María de los Ángeles Pescador Torres

Expediente 744/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
744/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
28/02/2019

Partes del expediente

  • María de los Ángeles Pescador Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra del proveído de once de febrero de dos mil diecinueve, dictado en autos, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos de ley. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el expediente, como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, once de febrero de dos mil diecinueve. Informe justificado. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase al Gerente Jurídico Regional de Infonavit Delegación IV Sinaloa, con sede en Culiacán, Sinaloa, rindiendo su informe justificado, sin perjuicio de relacionarlo al celebrarse la audiencia constitucional; con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. II. Domicilio y delegados. Como lo solicita, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por designados como sus delegados en términos del artículo 9 de la citada ley, a los profesionistas que menciona. III. Pruebas documentales y vista a las partes. Conforme a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas las pruebas documentales que se anexa al informe justificado y con las mismas dese vista las partes para los efectos legales correspondientes. IV. Sobreseimiento por haber cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, en el presente juicio de amparo la quejosa María de los Ángeles Pescador Torres, señaló como acto reclamado la omisión de dar contestación a su escrito de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, presentado ante el Delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Sinaloa, con sede en Culiacán, el diez de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el cual solicitó le fueran reconocidos los pagos realizados a la cuenta de Banco Santander, de la citada autoridad responsable, contenidos en las copias de los comprobantes relacionados con el Convenio de Reestructura Privado, originado por el contrato de constitución de garantía hipotecaria del crédito número 2597004510, así como también le sean reconocidos los pagos efectuados a través de sus patrones Colegio de los Andes de Mazatlán, asociación civil y PAPRISA Protección y Alarmas Privadas. En ese sentido, de las copias exhibidas por la citada autoridad responsable, se advierte que el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, el Gerente del Área Jurídica de la Delegación IV, Sinaloa del Infonavit, con sede en Culiacán, dictó resolución, mediante la cual dio contestación al escrito de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, esto es, informó que debía de acudir al CESI más cercano, para efectos de levantar un caso para una aclaración de pagos, con la finalidad de validar los pagos y unificar la información, determinación que fue notificada personalmente a la autorizada de la quejosa, el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Documentales con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2°. Por tanto, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, actualizándose de esta manera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V del ordenamiento legal invocado. Tiene aplicación al caso, las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros y textos siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". (Novena Época. Registro 193758. Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, materia común, tesis 2a./J. 59/99, página 38). "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". (Novena Época. Registro 184572, Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Marzo de 2003, materia común, tesis: 2a./J. 10/2003, página 386). Se deja sin efecto la citación para la audiencia constitucional. Por lo anterior, se ordena dejar sin efecto la citación para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con treinta y cuatro minutos del dieciocho de febrero de dos mil diecinueve). Transparencia y acceso a la información pública. En otro aspecto, toda vez que en el presente juicio no existe oposición expresa por la parte quejosa en cuanto a la publicación de la presente resolución, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a las partes, que esta resolución estará a disposición del público para su consulta en versión pública, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en los términos de dicha legislación. Notifíquese en términos de Ley.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, dieciocho de enero de dos mil diecinueve. Autoridad responsable informa. Se tiene por recibido el escrito firmado por la Gerente Jurídico de Infonavit Delegación IV - Sinaloa, con residencia en Culiacán, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de doce de diciembre de dos mil dieciocho, manifiesta que no ha recibido el oficio 30122/2018, por el cual se notifica el proveído de quince de noviembre del año próximo pasado. Remítase. En obvio de mayores dilaciones, remítase a dicha autoridad, el oficio 30122/2018, para que este en aptitud de rendir informe justificado, solicitado en proveído de quince de noviembre de dos mil dieciocho. Notifíquese.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, quince de enero de dos mil diecinueve. Relación del estado procesal que guardan los autos. Vistos los presentes autos, de los que se advierte que ya transcurrió el plazo de quince días, concedido a la autoridad responsable Delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Sinaloa, en su denominación correcta, con residencia en Culiacán, Sinaloa, para que rindiera su informe justificado, lo que se desprende de la constancia de notificación correspondiente. Requerimiento. Ahora bien, considerando que para resolver en el presente juicio de amparo, resulta necesario que obre en autos copia certificada y legible de las constancias relativas al acto reclamado; por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Sinaloa, en su denominación correcta, con residencia en Culiacán, Sinaloa, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación respectiva, remita copia certificada y legible de las constancias relativas al acto reclamado. Apercibimiento. En el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en auto de quince de noviembre de dos mil dieciocho, esto es, que de incumplir con lo anterior dentro del plazo señalado o de no informar las causas legales o materiales que se lo impidan, se impondrá una multa de cien días del valor diario de la unidad de medida y actualización vigente, en términos de los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se difiere para que tenga verificativo a las nueve horas con treinta y cuatro minutos del dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Notifíquese.

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