María de los Ángeles Martínez Navarrete

Expediente 648/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 20 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
648/2019
Año
2019
Actuaciones
20
Última actuación
10/12/2019

Partes del expediente

  • María de los Ángeles Martínez Navarrete

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Agréguese en autos la copia del oficio con el que el Administrador del Servicio Postal Mexicano, residente en esta ciudad, solicitó a su similar de León, que le hiciera saber el tratamiento dado a la pieza postal registrada con el número MN3800132696MX, que contiene el oficio dirigido al Delegado en el Estado de Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que no obra el acuse de recibo del oficio 14779/2019 del índice de este Juzgado, dirigido al Delegado en el Estado de Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social, enviado para notificar el auto de diez de octubre del año en curso, por el que se ordenó el archivo del presente expediente; en tal virtud, requiérase al Administrador del Servicio Postal Mexicano con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días legalmente computado informe el tramite dado a la pieza postal registrada como el número MN3800132696MX, dirigida a la citada autoridad, según consta en la factura de correspondencia depositada ante la oficina de correos local el catorce de octubre de dos mil diecinueve, la cual se adjunta en copia simple. Apercíbasele que de no hacerlo se le impondrá multa equivalente a Cincuenta Unidades de Medida y Actualización, en atención a lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el 238 y 259, todos de la Ley de Amparo, conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis y su complemento del día siguiente.

  3. Principal

    Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de trece de septiembre de la presente anualidad, en el que este tribunal sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que queda firme el proveído de mérito. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por lo que hace al presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción II del punto vigésimo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión provisiona, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en diciembre 2012, específicamente en su capítulo: "JUZGADOS DE DISTRITO. VALORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES AUXILIARES Y JUDICIALES, DE CONFORMIDAD CON EL AGC 1/2009", subtítulo: "EXPEDIENTES QUE CORRESPONDE CLASIFICAR COMO DEPURABLES O DESTRUIBLES POR LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO"; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del citado Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  4. Principal

    Agréguense en autos los oficios que remiten la Directora de la Unidad de Medicina Familiar número 59, y el Director del Hospital General de Zona número 4, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social de esta ciudad, mediante los cuales en atención al requerimiento de seis de septiembre del año en curso, informan que la quejosa ya se le proporciono atención medica que requería y remiten copia certificada el resumen clínico y la exploración física, así como de las notas medicas de fechas diecinueve, veintinueve y treinta y uno de julio del año en curso. Ahora bien, de las referidas comunicaciones y anexos remitidos por las oficiantes, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de efectos se actualiza cuando el acto de autoridad deja de producir sus consecuencias sin condición alguna y, por ende, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, sea porque la autoridad lo deroga o revoca o porque ocurra una situación de hecho o de derecho que lo destruya, pero ello da lugar a una nueva situación que destruye la que dio origen al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho vulnerado, como si se hubiera otorgado el amparo. Pues bien, para estimar actualizada la causal de improcedencia invocada es indispensable que concurran los siguientes elementos: a) De un acto u omisión de autoridad que se considere lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Que se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: 1. Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, que deje insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; 2. Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados; 3. Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Respecto del primer requisito de actualización de la causa de improcedencia en estudio, debe decirse que se encuentra acreditado, pues se estima actualizada la omisión de las autoridades responsables de proporcionarle una adecuada atención médica de acuerdo con el padecimiento que dijo presentar, ya que dicha atención se proporcionó con posterioridad a la presentación de la demanda, según se desprende de los informes justificados y de los oficios anexos de cuenta. Por lo que hace al segundo elemento necesario para la configuración de la improcedencia que se analiza, relativa a que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, un acto de autoridad que deja insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo, también se acredita. En efecto, de las constancias que las autoridades responsables acompañaron a sus oficios de cuenta, a las que se les confiere valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido expedidas por funcionarios en ejercicio de sus atribuciones, se advierte que el diecinueve, veintinueve y treinta y uno de julio del año en curso se le proporcionó atención médica a la quejosa, a fin de tratar el padecimiento que le fue diagnosticado; asimismo, le fue suministrado el medicamento que se le prescribió, todo acorde al diagnóstico correspondiente emitido por el personal médico. De lo anterior se advierte que a la fecha se ha respetado en favor de la quejosa, por parte de las autoridades responsables, la específica prerrogativa de acceder a su derecho humano de salud personal, en la medida que, se le otorgaron la atención médica y el tratamiento necesarios para su enfermedad. Luego, se impone concluir la imposibilidad jurídica para pronunciarse en relación con la pretendida inconstitucionalidad de la omisión reclamada en esta instancia constitucional a las autoridades, de proporcionar la atención médica adecuada, en razón de que ha dejado de existir materia sobre la que el amparo concretizarían sus efectos. Circunstancia que genera a favor de la aquí quejosa la restitución en el goce de los derechos, por lo que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto que inicialmente destacó como reclamado ya no le agravia, razón por la cual, como se dijo, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

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