María de los Angeles Mendoza Herrera

Expediente 826/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
826/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
02/05/2022

Partes del expediente

  • María de los Angeles Mendoza Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, dos de mayo de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ténganse por recibidos los oficios (con anexos) de cuenta; mediante los cuales el Representante Local Chalco del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México, en ausencia del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México, rinde informe en relación a la suspensión de plano, decretada en el presente juicio de amparo a favor de la quejosa y su informe justificado; asimismo, señalan delegados, domicilio y correo para oír y recibir notificaciones, respectivamente. De lo anterior, no se realiza mayor pronunciamiento toda vez que mediante auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por no presentada la demanda de amparo indirecto en que se actúa, dada la manifestación de la quejosa María de los Ángeles Mendoza.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la constancia de notificación de de tres de septiembre de dos mil veintiuno, signada por el actuario judicial adscrito, se aprecia que la quejosa María de los Ángeles Mendoza manifestó que: "No ratifico por que el lunes 6 de septiembre me darán la libertad y el libre tránsito ene l estado". En consecuencia, de conformidad con el artículo 15, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado mediante proveído de dos de septiembre de dos mil veintiuno y se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por el *********, Asesor Jurídico del Instituto Federal de Defensoría Publica en representación de ******** y de su menor hijo de identidad reservada de iniciales*******contra actos del Representante Local del Instituto Nacional de Migración en Toluca, Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente físico, electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 826/2021-V. Cabe señalar que, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario determinar de forma clara y precisa el acto reclamado para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir el quejoso. Por lo que, de un análisis integral de la demanda de amparo, permite a este juzgador advertir que la pretensión de la quejosa está encaminada a reclamar los actos que se hacen consistir en: Alojamiento en la estancia del DIF Toluca, con motivo del procedimiento de deportación. Violación a un debido proceso administrativo migratorio, ya que no se le permite acceder a la regularización migratoria en libertad. La existencia de algún oficio por el cual, se pone en calidad de persona sujeta a procedimiento de deportación o retorno asistido. La privación ilegal de la libertad personal y de transito de la parte quejosa, materializado en la detención administrativa por más de 36 horas sin fundamento ni motivación alguna. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126, de la Ley de Amparo, se suspende de oficio y de plano para el efecto de que cese de inmediato toda clase de privación ilegal de la libertad personal y de tránsito sin fundamento ni motivación alguna; en el entendido que queda a cargo y bajo la responsabilidad de la autoridad responsable la integridad y salud de los agraviados. Luego, con relación a la posible deportación o retorno asistido de la cual puedan ser objeto la directa quejosa y su menor hijo, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 15, 125 y 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se suspende de oficio y de plano, para efectos de que cesen de inmediato todos los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, para que la quejosa y su menor hijo no sean deportados y/o expulsados y/o retornados y/o trasladados a su país de origen o diverso centro migratorio del lugar en que se encuentran asegurados actualmente, que es en la Estancia de Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México. Lo anterior, sin perjuicio de que los directos quejosos permanezcan a disposición de las autoridades administrativas para la continuación de algún procedimiento administrativo migratorio o carpeta de investigación que en su caso se les instruya, desde luego, con respeto y tutela de los derechos humanos consagrados en nuestro Texto Constitucional y los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano. Asimismo, con fundamento en el artículo 160 de la Ley de Amparo, la quejosa deberá quedar a disposición de este Juzgado de Distrito, en la estación migratoria del Estado de México, en lo referente a su libertad personal, hasta en tanto, se dicte la resolución correspondiente en el fondo del asunto y se la comunique a la autoridad responsable. De igual manera, la medida cautelar oficiosa no surtirá efectos en los siguientes supuestos: Si se le pretende privar de la libertad en cumplimiento a una orden librada en su contra por autoridad diversa de las señaladas como responsables, o en caso de ser sorprendida en la comisión flagrante de un delito. Si el acto reclamado se trata realmente de una medida de aseguramiento decretada con fundamento en la Ley de Migración, la medida precautoria no surtirá efectos, en atención a que no se satisface el requisito previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión contra el posible aseguramiento de la quejosa por parte de las autoridades administrativas, pues se atentaría contra el interés de la sociedad que está interesada en que se cumplan con toda exactitud las disposiciones de la citada ley migratoria. Respecto a la libertad solicitada por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 164, en vinculación con el 168, primer párrafo y 150, todos de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano para efectos de que la misma sea puesta en libertad, una vez que haya cumplido y acreditado ante la autoridad migratoria, los requisitos previstos en el artículo 102 de la Ley de Migración, consistentes en: Otorgar garantía suficiente -podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley- y, a satisfacción de la autoridad. Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá. No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad; y, Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. En el entendido de que, las documentales correspondientes al cumplimiento de los requisitos referidos, deberán ser presentados ante la autoridad responsable, debiéndose acreditar ante este Juzgado de Distrito, que así se hizo en un término de tres días legalmente computados, con el fin de estar en aptitud de requerir al Representante Local del Instituto Nacional de Migración en Toluca, Estado de México, las constancias conducentes a la libertad de la quejosa. "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. Cuando una persona con calidad de migrante solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, efectuados por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano respecto de ambos actos en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional. Lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad del quejoso, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad consistentes en la deportación del quejoso, pudiendo en su caso, tomarse como parámetro, sin ser vinculantes, las condicionantes establecidas en el artículo102 de la Ley de Migración". Sin que la suspensión de plano decretada, impida la continuación de los procedimientos establecidos en la Ley de Migración, en virtud de que éstos son de orden público y no pueden suspenderse. Debiendo la autoridad responsable informar, en un término no mayor a veinticuatro horas, el cumplimiento que dé a esta determinación, apercibida que si al rendir su informe correspondiente afirmare una falsedad o negare la verdad, en todo o en parte, será sancionada en términos del Código Penal Federal, ello acorde con lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de la materia. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia I. 3o. A. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 951, tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989 del Semanario Judicial de la Federación que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA." Hágasele saber a las responsables que la violación a esta medida suspensional, será sancionada conforme a lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, es decir, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Ahora bien, en atención a que la presente demanda fue promovida por Luis Edgardo Serralde Moreno, Asesor Jurídico del Instituto Federal de Defensoría Publica en representación de **********y de su menor hijo de identidad reservada de iniciales *********** por tanto, dado que el acto reclamado se encuentra en los supuestos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se ordena ratificar la misma; en consecuencia, se comisiona al actuario judicial adscrito a este Órgano de Control Constitucional para que se constituya en el lugar donde se encuentra retenidos los citados quejosos, este es en la Estancia de Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, ubicado en privada el Oro número 806, Colonia Barrio de San Miguel Apinahuizco, 50040, Sector 28, Toluca de Lerdo, Estado de México, a efecto de que: 1. Se constituya en la referida estancia y notifique la presente determinación a la parte quejosa. 2. Con copia del escrito inicial que al efecto se remita, le requiera al quejosa ******* por sí y en representación de su menor hijo de entidad reservada de iniciales ****** para que al momento de la diligencia, o en los tres días siguientes, manifieste si es su deseo ratificar la demanda promovida a su favor, apercibida que de no ratificar la demanda presentada a su favor, se tendrá por no presentada, acorde con lo previsto en el ordinal 15 de la ley de la materia. Dé fe de las condiciones en la que se encuentran los directos quejosos. En consecuencia, se instruye al Director de la Estancia antes mencionada, a efecto de que ordene al personal a su cargo a fin de que otorgue la colaboración y medidas necesarias para el debido cumplimento de lo encomendado en la diligencia de mérito; apercibido que en caso de no ser así, se procederá, -por el delito de desobediencia acorde a lo dispuesto por el artículo 262, fracción V, de la Ley de Amparo. La determinación inserta en el presente proveído encuentra sustento en el hecho de que el Juzgador Federal como Órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar, lo cual en el caso acontece. Luego, con relación a los diversos actos reclamados, a los autorizados, domicilio procesal ofertados, se reserva a hacer mayor pronunciamiento, hasta en tanto, los directos quejosos ratifiquen la demanda de amparo promovida en su favor. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3°, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDTI/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta al secretario adscrito a este Juzgado de Distrito para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual.

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