María de los Angeles Martínez Olivera
Expediente 996/2014 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 996/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 24/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María de los Angeles Martínez Olivera
- Juez Primero de lo Penal del Centro, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
mesa 1 b pal. 996/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a veinticuatro de julio de dos mil quince. Agréguese el oficio número 3296, firmado por el secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de lo Penal, encargado del Juzgado por ministerio de ley, con residencia en Ixcotel, Centro, Oaxaca, para que obre como corresponda y surta sus efectos legales consiguientes; en atención a su contenido, se provee: Se tiene al secretario oficiante dando cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de catorce del actual (fojas 366 a 371), y remite copia certificada deducida del expediente penal número 151/2013, de su índice. En consecuencia, con fundamento en los artículos 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos de cuenta, dése vista a las partes, quejosa y tercera interesada, por el plazo de tres días, para que manifiesten lo que a sus derechos convenga, respecto al cumplimiento dado a la sentencia dictada en este juicio (fojas 263 a 273 vta.), por parte de la autoridad judicial responsable. Apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado, de oficio y con las constancias que obran en autos, resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo. Apoya lo anterior, por identidad jurídica sustancial, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia cuyos datos de localización y rubro son los siguientes: "Registro No. 192174 Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Página: 243 Tesis: 2a./J. 26/2000 Jurisprudencia Materia(s): Común Rubro: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
mesa 1 b pral. 996/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, catorce de julio de dos de mil quince. Visto el estado que guardan los autos, atento a su contenido, se provee: Por acuerdo ocho de mayo del año en curso (foja 359), se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada con los oficios 2143 y PGJE/DAJ/D.A./2104/2015 del 1) juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, con sede en Santa María Ixcotel, Oaxaca; 2) director Asuntos Jurídicos en representación del Procurador General de Justicia del Estado y anexos, así como los diversos AEI/874/2015 y 1489, del 3) jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones, encargado del Grupo de Aprehensiones y jefa de la Unidad Administrativa y de Carrera Policial de la Agencia Estatal de Investigaciones por orden del 4) coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en la Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca; para que expresaran lo que a su derecho conviniere, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surtiera efectos su legal notificación, sin que hubieren realizado manifestación alguna, no obstante haber quedado notificadas el once, quince y diecinueve de mayo de dos mil catorce (fojas 361, 363 y 365). En consecuencia, este juzgado se avoca al análisis respecto al cumplimiento de la sentencia de mérito, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables; como así lo establece la tesis 2ª. XXXVIII/99, aplicable en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia vigente, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, página 315, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA, APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Para ello, cabe precisar lo siguiente: 1°. En este juicio de amparo el acto reclamado por MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ OLIVERA, del 1) juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, con residencia en Santa María Ixcotel,Oaxaca; 2) procurador General de Justicia del Estado, 3) director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; 4) comandante de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigaciones, encargado del Grupo de Aprehensiones, 5) coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en la Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca y 6) secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en Santa María Coyotepec, Oaxaca; consistió en la orden de aprehensión dictada en su contra por la referida autoridad judicial y su ejecución por los restantes. 2°. Por sentencia pronunciada en la audiencia de veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, engrosada el veinticuatro de marzo de dos mil quince (fojas 263-273), por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para el efecto de que el juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca (fojas 271 y 272): "a).- Deje insubsistente la orden de aprehensión dictada en contra de MARIA DE LOS ANGELES MARTÍNEZ OLIVERA, con fecha diez de marzo de dos mil catorce, en la causa penal 151/2013, que se le instruye como probable responsable de la comisión de los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, ROBO CALIFICADO CON VIOLENCIA POR EQUIPARACIÓN y DELITOS COMETIDO CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS, COMETIDOS EN PERJUICIO PATRIMONIAL Y AGRAVIO DE LUCÍA AÍDA JOSÉ PÉREZ, LIBORIO SILVA GARCÍA, ALBERTO GREGORIO GARCÍA SOTO y la sociedad; hecho lo anterior, b).- Con libertad de jurisdicción, emita otra resolución, en la cual subsane las deficiencias advertidas en esta resolución; esto es: 1. Precise y estudie, de manera congruente, los elementos del cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad y robo equiparado con violencia, conforme a la normatividad que refirió. 2. Precise el lugar exacto en que se verificaron los hechos delictivos en estudio, pues en la resolución reclamada citó que fue en: "Santa Cruz Xoxocotlán, de esta Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca", siendo éstos municipios diferentes. 3. Establezca que el delito cometido contra servidores públicos, no es un tipo penal básico como lo estimó en la resolución en estudio, sino una calificativa de otro delito, precisando si la encuadra respecto al diverso ilícito en estudio de privación ilegal de la libertad. 4. En el capítulo correspondiente a la PROBABLE RESPONSABILIDAD DE MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ OLIVERA, establezca cuál fue la conducta desplegada por la aquí quejosa en los eventos delictivos que se le atribuyen". (.) Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución que se atribuyó al 2) procurador General de Justicia del Estado, 3) coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones y 4) comandante de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigaciones, al no reclamarse por vicios propios, sino su alegada inconstitucionalidad se hace depender del ordenamiento privativo de libertad reclamado". 3º. En auto de veintisiete de abril de dos mil quince (fojas 296-298) causó ejecutoria la referida sentencia de amparo, y se requirió al 1) juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro; 2) procurador General de Justicia del Estado, 3) comandante de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigaciones, encargado del Grupo de Aprehensiones y 4) coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en la Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca, su cumplimiento. 4º El juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, con residencia en Santa María Ixcotel, Oaxaca, mediante oficio 2143 de seis de mayo de dos mil quince (fojas 308), remitió copias certificadas deducidas del expediente penal 151/2013, de su índice (fojas 310-353); el 2) procurador General de Justicia del Estado, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, copia certificada del oficio PGJE/DAJ/DA/2105/2015, dirigido al coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones (foja 357), mediante el cual ordenó dejar sin efecto la ejecución de la orden de aprehensión de diez de marzo de dos mil catorce, dictada por el juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, con sede en Santa María Ixcotel, Oaxaca, en la causa penal 151/2013. En tanto que la jefa de la Unidad Administrativa y de Carrera Policial de la Agencia Estatal de Investigaciones, por orden del 3) coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones y el 4) jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado del Grupo de Aprehensiones, con residencia en la Experimental, San Antonio de la Cal, Centro, Oaxaca, informaron haber quedado enterados de la resolución dictada en este juicio, dando cumplimiento a lo ordenado, dejando sin efecto la ejecución del mandamiento privativo de libertad dictado en contra de MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ OLIVERA, como probable responsable de la comisión de los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, ROBO CALIFICADO CON VIOLENCIA POR EQUIPARACIÓN y DELITOS COMETIDOS CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS, cometidos en perjuicio patrimonial y en agravio de LUCIA AÍDA JOSÉ PÉREZ, LIBORIO SILVA GARCíA y ALBERTO GREGORIO GARCÍA SOTO y la sociedad, con fecha diez de marzo de dos mil quince (fojas 305 y 304). Ahora, del análisis comparativo de los efectos de la sentencia dictada en este juicio, con lo informado por las autoridades responsables, se advierte que el juez responsable, en la causa penal 151/2013, de su índice, determinó (fojas 310-353): 1) Dejar insubsistente la orden de aprehensión librada el diez de marzo de dos mil catorce, en la causa penal 151/2013, de su índice (foja 310), únicamente respecto de MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ OLIVERA, como probable responsable de la comisión de los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, ROBO CALIFICADO CON VIOLENCIA POR EQUIPARACIÓN y DELITOS COMETIDOS CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS, en perjuicio patrimonial y en agravio de LUCIA AÍDA JOSÉ PÉREZ, LIBORIO SILVA GARCÍA y ALBERTO GREGORIO GARCÍA SOTO y la sociedad. 2) Con libertad de jurisdicción emitió la resolución de cuatro de mayo de dos mil quince en la que, una vez que analizó los elementos probatorios existentes en el expediente, los cuales valoró conforme a la ley, determinó librar la orden aprehensión solicitada por la representación social en contra de MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ OLIVERA, como probable responsable de la comisión de los delitos de 1) PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, 2) ROBO CALIFICADO CON VIOLENCIA POR EQUIPARACIÓN y 3) DELITOS COMETIDOS CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS, en perjuicio patrimonial y en agravio de LUCIA AÍDA JOSÉ PÉREZ, LIBORIO SILVA GARCíA y ALBERTO GREGORIO GARCÍA SOTO y la sociedad; para lo cual, realizó un análisis de los medios de prueba existentes, de los cuales estableció su rango de eficacia conforme con los principios que, para su valoración, se establecen en los artículos del 348 al 355, del Título Cuarto, De la Prueba, Primera Parte, de la Prueba en General y su Valoración del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, en relación con los preceptos legales que establecen las formalidades que deben observarse en su desahogo. En ese contexto, en relación al primer efecto del inciso b) establecido en la sentencia concesoria de la protección constitucional, relativa a: "1. Precise y estudie, de manera congruente, los elementos del cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad y robo equiparado con violencia, conforme a la normatividad que refirió" (foja 271 vta.). El juez responsable se pronunció en los términos siguientes (foja 310): ".Después de haber analizado a detalle todas y cada una de las constancias existentes en autos, mismas que fueron primero valoradas en lo individual y posteriormente en su conjunto de acuerdo a las reglas de justipreciación que establecen los artículos 354 y 355 del Código Penal Vigente en el estado, se llega a la conclusión que en la especie existen datos para acreditar en términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, los elementos que acreditan el cuerpo del delito de PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD, previsto por el artículo 347 Bis A, primer párrafo en relación con el 8º fracción I y 10, fracción I y sancionado por el numeral 347 Bis A primer párrafo y NO así el cuerpo del delito de PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD, a lo que alude lo previsto por la fracción I del artículo 346 en relación con el 8º, fracción I y 10, fracción I y sancionado por el numeral 346, todos del Código Penal del Estado como lo estimó la autoridad consignante por las consideraciones legales que a continuación se detallan El artículo 347 Bis A del Código Penal vigente en el Estado establece en forma literal lo siguiente: 347 Bis A.- Cuando se detenga en calidad de rehén a una persona o servidor público, con el fin de presionar para que un servidor público realice o deje de realizar un acto de cualquier naturaleza, se le impondrá al autor de esta conducta de tres a diez años de prisión y multa de cincuenta a cuatrocientos salarios mínimos. En este supuesto, si el sujeto activo deja en libertad a la persona ilegalmente retenida, en forma espontánea dentro de las veinticuatro horas siguientes al inicio de la privación de la libertad, el delito se perseguirá por querella y en su caso, la sanción que se aplique será de la tercera parte del mínimo a la tercera parte del máximo; y si desiste de la privación de la libertad, dentro de las setenta y dos horas siguientes de iniciada aquella, la pena será de las dos terceras partes de la mínima, a las dos terceras partes de la máxima. SI con la conducta descrita en el primer párrafo de este artículo, concurrieren amenazas de privar a los rehenes de la vida o de causarles un daño de cualquier tipo se agravará la pena de uno a tres años. Si resultare otro delito, se atenderá a la pena agravada y a las reglas del concurso de delitos". Estableciendo el juez responsable que los elementos que constituyen la materialidad del delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LIBERTAD, son los siguientes (foja 310 vta.): a) Una acción en la que el activo del delito prive de la libertad a una persona. b) Que la privación de la libertad sea con el propósito de detener como rehén a una persona (elemento subjetivo específico). c) La amenaza proferida a la autoridad consistente en privar de la vida o causar un daño (dolo especifico). d) Que la conducta recaiga en una autoridad (elemento normativo, calidad específica del sujeto pasivo). e) La amenaza a la autoridad sea con el fin de que ésta realice u omita realizar un acto cualquiera (elemento subjetivo específico) Realizando un análisis de los medios de prueba para determinar que cada elemento se encontraba actualizado, cumpliendo así con la sentencia concesoria de la protección constitucional. Por otra parte, el juez responsable estableció que, en el caso, se actualizaba el delito de ROBO CON VIOLENCIA POR EQUIPARACIÓN, previsto por el artículo 349, en relación con los diversos 8, fracción I, 10, fracción I, 362, fracción III, y sancionado por el 353 y 359, segunda parte, del Código Penal del Estado, en perjuicio de Lucia Aida, José Pérez Liborio Silva García y Alberto Gregorio García Soto (foja 321). Estableciendo que los numerales 349 y 362, fracción III, del Código Penal citan: "349.- Comete el delito de robo: el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la Ley". 362.- Para la imposición de la sanción se tendrá también el robo como hecho con violencia: (.) III.- Cuando el delito se ejecute por dos o más ladrones". Estimando que de la descripción normativa se desprende que para la configuración del cuerpo del delito en estudio, se requieren los elementos siguientes: a) Una conducta consistente en que dos o más personas (número específico de sujetos activos) se apoderen de una cosa ajena mueble. b) Que el apoderamiento recaiga en una cosa ajena (es ajeno al bien o cosa que no pertenece al agente y si pertenece a alguien). c) La lesión al bien protegido, en el caso lo es tanto el patrimonio como la propiedad de las personas. d) Resultado material y su atribuibilidad a la acción. e) El objeto material en la especie, son las cosas de la cual se apodera el sujeto activo. Elementos que estimó actualizados con los elementos probatorios que obran en el sumario, a los cuales otorgó valor probatorio. Empero, la referida responsable nuevamente determinó que, en el caso, se encontraba acreditado, además, el nexo causal existente entre la acción y el resultado habido (foja 331 vta.), pues estimó que la acción corresponde a la conducta que desplegaron los activos del delito; proceder que, como se precisó en la sentencia concesoria de la protección constitucional (fojas 269), es incorrecto, porque el tipo penal previsto y sancionado en los artículos 349, en relación con el diverso 362, fracción III, del Código Penal del Estado, no lo establece; de ahí que, en ese aspecto, incumple con la sentencia de amparo. ".Empero, la referida responsable determinó que, en el caso, se encontraba acreditado, además, el nexo causal existente entre la acción y el resultado habido, pues estimó que la acción corresponde a la conducta que desplegaron los activos del delito, asimismo, estimó actualizada la circunstancia de lugar, que afirmó, requiere ese ilícito (fojas 156 vta.); proceder que es incorrecto, porque el tipo penal previsto y sancionado en los artículos 349, en relación con el diverso 362, fracción III, del Código Penal del Estado, no lo establecen, pues citan: " Artículo 349.- Comete el delito de robo: el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la Ley. Artículo 362.- Para la imposición de la sanción se tendrá también el robo como hecho con violencia (.) III.- Cuando el delito se ejecute por dos o más ladrones .". En cuanto se refiere al segundo de los efectos de la sentencia que otorgó la protección constitucional, relativo a: "2. Precise el lugar exacto en que se verificaron los hechos delictivos en estudio, pues en la resolución reclamada citó que fue en: "Santa Cruz Xoxocotlán, de esta Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca", siendo éstos municipios diferentes (foja 271 vta). El juez responsable determinó que los hechos en estudio se verificaron en la población de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca (foja 311). En acato al cuarto efecto de la sentencia dictada por este Juzgado, consistente en: "4. En el capítulo correspondiente a la PROBABLE RESPONSABILIDAD DE MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ OLIVERA, establezca cuál fue la conducta desplegada por la aquí quejosa en los eventos delictivos que se le atribuyen". El juez responsable determinó (foja 351): ". la forma de participación de MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTINEZ OLIVERA y otras tres personas más, se llevó a cabo como CUAUTORA MATERIAL, en términos del artículo 11, fracción III, del Código Penal del Estado, por haber realizado conjuntamente la conducta de apoderamiento y privaron de la libertad a los ofendidos, pues los tuvieron como rehén por un espacio de cinco horas pues no podían deambular libremente, pues se encontraban encerrados en un círculo de mecate y en todo momento eran custodiados por diversas personas entre los que se encontraba la activo María de los Ángeles Martínez Olivera, ya que en la fecha y hora de los eventos, los ofendidos fueron retenidos por la activo MARIA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ OLIVERA y otras persona más durante aproximadamente cinco horas pues fueron encerrados en un círculo con mecate y se turnaban para cuidarlos e impedían que los ofendidos salieran del círculo, pero cuando ya iban a ser llevados al cuartel de la policía Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, el ofendido LIBORIO SILVA GARCÍA observó que el señor HECTOR SANTOS, le arrebató al licenciado ALBERTO GREGORIO GARCÍA SOTO, su teléfono celular marca LG, modelo LG-P500H, color negro, de pantalla completa táctil, que corresponde al número 9511883413 y la ofendida LUCÍA AIDA JOSE PÉREZ observó que se le acercó al ofendido LIBORIO SILVA GARCÍA el activo RENÉ HERNÁNDEZ SANCHEZ, y le dijo" A VER HIJO DE TU PUTA MADRE, PORQUE ESTAS TOMANDO FOTOGRAFÍAS, SI SIGUES CHINGANDO TE VOY A ROMPER TU MADRE y enseguida le arrebató su teléfono celular, quitándole la tapa, sacándole el chip, el cual rompió, tiró al suelo piso y sus acompañantes lo tallaban en el piso con sus zapatos y fue en esos precisos momentos en que la ofendida siente que alguien le estaba sacando de su bolsa su teléfono celular marca Nokia, color gris con negro, tipo Star tac, el cual refiere había adquirido hace dos años, percatándose que se trataba de CANDIDO LOPEZ VENTURA , quien se lo entrega al señor RENÉ HERNÁNDEZ SÁNCHEZ y el ofendido ALBERTO GREGORIO GARCÍA SOTO, manifestó que pudo percatarse cuando el activo RENÉ HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, con amenazante le dijo al ofendido LIBORIO " HIJO DE TU PUTA MADRE, POR QUE NOS ESTAS TOMANDO FOROGRAFÍAS SI SIGUES CHINGANDO TE VOY A ROMPER LA MADRE", para luego apoderarse del teléfono celular, le sacó la tapa, el chip lo tiró al piso y los acompañantes que estaban con el señor RENÉ lo tallaron en el piso con sus zapatos, posteriormente el activo RENÉ se dirige hacia la licenciada LUCÍA AÍDA a quien le quita su teléfono celular Black Berry color negro que corresponde a su número 9512402297 y vio que el señor CÁNDIDO LOPEZ VENTURA metió su mano derecha en la bolsa de mano que llevaba la licenciado (sic) LUCÍA AÍDA, colgando se (sic) su brazo y se apodera de otro teléfono celular, por tanto, la participación de la activo MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ OLIVERA y otras tres personas más se llevó a cabo como CUAUTORA MATERIAL". Esto es, sí cumplió con dicho efecto. Por otra parte, el juez responsable no da cumplimiento al efecto tercero de la sentencia que otorgó la protección constitucional a la quejosa, respecto a: "3. Establezca que el delito cometido contra servidores públicos, no es un tipo penal básico como lo estimó en la resolución en estudio, sino una calificativa de otro delito, precisando si la encuadra respecto al diverso ilícito en estudio de privación ilegal de la libertad" (271 vta.) Lo anterior, pues en dicha sentencia se le precisó (fojas 269-270): " En tercer término, en relación al estudio del hecho delictuoso señalado por la juez responsable, por una parte, como DELITO COMETIDOS CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS (foja 157 vta.) y, por otra, DELITOS CONTRA FUNCIONARIOS PÚBLICOS, resulta innecesario entrar a su estudio, toda vez que la referida autoridad responsable, al librar la orden de aprehensión en estudio, consideró (fojas 157 vta.) este ilícito en términos del artículo 187 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, como un tipo penal básico, que establece: "ARTÍCULO 187.- Al que cometa un delito en contra de un funcionario público o agente de la autoridad en el acto de ejercer sus funciones, o con motivo de ella, se le aplicarán de tres días a tres años de prisión, además de la que le corresponda por el delito cometido. Sin embargo, del artículo transcrito se advierte que, como primer elemento del hecho delictuoso, requiere que se haya cometido un delito y, como segundo elemento, que sea en contra de un funcionario público o agente de la autoridad en el acto de ejercer sus funciones; por tanto, es inexacta la apreciación de la juzgadora de primera instancia al considerar esta figura como un tipo básico e independiente de los dos diversos ya estudiados, sin tomar en cuenta que la figura típica entraña una calificativa a otro delito. Dicha calificativa puede ser encuadrada a los delitos de privación ilegal de la libertad u otro diverso, ya que la intención del legislador consistió en establecer una calificativa aplicable a todo delito cometido en contra de un agente de la autoridad en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas. Es aplicable al efecto, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: Época: Novena Época Registro: 165997 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Noviembre de 2009 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 88/2009 Página: 202 "DELITO CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS O AGENTES DE LA AUTORIDAD PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 189 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y 289 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. CONSTITUYE UNA CALIFICATIVA Y NO UN TIPO BÁSICO NI ESPECIAL". Respecto a tal tema, el juez responsable determinó (fojas 331 vta., 332 y 339): "CUARTO. Ahora bien de las constancias de prueba a que obran en el sumario mismas que fueron primero valoradas en lo individual y posteriormente en su conjunto de acuerdo a las reglas de justipreciación que establecen los artículos 354 y 355 del Código Penal Vigente en el estado, se llega a la conclusión que en la especia existen datos para acreditar en términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, los elementos que acrediten el cuerpo del delito de DELITOS COMETIDOS CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS, ilícito que se encuentra previsto y sancionado por el artículo 187, todos del Código Penal vigente en el Estado cometido en agravio de LA SOCIEDAD. El artículo 187 del Código Penal vigente en el Estado establece en forma literal lo siguiente: "ARTÍCULO 187 - Al que cometa un delito en contra de un funcionario público o agente de la autoridad en el acto de ejercer sus funciones, o con motivo de ella, se le aplicarán de tres días a tres años de prisión, además de la que le corresponda con el delito cometido". De la descripción normativa se desprende que para la configuración del cuerpo del delito CONTRA FUNCIONARIOS PÚBLICOS, se requieren los siguientes elementos: - a) Que el activo cometa un delito en contra de un funcionario público o agente de la autoridad. b) Que realice en el acto de ejercer sus funciones, o con motivo de ellas. Por lo que en el caso concreto tenemos que se encuentra acreditado el primer elemento del cuerpo del delito consistente en que el activo cometa un delito en contra de un funcionario o agente de la autoridad, toda vez que el día veintiséis de diciembre de dos mil doce, sobre la calle de Río Papaloapan, esquina de la calle camino antiguo a Coyotepec, en el fraccionamiento Indeco Xoxo Santa Cruz Xoxocotlán, de esta Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ante la inconformidad de los vecinos del fraccionamiento " Riveras del Atoyac o Indeco Xoxo, de Santa Cruz Xoxocotlán, quienes son integrantes respecto a la instalación del cuartel de la policía Municipal en un predio que referían tener posesión acudieron a dialogar con los inconformes estando en sus funciones propias de su envestidura fueron retenidos y víctimas de los delitos cometidos en su agravio y perjuicio patrimonial por los activos RENÉ HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, CÁNDIDO LÓPEZ VENTURA, ESTHER GABRIELA FABIÁN HERNÁNDEZ Y MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ". Como se ve, el juez responsable incurre en defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo, misma que rige en sus términos, al no haber sido impugnada, ya que, nuevamente, en el mandamiento privativo de libertad emitido el cuatro de mayo de dos mil quince (fojas 310-353): 1) Determinó que, en el caso, en relación al delito de ROBO CON VIOLENCIA POR EQUIPARACIÓN, se encontraba acreditado, además de los elementos del cuerpo de ese delito, el nexo causal existente entre la acción y el resultado habido (foja 331 vta.). 2) Y, que el DELITO COMETIDO CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS, es un tipo básico e independiente de los diversos delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD y ROBO CON VIOLENCIA POR EQUIPARACIÓN (foja 332). Aspectos que ya fueron materia de estudio en la sentencia de amparo, en los términos ya transcritos. En las relatadas consideraciones y toda vez que este Juzgado estima que el juez responsable incurrió en defecto en el cumplimiento de la sentencia concesoria de la protección constitucional, en los aspectos referidos, con los lineamientos establecidos en el fallo protector de la justicia federal, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad judicial responsable, juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, con sede en Santa María Ixcotel, Oaxaca, para que dentro del término de tres días, cumpla con la sentencia de mérito. Con apercibimiento a dicha autoridad, que de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se le impondrá en su perjuicio una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que asciende a la cantidad de $ 7010.00 (SIETE MIL PESOS 00/100 M.N), en términos del artículo 258 del mismo ordenamiento legal, sin perjuicio de que se proceda en términos del segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA 1 B PRAL. 996/2014-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a dieciocho de junio de dos mil quince. Vistos los autos, de los que se advierte que el proveído de ocho de mayo pasado (fojas 359), no fue notificado a 1) LUCÍA AÍDA JOSÉ PÉREZ y 2) LIBORIO SILVA GARCÍA, terceros interesados en este juicio de amparo; en consecuencia, se ordena al actuario de este Juzgado realice la notificación de que se trata. NOTIFÍQUESE.
- Principal
mesa 1 b pral. 996/2014Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a ocho de mayo de dos mil quince. Agréguense los oficios números 2143 y PGJE/DAJ/D.A./2104/2015, firmados por el 1) juez Primero de lo Penal, con residencia en Ixcotel, Centro, Oaxaca y 2) director de Asuntos Jurídicos en representación del procurador General de Justicia del Estado, con residencia en Reye Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, anexando la primera autoridad, copia al carbón certificada deducida del expediente penal número 151/2013, de su índice; y, la segunda, copia certificada del oficio número PGJE/DAJ/D.A./2105/2015; lo anterior, en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio de amparo, con fecha veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, engrosada el veinticuatro de marzo de dos mil quince (fojas 263-273 vta.). En consecuencia, con fundamento en los artículos 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con los oficios y anexos de cuenta, así como con los diversos AEI/874/2015 y 1489, signados por el 1) jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones, encargado del Grupo de Aprehensiones y 2) jefa de la Unidad Administrativa y de Carrera Policial por orden del coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, con residencia en La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca (fojas 304-306), anexando, la autoridad señalada en el inciso 2), copia simple del oficio número 1488, de fecha treinta de abril último, con sello original y firma autógrafa; dése vista a las partes, quejosa y tercera interesada, por el plazo de tres días, para que manifiesten lo que a sus derechos convenga, respecto al cumplimiento dado a la referida sentencia, por parte de las autoridades responsables. Apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado, de oficio y con las constancias que obran en autos, resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo. Apoya lo anterior, por identidad jurídica sustancial, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia cuyos datos de localización y rubro son los siguientes: "Registro No. 192174 Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Página: 243 Tesis: 2a./J. 26/2000 Jurisprudencia Materia(s): Común Rubro: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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