad a que se refiere el artículo 20 Constitucional. En primer orden, destaca que se trata de un asunto complejo en cantidad de volúmenes físicos del expediente, al ser remitidos por la Jueza Cuarto de Distrito del Estado de Morelos, 149 Tomos que integran la causa penal de origen. Ese asunto tiene una trascendencia mayúscula: la verificación de la probable responsabilidad en la comisión de un delito en delincuencia organizada, de un hecho que fue del dominio nacional e internacional, como fue la desaparición forzada de cuarenta y tres estudiantes de una Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrido en la ciudad de Iguala, Guerrero, ocasionado con violencia en la noche del veintiséis de septiembre de dos mil catorce. Existe una pluralidad de personas inculpadas, así como de víctimas, lo que ha ocasionado la existencia de múltiples pruebas aportadas al expediente, cuya tramitación y desahogo implica la dilación de tiempo para cada una de ellas. Un dato preponderante, es el respeto al derecho de defensa de la quejosa, en virtud de que interpuso recurso de apelación contra el auto de formal prisión decretado en su contra desde el cinco de febrero de dos mil quince; cuya segunda instancia inició el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, ante el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Octavo Circuito, quien está tramitando ese medio de impugnación bajo el toca penal 69/2018, (foja 17 a 19 tomo CXLIX); encontrándose pendiente la resolución hasta el día en que se recibió el informe justificado por parte de la Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, circunstancia que impide el dictado de una sentencia definitiva por disposición expresa de los artículos 147 y 150 del Código Federal de Procedimientos Penales abrogado y aplicable a ese asunto, dado que para incluso decretar el cierre de instrucción en un procedimiento ordinario, se requiere primero declarar agotado este, para lo cual, entre otras cosas, no debe existir recursos pendientes de resolver. Retomando esas condiciones, es válido afirmar que el plazo transcurrido desde que está sujeta a prisión preventiva la quejosa, hasta la fecha en que presentó su demanda de amparo, se puede considerar que se encuentra dentro de los límites razonables y, consecuentemente, la prisión preventiva en la que se mantiene a la quejosa sigue cumpliendo su característica de medida cautelar y no de una pena anticipada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis localizable en la Décima Época, con registro 2001430, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, en Materia Penal y Constitucional, Tesis 1a. CXXXVII/2012 (10a.), que señala: "PRISIÓN PREVENTIVA. FORMA DE PONDERAR EL PLAZO RAZONABLE DE SU DURACIÓN. Conforme al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso. Ahora bien, una interpretación basada en el principio pro personae, con fundamento en la Constitución y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, permite definir la forma en que debe ponderarse si ha transcurrido un plazo razonable en la duración de la prisión preventiva, en atención a los factores siguientes: 1. Probabilidad de que el acusado cometió un delito merecedor de pena carcelaria, en donde el juzgador podría estimar que la medida cautelar provisional decretada ya no es imperiosa, lo que no prejuzga lo resuelto en el auto de formal prisión; 2. Peligro de fuga o evasión de la acción de la justicia, donde deben tenerse en cuenta la gravedad del delito y la eventual severidad de la pena, elementos que por sí solos son insuficientes para concluir que no ha transcurrido un plazo razonable de duración de la prisión preventiva; 3. Riesgo de comisión de nuevos delitos, en donde el peligro debe ser real; 4. Necesidad de investigar y posibilidad de colusión, circunstancias que deben evaluarse en asuntos donde el acusado puede impedir el curso normal del proceso judicial, dicha necesidad debe fundarse en un peligro efectivo; 5. Viabilidad de presión sobre los testigos, caso en que debe examinarse si existe un riesgo legítimo para éstos u otras personas; 6. Preservación del orden público, en donde por circunstancias excepcionales, la gravedad especial de un hecho delictivo y la reacción del público ante el mismo, pueden justificar la aplicación de la medida cautelar por cierto periodo; 7. Debida diligencia en la sustanciación del procedimiento, donde debe justipreciarse si las autoridades la han empleado; 8. Motivos expuestos por las autoridades judiciales para justificar la continuación de la medida, donde la información se analiza caso por caso para determinar la relevancia y suficiencia de las justificativas para la prisión preventiva; 9. Lapso constitucional de duración del juicio, donde debe constatarse si han transcurrido 4 meses en caso de delitos cuya pena máxima no excede de 2 años de prisión o 1 año si la pena excede de ese tiempo; 10. Ejercicio efectivo del derecho de defensa, el cual no debe ser un pretexto para que la autoridad alargue el proceso de manera injustificada; y 11. Eventualidad apoyada en datos de riesgo para el ofendido o la sociedad, donde el riesgo debe justipreciarse con elementos de convicción aportados por la Representación Social. Así, los jueces, fundándose en una prudente apreciación, deben evaluar en forma proporcional y razonada en cada caso dichos factores, a efecto de determinar si ha transcurrido un plazo razonable de permanencia del procesado sujeto a prisión preventiva." Sin que se soslaye que aún no exista "firmeza" del auto de bien preso dictado en contra de la quejosa, pues ello no significa que la prisión preventiva no se encuentre justificada. En la medida que firme o no firme el referido auto de formal prisión, la quejosa es probable responsable en la comisión del delito que se le imputa; por lo que no se trasgrede el principio de presunción de inocencia, en la medida en que no se le da el tratamiento de culpable; además, no se puede olvidar que la privación de la libertad de la quejosa es una medida cautelar y provisional dictada por esa probable responsabilidad en la comisión de un delito grave así calificado por la ley; medida que tiende a asegurar el desarrollo del proceso y la ejecución de la pena. Hay que tener presente, que para la justificación de la prisión preventiva se necesita que los delitos se sancionen con pena carcelaria; sobre el particular, la Constitución Federal exige que dentro del plazo de setenta y dos horas a partir de que el indiciado es puesto a disposición de la autoridad judicial, debe que comprobado el cuerpo del delito y existir datos bastantes que hagan probable la responsabilidad del indiciado en su comisión, para que pueda dictarse auto de bien preso. La ley Suprema no alude a una resolución firme del término constitucional para que se justifique la prisión preventiva y el que permanezca cuestionado el auto de formal prisión en cuanto a su legalidad y constitucionalidad, no se traduce en que sea violatorio de derechos humanos mantener a la inconforme sujeta a la medida cautelar en comento. Así, el tema de plazo razonable debe verse, no respecto de la tardanza en el dictado de un auto de formal prisión firme, sino con base en la subsecuente fase, la instrucción. Si bien ha transcurrido un tiempo considerable y sigue cuestionada la decisión sobre la legalidad y constitucionalidad del auto de formal prisión, lo que aquí interesa analizar es si ha mediado un plazo más que razonable a partir del dictado de la formal prisión, para ser juzgada por tales hechos. No se trastocan ninguno de los principios consagrados en la Constitución, porque aún recurrida la determinación que decretó su formal prisión, el procedimiento ha seguido su cauce en forma paralela a la impugnación del auto de bien preso, sin interrupción. Esto es, no se puede afirmar que el juez responsable haya dejado de respetar los principios de "presunción de inocencia", "plazo razonable", "pro homine" y "dignidad humana", pues al margen de que el auto de formal prisión permanezca sub judice, el proceso penal no ha concluido precisamente a virtud del ejercicio del derecho de debido proceso y defensa adecuada de la quejosa a virtud del cual se resolvió en la temporalidad ya indicada, que las autoridades que conocían de los hechos carecían de competencia legal por ello y, por ende, en tutela de la prerrogativa de legalidad y seguridad jurídica se planteó la incompetencia en el asunto, que a la postre ha generado dilaciones en su total integración. Empero reprochar lo anterior, traería consecuencias perjudiciales en detrimento de la encausada, ya que de haber seguido conociendo de esa causa penal un juez incompetente, tendría a la postre, que dejar insubsistente la sentencia reclamada y emitir una nueva, en la que se declarara legalmente incompetente para resolver el fondo y remitir la causa y sus anexos al juzgador en cuya jurisdicción se haya cometido el delito, quien en su carácter de autoridad responsable sustituta, una vez asumida su competencia, tendría que reponer el procedimiento a partir de la audiencia de derecho y, con plenitud de jurisdicción, dictar el fallo de fondo que correspondiente, sin que pueda agravar la situación jurídica del procesado, y sin que la reposición del procedimiento (por haberse advertido una violación trascendente al resultado del fallo condenatorio, el cual, por consecuencia, resulta nulo de pleno derecho), implique el desconocimiento del derecho a no padecer un doble juicio, ya sea que se absuelva o se condene, del que disfruta conforme al artículo 23, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene el principio non bis in ídem en materia penal, ya que si dicho precepto constitucional proscribe la posibilidad de ser juzgado dos veces por el mismo delito, ello significa que el enjuiciado no debe ser sometido a una doble sentencia ejecutoriada, esto es, con la calidad de cosa juzgada, lo que no ocurre cuando no se ha dictado una sentencia definitiva incontrovertible en el proceso penal de que se trata. Apoya la anterior determinación la tesis jurisprudencial PC:XX.J/P (10ª) de la Decimo Época, registro 2005559, de Plenos de Circuito del Vigésimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, tomo II, pagina 1579, cuyo rubro es el tenor literal siguiente: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. SUS EFECTOS CUANDO SE CONCEDE AL INCULPADO POR INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE LO JUZGÓ". Más aun, ya transcurrieron más de tres años, en los que la quejosa ha permanecido sujeta a la medida cautelar de prisión preventiva, tiempo que tiene que ser computado para efectos del cumplimiento de la pena aplicada en la sentencia en caso de ser considerada plenamente responsable; sin embargo, todavía dicha medida cautelar puede prolongarse, porque la temporalidad aún es muy inferior a la penalidad de los delitos que se le atribuyen, cuyo rango oscila para los delitos delincuencia organizada de los veinte a los cuarenta años de pena de prisión. Para justificar las consideraciones que se han vertido, se citan la tesis identificada con el registro 2014014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo I, en materia Constitucional y Penal, que dice: "PRISIÓN PREVENTIVA. ELEMENTOS QUE DEBE VALORAR EL JUZGADOR PARA DETERMINAR SI HA TRANSCURRIDO UN PLAZO RAZONABLE EN EL PROCESO PENAL SIN EL DICTADO DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA QUE JUSTIFIQUE LA PROLONGACIÓN DE DICHA MEDIDA CAUTELAR. Con fundamento en los artículos 16, 18, 19 y 20, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en atención a diversos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para valorar si es o no razonable el plazo transcurrido en un proceso penal sin que se hubiere dictado la sentencia definitiva para efectos de justificar o no la prolongación de la prisión preventiva, deben tomarse en cuenta los siguientes elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y, c) la conducta de las autoridades que participen en el juicio. En relación con la complejidad del asunto deberán analizarse, entre otras cuestiones, la dificultad de las pruebas y de su desahogo; la pluralidad de los sujetos procesales o la cantidad de víctimas; el tiempo transcurrido desde la violación; las características del recurso correspondiente establecidas en la legislación y el contexto en el que ocurrieron los hechos. De la actividad procesal del interesado y la actuación de las autoridades, tendrá que estudiarse la conducta del inculpado en el proceso, en donde imperan su derecho de defensa, así como la diligencia procesal del juzgador en la instrucción del juicio y de los diferentes recursos (valorando la complejidad del caso y la actividad investigativa) y el accionar de otras autoridades que puedan influir en el proceso. En ese sentido, no podrá justificarse la prolongación de la prisión preventiva por la utilización de los recursos procesales previstos normativamente por el inculpado; sin embargo, sí podrá permitirse la continuación de tal medida cautelar si el imputado ha obstaculizado, deliberadamente, el transcurso del juicio." En consecuencia, se consideran infundados los conceptos de violación de la quejosa, toda vez que si bien desde que ésta fue sujeta a una formal prisión cinco de febrero de dos mil quince, en la causa penal de origen, a la fecha en que se presentó su demanda de amparo no se ha emitido una sentencia definitiva, quedando plenamente demostrado que ha transcurrido un plazo superior al de un año que es el aplicable a este asunto, que regula la fracción VIII, del Apartado A, del artículo 20 constitucional reformado, también lo es que existen diversos factores que han generado que haya operado una excepción al no existir un plazo irrazonable para que la quejosa fuera juzgada, atendiendo a las circunstancias del caso, prevaleciendo el derecho de defensa de la inculpada. Ya que como se apuntó, se trata un asunto complejo, existe una pluralidad de sujetos procesales, al estar sometidos a proceso diversos activos, entre ellos, la quejosa, al igual existe una gran cantidad de víctimas, al tratarse de cuarenta y tres (43) personas desaparecidas. Otro factor objetivo, es el volumen físico de constancias, al haber sido remitidos en copia certificada 149 Tomos, por parte de la Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, al rendir su informe con justificación. Además, jurídicamente es imposible el dictado de una sentencia definitiva, al estar pendiente de resolverse un recurso de apelación en contra del auto de formal prisión dictado en contra de la quejosa, e interpuesto ese medio de impugnación por su defensa, en virtud de que el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Octavo Circuito inició el trámite del recurso de apelación bajo el toca penal 69/2018, (foja 17 a 19 tomo CXLIX); encontrándose pendiente la resolución hasta el día en que se recibió el informe justificado por la Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos; cuyo trámite fue dilatado por la declaración de incompetencia territorial de los tribunales que originalmente conocían del proceso y la referida apelación, como se detalló en párrafos anteriores; por este factor, al no definirse de manera definitiva la situación jurídica de la procesada, la juez de Distrito responsable no está en aptitud legal de que pueda juzgar a la quejosa. También debe indicarse que esa dilación procesal no ha sido de manera injustificada, sino que ello obedece al ejercicio del derecho de defensa de la quejosa, al ser quien apeló la formal prisión e instó el juicio de amparo del que derivó la incompetencia territorial del juez que originalmente resolvió la situación jurídica de la quejosa que esta sub judice, toda vez que la procesada promovió amparo registrado con el número 165/2015, resuelto el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, en el que se sobreseyó, se negó el amparo y se concedió la protección constitucional a María de los Ángeles Pineda Villa, en el cual determinó que la autoridad ordenadora Magistrado del Segundo Tribunal Unitario no estaba facultado legalmente para pronunciarse sobre si es legal o no el auto de formal prisión en cuanto al fondo, y por lo tanto, debería abstenerse de analizarlo, ya que sería en todo caso el Tribunal de Segunda Instancia, superior jerárquico del Juez competente en el lugar de reclusión de la inculpada, Fue así que, el ocho de junio de dos mil dieciocho, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, en estricto cumplimiento a lo ordenado por el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, se declaró incompetente para seguir conociendo del proceso penal única y exclusivamente por lo que se refiere a María de los Ángeles Pineda Villa, remitiendo testimonio autorizado de las constancias que integran la causa Penal al Juez de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en turno, por ser quien ejerce jurisdicción territorial en el lugar donde se encuentra la procesada interna en el Centro Federal de Readaptación Social Numero dieciséis "CPS-Morelos" con residencia en Coatlán del Rio, Morelos; aspectos que invariablemente tuvieron un impacto en la dilación procesal de la causa penal, ocasionados por la propia quejosa y no por un retardo injustificado de la autoridad de proceso. En el entendido que tampoco se observa del proceso de origen, petición o manifestación alguna de la quejosa ,por lo menos a la fecha de presentación de la demanda de amparo, en la que refiera su pretensión de ya ser sometida a la etapa de juicio en el proceso de origen, ejerciendo sus derechos procesales en torno al medio de impugnación en trámite o probanzas pendientes de desahogo en su caso, por lo que no podría reprocharse al juez responsable quien asumió el conocimiento del asunto el veintitrés de julio de dos mil dieciocho, omisión alguna a juzgarla en el plazo indicado, dado que al aceptar el conocimiento del mismo proveyó lo conducente a la substanciación del medio de impugnación presentado y pendiente de resolver. Por esos factores, se considera infundados los razonamientos plasmados en su único concepto de violación, destinado a demostrar la supuesta existencia de la irracionabilidad del plazo, pues si bien no se ha dictado sentencia en el proceso penal de origen, ello se debe a que la quejosa interpuso recurso de apelación contra el auto de formal prisión que se dictó en su contra, pendiente de resolución, prevaleciendo su derecho de defensa, de ahí que deba negarse el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo solicitado por MARÍA DE LOS ÁNGELES PINEDA VILLA, respecto de la autoridad precisada en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a la quejosa MARÍA DE LOS ÁNGELES PINEDA VILLA, respecto del acto reclamado que fue precisado en la parte considerativa de esta sentencia, atribuido a la Juez Cuarto de Distrito del Estado de Morelos. Notifíquese y personalmente a la quejosa en el lugar de su reclusión. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe hasta hoy diez de enero de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron las labores de este juzgado.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que el titular del juzgado tiene licencia para ausentarse el día de hoy y el licenciado Jadilson Alonso Navarro está como encargado del despacho, de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, según lo dispuesto en el citado artículo 43, párrafo primero, de la ley en comento, el Secretario encargado del despacho únicamente se encuentra facultado para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, es decir, no puede dictar resolución definitiva en este asunto; en esas condiciones, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan, las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del titular, concedida por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/4748/2018 de fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, quien actúa ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el escrito de alegatos que formula el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado, de las que se hará relación en el momento procesal oportuno de conformidad con lo establecido por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Ahora bien, como lo solicita la parte promovente, una vez que sea emitida sentencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida Ley, expídase a su costa copias certificadas de las constancias que solicita, previa toma de razón y recibo que quede en autos, una vez que las labores del juzgado lo permitan. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.AEC

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