María de los Ángeles Miranda Yee

Expediente 278/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
278/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
02/07/2019

Partes del expediente

  • María de los Ángeles Miranda Yee

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, dos de julio de dos mil diecinueve. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en Tijuana, Baja California, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja promovido por María de los Ángeles Miranda Yee, en contra del auto de veintiocho de mayo del año en curso, el cual quedó registrado con el número de queja 119/2019.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por la parte quejosa María de los Ángeles Miranda Yee, mediante el cual interpone recurso de queja, en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, dictado por este juzgado. En consecuencia, se rinde informe en el sentido de que es cierto el acto reclamado, toda vez que mediante proveído de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo promovida por María de los Ángeles Miranda Yee, en virtud de actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República. Por tanto, remítase escrito original de expresión de agravios hecho valer por la parte quejosa, así como de una copia más del mismo para el agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en Tijuana, Baja California, en turno; asimismo, copia certificada del escrito de demanda, auto de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, la constancia de notificación respectiva y las que se estimen pertinentes, a fin de que se encuentre en aptitud de substanciar el aludido medio de impugnación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel León Bio, juez Noveno de Distrito en el estado de Baja California, asistido de Alejandro Rodríguez Peraza, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.MLB/ARP/Sofía "Ensenada, Baja California, diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por la parte quejosa María de los Ángeles Miranda Yee, mediante el cual interpone recurso de queja, en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, dictado por este juzgado. En consecuencia, se rinde informe en el sentido de que es cierto el acto reclamado, toda vez que mediante proveído de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo promovida por María de los Ángeles Miranda Yee, en virtud de actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República. Por tanto, remítase escrito original de expresión de agravios hecho valer por la parte quejosa, así como de una copia más del mismo para el agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en Tijuana, Baja California, en turno; asimismo, copia certificada del escrito de demanda, auto de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, la constancia de notificación respectiva y las que se estimen pertinentes, a fin de que se encuentre en aptitud de substanciar el aludido medio de impugnación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel León Bio, juez Noveno de Distrito en el estado de Baja California, asistido de Alejandro Rodríguez Peraza, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.""Ensenada, Baja California, diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por la parte quejosa María de los Ángeles Miranda Yee, mediante el cual interpone recurso de queja, en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, dictado por este juzgado. En consecuencia, se rinde informe en el sentido de que es cierto el acto reclamado, toda vez que mediante proveído de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo promovida por María de los Ángeles Miranda Yee, en virtud de actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República. Por tanto, remítase escrito original de expresión de agravios hecho valer por la parte quejosa, así como de una copia más del mismo para el agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en Tijuana, Baja California, en turno; asimismo, copia certificada del escrito de demanda, auto de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, la constancia de notificación respectiva y las que se estimen pertinentes, a fin de que se encuentre en aptitud de substanciar el aludido medio de impugnación.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EN VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO A NOTICARSE PERSONALMENTE DEL AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Ensenada, Baja California, veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por María de los Ángeles Miranda Yee, contra actos del Juez Segundo de lo Familiar, en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo, previo su registro en el libro de gobierno. Ahora bien, una vez analizado el contexto de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."; se procede al análisis de la demanda de amparo que nos ocupa, de la que se desprende que la parte promovente reclama del Juez Segundo de lo Familiar, en esta ciudad, lo siguiente: "[.] 1.- Se reclama del C. Juez Segundo de lo Familiar la sentencia interlocutoria de fecha 30 de abril de 2019, dictada dentro del expediente número 1307/2017, relativo a unas diligencias de Jurisdicción Voluntaria a fin de dictar medidas provisionales previas a la declaración de ausencia y presunción de muerte de NORBERTO EATON AGUILAR. [.]" Asimismo, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1º, fracción I, ambos de la ley de la materia, es obligación de quien suscribe realizar la fijación clara y precisa del acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer el motivo de improcedencia de la demanda de amparo. Por tanto, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte promovente reclama la resolución interlocutoria de treinta de abril del presente año, dictada por el Juez Segundo de lo Familiar, en esta ciudad, en el recurso de revocación promovido en el expediente 1307/2017 de su índice, en la que revocó el auto de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, en el cual se acordó de conformidad lo solicitado por el perito designado por la aquí promovente, en el sentido de que ésta informara si existían más documentos indubitables con firma de Norberto Eaton Aguilar, a fin de llevar a cabo el desahogo de dicha prueba. Ahora bien, respecto del acto citado con antelación, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. [.]" De los preceptos legales anteriormente transcritos se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos emitidos fuera de juicio, cuando estos no se tratan de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; es decir, sólo podrá promoverse el juicio de amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Luego, en el caso, el acto reclamado fue emitido dentro del expediente de jurisdicción voluntaria 1307/2017 del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar, en esta ciudad; esto es, fuera de juicio, conforme a lo establecido por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En ese contexto, toda vez que el acto reclamado en el caso en estudio, lo constituye la resolución interlocutoria de treinta de abril del presente año, dictada por el Juez Segundo de lo Familiar, en esta ciudad, en el recurso de revocación promovido en el expediente de jurisdicción voluntaria 1307/2017 de su índice, en la que revocó el auto de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, en el cual se acordó de conformidad lo solicitado por el perito designado por la aquí promovente, en el sentido de que ésta informara si existían más documentos indubitables con firma de Norberto Eaton Aguilar, a fin de llevar a cabo el desahogo de dicha prueba; es claro que dicho acto no se trata de la última determinación dictada dentro del referido procedimiento. En tal virtud, contra el acto reclamado en el presente asunto, no resulta procedente el juicio de amparo indirecto, en virtud, de no constituir la última resolución dictada en dicho procedimiento como lo estipula la fracción IV del artículo 107, de la Ley de Amparo. ... Tampoco, se trata de un acto intermedio, cuya ejecución sea de imposible reparación por lo siguiente. Para ponderar la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución y los Tratados Internacionales. Sobre el asunto que nos ocupa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida dentro de la contradicción de tesis 377/2013, determinó que conforme a la Ley de Amparo vigente, los actos de ejecución irreparable únicamente lo son aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales, sin posibilidad de considerar dentro de ese concepto actos meramente formales o adjetivos. Lo anterior se desprende de las siguientes consideraciones, que se transcriben en lo conducente: "[.] De lo hasta aquí expuesto se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de "imposible reparación", dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: "Artículo 107. [Se transcribe.]. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado ?con toda razón? a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios [.].". Por tanto, en el caso concreto no se está en presencia de la hipótesis anterior, ya que el acto que se reclama por esta vía constitucional, como ya se dijo, consiste en la resolución interlocutoria dictada por el Juez Segundo de lo Familiar, en esta ciudad, en el recurso de revocación promovido en el expediente relativo a la jurisdicción voluntaria 1307/2017 de su índice, en la que revocó el auto de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, en el cual se acordó de conformidad lo solicitado por el perito designado por la aquí promovente, en el sentido de que ésta informara si existían más documentos indubitables con firma de Norberto Eaton Aguilar, a fin de llevar a cabo el desahogo de dicha prueba; es decir, el acto reclamado versa sobre la preparación de una prueba, sin que se advierta que dicho acto afecte derechos sustantivos de la impetrante del amparo de manera irreparable; por tanto, no resulta procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. En consecuencia, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV a contrario sensu, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilita cualquiera de las actuarias de este juzgado para que en días y horas inhábiles realicen las notificaciones que se ordenen en el presente asunto. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda; asimismo, se tiene como autorizado de su parte en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ramón Alejandro Angulo Segovia, ya que del contenido de la certificación secretarial de cuenta se advierte que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, y como autorizado para oír y recibir notificaciones a Jesús Antonio Vera. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del día siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a la parte promovente que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, lo cual deberá ser supervisado por la secretaría del juzgado.

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