María de los Angeles Martínez Limón
Expediente 461/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 461/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María de los Angeles Martínez Limón
- Felipe Limón Zamora
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, dictado por este juzgado en el que se desechó la demanda de amparo, sin que hasta estos momentos el quejoso lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto, ha causado estado. Archívese este expediente, previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora bien, toda vez que por auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo, y dicho proveído causó estado en líneas que anteceden; en términos de lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente es susceptible de destrucción, al encuadrar en la hipótesis prevista en el citado punto. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez transcurrido este plazo, dentro de los treinta días siguientes, este juzgado procederá a su destrucción en los términos precisados en el penúltimo párrafo artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Asimismo, es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental e histórica, ya que no tiene una especial trascendencia jurídica, política, social ni económica, ni se encuentra dentro de los supuestos a que aluden los artículos 8, fracción III y 15, del acuerdo citado en el párrafo que antecede; en tal virtud hágase la anotación de dicha circunstancia en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo, para que dentro del término antes referido este juzgado proceda a su destrucción; siendo que además, para este órgano jurisdiccional el presente asunto carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ******************** y ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Vigésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a las garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales; fórmese expediente impreso y electrónico respectivo, regístrese en el libro de gobierno de los juicios de amparo como 461/2023, y provéase lo conducente en relación a dicha demanda de amparo. Del estudio íntegro de la demanda de amparo se advierte que la misma resulta improcedente por actualizarse la causal prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en concordancia con la fracción IV, del artículo 107 del mismo ordenamiento legal, atento a las siguientes consideraciones. En el caso, los quejosos señalan como acto reclamado el auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, en el cual tuvo por notificada a la demandada, aquí quejosa, del auto de cinco de diciembre de dos mil veintidós, y la apercibe que en caso de no dar cumplimiento voluntario y entregar el inmueble materia de la litis se procederá al lanzamiento del mismo. De la demanda presentada se advierte que los promoventes son parte demandada en el juicio ******************** que una vez seguido en sus diversas etapas procedimentales, se dictó sentencia definitiva, en la cual, entre otras cosas, se condenó a los codemandados a desocupar y entregar a la parte actora el inmueble arrendado; posteriormente, mediante proveído de tres de noviembre de dos mil veintidós, el juez de origen dictó un auto en el que ordenó que los diversos de veintinueve de abril, cuatro de mayo, ocho de julio, diecinueve, veinticinco y treinta y uno de agosto le fueran notificados a los aquí promoventes por medio de lista; que inconforme con esa determinación los aquí promoventes interpusieron recurso de apelación el cual se admitió en auto de cinco de diciembre de dos mil veintidós; posteriormente, en la etapa de ejecución de sentencia, se dictó un auto de cinco de diciembre de dos mil veintidós, en el que el juez de origen requirió a los demandados la entrega voluntaria a la parte actora o a quien sus derechos represente del inmueble materia de la litis a que fueron condenados en la sentencia definitiva, con el apercibimiento de ser lanzados a su costa en caso de no hacerlo así, auto que a decir de los promoventes también fue impugnado, recurso que mediante proveído de nueve de diciembre de dos mil veintidós fue admitido. Luego, por auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, se requirió a los demandados, hoy quejosos, para que hicieran entrega a la parte actora o a quien sus derechos represente, del inmueble materia de la litis, con el apercibimiento que de no hacerlo, se procedería a su lanzamiento, lo que constituye el acto reclamado. En consecuencia, como puede verse, al encontrarse el acto reclamado en el periodo de ejecución de sentencia en donde los ahora quejosos son parte demandada y siendo que no reclaman un indebido emplazamiento, ya que como se advierte de los antecedentes del acto reclamado que dichas partes se encontraban apersonadas al juicio de origen, puesto que hasta interpusieron diversos recursos en contra de determinaciones dictadas con antelación al acto reclamado; el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en ese periodo, dado que la última resolución en ese procedimiento será aquella en la que el juez de origen apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, por lo que éste no debe obstaculizarse por ser de orden público y de interés social. Siendo que además la emisión del acto reclamado no afecta de manera directa derechos sustantivos del quejoso, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural; sino que al contrario, van encaminados a cumplir con el fallo emitido en el procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 108/2010, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, enero de 2011, página 6, que expresa: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Ha de entenderse por última resolución, la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento; por lo que esa será entonces, la resolución impugnable en amparo y no las que precedan, tendentes a hacer efectiva la sentencia definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 19/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, julio de 2001, página 34, que expresa: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." Por lo anteriormente expuesto, dado que el acto que se reclama no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que en términos del artículo 113 del propio ordenamiento se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías. Se tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y por autorizados a los licenciados en derecho que menciona, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registradas sus cédulas profesionales, las cuales en el momento en que ejerzan su mandato en este asunto, serán localizadas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, atento a lo dispuesto en el título Decimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; y únicamente para oír y recibir notificaciones, documentos e imponerse de los autos en términos del segundo supuesto del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que menciona en su escrito de cuenta. Asimismo, como lo solicita, de conformidad con la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a los autorizados el uso de cámaras o lectores ópticos al consultar el expediente. También, se autoriza la consulta del expediente electrónico, así como para oír y recibir notificaciones vía electrónica en los presentes autos al usuario "********************", lo anterior para los efectos legales a Notifíquese electrónicamente al promovente.
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